Los datos de 2016 confirman otro año más en que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) siguen sin cumplir con el único objetivo para el que exis- ten, la expulsión de personas extranjeras.
Así, en 2016, fueron internadas 7.597 personas, casi un 10% más que en 2015. Sin embargo, este aumento contrasta con la reducción del número de personas expulsadas desde los CIE, que este año ha sido de 2.205, un 23% menos que en 2015. Esto supone que el 71% de las personas internadas ha sido liberada tras un paso, la mayoría de las veces muy traumático, por los Centros de Interna- miento de Extranjeros. Los datos desglosados por cada CIE pueden consultarse en el Anexo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Informe Anual 2016 y en la respuesta del Gobierno a dos preguntas que realizó la Sena- dora Isabel Mora.
Nos encontramos pues con una situación en la que una gran mayoría de las personas internadas atraviesan una durísima experiencia vital sin que se proce- da a ejecutar la medida por la cual fueron privadas de libertad.
Por otro lado, las condiciones de internamiento de los CIE, denunciadas con- tinuamente por numerosas organizaciones, siguen sin experimentar mejoras sig- nificativas. En el Informe sobre el CIE de Madrid presentado por la asociación KARIBU se denuncia las vulneraciones de derechos: a la información, al asilo, a la salud, etc. Por este motivo, KARIBU, junto con otras dos entidades que acompañan a las personas internas dentro del CIE, SOS Racismo y Pueblos Unidos, ha interpuesto numerosas quejas en los juzgados de control.
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La opacidad de los centros es el caldo de cultivo para la existencia de estas vulneraciones de derechos. A pesar de que el Reglamento establece que la Co- misaría General de Extranjería y Fronteras debe publicar datos anuales relativos a la estancia y ocupación de cada centro, esto sigue sin cumplirse. Los obstácu- los a los que se enfrentan, incluso los representantes públicos, para recabar in- formación o entrar en el CIE y el impedimento de entrada a medios de comuni- cación, contribuyen a la invisibilización de lo que allí acontece y a la impunidad en estos centros.
La Fundación Migra Studium por su parte publicaba un informe sobre el CIE de Barcelona en el que se destacaba la saturación del Centro. En un periodo de cuatro meses el CIE había internado el equivalente al 86,72% de las personas que lo fueron durante 2015. Según los datos recogidos, el 53,42% de las perso- nas visitadas por Migra Studium durante 2016 fueron puestas en libertad. Un 38,35% fueron devueltas a su país, de éstas, un 13,01% eran devoluciones y un 25,34% correspondía a expulsiones. El 2,74% fueron trasladadas desde el CIE a prisión, por imposibilidad de expulsión al tener pendientes penas privativas de libertad. Entre los internos visitados, destaca la presencia de menores, un 1,37% de las personas atendidas
Otro documento referencial para conocer la situación de los CIE a lo largo del año 2016 es el Informe de Pueblos Unidos. En el apartado de conclusiones del Informe se resalta que los centros de internamiento de extranjeros se crearon con un fin: asegurar que las personas sobre las que pesaba una orden de expul- sión no eludirían la sanción. Sin embargo, a la vista del escaso porcentaje de personas internadas luego repatriadas forzosamente, y más cuando esta circuns- tancia se da en las personas internadas nada más desembarcar irregularmente en las costas españolas, resulta que los CIE sirven a otro fin para el que no fueron concebidos, y que contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se necesitan centros, pero no cerrados, sino de acogida.
De la radiografía a los CIE pasamos a comentar algunos incidentes ocurridos durante el año 2016. En febrero se conocía que el Ministerio de Empleo y Segu- ridad Social había suspendido de empleo y sueldo a un trabajador del CETI de Melilla por un presunto intento de abusos sexuales y malos tratos a residentes de este centro de internamiento de inmigrantes. En enero, el CIE de Hoya Fría de Tenerife tenía que cerrarse por una plaga de chinches. También en enero tenía lugar en Barcelona un jurado popular que declaraba culpable de «vulnerar los derechos humanos» al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y le condenaba al cierre «a perpetuidad». El CIE de la Zona Franca cerró sus puertas en noviembre de 2015 para realizar unas obras en su interior, que debían concluir antes del 1 de febrero del pasado año. La adecuación de las instalaciones se realizó después de que un grupo de jueces visitara las instalaciones y denunciara las deficiencias que impedían una estan- cia humanitaria a los internos en estos centros. El CIE fue reabierto finalmente en el mes de julio, no sin polémica. La Alcaldesa de Barcelona Ada Colau,
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apoyada por el Sindic y la Generalitat, se oponían a su apertura en un pulso institucional con el Ministerio del Interior.
En el CIE de la Zona Franca han muerto un total de tres personas en 2010, 2012 y 2013, respectivamente. Varias entidades que luchan por el cierre de es- tos centros lo han denunciado como uno de los más opacos de todo el país y reclaman, entre otras cosas, que se habilite un espacio de servicios médicos. El primero de los internos fallecidos, un marroquí de 22 años, tenía problemas psicológicos y físicos. El segundo, un guineano de 21, sufrió un paro cardíaco, aunque varias agrupaciones sociales denunciaron un caso de negligencia al no haber solicitado los agentes atención médica en el momento oportuno. Respecto al tercero, un ciudadano armenio, la policía reportó un suicidio, algo que pusie- ron en duda estas y otras entidades y apuntaron a un posible caso de violencia policial
Las iniciativas por parte de ayuntamientos donde se ubican los CIE y partidos políticos reclamando su cierre han sido una constante a lo largo de 2016. En abril, el grupo parlamentario Podemos–En Comú Podem registraba una propo- sición no de Ley en el Congreso para pedir el cierre de todos los CIE. En Valen- cia, una representación institucional de Podemos visitaba el CIE de Zapadores. Pero no todas las iniciativas de los partidos piden el cierre de los CIE. Ciudada- nos registraba una Proposición No de Ley para privatizar la gestión de los Cen- tros de Internamientos de Extranjeros con el fin de «optimizar recursos». Ciu- dadanos apuesta también por crear nuevos CIE en «módulos de prisiones que actualmente están cerrados, al no estar aprovechados». En abril, el consejero de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, enviaba una carta al ministro de Inte- rior, Jorge Fernández Díaz, para pedirle que no reabriera el Centro de Interna- miento de Extranjeros de Barcelona.
En julio, la alcaldesa de Madrid informaba que el Consistorio está estudiando la puesta en marcha de «alternativas» a la detención de inmigrantes indocumentados en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche. El Consistorio ha mostrado, además, su apoyo a la decisión de la alcaldesa de Barcelona de bloquear la reapertura del centro de Zona Franca, y anunciaba la creación de una mesa de trabajo para asegurar que no se vulneren los derechos humanos de las personas internadas. Con respecto al CIE de Aluche, Carmena añadía que se trata de una «institución fracasada», puesto que no cumple con su objetivo de expulsar a los ‘sin papeles’ en un periodo de tiempo de dos meses. El de Aluche es el CIE que más denuncias acumula de España. Casos como el de la muerte de la congoleña Samba Martine, que en diciembre de 2011 no recibió atención médica durante tres días, o el polémico vídeo de la agresión de un Policía a un interno colombiano en 2011, el mismo día que iba a ser expulsa- do del país, hacen que diversas organizaciones no gubernamentales y asociacio- nes de apoyo a inmigrantes como Karibú, vigilen con lupa cada uno de los movimientos y acumulen testimonios de «abusos y uso de violencia» en los traslados de los ‘sin papeles’.
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El Cabildo de Gran Canaria por su parte respaldaba públicamente la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de cerrar el Centro de Internamiento de Extran- jeros (CIE) de Zona Franca ante la «situación de abuso de poder y de ilegali- dad» de la actuación del Ministerio de Interior por «no» respetar la decisión del Consistorio de la ciudad condal de cerrar el lugar por falta de la licencia corres- pondiente.
En noviembre el alcalde de Valencia, Joan Ribó, participaba en el acto de protesta contra la inminente reapertura del Centro de Internamiento de Extran- jeros (CIE) de Zapadores, organizado por la Campaña CIEs No.
Las fugas y los motines se han sucedido en 2016 de manera más intensa que otros años. En mayo, cinco personas se escapaban del CIE de Aluche, en Ma- drid. En agosto, otros diecisiete escapaban y diez eran detenidos. En octubre, sesenta y siete inmigrantes se fugaban del centro de internamiento de extranje- ros (CIE) de Sangonera (Murcia) tras un motín. Apenas unas semanas más tar- de, cinco internos volvían a fugarse. Un tercer motín tenía lugar el 14 de no- viembre en el que diez personas lograban fugarse. Siete de los inmigrantes que participaron en este motín ingresaron en prisión.
El 19 de octubre finalizaba el motín protagonizado por un grupo de 39 inmi- grantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), que habían permanecido durante toda la noche subidos en la azotea del edificio pidiendo a gritos «libertad» y «dignidad». Los 39 inmigrantes, todos argelinos y un marroquí, eran expulsados posteriormente. En la noche del 24 de octubre, unos cuarenta internos del CIE de Aluche se amotinaban en la azotea del CIE de Aluche en una protesta que terminó de forma voluntaria al día siguiente tras negociaciones que mantuvieron con la Policía.
Siete internos argelinos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, tres de los cuales habían participado en una huel- ga de hambre para pedir su liberación, fueron deportados. «Nuestra valoración es que el miedo a la deportación ha llevado a que esta huelga haya acabado», señalaba en declaraciones a los periodistas el abogado y miembro de Tanquem els CIE, Andrés García Berrio. El 1 de noviembre, una treintena de personas protagonizaban un motín en el CIE de Zona Franca.
El 27 de noviembre, trece inmigrantes se fugaban del Centro de Internamien- to de Extranjeros de Madrid.
Otro hecho que refleja de manera preocupante el deficiente funcionamiento de los CIE es la presencia de menores en estos centros. En noviembre, un menor de 16 años pasó 18 días encerrado ilegalmente en el CIE de Zona Franca. El joven, originario de Argelia, llegó a la península en patera. Un informe de la Fiscalía afirmó entonces que el adolescente había dicho ante la policía que era mayor de edad, según recoge la Cadena SER. Con esos datos un juez ordenó su ingreso en un centro de internamiento. En ningún momento se le hizo una prue- ba médica para confirmar su edad. El 4 de noviembre, el joven llegó al CIE de Zona Franca. Una vez allí, manifestó que era menor de edad y que no podía
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estar encerrado. En todo momento negó haber dicho a la policía que tenía más de 18 años, y se dirigió tanto a la Fiscalía como a la Generalitat para pedir su puesta en libertad.
La Generalitat no respondió su petición y la Fiscalía alegó que debía ser el juez de Almería quien pidiese las pruebas médicas para confirmar su edad, se- gún recoge la emisora. Finalmente, fue la propia dirección del centro del CIE quien ordenó que se le hiciese una exploración médica, con la autorización del juzgado que inicialmente pidió el encierro. Después de 18 días encerrado en un centro en el que, por ley, solo puede haber mayores de edad, el joven recibió el resultado de las pruebas, que confirmaron que era menor de edad y que tenía 16 años. El adolescente fue finalmente tutelado por la Generalitat.