35. Índice Global de Paz 2013. Op. Cit.
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IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA VULNERABILIDAD DE LAS NIÑAS Y MUJERES ADOLESCENTES ANTE LA NARCOVIOLENCIA EN MÉXICO
No existen datos confiables acerca de la cantidad de niñas y niños que son secuestrados o vendidos por sus familias para incorporarlos en las redes de trata, ni que tanto este negocio puede asumirse como parte de la
diversificación de acciones de los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, varias Organizaciones no Gubernamentales reportan que esta
cantidad se ha incrementado de manera importante en los últimos años.
Según datos de un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la explotación sexual infantil afecta a entre 20 y 25 mil menores, especialmente niñas y mujeres adolescentes, siendo el tercer negocio más redituable entre las actividades del crimen organizado.
Por su parte, El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señala que en el presente sexenio “hemos sido testigos de 'escenografías' de gran impacto mediático: detenciones, pactos, despidos y programas sociales que no reflejan en nada lo que ocurre en el México real; ése que sigue siendo asesinado, desaparecido y desplazado día con día, el mismo que ha sido sumergido en la barbarie y las violencias de políticos y criminales”, sin modificarse la estrategia militarista.
Si bien se publicó la Ley General de Víctimas como respuesta a la presión de la sociedad civil y las víctimas para conquistar sus derechos, ésta aún no está completa y no es aplicada como corresponde.
“En este sentido, la guerra que inició Felipe Calderón en 2006, como pudo ser previsto, continúa y se agrava con Enrique Peña Nieto. Las y los desaparecidos no aparecen y, peor aún, los fenómenos de desaparición y desaparición forzada se han convertido en hechos sistemáticos y recurrentes.
La verdad y la justicia también siguen desaparecidas para los más de 90 mil
asesinados durante el sexenio pasado, a los que se suman los más de ocho mil homicidios que llevamos en el primer semestre de gobierno de Peña Nieto. Aunado a ello, la CNDH tiene documentados 24 mil 800 casos de personas desaparecidas en los distintos estados del país y en 2 mil 443 casos hay indicios de la
participación de servidores públicos.”… …“En México vivir y tener garantizados los derechos humanos más elementales se ha vuelto un “privilegio” y ser secuestrado, extorsionado, asaltado, reprimido, acallado, torturado, desaparecido o asesinado se ha hecho 'normal'.”
La clase política mexicana parece no escuchar la exigencia de alto a la guerra y de cambio a la estrategia de seguridad que miles de personas han venido exigiendo desde hace tiempo. Por el contrario, en lo que va del sexenio no sólo no se vislumbra un fin cercano a la guerra, sino que se ha reforzado e institucionalizado, lo que se evidencia con el aumento de 5 mil 194 millones de pesos presupuestados para la SEDENA con la finalidad de “continuar el combate frontal al crimen organizado”, la creación y formalización de la gendarmería nacional como policía militarizada y la ocupación de cargos de seguridad pública por parte de militares y ex- militares.
Esta 'normalización' e institucionalización de la guerra está acompañada de un 'ocultamiento mediático' en el que se decide guardar silencio respecto a las víctimas. Como si fuera un problema de percepción o de opinión pública, mediáticamente se construye una imagen muy distinta a lo que continua sucediendo en nuestro país.
Al mismo tiempo que la guerra pretende normalizarse y que hay un ocultamiento mediático de las violencias, se construye una idea de paz que es simulada y que encuentra su principal escenificación en el Pacto por México, que no reconoce los grandes problemas nacionales, en donde la justicia a las víctimas no es lo fundamental, que busca simular la paz, el acuerdo y el consenso, al mismo tiempo que genera guerra y desgarra el tejido social, agravando la inequidad.
En ese contexto la sociedad civil se organiza para hacer frente a la violencia sistémica, a la violencia del crimen organizado y a las agresiones por parte de militares y
paramilitares. Así sucede en estados en que los pueblos se han organizado ante la ausencia de seguridad y justicia. También encontramos aquí a otras organizaciones de víctimas, de
periodistas, de migrantes y de ciudadanos en general que se han articulado para defender sus derechos, denunciar y exigir justicia.
Así, se hace necesaria una agenda común por la multiplicidad de los casos, por encontrar a los desaparecidos, por saber la verdad de lo que sucede en México y por el fin de la guerra. Una agenda que permita articulación a los familiares de los desaparecidos, las organizaciones y movimientos que forman parte del amplio sujeto colectivo víctimas a nivel nacional. Con base en eso el Movimiento hace un llamado a la sociedad civil en general, a no dejar de luchar por parar guerra, a unirnos desde abajo, a reconocernos como comunidad en cada una de las víctimas, a hacer de los asesinados y los desaparecidos, nuestros muertos y nuestros desaparecidos. Y también para seguir apelando a la justicia, la verdad y la memoria como herramientas de lucha por una Paz, Justa y Digna, así como a la presión para recibir respuesta con respecto de todos los casos del país.
Más allá de las coincidencias políticas, las demandas del Movimiento resultan compatibles con las perspectivas que se plantean a nivel del marco conceptual, ubicando el proceso de construcción de paz como una tarea desde adentro que atañe a la responsabilidad personal y por la involucración en procesos colectivos que se conforman desde abajo, co- creando las condiciones para espacios de paz, justicia y dignidad.
A partir de estos elementos, se hacen
evidentes las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las niñas y las adolescentes, lo que da relevancia a la revisión del marco jurídico para analizar las bases del sistema nacional de protección
Para identificar la diversidad de instrumentos legales y contenidos normativos, relacionados con los derechos que se pretenden proteger y garantizar para reducir la vulnerabilidad jurídica de niñas y mujeres adolescentes, se llevaron a cabo amplias indagaciones en las bases de datos de información legal disponibles, tanto a nivel federal como en las tres entidades federativas seleccionadas para el estudio: Distrito Federal, Quintana Roo y Sinaloa. Como resultado de estas indagaciones se captó que existe una gran cantidad de ordenamientos jurídicos y contenidos normativos que se anexan en la evaluación de situación jurídica. Estos ordenamientos pueden ser invocados para proteger a la infancia y por lo tanto, más que una acción de reforma legislativa, que de cualquier forma no se descarta, es fundamental promover la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos.
36. http://movimientoporlapaz.mx/es/2013/07/02/a-seis-meses-del-gobierno-de-enrique-pena-nieto-la guerra-sigue-y-se-agrava/
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El cumplimiento de los derechos puede ser exigido por diversas vías: política, administrativa, legislativa y judicial. En el caso de México suele ser la exigencia política la que ofrece mejores resultados para lograr que se atiendan las violaciones a los derechos. Sin embargo la exigencia de los derechos mediante otras fórmulas, también ha significado un campo de experiencia significativa para individuos y grupos sociales que han sido afectados. Como ejemplo de los alcances de los
ordenamientos jurídicos de protección vigentes cabe destacar el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Esta disposición cuenta con todos los elementos que se requieren para disminuir la vulnerabilidad jurídica de las personas. En particular, la adopción de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y el reconocimiento de las obligaciones del Estado para garantizar el goce de dichos derechos, constituyen un parte aguas en la configuración de un estado de derecho capaz de ser exigido en su responsabilidad. Es importante considerar asimismo que a partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución Política los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son exigibles aun cuando no cuenten con un desarrollo legislativo específico dentro de la legislación nacional. Eso permite que puedan impulsarse acciones de exigibilidad con mejores posibilidades de éxito. De igual forma, en materia específicamente de derechos de niños, niñas y adolescentes, se establece, en el artículo 4º de la Constitución que:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”
Destaca, en dicha disposición, la obligatoriedad que tienen las personas que se encuentren a cargo de niños, niñas y adolescentes, de exigir que se garanticen los derechos.
Como resultado de este mandato, así como de las observaciones que ha formulado el Comité a los informes presentados por México, el marco jurídico nacional ha experimentado cambios importantes, incorporando los derechos de los niños y niñas a distintos niveles.
Del análisis jurídico realizado (ver anexo) se observa que la perspectiva de protección de los derechos humanos y la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes se ha incorporado al sistema jurídico de manera creciente y constituye un asidero poderoso para exigir y justiciar los derechos de la población, planteándose también a los servidores públicos la obligatoriedad del cumplimiento de sus responsabilidades.
Como resultado de este análisis, cabe señalar que la legislación en México, tanto a nivel federal como estatal integra un catálogo amplísimo de contenidos normativos que permiten, que los diferentes actores sociales y en particular quienes promueven el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, puedan desarrollar acciones que tiendan a lograr el ejercicio pleno de todos los derechos, comprendiendo también aspectos orientados a garantizar ambientes libres de violencia y a la atención a quienes la experimentan, así como la igualdad entre hombres y mujeres.
Pareciera entonces, como concluye el análisis jurídico, que la gran tarea por emprender debiera ser la exigencia social en el cumplimiento de los mandatos legales.
Es en ese contexto, y como lo plantea la Observación 13 del CDN, que los costos humanos, sociales y económicos de denegar a las niñas y los niños su derecho a la protección resultan inaceptables, y que Save the Children se plantea el sumar esfuerzos con organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instancias académicas y de investigación, para desarrollar las acciones de exigibilidad y justiciabilidad legal que correspondan para disminuir la vulnerabilidad que viven
especialmente las niñas y mujeres adolescentes frente a la violencia social e impulsar
alternativas que den respuesta a esta problemática a distintos niveles.
Por lo tanto, es muy importante considerar que si hay vulnerabilidad jurídica debido a la forma de aplicación de las leyes, esta es reflejo de la vulnerabilidad personal y social que viven las niñas y las adolescentes y a la que están sujetos también todos los sectores de población que padecen los costos de la inequidad y la exclusión. Entre ellos podemos mencionar los niños, las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidades, que son también quienes viven los más altos índices de violencia en los diversos ámbitos.
Como se ha comentado, estos índices han experimentado un incremento en los últimos años, especialmente los que se refieren a la violencia social, presentando variables sin precedentes con implicaciones que no han sido calculadas.
Para las niñas y mujeres adolescentes la violencia social se ha presentado
principalmente, de acuerdo a lo mencionado, a través del aumento de feminicidios, secuestros, violaciones y trata para explotación sexual comercial, como manifestaciones directas; y también a través de una sensación generalizada de inseguridad que no les permite ejercer su derecho a transitar libremente y de sistemas de atención que muchas veces re-victimizan e incluso criminalizan a quienes recurren a ellos.
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Al respecto, cabe señalar que el impacto de la violencia del entorno, propiciada en mucho por la acción del crimen organizado, se suma a todas las violencias que forman parte de la vida cotidiana de la niñez, lo que nos demanda respuestas creativas y mucho más profundas y estructurales, para estar en condiciones de construir esos espacios libres de violencia a los que aspiramos.
Estas respuestas, de acuerdo con lo que se plantea en el marco conceptual implican un trabajo individual de captación de la violencia que aportamos al contexto a partir de los esquemas de socialización que operan en nuestra cultura. Asimismo, implican una construcción de una visión de colectivo desde las bases que nos permita ir contrarrestando las implicaciones de la exclusión y generando condiciones de mayor equidad en los espacios comunitarios. De esta forma pueden irse sentando las bases para lograr cambios que resulten verdaderamente significativos y que permitan a la población hacer exigible a quienes son garantes de hacer realidad los derechos, que cumplan con su responsabilidad.
Lo anterior implica un proceso a mediano plazo, que es importante que sea respaldado por la formulación de políticas públicas que coadyuven a contrarrestar las condiciones de exclusión en la que vive un porcentaje importante de la población, así como a propiciar una mayor equidad, no sólo de género, sino también económica, cultural y social.
Desde esa lógica, el escuchar la voz de las niñas y los niños nos aporta elementos para
priorizar las propuestas de política pública a impulsar en el marco de este proyecto.
Las problemáticas sociales se dan en el marco de un contexto determinado que da cuenta de dinámicas, procesos, circunstancias específicas que las facilitan, generan, reproducen o perpetúan. “Cada contexto imprime una dinámica a las políticas y a las reglas que las definen”
El presente estudio, se desprende de la alarmante situación en la que se encuentra la infancia en México tras el desarrollo de una política pública de “seguridad nacional” en la que se involucró a las fuerzas armadas
mexicanas –ejército y marina-, a lo largo de los últimos años y que derivó en gran
vulnerabilidad, violación o falta de acceso a los derechos de la infancia por parte de NNA. Según el Plan Nacional de desarrollo 2007- 2012, en el objetivo 8, establece: 'recuperar la fortaleza del Estado y la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.' Si bien ni en el plan, ni en la estrategia que se desprende de este objetivo, se puede observar una descripción de acciones como las que se tomarían para intentar su alcance, se atribuye a este objetivo la serie de medidas, acciones tomadas para ese combate frontal contra el narco así como sus
consecuencias.
Para algunos analistas, la debilidad con la que llega Calderón al gobierno quiso ser revertida con el proyecto binacional que le ofrecía renovar la política de seguridad, enfrentar por primera vez ante la luz pública la delincuencia organizada y dar golpes espectaculares de captura y extradición de grandes capos. Para ello había decidido sacar al ejército a calles y
carreteras, y cuando el ejército dio muestras de violación de derechos humanos o de colusión con el crimen organizado, también fue la marina la que se vio involucrada en dichas actividades. Esto generó el desequilibrio del acomodo que tenían los grupos criminales produciendo al menos los siguientes efectos:
La balcanización de los grandes cárteles en pequeños grupos y organizaciones criminales.
Una sangrienta lucha por el poder y por territorios de venta, distribución o tráfico de las drogas.
Nuevas células sin acuerdos pre establecidos de ética o conducta dispuestas a delinquir y ganar dinero a través de actividades ilícitas,
independientemente de su naturaleza. La pérdida rápida de elementos clave en la estructura criminal producto del combate frontal
Nuevas formas de coacción, cohecho, extorsión, involucramiento de las autoridades policiales, militares,
Ajustes de cuentas y alta violencia en las calles entre grupos armados criminales, entre éstos y los de seguridad o militares.
Alto número de víctimas y homicidios de personas civiles e inocentes, clasificados después por el gobierno federal como “daños colaterales”.