Conclusiones y consideraciones finales

La política del Estado en el ámbito de las telecomunicaciones se rige por principios generales de universalidad, equidad, libre competencia, apertura del mercado, fomento a la difusión del Internet y calidad. Sin embargo, hasta el momento su ámbito es muy limitado, pues el mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador es muy segmentado y las incursiones privadas solo se las ha realizado en productos que aseguren rentabilidad alta como la telefonía celular, relegando las inversiones sociales y de baja rentabilidad al Estado.

Hay que destacar que éste conserva aún su papel de controlador y supervisor, a la vez que, a través del Fondo de Solidaridad es propietario de las dos principales empresas del sector. Adicionalmente, tiene una importante función de regulador, a través del CONATEL, SENATEL y del CONARTEL, buscando, entre otros objetivos, dar impulso al crecimiento y desarrollo de las comunicaciones, la adecuación del marco legal y regulatorio a las necesidades internas, el aseguramiento de la provisión de un servicio de calidad y la ampliación de coberturas, a precios que mantengan equilibrio entre los proveedores y usuarios.

Con la expedición de la Ley de Transformación Económica del Ecuador se modificó el marco legal del sector de telecomunicaciones en el sentido de que “todos los servicios de telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia”, dando paso a la renegociación de los contratos de concesión suscritos con las empresas estatales ANDINATEL y PACIFICTEL, así como fijando las bases para futuras inversiones externas en este sector. No obstante, estas empresas continúan abasteciendo casi la totalidad del mercado nacional de telefonía fija.

Sin embargo, la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, constituye el marco legal vigente del sector; su principal aporte es la apertura a la libre competencia en la prestación de estos servicios y sólo como régimen de excepción, la operación de aquellos que serán prestados en régimen de exclusividad regulada.

Las dos empresas del Estado a pesar de haber sido constituidas en condiciones semejantes, han ma ntenido en el tiempo un comportamiento disímil. En efecto, a diciembre de 2002, la proveedora ANDINATEL entregó a su único accionista utilidades, mientras la otra empresa, PACIFICTEL, reportó pérdidas e incumplimientos a los términos del contrato de concesión renegociado. No obstante, la posición financiera de esta última ha variado positivamente en el 2003.

Si bien, y con la finalidad de promover la competencia en el sector y permitir el ingreso de inversión extranjera, el Gobierno inició el 19 de febrero de 2002, el proceso de subasta pública para el otorgamiento de una Concesión para la explotación del Servicio

Móvil Avanzado de Telecomunicaciones (SMA), Servicios de Larga Distancia Nacional e Internacional. Este proceso concluyó el 3 de abril de 2003, con la suscripción del contrato de concesión a Telecomunicaciones Móviles del Ecuador (TELECSA S.A.), cuyo capital se encuentra constituido por aportes de ANDINATEL y PACIFICTEL, esperando que en el corto plazo se pueda incorporar la empresa pública municipal ETAPA. De acuerdo al proceso licitatorio, TELECSA escogió a SWEDTEL como la administradora y operadora del negocio, la cual según lo planificado, inició operaciones el 1 de diciembre de 2003 en Quito y Guayaquil.

Por otra parte, y dentro del contexto del compromiso adquirido con el FMI, vía la suscripción de la Carta de Intención de febrero de 2003, el Gobierno, a través del Fondo de Solidaridad, inició el proceso de contratación de una administración internacional especializada para las empresas PACIFICTEL y ANDINATEL, el mismo que concluyó la etapa de venta de las bases del concurso. El Fondo, como propietario de las mencionadas compañías, lleva adelante el proceso con el que se espera lograr que las empresas telefónicas mencionadas obtengan altos niveles de eficiencia en el mediano y largo plazo. A la fecha, de la convocatoria pública a concurso para determinar el administrador han quedado seleccionadas dos empresas, y de acuerdo a pronunciamientos de las autoridades competentes el contrato de adjudicación estará listo para fines de febrero de 2004 y el administrador seleccionado iniciará sus operaciones en marzo de ese año.

En cuanto al aporte del subsector de telecomunicaciones al PIB, en el 2003 se estima que llegará a aproximadamente US$ 350 millones, equivalente al 2%, esta participación ha presentado un leve crecimiento a partir de 1996, año en que se ubicó en el 1.1%. Este indicador muestra que las telecomunicaciones, siendo un sector estratégico y de relevante impacto en la economía de un país, no ha presentado el desarrollo esperado, aún cuando se han expedido leyes que permitirían un mayor desempeño del sector. Por otra parte, este subsector enfrenta una serie de limitantes que condicionan su desenvolvimiento y desarrollo, entre los que se pueden citar la deuda de ANDINATEL y PACIFICTEL al Ministerio de Economía y Finanzas, el diferencial tarifario, la deficiente calidad en la administración y gestión.

Al compararse el grado de desarrollo del subsector de comunicaciones ecuatoriano (telefonía fija, móvil, acceso a internet) en el plano internacional y específicamente en relación a los países de la Región, se observa que los índices nacionales están muy por debajo de los niveles alcanzados en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, a pesar de la positiva evolución que el sector ha tenido en los últimos años.

En relación a los proyectos en que se encuentra inmerso el sector, sobresale la implementación de la Agenda Nacional de Conectividad y sus cinco componentes: infraestructura para el acceso, Programa Nacional de Teleducación, Telesalud, Gobierno en Línea y de Gobierno Electrónico; así como la aplicación del séptimo dígito a la numeración telefónica nacional, con cuya ejecución se ha logrado ampliar el número de potenciales usuarios y asegurar un mejor servicio de calidad.

Consideraciones finales

El subsector de prestación de “servicios de telecomunicaciones” representa para el país aproximadamente US$ 350 millones anuales; a pesar de no alcanzar los niveles de desarrollo de otros países latinoamericanos. Desde esta perspectiva y en consideración a que cada vez un mayor índice de transacciones económicas en todos los sectores productivos a nivel mundial, se realizan en base a eficaces y eficientes interconexiones y telecomunicaciones, es necesario concentrar esfuerzos en mejorar, más aún, el nivel de éstas en el Ecuador.

Con este objetivo, se considera que los organismos encargados deben implementar, a la brevedad posible, una verdadera política dirigida a:

• Optimizar la supervisió n: o implementar mecanismos que permitan realizar un

seguimiento más efectivo de la calidad en la prestación de los diferentes servicios.

• Implementar una eficiente “Política Tarifaria”, que enlace calidad y precios, así

como lograr un equilibrio de nivel entre las tarifas cobradas al usuario y la posición financiera de las operadoras estatales.

• Uso de tecnologías adecuadas.

• Incentivar la inversión privada en el sector: o delinear y aplicar una nueva política

de incentivos a la inversión, nacional y extranjera, en especial la dirigida a implementar nuevas tecnologías.

• Fomentar la ampliación de las coberturas de servicios agregados, a fin de minimizar

la “brecha tecnológica” que afecta al País.

• Promover la competencia entre empresas públicas y privadas del sector.

• Buscar la optimización de procesos, administración y manejo de las empresas

públicas ANDINATEL y PACIFICTEL, en especial ésta última, en razón de sus pobres rendimientos.

11. Bibliografía

ANDINATEL S.A., Memoria Institucional, 2002. ANDINATEL S.A., Indicadores Institucionales, 2003.

Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andino – ASETA.

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Líderes, Semanario de Economía y Negocios. PACIFICTEL S.A.

Revista CRITERIOS, de la Cámara de Comercio de Quito. Revista Gestión, Análisis Sectorial.

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