Una acepción del concepto ciudadanía, que nos es útil recuperar para este trabajo es la que lo entiende como el conjunto de personas que habitan las ciudades. Un ciudadano, en este sentido, puede entenderse como aquella persona que es “natural o vecino de una ciudad”, o al habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujetos de derechos políticos y que interviene en los asuntos públicos de su ciudad.88 El concepto de ciudadanía y el proceso político y social a que hace referencia sólo puede ser entendido a partir de su relación con el desarrollo de las ciudades como espacio privilegiado del hábitat humano y con la política como forma de actividad humana que permite la construcción de decisiones vinculantes.
La ciudad sería así uno de los espacios privilegiados de las prácticas ciudadanas, sin que esto quiera decir que en los llamados espacios rurales o indígenas89 no existan también prácticas ciudadanas importantes, pero se entiende que en las ciudades las formas de interacción y los flujos de información derivado de los cambios globales hacen cada vez más complejos estos espacios del hábitat con sus respectivos conflictos y la diversidad de sus actores sociales.
La relación entre ciudadanía y ciudad se da de una forma muy estrecha, sobre todo en las sociedades contemporáneas donde las ideas de comunidad política, espacio público y espacio privado, se están vinculando particularmente para explicar procesos como el surgimiento de nuevas identidades urbanas y la ”comprensión dialéctica de la ciudad”.90 Como hemos visto la
88 Sergio Tamayo, Crítica….., op., cit., p. 25.
89 Cabe solamente aclarar a manera de ejemplo el caso de los movimientos indígenas que irrumpieron el espacio público en
México y en América Latina en la última década del siglo XX dando lugar a lo que se conoció como ciudadanía étnica o multicultural que tiene como fundamento el reconocimiento y ejercicio de los derechos indígenas en estados multiculturales. El caso del movimiento zapatista y su vinculación con el movimiento indígena nacional es una muestra fehaciente que el tema de la ciudadanía no sólo incluye y rebasa cualquier espacio y grupo social sino que nos demuestra que los procesos de construcción de ciudadanía son producto de las luchas sociales que protagonizan los diversos sectores de una sociedad, en este caso los grupos indígenas.
ciudadanía tiene que ver con muchos elementos políticos, jurídicos y sociales que permiten la existencia y funcionamiento de una comunidad política.
Esa comunidad política adquiere una dimensión específica cuando definimos su espacio físico y social de interacción y le damos particularmente la forma ciudad, lo que nos lleva a la otra definición de la ciudadanía como el conjunto de miembros o habitantes de una ciudad y de sus prácticas políticas y sociales. En este sentido, podemos firmar que:
La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión. Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, la democracia se pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción de las desigualdades y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión.91
En este orden de ideas, para Jordi Borja los “Ciudadanos son los que conviven, libres e iguales, en un territorio dotado de identidad y que se autogobierna […] La ciudad, como la democracia, debe maximizar la libertad individual en un marco de vida colectiva que minimice las desigualdades”.92 Estableciendo una relación indisoluble entre ciudad como espacio del ejercicio de la ciudadanía y la democracia como forma específica de convivencia y de construcción de una sociedad más igualitaria que tiene en la ciudad un lugar privilegiado de su acción. Relacionando no sólo la ciudad con la ciudadanía sino con la práctica de la democracia el mismo Borja nos advierte lo siguiente:
Si la ciudad es el ámbito productor de ciudadanía y generador de la innovación, es en consecuencia el humus en el que la democracia vive, progresa y responde a los nuevos desafíos. Sin ciudad, lugar que maximiza los intercambios, la democracia pierde la fuerza con vocación de crear futuros posibles y de promover acciones presentes. La ciudad es a la vez pasado, presente y futuro de la democracia. No tener un proyecto y una acción constante de construcción de la ciudad, que se nos hace y deshace cada día, es aceptar la degradación lenta pero continua de la democracia.93
En este sentido, señala el mismo autor refiriéndose al caso concreto de los gobiernos democráticos y de las posibilidades del derecho a la ciudad que “No encontramos hoy en los gobiernos democráticos una comprensión clara sobre ‘el derecho a la vivienda’ y menos todavía sobre ‘el derecho a la ciudad’ cuando se trata de la ciudad futura, la que se está fabricando en las periferias”.94
91 Jordi Borja, “Espacio público y derecho a la ciudad”, en VVAA, El derecho a la ciudad, Serie derechos Humanos Emergentes
7: El derecho a la ciudad, Institut de Drets Humans de Catalunya Barcelona, 2011, p. 140.
92 Jordi Borja, “La democracia en busca de la ciudad futura”, en Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet (eds.), Ciudades para
tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias, Habitat International Coalition, 2ª edición, Santiago, Chile, 2011, p. 31.
93 Ibíd., p. 32. (Las negritas son mías) 94 Ibíd., 36. (Las negritas son mías)
Jordi Borja plantea, en esta lógica, la reconstrucción de una cultura democrática como base para la construcción de la ciudad futura entendida como el espacio pleno de realización de la democracia y propone repensar el problema de los derechos ciudadanos, en donde uno muy importante es el propio derecho a la ciudad. Ello nos permitirá repensar un nuevo proyecto de sociedad a partir de replantear en el pensamiento teórico y en la política los espacios de lo local y lo global.
Para construir un nuevo tipo de ciudadanía democrática es preciso “[…] reelaborar y precisar ‘nuevos derechos’ que se distinguirán por su mayor complejidad respecto a los tradicionales que sirvieron de emblema a las revoluciones democráticas y a las reformas sociales de la vieja sociedad industrial”, derechos como los derechos políticos de los residentes legales, pero también de los indocumentados, derecho a la vivienda, al espacio, a la movilidad, etc., son conceptualizados por este autor como derechos ciudadanos y no humanos y acota “Optamos por conceptualizar estos derechos como ciudadanos y no ‘humanos’ considerando que forman parte del estatuto de ciudadanía, y así reconocer a la persona como sujeto de derechos y deberes que le hace libre en el territorio en el que han elegido vivir, e igual a todos los que conviven en ese territorio”.95
En suma, “La ciudad como espacio de las prácticas ciudadanas adquiere, para Tamayo, “[…] una connotación diferenciada por su escala en el análisis de la ciudadanía. La ciudad como un nivel de la comunidad es un espacio calificado. Es el lugar de estar, pues se habita, se posee y se le apropia. Es una forma simbólica que se llena de significado. Y adquiere significación cuando se percibe, se usa, se practica, se le interpreta y se la califica. Puede ser una ciudad grande o chica, hermosa o fea, conservadora o liberal, violenta o segura. Como espacio, la ciudad es también un producto relacional de sus componentes: arquitecturas, infraestructuras, imágenes y paisajes, cosas y habitantes. Puede, en efecto, pensarse el contexto tridimensional de la acción social como un contenedor de actividades, pero es al mismo tiempo mucho más que eso. Se convierte en demanda ciudadana y espacio de la acción política.”96
En la compleja, dinámica, diversa y conflictiva realidad de las ciudades de hoy “[…] los proyectos de ciudadanía son aspiraciones que generan a su vez acciones, ideas y utopías sobre el futuro de lo social. Y el espacio, sea este la ciudad o la nación, es un campo de batalla que se convierte en espacio de ciudadanía. Sin embargo, este campo de batalla no se expresa con regularidad, pues no es una institución en sí mismo, sino una situación de tensión y conflicto. Es, pues, un espacio efímero de transición y trasgresión.”97
De esta manera, el derecho a la ciudad y el conjunto de prácticas ciudadanas a que está dando lugar tienen como base y como objetivo la utopía de una ciudad más democrática, justa, incluyente y sustentable y efectivamente tiene también entre sus intensiones formar un espacio para la transición y para la transgresión política y social a partir de la construcción de una
95 Ibíd., 2011, p. 41.
96 Sergio Tamayo, “Espacios……, op., cit., p. 29. “Los espacios ciudadanos son resultado de luchas sociales. Se construyen social
y políticamente. Son cambiantes y dependen del resultado de la confrontación social.” Ibíd., p. 33.
97 Ibíd., p. 30. “Los espacios ciudadanos son espacios que se producen y reproducen a sí mismos con la idea de comunidad
ciudadanía plena en momentos donde las élites políticas y económicas presionan a los gobiernos de las ciudades a tomar decisiones que restringen o violan abiertamente los derechos ciudadanos y los propios espacios ciudadanos donde se defienden y crean.
Para Tamayo la ciudad como espacio público por excelencia está siendo apropiada por sus habitantes creando distintas comunidades políticas que se convierten en espacios de lucha por derechos e incluso ellas mismas en el sujeto de los derechos como es el caso del derecho colectivo a la ciudad. De esta manera, se debe considerar que:
Los espacios ciudadanos son objetivos y subjetivos. Por un lado, se constituyen objetivamente a través de dos dimensiones: a) la apropiación social del espacio físico, que involucra a objetos, arquitecturas, regiones, redes de ciudades y personas físicas que califican ese espacio y denotan el tipo de interacción social, y b) la comunidad, de una ciudad, región o nación, que puede incluso convertirse en demanda ciudadana: el derecho a la ciudad, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la soberanía, o el derecho a la autonomía cultural. Por otro lado, los espacios ciudadanos se constituyen subjetivamente porque son representados, imaginados e interpretados por los actores colectivos. Y ello le da sentido a su acción social y a sus prácticas ciudadanas.98
Para Castells “La era de la información está marcando el comienzo de una nueva forma urbana, la ciudad informacional […] (el autor sostiene que) debido a la naturaleza de la nueva sociedad, basada en el conocimiento, organizada en torno a redes y compuesta en parte por flujos, la ciudad informacional no es una forma, sino un proceso, caracterizado por el dominio estructural del espacio de los flujos”.99 Dichos procesos incluso han dado lugar a lo que algunos autores denominan ciudadanía mundial o transnacional en la medida en que los actores sociales de diferentes países comparten demandas y formas organizativas luchando conjuntamente para hacer valer sus derechos.100
Manuel Castells analiza el papel central que están teniendo las transformaciones de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en los cambios sociales que está dando como resultado -en el plano político y económico- el afianzamiento de una élite “globalmente conectada” que aprovechando sus recursos y muchas veces el monopolio de esas tecnologías refuerza su dominación a costa de las identidades comunitarias que se atrincheran en lo local. Sin embargo, -y a pesar de los intentos de las nuevas élites dominantes de imponer por ejemplo el neoliberalismo en las ciudades generando procesos de mayor exclusión y violación de derechos- la importancia de los procesos de “localización” que se dan a la par de los procesos de “globalización” son fundamentales para resistir, combatir y en ocasiones superar los efectos más dañinos de este proceso global. “La articulación de las élites y la segmentación y desorganización de las masas parecen ser mecanismos gemelos de dominación social en nuestras sociedades.
El espacio desempeña un papel fundamental en este mecanismo. En pocas palabras, las élites son cosmopolitas; la gente local. El espacio del poder y la riqueza se proyecta por el mundo, mientras que la vida y la experiencia de la gente se arraiga en lugares, en su cultura, en su
98 Ibídem., p. 33.
99Manuel Castells, La era de la información, vol. 1 “La sociedad red”, Alianza Editorial, 3ª ed., Madrid, 2005, p. 476. 100 Juan Manuel Ramírez Sáiz, Ciudadanía mundial, ITESO-Universidad Iberoamericana, Guadalajara, 2006, p. 204.
historia”.101 De ahí la importancia de lo local como espacio de resistencia, como espacio de organización que superando esa segmentación y esa desorganización y constituyendo espacios identitarios colectivos se convierte en el espacio de posibilidad de construcción de las redes de la sociedad civil que son importantes para combatir esa subordinación y fragmentación de “las localidades” (segregadas y desconectadas) ocasionada por la dominación de las elites organizadas en redes pertenecientes al espacio de los flujos interconectados globalmente.102
El crecimiento desmedido y muchas veces no planificado de las grandes ciudades contemporáneas va generando la construcción de grandes metrópolis o megalópolis en donde se reproducen problemas de descomposición y fragmentación social. Son espacios donde las tensiones y los conflictos se multiplican por la contradicción generada entre los intereses privados que quieren mercantilizar todo lo que existe en las ciudades y los habitantes que con la intención de alcanzar mejores niveles de vida reivindican los derechos como garantía de una mejor forma de habitar la ciudad. De esta manera la revolución urbana “neoliberal” que presenciamos al iniciar el siglo XXI y que profundiza las contradicciones urbanas es vista por Jordi Borja de la siguiente manera:
Las nuevas regiones metropolitanas cuestionan nuestra idea de ciudad: son vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio de espacios públicos; pobres, sometidos a potentes dinámicas privatizadoras. Éstas se caracterizan por la segregación social, la especialización funcional a gran escala y por centralidades “gentrificadas” (clasistas) o “museificadas”, convertidas e parques temáticos o estratificadas por las ofertas de consumo. Esta ciudad, o “no ciudad”, es al mismo tiempo expresión y reproducción de una sociedad a la vez heterogénea y compartimentada (o “guetizada”), es decir, mal cohesionada.103
En este sentido, las dinámicas actuales reducen las libertades urbanas y aumentan las desigualdades en el territorio ampliando las asimetrías y acentuando las contradicciones. Esto aunado a la cada vez mayor complejidad de la vida urbana por la existencia de una gran diversidad de actores y sujetos sociales que tienen intereses contradictorios y que difícilmente son capaces de definir un escenario compartido de resolución y negociación del conflicto. Por el contrario se acentúan las polarizaciones y se criminaliza a los pobres, a los jóvenes, a los sectores populares y a los inmigrantes.
La crisis estructural de los Estados nacionales, -entendidos como formas de organización política que monopolizan el poder político en un ámbito territorial-, desbordados por el poder de los flujos informacionales organizados en redes globales, sobre todo redes financieras, tiene un impacto negativo en la forma en como se diseñan y gestionan las grandes ciudades del mundo.104
101 Manuel Castells, La era de la información, vol. 1 “La sociedad red”, Alianza Editorial, 3ª ed., Madrid, 2005, p. 493. 102 Ibíd., p. 557.
103 Jordi Borja, “La democracia en busca…., op., cit., 2011, p. 32.
104
La relación entre el Estado y la democracia nos sirve para dejar clara la idea de que para la existencia y el fortalecimiento de la democracia es necesaria la existencia de un Estado de y para la democracia. Con ello se da garantía de uno de los elementos que nos permite hablar precisamente de una democracia como lo es el respeto y la garantía de los derechos de la población que da lugar a la existencia de una ciudadanía plena o de alta intensidad basada en la participación de la sociedad en la toma de decisiones colectivas.
Ante esa situación, muchas veces catastrófica, una de las alternativas para atender las emergentes e inciertas demandas urbanas de carácter político, económico, social y cultural, consiste en la elaboración de políticas públicas urbanas de carácter local que tengan como objetivo fortalecer la participación ciudadana y la equidad social, como aspectos centrales de un desarrollo incluyente. Dichas políticas han estado totalmente ausentes en las principales políticas urbanas que actualmente se aplican bajo el modelo neoliberal, salvo algunas excepciones, en la mayoría de las grandes regiones metropolitanas del mundo imposibilitando que a nivel local surjan alternativas viables de gestión urbana.105
Como afirma Giddens “La disposición y los rasgos arquitectónicos de ciudades y barrios expresan luchas y conflictos entre diferentes grupos sociales […] los entornos urbanos son manifestaciones espaciales y simbólicas de fuerzas sociales amplias”.106 En este sentido, podemos afirmar que la vida urbana es determinada o producida en gran medida por un conjunto de actores con intereses diversos y contrapuestos siendo los más relevantes las fuerzas del mercado, el gobierno y demás instituciones del Estado y la sociedad civil cuya expresión más dinámica la constituyen los movimientos sociales. Debido a esa diversidad “Los problemas urbanos estimulan diversos movimientos sociales que se ocupan de mejorar la situación de la vivienda, protestar contra la contaminación del aire, defender los parques y los cinturones verdes y combatir el desarrollo de construcciones que modifiquen la naturaleza de un área”.107
Siguiendo al mismo autor en su análisis sobre las ciudades y la vida urbana- en la actualidad las grandes firmas financieras, comerciales e inmobiliarias tratan de sacarle el máximo provecho a los terrenos mediante la especulación del suelo y la construcción rentable de nuevos edificios y complejos económicos. “A estas compañías les importan muy poco las consecuencias sociales y físicas que tienen sus actividades sobre un barrio determinado; por ejemplo, el hecho de que residencias más antiguas y atractivas sean destruidas para dejar lugar a nuevos bloques de oficinas”.
La mayoría de las veces, continúa Giddens, los procesos de crecimiento que fomentan las grandes empresas inmobiliarias van en contra de los intereses de los negocios locales y de los habitantes más pobres que tratan de oponerse a los megaproyectos a través de distintas formas de “resistencia activa”. “La gente se une en grupos vecinales para defender sus intereses como residentes. Tales asociaciones locales pueden emprender campañas para que aumenten las restricciones a la construcción en determinadas zonas, para bloquear nuevas construcciones en áreas de parques o para presionar a favor de que haya una reglamentación de los alquileres más favorables al inquilino”.108
En esta perspectiva, la visión del derecho colectivo a la ciudad (DCC) como una reivindicación que cuestiona y crítica la globalización neoliberal hegemónica y la forma que está adoptando la vida urbana de las ciudades contemporáneas tiene que ser analizada en sus escalas
105 Jordi Borja y Manuel Castells, Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la
información, Taurus, Madrid, 1998.
106 Anthony Giddens, Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 2012, capítulo 6 “Las ciudades y la vida urbana”, p. 240. 107 Ibíd., p. 241.
local, nacional y global -que están estrechamente relacionadas- para tener una visión más completa del fenómeno observando las posibilidades que tiene el DCC se ser un elemento importante para contrarrestar los efectos más dañinos de esa globalización a partir de las luchas de los grupos organizados de la sociedad civil. Entendiendo, sin embargo, […] que cada práctica