M UJERES Y NIÑAS REFUGIADAS Y MIGRANTES

Europa siguió en 2016 su vergonzosa parálisis en cuanto a la situación de la población refugiada. Una parálisis cómplice del incumplimiento de numerosas normativas internacionales que convierten a la protección y al deber humanita- rio en papel mojado.

Según datos de UNICEF, el 60% de las personas refugiadas y migrantes son mujeres y niños o niñas. A lo largo del proceso migratorio, las mujeres y las niñas son víctimas particulares de la discriminación y la violencia y tienen nece- sidades más específicas de atención y protección. El drama, de proporciones colosales, que supone la emergencia humanitaria de la población refugiada es- conde otras violencias incluidas en ésta y que es la que sufren de manera parti- cular las mujeres. Hablamos del que se ha venido en llamar «sexo de supervi- vencia» para asegurar mínimamente el viaje, el acoso, las agresiones sexistas ejercidas en ocasiones por los propios funcionarios aduaneros, la falta de insta- laciones en condiciones, la nula privacidad, la violencia en el seno de las fami- lias, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y de atención ginecológica y obstétrica.

La eurodiputada Beatriz Becerra indicaba en un artículo que Europa cuenta con los instrumentos para ofrecer protección específica para las mujeres y niñas refugiadas y migrantes. Y que ello supondría ratificar el convenio de Estambul, además de respetar y aplicar la Convención de Naciones Unidas para la Elimi- nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y, en toda su extensión, a pesar de adolecer de perspectiva de género, la Convención de Gi- nebra para los Refugiados.

La organización Amnistía internacional entrevistó a finales de 2015 a más de 40 mujeres y niñas refugiadas que, huyendo de las guerras de Siria e Irak, se adentraron en Europa. Todas aseguraban haber sido acosadas y agredidas en casi todos los países de su recorrido tanto por traficantes, personal europeo de seguridad (policías, guardias de fronteras...) u otros refugiados. Muchas de ellas,

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que viajaban solas o con sus hijos o hijas, destacaban haberse sentido especial- mente inseguras en las zonas de tránsito y los campamentos de Hungría, Croacia y Grecia. «Estas mujeres y sus hijos han huido de algunas de las zonas más peligrosas del mundo, y es una vergüenza que sigan en peligro en suelo euro-

peo», declaró Tirana Hassan, directora del Programa de Respuesta a las Crisis

de Amnistía Internacional.

Al mismo tiempo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), junto a la Comisión de Mujeres Refugiadas publicaron un informe a comienzos de año que recogía revelaciones de mujeres que denunciaron haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales para «pagar» y así poder proseguir su viaje. Y concluía que la respuesta que Europa en su conjunto estaba dando a la realidad de las poblaciones refugiadas era «inadecuada y no consigue prevenir y respon- der al peligro, la explotación y las múltiples formas de acoso sexual que sufren las mujeres y niñas que cruzan Europa».

El Parlamento Europeo aprobó un informe, elaborado por la europarlamentaria británica del Partido Laborista Mary Honeyball. El texto solicita una especial atención para las solicitantes de asilo. Honeyball explicó que las mujeres ya están en situación vulnerable cuando llegan a los centros de recepción y en ellos

«pueden ser víctimas de violencia sexual, tráfico u otros crímenes violentos».

El documento plantea reivindicaciones tan elementales como alojamientos y servicios separados por sexo, personal femenino para las entrevistas y los servi- cios de interpretación y apoyo psicológico para mujeres víctimas de la violencia machista, servicios de cuidado para los menores, información a las mujeres so- bre su derecho a presentar una solicitud de asilo independiente de su marido y asistencia legal en los centros de recepción.

Lo que nos resulta llamativo es que el Informe fuese aprobado tan solo con 388 votos a favor, mientras que 159 se abstenían y 150 votaban en contra. Algo que además «parece más una declaración de intenciones que un compromiso

firme de mejora», según un estudio presentado por las periodistas y profesoras

del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelo- na, Isabel Muntané y María Serrano. En su trabajo «8 de marzo, ¿dónde están las mujeres refugiadas en la comunicación de la UE?» realizan una crítica femi- nista de las declaraciones institucionales del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa.

Son numerosos los testimonios de mujeres o niñas refugiadas que prueban las violaciones a sus derechos.

Rim de 20 años. Origen sirio. «Tenía demasiado miedo de que alguien me toca- ra. El lugar en el que me sentía más segura era en el autobús, el único lugar

donde podía cerrar los ojos y dormir».

Rania de 19 años. Embarazada de origen sirio, cuenta su experiencia en Hun- gría. «La policía nos trasladó entonces a otro lugar, aún peor. Estaba lleno de

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jaulas y no corría el aire. Allí nos encerraron y nos tuvieron dos días. Nos daban de comer dos veces al día. Los aseos eran peores que en los otros campa- mentos. Yo tenía la sensación de que los mantenían así para hacernos sufrir».

El marido de Fátima, refugiada siria, «confió» su esposa a otro hombre antes de salir de Turquía. Pero éste le robó la documentación y la violó. Meses después, Filippo Grandi, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados diría en la «Eurocámara», Fátima es una de las miles de mujeres refugiadas que son particularmente expuestas durante su viaje como refugiadas. El exilio las expone a la explotación sexual y económica. Es por eso que es importante crear

alternativas legales a las redes criminales».

Latifa, una mujer de Damasco de 35 años viaja con sus hijos de 5 a 15 años. En su camino hacia Alemania comenta, «por mis hijos haría lo que fuera, pero si puedo evitar la cola lo haré, no me encuentro cómoda rodeada de hombres tan pegados a mí. En el camino he tenido mucha suerte, no he notado nada extraño más que alguna mirada incómoda o comentarios, pero estoy segura de que mis hijos me sirven de protección. Me han dicho que hace ya meses que no salen mujeres solas por miedo a lo que pueda pasarles durante el viaje; los hombres

siguen sólo su instinto y no tienen ninguna piedad».

Siete meses después de una larga y tortuosa huida desde Damasco hasta la fron- tera de Alemania con Dinamarca, a Bahar, una siria kurda de 36 años le fue concedido el asilo. Sin embargo al recibir el esperado permiso de residencia recibió también una noticia que la ha dejado aturdida desde entonces: tendrá que esperar al menos tres años más hasta que las autoridades permitan a sus hijos reunirse con ella. «Para mí, pasar tres años lejos de mis hijos es simple-

mente imposible», dice Bahar. «¿Quién podría aceptar estas circunstancias? Si

no quieren que mis hijos estén aquí, tendré que regresar».

Fatima salió de Marruecos para poder trabajar y buscarse un futuro mejor. Co- noció a su marido de nacionalidad siria en 2003. Él murió en 2007 y Fatima se quedó en Alepo. Y entonces estalló la guerra. Tiene un hijo de 10 años. Llegaron hasta la frontera sur, a Melilla, en busca de protección y acogida pero en este caso Fatima y su hijo y muchas madres marroquíes más con sus hijos han tenido que acampar en tiendas de campañas fuera del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) ya que las mujeres casadas con sirios que no han logrado entrar en el enclave español, no son aceptadas en este tipo de insta- laciones.

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Naciones Unidas calcula que alrededor de 140.000 mujeres son víctimas de las redes de trata en Europa.

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Según el Protocolo de Palermo la trata puede definirse como «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona

que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación sexual». La trata está

tipificada como delito y puede tener más fines que el de la prostitución: la ex- plotación laboral o la mendicidad.

Según declaró Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), «La trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados continúan siendo las modalidades más detectadas de este delito. Sin embargo, existen también víctimas de trata de personas con fines de explotación de la mendicidad, matrimonios forzados o

fraudulentos, obtención de beneficios públicos, o pornografía». Estas declara-

ciones las realizó en la presentación del Informe «Trafficking in persons». Se- gún documenta el Informe, casi un tercio del total de las víctimas de trata de personas a nivel mundial son niñas y niños. Llegando a un 71 el porcentaje de víctimas mujeres y niñas.

En España, las redes de trata mueven cerca de 3.000 millones de euros al año (8,3 millones diarios), según datos del Ministerio de Sanidad. El 34% de las víctimas para la explotación sexual son de origen rumano.

El ejecutivo de Rajoy aprobó en 2015, a tres meses de las elecciones, un Plan específico contra la Trata con fines de explotación sexual. Diferentes organiza- ciones sociales de lucha contra la trata exigen por su parte el desarrollo de una norma con rango de ley para hacer frente a esta vulneración de derechos. Y solicitan que haya un enfoque más amplio de la definición del delito de Trata, no sólo con fines de explotación sexual, sino que recoja más manifestaciones del delito, como la explotación laboral.

Por su parte, la ONG Accem, a través de una de sus especialistas en el tema de la Trata, Ane Azkunaga, manifestaba a diario.es «La situación de las víctimas de trata deja muchas secuelas. Denunciar exige aportar una gran cantidad de información, revivir muchas experiencias que, debido al trauma, algunas per-

sonas creen que no son capaces de afrontar»; Y que mientras «estas personas

necesitan recuperarse y restablecerse, en la práctica no siempre reciben el tra- tamiento ni el tiempo adecuado necesario para poder recuperarse antes de poder

iniciar el trámite», ya que «por parte de la Policía prima el elemento de perse-

cución del delito y no tanto la protección a las víctimas».

En otro Informe, presentado a mediados de 2016 por la Fundació Surt, se informa de que casi un tercio de las mujeres víctimas de Trata en España son de origen rumano y que la mayoría son menores de 25 años. Otros datos que aporta el informe, elaborado en el marco del proyecto europeo Girl (GenderInterventionsfortheRights and Liberties of Women of Trafficking Sexual Exploitation), «la explotación sexual es la principal finalidad de los casos de

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tráfico en España. Se da en un 91,6% de los casos de tráfico de personas. Ser víctima de trata con fines de explotación sexual es sinónimo de mujer: sólo el

1,3% de los casos afectan a hombres.»

Tras una larga y tortuosa historia, Gladys, una mujer de origen nigeriano y con 11 meses de embarazo, fue deportada sin previo aviso por la policía española. La organización Women´s Link Worldwide informaba en mayo de 2017 que por primera vez se presentaba un caso de trata contra las autoridades de España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Según informa WLW, «Gladys fue sometida a tortura por parte de la red de trata y el estado español no sólo no investigó los actos de tortura denunciados por Gladys ante las autoridades españolas, sino que la encerró en un Centro de Internamiento, donde fue nuevamente víctima de tortura al recibir un trato in- humano y degradante, y la expulsó sin garantías a un país donde podía volver

a ser torturada por las autoridades nigerianas y volver a ser víctima de trata».

Mientras Gladys estaba en el CIE recibió la asistencia de ACNUR, quien ve- rificó la existencia de indicios de trata. Entonces se envió un informe de identi- ficación a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para que fuera tenido en cuenta a la hora de examinar su solicitud de asilo. Pero tanto su solicitud de asilo como su petición de reexamen fueron denegadas por la Administración. Según docu- menta Women´s Link, se «remitió una solicitud de periodo de reflexión en nom- bre de Gladys a numerosos órganos administrativos y judiciales. Además, ar- gumentó que, de acuerdo con el artículo 57.6 de la Ley de Extranjería, antes de su expulsión debía serle realizado un examen médico para evaluar si dicha medida ponía en riesgo la gestación o la salud de Gladys. Todo ello se puso en conocimiento del Defensor del Pueblo del caso, solicitando su intervención para que se paralizara la orden de expulsión que pesaba sobre Gladys y se iniciaran

los trámites para el ofrecimiento del periodo de reflexión».

Fue en esos días, cuando, sin responder a ninguno de los requerimientos, la policía deportó a Gladys. Se le imposibilitó su derecho a recurrir y sin ver reco- nocida su condición de víctima de trata. En el colmo de la desfachatez, «los tribunales españoles, haciendo caso omiso a las vulneraciones de derechos ale- gadas, se limitaron a señalar que Gladys debía presentar un poder notarial, sin tener en cuenta que cuando Gladys estuvo encerrada en el CIE no se permitía

la entrada de notarios». En junio de 2016 el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos (TEDH) no admitió la petición afirmando también que la organiza- ción no tenía el poder notarial para poder representarla. En mayo de 2017 Women´s Link Worldwide ha presentado el caso de Gladys ante el Comité de Tortura de la ONU.

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