Colectividad y Acción Colectiva, una forma de supervivencia

Para entender a la PD vinculada a organizaciones, es necesario entender a que se

refiere el término

organización como construcción social basada en la

acción

colectiva, como fundamento de su lógica y funcionamiento interno.

Es así como “Organización social”, según Gonzáles (1996) es “el grupo de individuos

que se identifican con determinados intereses y que deciden actuar en común acuerdo con el

propósito de defenderlos y resolver de manera colectiva problemas compartidos”. Buscando

la ejecución de iniciativas y propuestas que les ayuden a resolver sus problemas,

establecer relaciones de negociación, cooperación e interlocución tanto con el Estado

como con otros sectores de la sociedad. Por esto, la organización social hoy es vista

como “una colectividad instituida con miras a unos objetivos definidos, un orden normativo

propio, unos rangos de autoridad y unos sistemas de acción coordinados” (Torres,

2002).Además, las organizaciones sociales (siendo asociaciones cívicas, benéficas,

comunitarias, sindicales, etc.) son las formas de organización de la sociedad, que

tienen como objetivo promover los intereses de sus miembros y del grupo social que

representan, pero sobre todo conformar, el tejido social, cuya importancia para la

democracia radica en que allí se configuran procesos sociales de movilización y

participación en la conformación, ejercicio y control del poder público (Agudelo

Sedano, 2002, p. 11).

Es así como las organizaciones que han ayudado a la conformación de dicho tejido

social son las comunitarias, diferentes a otras formas de asociación por su

composición y objetivo. Éstas, se han distinguido por ser un medio para gestionar

pacífica y organizadamente las aspiraciones y conflictos de las comunidades, lo que

las convierte en un punto de referencia importante para demostrar las posibilidades

del trámite alternativo de los conflictos y la manera como se deben establecer las

relaciones entre el Estado y la sociedad. (Agudelo Sedano, 2002).

Las organizaciones comunitarias, desde la Constitución de 1991, se asientan en la

participación como principio definitorio del Estado, buscando un papel estratégico en

la construcción de una sociedad democrática, e intentando construir relaciones con el

Estado, que se basen en el derecho de la participación de los ciudadanos en la toma

de decisiones y en la forma de resolver conflictos. Una de las formas de tipificarlas, es

de acuerdo a su ámbito social, lo cual permite ubicar a las OPD en una de estas de

acuerdo al contexto en que se desenvuelven. Estas, según Agudelo Sedano (2000),

pueden ser Primarias (su interés radica sólo en la satisfacción de las necesidades básicas,

sin otra visión del futuro), Desarrollo Comunitario (cuando además de preocuparse por

sus necesidades básicas promueven la integración y la identidad cultural entre sus

miembros),

Estratégicas

(aquellas que se preocupan por adquirir capacidades de

movilización, gestión y constitución de redes sociales para incidir en las decisiones públicas y

la solución pacífica de conflictos).

Se puede aludir que estas juegan un papel decisivo a la hora de buscar soluciones a

las necesidades colectivas y realizar aspiraciones comunes. Ello debido a su misma

dinámica organizativa, que se basa en la definición de nuevos propósitos, nuevas

relaciones que garantizan su unidad, nuevas condiciones materiales y nuevas

significaciones que definen su identidad y la de todos sus integrantes, creando su

significatividad social.

Así, Gonzáles (1996), desde su perspectiva afirma, que el papel crucial jugado por las

organizaciones en el contexto actual obedece a que: representan intereses, fortalecen

y promueven el desarrollo de las comunidades locales.

Por último, se puede decir que la organización como instrumento que posibilita y

facilita la interacción, comunicación y negociación con actores como el Estado, ONGs

y otras organizaciones, pone a la organización en la escena relacional de

autoconstrucción y construcción con otros, estando así su acción en estrecho

contacto con esas expresiones de la vida colectiva; que desde esa perspectiva

adjudica el valor de las organizaciones en la capacidad que tienen para articularse a

las dinámicas de su entorno, para modificarlas, reforzarlas e incidir en su

curso.(Gonzáles, 1996)

En este orden de ideas, la participación está íntimamente asociada a la naturaleza de

la organización, a su existencia y accionar, a su permanencia y fortalecimiento. No

sería entonces una condición externa a desarrollar discrecionalmente, sino más bien

un componente propio de su ser y su acción social.

Según Torres Carrillo, las organizaciones en tanto actores sociales que reclaman

derechos colectivos, y actores políticos que buscan una posición pública reconocida,

“entienden que su intencionalidad política no consiste en tomar el poder, sino en construir

poder desde todos los espacios sociales, entendido como proyecto alternativo y articulación

colectiva, como capacidad para gestar y desarrollar proyectos viables que se consideran

legítimos en función de sus ideales y principios, de generar nuevos esquemas de

participación y organización que fortalezcan la capacidad de la población para enfrentar

eficazmente sus problemas…”. (Torres, 2007, p. 225)

Lo que busca toda organización es empoderarse de espacios institucionales

participativos o de representación democrática, con el fin de presionar al Estado para

que realice y cumpla con sus deberes, y por ende, garantice los derechos de sus

ciudadanos; legitimar o deslegitimar las actuaciones del Estado, tener incidencia en

las políticas públicas, con la articulación de actores sociales como fuerza con

capacidad de proponer, deliberar, y hacer incidencia política. Creando así, nuevos

esquemas de organización y participación. (Torres Carrillo, 2007).

En consecuencia en esta investigación, se toman a las organizaciones como,

aquellos grupos que representan los intereses de quienes no tienen voz en las

decisiones públicas, tal como lo plantean los autores anteriores; y como la suma de

voluntades basadas en la acción colectiva.

Sidney Tarrow, especialista en el análisis de los movimientos sociales

contemporáneos, afirma que la Acción Colectiva es “el único recurso del que dispone la

mayoría de los individuos para movilizar a sus seguidores contra los adversarios poderosos,

explotar las oportunidades políticas, crear identidades colectivas y agrupar a la gente en

organizaciones… La mayoría de las formas de acción colectiva se constituyen en torno a

demandas hechas al Estado y en contra de las desigualdades generadas por las formas de

regulación y dominación estatales”. (Tarrow, 1994, p.21)

Apoyando la idea que plantea Tarrow acerca de la AC, la Defensoría del Pueblo

(2005, p.11) la define como “la movilización de un grupo de personas en torno a una

identidad común, un interés y una situación de desigualdad, subordinación o carencia de

condiciones-materiales o simbólicas- determinadas por el momento histórico y social en el

cual tienen lugar” y la pone como un punto central de su orientación respecto al tema

de la organización de las OPD en la política. Aspecto que articula de manera orgánica

el propósito y lo que se espera de la participación en el contexto de la PD

De esta manera, y por medio de la AC, la población organiza nuevas identidades,

nacen nuevos actores sociales y formas de exigir el cumplimiento de sus intereses,

generando un cambio social y, de igual manera, creando una capacidad en las

personas, la posibilidad de orientar e incidir en dichos cambios será su nueva

herramienta. Para Tarrow (1994), dicha acción es de gran valor cuando es utilizada

por personas que carecen de acceso formal a las instituciones y que actúan en

nombre de sus demandas, el contexto sociocultural y las condiciones de vida son

factores fundamentales para agruparse y luchar por un mismo fin. Esta colectividad,

que busca obtener beneficio por medio de su unificación, despierta solidaridad y

cobra significado en determinados grupos poblacionales, situaciones y culturas

políticas. Así pues, la AC posibilita la existencia de un agente participativo que busca

conformar un marco de acción utilizado por diversos actores para representar sus

intereses, aprovechar las oportunidades políticas presentadas, dar cumplimiento y

satisfacción a sus demandas. (Tarrow, 1994)

De este modo, al presentarse toda una serie de rutinas de AC dentro del imaginario

político de las comunidades, los individuos convierten a las organizaciones en

aquellas formas de acción que reivindican y dignifican los objetivos e intereses

comunes al grupo. No obstante, hablar de AC implica tener en cuenta la búsqueda de

intereses no solo grupales sino también individuales, a través de organizaciones

constituidas por individuos que trabajan por unos objetivos y fines concretos; aquellos

por los que negocian haciendo posibles sus deseos y anhelos. Así, se puede

entender que los individuos actúan de una u otra manera según los problemas que

enfrentan, los contextos en que se encuentran y las relaciones que establecen,

intentando crear nuevas formas de sociabilidad, ciudadanía, AC y Participación

Ciudadana; para de esta forma lograr la consecución de sus intereses y demandas,

tal como lo pretende hacer la PD para enfrentar y superar el actual estado de cosas

inconstitucionales. La lógica de la AC da por supuesto que si todos los miembros de

un grupo de individuos tienen determinado interés común, el grupo manifestará una

tendencia a satisfacerlo, por medio de su organización.

In document Factores que condicionan la incidencia de las organizaciones de población desplazada por la violencia en el desarrollo de políticas públicas de atención a población desplazada en Bogotá (página 32-36)