Esta empresa fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto cen- tro-oeste (Mendoza-Neuquén) estando controlada por la empresa NACAP de Holanda. Como en casos similares, se recurrió al crédito externo. Fue así co- mo se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del AMRO Bank, de Holanda, de los cuales ingresaron al país 292 millones, siendo depositado el resto en el exterior. Eso determinó que la empresa utilizara los fondos, no pa- ra sus fines específicos, sino para operaciones de pase y especulación con di- visas, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello, se cancelaron importaciones temporarias que no generaron movimientos de di- visas, con dinero de la empresa existente en el exterior.
Los inspectores detectaron una gran cantidad de irregularidades e ilíci- tos que hacían pasible a la empresa de la aplicación del Régimen Penal Cam-
54
biario, lo que significaba la aplicación de multas que iban desde los 355 mi- llones de dólares, hasta diez veces esa cifra.
Debido a que el grupo controlante NACAP quebró, las acciones pasaron al AMRO BANK, que como integrante conspicuo del Club de París (a través del delegado de Holanda) impuso sus condiciones a los funcionarios argenti- nos para resolver la cuestión planteada, transformando deudas inexistentes en obligaciones de la República.
He acompañado al Juzgado Federal copia de la documentación reserva- da que da cuenta de las diversas negociaciones mantenidas con el Gobierno de Holanda, para llegar a algún tipo de acuerdo en este tema, que resulta- rán de utilidad para profundizar la investigación sobre la conducta de nues- tros representantes económicos.
Sería muy fatigoso, y escapa al objeto de esta apretada síntesis, relatar todas y cada una de las particularidades de esta operación, verdaderamente ejemplificadora de la calidad de las deudas que ha tenido que asumir nues- tra sociedad, pero sí quiero transcribir las partes pertinentes de un docu- mento, también incorporado a la causa, que muestra la forma en que los fun- cionarios del Estado han manejado cuestiones de decisiva importancia para la economía del país, incrementando deudas ficticias y echando sobre las es- paldas de la comunidad los manejos financieros de avezados especuladores y sus representantes locales, que presionan con sus exigencias y cuentan con el incondicional apoyo de los economistas del sistema, que siempre han uti- lizado la misma fórmula en sus consideraciones sobre el tema: "No existe otra alternativa que pagar", "Hay que honrar la deuda".
En la pesquisa llevada a cabo se individualizaron con claridad las ma- niobras realizadas por la empresa, sus incumplimientos contractuales, la es- peculación con las divisas, el consignar fondos que nunca llegaron, etc. etc. Esas circunstancias llevaron a los inspectores a determinar que debía darse de baja del registro de la deuda, la suma de 918 millones de dólares. Debido a "fondos no ingresados al país, y no reconocimiento de cláusulas contrac- tuales sobre tipos de pases". Además pudieron establecer los beneficios ob- tenidos por los cambios efectuados en diversas monedas y su conversión, to- do lo cual configuraba un panorama que servía de fundamento muy preciso al dictamen de los expertos.
Sin embargo, y a pesar de las incontrovertibles evidencias que surgían de la documentación analizada, el ya citado Melconian, que, reitero, era jefe del Departamento de la Deuda Externa del Banco Central, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde consignaba que de conformidad con lo indicado por los inspectores debía darse de baja de los registros de la deuda la suma de 918 millones de dólares, agregando: "No obstante la baja comentada, debe seña- larse que sobre la base de los lincamientos para un acuerdo final sobre el con- trato del gasoducto centro-oeste (informe 480/160 - expediente N° 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado tenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985". Todo ello im- plica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones (de Cogasco) por un monto estimado de 955
millones de dólares. El documento fue posteriormente elevado a la Comisión N° 2 del directorio del Banco Central, quien lo aprobó con la firma de sus di- rectores, Daniel Marx y Roberto Elbaum, siendo ratificado por el Dr. Marce- lo Kigel, vicepresidente del Banco, en ejercicio de la presidencia, con fecha 21 de diciembre del año indicado.
Entre los variados tabúes existentes en nuestra sociedad, el tema del endeudamiento resulta uno de los más significativos, porque viene desde ca- si los comienzos de nuestra vida independiente. Siempre, y en todos los ca- sos -el empréstito Baring es un ejemplo— se privilegiaron las exigencias de los acreedores extranjeros, en perjuicio de los intereses de la República, y los que se ocupan del tema efectúan el análisis desde las consecuencias o se em- barcan en extensas disquisiciones teóricas sobre determinadas formas de la estructura económica. Son muy pocos los que se han detenido en desentra- ñar los mecanismos operativos del endeudamiento. Los ejemplos que acabo de mostrar son evidencia de que poco cuentan las reflexiones abstractas an- te la contundente realidad.
En uno de los testimonios prestados en la nueva causa por uno de los inspectores, que es oportuno transcribir porque es demostrativo de lo que fueron encontrando, aquel afirmó entre otras precisiones que: "Personal- mente investigó la deuda de Cargill S.A., Papel del Tucumán, Cia. de Per- foraciones Río Colorado, Textil Castelar. Detectó irregularidades en el en- deudamiento externo, que daban lugar a darlas de baja de los registros de la deuda... Con respecto a Parques Interama, hubo que incluir la deuda en los registros sin haberse localizado la documentación respaldatoria, pues peligraba el acuerdo con el Club de París... que con el supervisor Verdi no pudieron verificar la autenticidad de la deuda y que sin embar- go debió ser conformada por otras instancias del Banco Central, a efectos de ser incluida en la referida negociación... Se detectaron en otras em- presas irregularidades, atento a las pautas de la resolución 340, en las empresas Selva Oil (Petrolera), Renault, Cogasco, Pérez Companc, Su- chard, Cementos NOA, etc.".
En esta nueva causa a la que se incorporaron testimonios fundamenta- les y muchos documentos aportados por inspectores del Banco Central ha quedado demostrado, aún en esta etapa que:
a. El Banco Central y el Ministerio de Economía no tenían registros de la deuda pública y privada hasta 1992.
b. Todos los créditos solicitados por el Gobierno Argentino al FMI, al Banco Mundial y a Bancos Privados del Exterior, fueron al solo efecto de refi- nanciar las obligaciones externas de la dictadura.
c. Que la deuda pública y privada fue administrada durante el período 1992-1997 por un consorcio de Bancos Extranjeros, liderados por el City Bank, e integrado por el Bank of America, The Bank of Tokio, The Chase Manhattan Bank, Chemical Banking Corporation, Crédit Lyonnais, Cre- dit Suisse, Dresdner Bank, Lloyds Bank, Marine Midland Bank, Morgan Guaranty Trust, The Royal Bank of Canadá, The Sanwa Bank, quienes establecieron los importes exactos que debían pagarse. Fijaron y capita-
56
fizaron intereses y la forma en que debía abonarse la deuda, todo ello con la anuencia expresa del FMI y el Banco Mundial.
A Que a los efectos de efectuar los trabajos de consultoría para la concilia-
ción de las deudas, se contrató también a una firma extranjera: Price Wa- terhouse, en desmedro de los organismos del Estado.
e. Que la investigación llevada a cabo por los inspectores del Banco Central,
que demostró la ilegitimidad de gran parte de la deuda privada, fue des- estimada por las autoridades del mismo en 1988, teniendo principal res- ponsabilidad su directorio.
También es importante consignar que en un documento elaborado por el Ministerio de Economía en 1995, cuya copia obra en mi archivo, se hace constar que al no tener el Banco Central y la cartera económica registrada la deuda externa, los pagos se efectuaban sin que se verificara la legitimidad y exigibilidad de las obligaciones. También se dice que a los efectos de solu- cionar tal problema, se contrató a un grupo de bancos y a una consultora que no se nombra, con un costo operativo muy elevado. Tampoco se dice cuánto se pagó, ni las condiciones pactadas.
Cuando decidí continuar adelante con el trabajo de mi padre, me pre- senté en el Juzgado Federal, donde presté declaración en dos oportunida- des, y acompañé copia de documentos de significativa importancia para la nueva investigación. Uno de los más relevantes es el denominado "Argen- tine Republic Financing Plan - Date June 1992" (el original está en idioma inglés), donde se establecieron los mecanismos para proceder a convertir la deuda en una nueva obligación esparcida en miles de bonos (Plan Brady). Ese plan financiero no fue elaborado por las autoridades economómicas, sino por J P. Morgan, a quien el Gobierno Nacional contrató especialmen- te para ese propósito, aunque por ahora también se ignoran las sumas que se pagaron para que un Banco Extranjero confeccionara la operatoria des- tinada a convalidar el fraude.
En el tema de la deuda externa y en la problemática generada en torno a sus consecuencias hay una considerable distancia entre lo consignado en las publicaciones oficiales, en las que abrevan muchos distinguidos econo- mistas, y las evidencias documentales que surgen de las dos causas que exis- ten en la Justicia Federal, lo que debe servir para reflexionar sobre las par- ticularidades con las que debemos manejarnos en cualquier investigación, teniendo muy en cuenta que no siempre los documentos que se guardan en los archivos públicos sirven para comprender hechos y esclarecer situaciones que por su propia naturaleza sus protagonistas quisieron ocultar.
En este tema, la clase política no ha estado a la altura de sus responsa- bilidades y han privilegiado sus dirigentes una multiplicidad de ambiciones personales en desmedro de la tarea para la que fueron elegidos. También es cierto que muchos de sus miembros están sospechados de corrupción, sobor- no y enriquecimiento ilícito. Que la capacidad funcional de algunos que ocu- pan cargos públicos es de un patetismo que asombra; pero no es menos cier- to que en el ámbito del sector empresario se presentan los mismos niveles de ineficiencia y corrupción.
En el inédito panorama que hoy vive la República, la cuestión de la deu- da es central. No existe ninguna posibilidad de reactivación, con el conse- cuente desarrollo del sistema productivo, si no se busca una solución inte- gral que no sustraiga recursos al crecimiento.
Existen elementos más que suficientes para terminar con el círculo vi- cioso de la renegociación. El Gobierno Nacional ha vuelto a negociar con el FMI por los condicionamientos que se le impusieron, participando así de ese pensamiento uniforme en el que confluyen las principales fuerzas políticas, los mercados financieros, los economistas y los medios de comunicación en su casi totalidad. Se insiste en nuevas ayudas financieras - m á s deuda- co- mo la única vía posible para salir de la crisis, y se postergan obligaciones re- pitiéndose la historia, que como un sino maléfico nos persigue desde 1826. Además, lo que debería ser materia de una discusión pública, se man- tiene reducido a los órganos de decisión del Poder Ejecutivo y nadie advier- te que a través de lo realizado hasta ahora, no se ha llegado a una solución de fondo y que en pocos años más nos encontraremos en un punto sin retor- no, y del que será imposible salir.
Cuando mi padre escribió estas páginas, no pretendió justificar ideas o creencias económicas o demostrar la equivocación de decisiones políticas susceptibles de ser cuestionadas. Sólo trató de mostrar a través de testimo- nios, pericias y documentos la instrumentación de la mayor estafa de nues- tra historia. Su muerte y el tener conciencia de que con su desaparición ter- minaba la causa judicial me llevaron a continuar con la investigación.
A través de mi labor historiográfica, he podido observar la persistencia de ciertos mitos, que siguen vigentes y de leyendas sostenidas por profesio- nales interesados en que nunca se conozca la verdad.
La cuestión de la deuda externa es quizás el principal de todos ellos, y mi padre trabajó los últimos años de su vida para descubrir los mecanismos que lo habían hecho posible.
A partir de su infatigable labor, sigo adelante con esta difícil tarea, que- riendo evitar que estos hechos puedan volver a repetirse y aceptando el des- afío de una lucha desigual pero inevitable.
ALEJANDRO OLMOS GAONA2 Buenos Aires, diciembre de 2003
2 El historiador Alejandro Olmos Gaona (Buenos Aires, 1947), hijo del autor de esta obra, no sólo continúa la lucha de su padre —realizando exhaustivas investigaciones sobre el frau- dulento endeudamiento externo argentino e impulsando la causa N° 17.718 que tramita ante la justicia federal—, sino que además, basándose en los principios del derecho inter- nacional, hace un aporte político fundamental en aras de diseñar un nuevo planteo para oponer con firmeza a los acreedores, en su obra La deuda odiosa - El valor de una doctrina
jurídica como instrumento de solución política, libro editado por esta misma Editorial, en
abril de 2005. [N. de E.]
58