derechos en nuevos contextos de
diferenciación
Gonzalo Alberto Patiño Benavides
Los estudios sobre interculturalidad suelen situarse en un amplio mapa donde convergen los desarrollos más recientes de diferentes disciplinas, al replantear conceptualmente las diferen- cias, desigualdades y desconexiones. Estas últimas explican en buena medida el acontecer de la política pública en Co- lombia en relación con la población en situación de desplazamiento forzado, víctima del conflicto armado. El conflicto es bien conocido en el contexto interna- cional, así como la negación sistemática del mismo por parte de élites corruptas, que han visto en la guerra la posibilidad de acumular capital durante más de seis décadas de violencia. Los intentos del Estado y los distintos gobiernos du- rante los últimos años se han centrado
en la estabilización socioeconómica de estos amplios grupos poblacionales y, más recientemente, en la expedición de la Ley de Victimas, con la que se pre- tende “saldar” – según la terminología utilizada por fuentes gubernamentales- una deuda histórica con millones de campesinos, a quienes por el camino de la guerra se les ha arrebatado y despo- jado inmisericordemente sus tierras.
El conflicto armado como un tema de justicia social
Las generaciones anteriores padecie- ron la violencia política de los años cua- renta; nuestros padres y abuelos pre- senciaron los asesinatos y masacres que sacudieron las zonas rurales del
Universidad Industrial de Santander .Facultad de Ciencias Humanas Escuela de Economía y Administración, Bucaramanga, Colombia.
país, extendiéndose en poco tiempo a la totalidad del territorio. Con ello co- menzó un éxodo descomunal hacia las ciudades, invirtiéndose la relación entre población urbana y rural. El escritor co- lombiano William Ospina señala en su li- bro ¿Dónde está la franja amarilla?, la manera como ciertos grupos en Bogotá D.C afrontaron esta situación: “Esto no sería tan grave si no fuera porque ese reducido sector urbano, acaudillado por la arrogante capital de la república, se avergonzaba profundamente del país al que pertenecía, y recibió a los campesi- nos con una incomprensión, una hostili- dad y una inhumanidad verdaderamente oprobiosa” (Ospina, 2010, p. 19). El fi- nal de esa guerra, que promovieron las elites liberales y conservadoras, se co- noce con el nombre del Frente Nacional ( 1958-1974), una alianza entre estos dos partidos para repartirse el poder político y afirmar una sociedad exclu- yente, en la que su población campe- sina fue simplemente ignorada. Varios aspectos de la política agraria – como el Acuerdo de Chicoral a comienzos de la década del 70 - habían intentado
constituir un cierto equilibrio a favor de la expropiación de tierras insuficiente- mente explotadas.
En palabras del historiador y sociólogo Daniel Pécault “Este acuerdo- acogi- do, con algunas modificaciones, por el Congreso de 1973- establece, en pri- mer lugar, criterios para la clasificación de tierras: criterios complejos, a la vez de naturaleza económica – definición de productividad mínima para tierras bien explotadas-, de naturaleza social- es- tablecimiento de un impuesto para la educación-, y de naturaleza ecológica- preservación de los suelos. En el caso de tierras calificadas como insuficiente- mente explotadas, el acuerdo prevé una aceleración de los procedimientos con- ducentes a la extinción del derecho de propiedad” (Pécaut, 2006, p. 173). Ex- cepto contadas excepciones – la de las familias más poderosas del país-, que se beneficiaron del denominado modelo de “sustitución de importaciones” en el sector industrial, gruesas capas de po- blación fueron empujadas al desarrollo de actividades ilícitas como el contra-
bando y el narcotráfico, otros adhirie- ron a distintos grupos armados.
La formación histórico –social que se han constituido sigue, muy a pesar de los exiguos logros en materia de bien- estar social y económico, así como en el plano de las libertades políticas, con- centrada en poderes hegemónicos que tienen como característica principal una clara orientación estratégica en el senti- do de perpetuarse recreando situaciones y contextos que se creyeron superados bajo la promesa liberadora de las plata- formas ideológicas de descentralización político administrativa que recorrieron a América latina en los años ochenta. La ideología, por lo tanto, sigue siendo en nuestro medio un campo de bata- lla cuyas fuerzas motivadoras empujan hasta el límite los ideales de justicia y hacen retroceder de manera abruma- dora la proclamada autonomía que con- ceden las constituciones y sus procesos descentralizadores. Como ha sido seña- lado por Slavoj Zizek no importa que ella sea “falsa” o “cierta”, se trata más
bien de los distintos procesos de enun- ciación y ocultamiento “…el punto de partida de la crítica de la ideología debe ser el reconocimiento pleno del hecho de que es muy fácil mentir con el ropa- je de la verdad” (Zizek, 2007, p. 15). Asistimos en nuestro tiempo y en nues- tro país a un perpetuo discurrir de metá- foras de una mentira institucionalizada. A la par nos encontramos con una apa- rente y sorprendente avance en los pro- cesos económicos y una marcada matriz de eficiencia que imprime su sello a todas las actividades que se despliegan sobre nuestros territorios y cuya pun- ta de lanza hoy se conoce como “sis- tema de competitividad”, “marketing territorial”, “marca de ciudad”. La “mar- ca de ciudad” introduce nuevas formas de diferenciación social, pues refuerza la idea de ciudades más seguras y de beneficio y prosperidad en materia de intercambio económico, pretende con ello convertirse en una idea dominante, que impregna el espacio social, espacio de domesticación de lo social, que no logra superar la estirpe individualista
que la inspira con valores y cánones ya probados en otras latitudes con graves consecuencias para la denominada “co- hesión social” e intentando establecer nuevos imaginarios sociales propios de la modernidad capitalista, que ocultan sis- temáticamente las diferencias que sub- yacen a nuestra realdad. Como afirma Vicenc Visas: “Con frecuencia se trata de contextos donde la violencia está te- rritorializada, es decir, donde el conflicto es agudo y persistente sólo en algunas regiones del país, en cuyas capitales se tiene una falsa y aparente sensación de tranquilidad, lo que dificulta que un sec- tor de la población tome conciencia de lo que ocurre realmente en el resto del país” (Fisas, 2004, pp. 22-23).
En la actualidad varios son los elemen- tos que fomentan la amplitud de las brechas sociales en nuestro país, des- tacándose la enorme presión que ejerce la pobreza, la persistente concentración del ingreso y la propiedad: El Gini de la propiedad rural, donde un valor de uno refleja una concentración total de la pro- piedad, asciende en 2009 a 0.863. Esta
tendencia de mayor concentración de la propiedad se explica en el fenómeno narco y/o paramilitar que ha obligado a campesinos a abandonar sus tierras y a configurar un Estado de Cosas In- constitucional (ECI), declarado por la Corte Constitucional, en relación con la población víctima del conflicto armado.
El desplazamiento forzado en Colombia
Las masacres acometidas por lo gru- pos paramilitares y guerrilleros guardan una suerte de similitud con muchas de las acciones cometidas por grupos si- milares en otras partes del mundo. En particular ciertas claves de su eficacia simbólica – como en el caso de la ma- sacre del Salado perpetuada por grupos “paras”-, pueden ser atribuibles a defi- niciones atávicas propias del nacionalis- mo. No es extraño, por lo tanto, su par- ticular forma de identificación con actos colectivos que se presumen heroicos y con cierto atributo moral, cuya carga normativa es evidente (aquello que se considera aceptable hacer o no en un
determinado territorio). Este particular sentido de pertenencia frente a otros tipos de identidades, les ha permiti- do actuar no solo con claros pretextos ideológicos, sino también sintiéndose portadores de verdades inobjetables. De allí procede también la utilización de ciertos marcadores culturales (no- sotros como diferentes a ellos). Nada o poco queda al azar en este carnaval de sangre, una especie de ritual satánico, cuyos procesos de iniciación – como se señala en los documentos de Memoria Histórica- han estado marcados por las “escuelas de descuartización”, los ritua- les públicos de poder en plazas públicas, parques de veredas y pueblos. Todo ello recreando un “ambiente festivo”, que inspira las acciones violentas que ha- brán de seguir. Aquí entran también en juego los dispositivos narrativos (panfle- tos, mensajes de texto y ahora la utili- zación del internet, actos simbólicos que son por si mismos capaces de permear las prácticas sociales de los lugareños. En la última década ha tendido a agra- var aún más la violencia, mediante el
desplazamiento forzado, capaz de ges- tar durante los últimos años una redis- tribución de la tierra sin precedentes, desconociendo los derechos de pose- sión y propiedad de cientos de miles de campesinos obligados a abandonar intempestivamente sus viviendas, par- celas y otros bienes materiales y sim- bólicos de gran significado para sus proyectos de vida. Alojados como ex- traños y de manera intempestiva en los pequeños, medianos y grandes centros urbanos del país, se constituyen en mo- tivo permanente de malestar y de olvi- do por parte de la política pública. Por esta razón, el conflicto armado sigue ocupando un lugar central, destacándo- se como fuente inagotable de violación sistemática de las libertades humanas fundamentales. Es catalogado, de tiem- po atrás, como uno de los más cruentos y prolongados de la historia contempo- ránea. Una de sus manifestaciones más palpables- el desplazamiento forzado de más tres millones de personas-, lo- gra condensar la tragedia humanitaria, así como el conjunto de desigualdades que históricamente han calado en nues-
tra psique hasta casi aceptar como algo inevitable la pobreza, la persistente desigualdad y los nuevos contextos de diferenciación social.
La estabilización socioeconómica de las personas en situación de desplaza- miento forzada suele comprenderse en un estrecho narco de acciones que en el tiempo se desarrollan bajo el am- paro del Estado, y que propenden por una real protección de quienes se han visto obligados, por diversas razones, a abandonar sus lugares de residen- cia habitual; Sin embargo, la razón de Estado- que en términos de Foucault debe remitirnos a una cierta racionali- dad gubernamental inherente o relati- va a una particular forma de conducir el gobierno (arte de gobernar)- nos obli- ga a pensar la perpetuidad del conflic- to armado interno en distintos ámbitos (Foucault, 2008): Primero, como produc- to de un conjunto de violaciones siste- máticas a las libertades fundamentales, que perpetuán un Estado de Cosas In- constitucional (ECI) como lo definió la Sentencia T-025 del 2004 de la Corte
Constitucional; segundo, como una es- trategia de dominio territorial de los actores armados. En ambos casos se evidencia una sistemática profundiza- ción de las desigualdades existentes y un desconocimiento de las diferencias culturales que subyacen en nuestro territorio a la hora de abordar posibles salidas al conflicto con graves repercu- siones en el campo humanitario.
En ese sentido, el análisis de los pro- gramas de estabilización socioeconómi- ca que aquí se contempla se funda en un criterio más amplio que aquel que pretende realizar una evaluación técni- ca de los programas del Gobierno. Por el contrario, se trata de una mirada a la complejidad del ordenamiento social producido por quienes hoy habitamos este espacio y al carácter ético, político de las actividades que como ciudada- nos emprendemos para restituir el daño causado a la sostenibilidad del territorio y a quienes lo habitan. Por las anteriores razones se exponen a continuación las premisas sobre las que se viene reali- zando el ejercicio colectivo de encues-
tar a nivel territorial a un conjunto de hogares – siguiendo los parámetros si- milares a los diseñados en la primera Encuesta Nacional de verificación (ENV I), por la Comisión de la Política Publica en relación con la Población en Situa- ción de Desplazamiento Forzado- en el Área Metropolitana de Bucaramanga. La pobreza, el hambre, la desnutrición infantil, la inclusión forzada de niñas y niños en la guerra por parte de los ac- tores ilegales armados, las inequidades de género, la exclusión racial y étnica adquieren un matiz particular cuando se observan bajo la lupa de una tecno- logía de la guerra, que se reproduce a diario en nuestro país con una racio- nalidad propia de este tipo de eventos. Poco o nada queda al azar cuando todo un aparato económico y político de una buena parte de la sociedad se ha dis- puesto a perpetuar un conflicto que en- riquece y envilece a unos y empobrece y somete a otros. Todo el “juego demo- crático”, queda así sometido a un pro- pósito: el ocultamiento de la verdad, de la diferencia, de la “alteridad”, aquella
que deviene de la mendicidad, de la et- nicidad, de la pobreza. Un conjunto de dispositivos, que logran instrumentalizar quienes ven en la guerra una forma de vida. Esta afirmación debe remitirnos a una discusión y análisis que revalore las actuales prácticas gubernamentales, institucionales u organizacionales, así como una nueva sensibilidad en rela- ción con el papel político de ciudadanos que somos, o que decimos ser, o que creemos ser.
Se ha impuesto una delicada tendencia, de carácter mediático, a presentar los informes que dan cuenta de una sus- tancial mejora en términos de “seguri- dad”, en particular disminución de tasas nacionales de homicidios, mientras con- tinúan el desplazamiento forzado, las masacres y asesinatos de líderes de vic- timas del desplazamiento forzado, y se empiezan a desenmascarar los verdade- ros artífices de las amenazas e intimi- daciones a defensores de los derechos humanos, así como su infiltración por órganos del Estado (DAS). Asistimos, por lo tanto, a una des-institucionaliza-
ción permanente de la vida social en nuestro país y, por lo tanto, a un retro- ceso sin fin de los imaginarios sociales que se han constituido como resultado de la Constitución Política del 91.
Al intentar develar el mecanismo de aislar el poder de sus elementos más visibles Focault nos recuerda la con- veniencia de: “…primero, desarrollar un análisis de las formas que permiten institucionalizarlo, las técnicas que se adoptan y los instrumentos de interven- ción; segundo, a partir de las prácticas que permiten relacionarlo con su obje- to y campo de aplicación, establecer la manera como los individuos y sus cuer- pos quedan “constituidos por los efec- tos del poder a semejanza de sujetos” (Foucault, 2000, pp. 33-47). En una “economía general del poder”, como la instituida por la para-institucionalidad en Colombia, la legitimidad o ilegitimi- dad del gobierno ha quedado más o menos resuelta a partir de las estra- tagemas discursivas y el manejo de la imagen en el escenario de los medios de comunicación. El éxito o el fracaso se
miden en menor o mayor medida por la forma en que se manipulan los medios. Se llega al poder a través de ellos y se sostiene con su ayuda. Toda teoría- in- cluida la económica- queda ligada a un ejercicio teatral, exponiendo un mismo orden de realidad. Como afirma Geor- ges Balandier “El poder se va poniendo progresivamente en escena; también bajo su forma represiva, a la hora de las ejecuciones capitales, en el curso de las cuales la jerarquización social queda ex- puesta y el «ejemplo» se convierte en espectáculo” (Balandier, 1992, p. 37). En general, los discursos sobre la “se- guridad democrática” y la “prosperi- dad democrática” -bases de los últimos planes de desarrollo- suponen la pues- ta en funcionamiento de un conjunto de dispositivos, entre los que merece destacar la acepción misma de “seguri- dad” que se toma como referente para el diseño de una política de gobierno. Esta última termina convirtiéndose en una estrategia político -militar contra la insurgencia y ha permitido también impulsar el accionar de los grupos pa-
ramilitares estigmatizando a pueblos enteros -como en el caso de la ma- sacre del Salado- avalar los fallos de la fuerza pública contra la población ci- vil -como en el caso de los “falsos po- sitivos”-, mecanismo válido también para asegurar el éxito de la campañas electorales, a la que adhirieron sin ex- cepción buena parte de los grupos po- líticos que apoyan esta propuesta du- rante los últimos años.
Consideraciones finales
Podemos afirmar que las personas vícti- mas del conflicto armado en Colombia se someten a un conjunto de desigualda- des estructurales, asimiladas de tiempo atrás por la sociedad colombiana (des- empleo y sus diferentes categorías), y a un nuevo conjunto de desigualdades, que para este efecto denominaremos desigualdades dinámicas, según la ter- minología expresada por el economista europeo Jean Paul Fitoussi, en su libro “La Nueva Era de las Desigualdades” (Fitoussi y Rosanvallon, 1997).
Una política distributiva justa en mate- ria económica y social deberá entender- se como aquella, que permita terminar con la condición de víctima del despla- zamiento forzado. Es algo, que de una u otra manera, y por meras razones de hecho, tienen que ver con la política de la verdad. Los pasos que se están dando a nivel nacional se pueden con- siderarse significativos, pero no olvi- demos que buena parte de los motivos que causaron los desplazamientos for- zados persisten en los territorios consi- derados como estratégicos para el de- sarrollo económico del país.
La verdad debe primar, pues como afir- ma Foucault: “Es algo, en cambio, que de una u otra manera, y por meras ra- zones de hecho, tienen que ver con la filosofía, es decir con la política de la verdad” (Foucault, 2006, pp. 17). En nuestro caso, el asunto no es im- portante sólo por el hecho del número de hectáreas expropiadas, por la for- ma violenta en que se realizó y/o las técnicas legales para ocultarlo; se tra- ta también del orden social que se ha
impuesto, del nomus de la tierra o si se quiere del nomus del presidente. La toma de la tierra es primero, un hecho jurídico-histórico, antes que una mera construcción del pensamiento y, segun- do, precede a la distinción entre dere- cho público y privado, entre señorío y propiedad, entre imperium y dominium. Y, desde luego, es previa también a la ordenación que luego habrá de seguir. “Contiene así el orden inicial del espa- cio, el origen de toda ordenación concre- ta posterior y de todo derecho ulterior. La toma de la tierra es el arraigar en el mundo material de la historia” (Sch- mitt, 1974, p. 21).
La verdad, pues en nuestro caso se trata de una racionalidad intrínseca e instrumental puesta al servicio de los distintos actores armados, con secuelas incalculables para la sostenibilidad del territorio, pues a ello debe agregarse la siembra de cultivos ilícitos, la siem- bra de minas antipersonales, la fumiga- ción, el involucramiento de niños, niñas y adolecentes a la guerra. Todo esto con un agravante adicional: el objetivo
principal de la guerra no ha sido, como se pensó inicialmente y se afirmó por parte de los grupos armados al mar- gen de la ley, la toma del poder, sino la población civil; es este el principal botín y recurso que habita el territorio. Niños, niñas y adolecentes han entra- do al escenario de la guerra, sin abrirse para ellos nunca una luz de esperanza y sin poder distinguir siquiera la diferen- cia entre adultez y niñez como etapas