El crecimiento económico, eje de la lucha contra la pobreza

En los últimos tiempos, la AOCI ha sufrido una involución que conside- ramos la sitúa en parámetros similares a los existentes a comienzos de la década de los noventa del pasado siglo, pero en un contexto diferente. La tensión entre el Consenso de Washington y el enfoque de desarrollo hu- mano sostenible parece resolverse definitivamente a favor del primero. Por eso, en el actual discurso oficial sobre desarrollo predominan las mencio- nes al crecimiento económico como la herramienta fundamental a emplear en las políticas de lucha contra la pobreza.

De este modo, las citas sobre el DHS en los informes de los organismos multilaterales y las principales agencias de cooperación, que ya se habían visto reducidas a lo largo de la primera década del siglo XXI, se recortan

aún más en la actualidad. En todo caso, siguen sin obtener reflejo en la disposición de objetivos, programas y recursos que permitiera lograr resul- tados en ese sentido. Por el contrario, las referencias al crecimiento de las economías nacionales -cuantificadas exclusivamente a través del aumento del Producto Interior Bruto- como vía para la superación de la pobreza, no solo forman parte de toda la arquitectura discursiva de la agenda oficial de desarrollo, sino que además se están pudiendo llevar a la práctica mediante la asignación de medios y recursos para apoyar las estrategias de fomento de la actividad empresarial y de los negocios inclusivos.

Hasta los años ochenta, como vimos con anterioridad, se consideraba que el Estado era un actor fundamental para asegurar los objetivos de desarro- llo. En la actualidad, y a pesar de que el Estado está siendo recuperado como agente en el pos-Consenso de Washington, son el sector privado, las grandes empresas transnacionales, las que han logrado consolidarse como la referencia fundamental y estratégica del desarrollo, y de manera crecien- te también de la cooperación internacional.

Así, a pesar de las críticas recibidas por el impacto de la expansión de sus actividades por todo el planeta (González y Ramiro, 2013), las compañías transnacionales han conseguido que en el mundo de la cooperación inter- nacional vaya siendo aceptada “la visión del mercado como solución, y no sólo como problema”, junto con “la percepción de la empresa como he- rramienta central de desarrollo, no como agente ajeno y quizás perjudicial” (Fundación Bankinter, 2009:13).

La situación actual es la consecuencia del trabajo de los lobbies em- presariales durante dos décadas para conseguir que, finalmente, en la agenda de cooperación internacional se haya incorporado la idea del potencial de las empresas al servicio de los pobres (PNUD, 2004). “An- tes, la mayoría en la ONU consideraba al sector privado como parte del problema”, afirma su secretario general Ban Ki-moon, pero “hoy, muchos aceptan que Naciones Unidas necesita trabajar para convertir a las empresas en parte de la solución para enfrentar la complejidad de los desafíos globales y alcanzar los objetivos de desarrollo” (Global Compact, 2010).

Las escuelas de negocios y los think tanks vinculados a las compañías mul- tinacionales, han elaborado estudios y análisis para vincular la presencia internacional de las empresas transnacionales con el logro de los objetivos

de desarrollo y bienestar que se prometieron para justificar su llegada a los países periféricos. Ante el aumento de la pobreza y las desigualdades a nivel mundial y el creciente rechazo social que han ido generando, las grandes corporaciones pretenden construir un relato con el que no pueda cuestionarse su centralidad en la economía global.

Así, con objeto de aumentar su legitimación social y posicionarse como un actor imprescindible para la superación de la actual crisis, presentan teorías revestidas de objetividad y neutralidad para tratar de demostrar los impactos positivos de sus actividades en aspectos como la transferencia de tecnología, la mejora de la provisión de bienes públicos y privados, el incremento del empleo, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y el fomento de la inversión como motor de desarrollo (Olivié, Pérez y Macías, 2011).

Frente a ello, por otro lado, diferentes centros de estudios, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, así como ciertos sectores de la academia, han venido realizando un trabajo de documentación y sistematización sobre las consecuencias negativas de la expansión global de las corporaciones transnacionales en el marco del actual modelo so- cioeconómico. En este sentido, las investigaciones realizadas por diversos observatorios, ONGD y redes de solidaridad han servido, fundamental- mente para mostrar que, junto a las consideraciones económicas -crítica y cuestionamiento del rol de las empresas transnacionales en la mejora de la cantidad y la calidad del empleo, la prestación de servicios ofrecidos, las inversiones en mantenimiento y los procesos de transferencia tecno- lógica-, se han producido una serie de graves efectos sociales, políticos, ambientales y culturales que van asociados a la internacionalización de los negocios de estas empresas (Ramiro y González, 2013).

Sin embargo, la tendencia generalizada de la AOCI ha sido la de fomentar el establecimiento de alianzas con las grandes corporaciones. A ello consi- deramos que ha contribuido de forma decisiva, como ya hemos indicado, la labor de sustento teórico que han desarrollado diversas instituciones académicas y empresariales publicando informes que trataran de demos- trar la contribución positiva de la inversión extranjera directa, los negocios

inclusivos, la cooperación financiera y las alianzas público-privadas para

alcanzar las metas de desarrollo (Casado, 2007; Navarro, 2012; Mataix y Borrella, 2012; Olivié, Pérez y Macías, 2011).

Todas ellas parten de una concepción del desarrollo vinculada a la máxima del crecimiento económico como variable central, máxima del proyecto de la modernidad capitalista: “Existen sinergias entre los objetivos comerciales y de desarrollo, en el entendimiento de que la apertura de nuevos mer- cados y posibilidades de negocio es compatible con la expansión de las oportunidades de los colectivos en situación de pobreza y la provisión de beneficios a estos” (Botella, Fernández y Suárez, 2011:91).

De este modo, la tendencia a considerar el crecimiento económico como estrategia de erradicación de la pobreza se ha visto reforzada, llegando a convertirse en hegemónica desde que estalló la crisis financiera global. Esto es debido, fundamentalmente a que, en el contexto actual de recesión, las grandes corporaciones pretenden incrementar sus volúmenes de negocio y ampliar su cartera de negocios en las regiones periféricas para contrarrestar la caída de las tasas de ganancia en Europa y EE.UU.

Por su parte, los gobiernos de los países del Norte global abogan por un aumento de las exportaciones y de la internacionalización empresarial como forma de salir de la crisis94_{. Según la doctrina neoliberal, la expansión}

de los negocios de estas compañías a nuevos países, sectores y mercados redundará en un incremento del PIB y, por consiguiente, en una mejora de los indicadores socioeconómicos, fundamentalmente en el aumento del empleo. “La única solución posible para superar la crisis y volver a crear puestos de trabajo es recuperar el crecimiento económico”, resume el pre- sidente de La Caixa, y para lograrlo propone “buscar nuevas fuentes de ingresos, diseñar nuevos productos y abrir nuevos mercados” (Fainé, 2011). Aunque pueda resultar cuestionable la existencia de una correlación di- recta entre el crecimiento del PIB y los avances en términos de desarrollo humano -de hecho, consideramos que si se efectuaran análisis pormeno- rizados que tuvieran en cuenta en su estudio a distintos países y sectores, se refutarían esas afirmaciones-95_{, este es el argumento más reiterado entre}

94 _{En septiembre de 2010, el entonces secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet, afir-} maba en una comparecencia parlamentaria que “la internacionalización de las empresas españolas es clave en la recuperación de la economía” (Romero y Ramiro, 2012:89).

95 _{La correlación directa entre internacionalización empresarial, crecimiento del PIB y mejora de los in-} dicadores socioeconómicos no está demostrada; antes al contrario, algunos ejemplos recientes apun- tan justamente en la dirección opuesta. Por ejemplo, en el caso de Telefónica, que en 2011 anunció que había obtenido un beneficio récord de más de 10.000 millones de euros y que iba a otorgar 450 millones en bonus a 1.600 directivos, mientras a la vez comenzó a poner en marcha el despido de 6.000 trabajadores y trabajadoras en España, aproximadamente el 20% de la plantilla.

los agentes que lideran la construcción de la AOCI de cara a justificar sus políticas y estrategias. Las políticas de cooperación internacional, de esta manera, tienden a alinearse por completo con las reformas económicas y las medidas de ajustes estructural.

En la cooperación española todo ello ha quedado recogido, por ejemplo, en el documento de estrategia sectorial Crecimiento económico y promo-

ción del tejido empresarial, en el cual se afirma que estamos ante “una

oportunidad para integrar de una manera más activa y protagonista al sec- tor privado en las acciones de cooperación para el desarrollo, poniendo de relieve su papel como actor de desarrollo” (DGPOLDE, 2010:2). En este informe no se detallan los objetivos concretos, las metodologías a seguir ni los recursos contemplados para lograr que las empresas internacionaliza- das contribuyan a los objetivos de DHS, mientras sí se incluyen numerosas referencias a la idoneidad de apostar por el derecho de propiedad, la se- guridad jurídica, la competitividad, la iniciativa privada y la competencia internacional como ejes del futuro de la cooperación pública española (Romero y Ramiro, 2012:90-93).

En el anterior Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) se en- cuentran diversas menciones en ese mismo sentido, como la de “promover la expansión del sector privado en los países en desarrollo, que permita sostener un proceso de crecimiento estable y de generación de empleo”, donde este “crecimiento económico sustentado en la actividad empresarial del sector pri- vado” sea un factor fundamental en la lucha contra la pobreza (MAEC, 2009:71, 151). Como no podía ser de otra manera, y más aún tras el crash global, el nuevo Plan Director continúa en la misma línea: “No se puede desvincular el avance de los países socios de la cooperación española en la lucha contra la pobreza, de la generación de crecimiento y entornos de confianza que ayuden a la superación de la crisis en nuestro país” (MAEC, 2013:16).

Como resultado de todo ello, dentro de las prioridades de atención secto- rial de la cooperación española se encuentra, desde hace dos años, la del crecimiento económico para la reducción de la pobreza, formulada alrede- dor de las ideas que se resumen en el siguiente cuadro. Así pues, se está promoviendo una intervención estatal para el fomento de las actividades empresariales y la competencia en el mercado, apostando por mecanismos como los negocios inclusivos y las alianzas público-privadas como base de la participación de la población más desfavorecida y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, siempre supeditando toda esta inter- vención al objetivo del crecimiento económico.

Figura 30. Prioridades sectoriales de la cooperación española Áreas de intervención Directrices Crecimiento económico Tejido económico y empresarial Estabilidad económica y social Infraestructuras necesarias para actividad económica

Mercado Competencia Negocios inclusivos Alianzas público-privadas Coordinación y fomento de mercados: promoción del crecimiento Marco institucional para desarrollo de mercados Protección de derechos económicos Promoción de la competencia y la iniciativa emprendedora Participación de los sectores más pobres Fomento de la cohesión social Capacidad de emprendimiento Promoción del trabajo decente Eliminación de la economía informal Diálogo, coordinación y acción compartida

Acción concertada y diálogo social

Fomento de alianzas público- privadas

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, la secretaria general adjunta de Naciones Unidas y adminis- tradora asociada del PNUD, Rebeca Grynspan, sostiene que “el crecimiento económico es fundamental. No se puede hacer chocolate sin cacao, pero necesitamos un crecimiento económico más sostenible e inclusivo para tener un mundo más estable”. En esta renovada formulación de los prin- cipios del DHS, como puede comprobarse, la sostenibilidad y la inclusión social quedan supeditadas a la doctrina económica que aquí hemos ve-

nido describiendo, perdiendo así su sentido inicial para transformarse en instrumentos subordinados a la lógica mercantil. Al mismo tiempo, sirve de justificación para ese modelo de relación a tres bandas, el capitalismo

inclusivo, con el que se quieren poner en práctica las técnicas y estrategias

que permitan conectar la retórica de la lucha contra la pobreza con las cuentas de resultados de las grandes corporaciones.