Crisis, pobreza y cooperación internacional

En estos tiempos de crisis, de reformas económicas, de recortes sociales, de eliminación de subvenciones públicas y “doctrina del shock” (Klein, 2007) que siguen al estallido financiero que se produjo hace cinco años, las insti- tuciones que nos gobiernan están aplicando en Europa las mismas políticas que se implementaron en el Sur global en las dos últimas décadas del siglo XX. Así, mientras se inyectan presupuestos públicos millonarios a las mismas empresas que durante todos estos años se han beneficiado de la falta de re- gulación del sistema económico, la crisis es la excusa para avanzar con más fuerza en el desmantelamiento del Estado del Bienestar, en la privatización de los bienes comunes y en la apertura de puertas al capital transnacional.

En este marco, la situación actual de la cooperación internacional res- ponde a esa misma lógica, de ahí que estemos asistiendo a una profunda reestructuración de la arquitectura del sistema de ayuda. Su objetivo es fundamentalmente reformular el papel que han de jugar, tanto en el Norte como en el Sur global, los considerados los principales actores sociales -Estados, organismos internacionales, grandes corporaciones y organiza- ciones de la sociedad civil- en el marco de las estrategias de lucha contra la pobreza.

Ya no es posible “seguir exportando tanta solidaridad”, las “circunstancias han cambiado”, los compromisos contra la pobreza han de reorientarse “hacia nuestro territorio”, afirmaba en septiembre de 2012 el Consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana para justificar la decisión de su gobierno de poner fin a las políticas de cooperación interna- cional.91 _{Es tan sólo un ejemplo de cómo, siguiendo una línea argumental}

similar, tanto el gobierno central como la mayoría de las administracio- nes autonómicas y municipales del Estado español eliminaron o redujeron drásticamente sus presupuestos para cooperación en 2012.

Para 2013, lejos de augurarse una recuperación -aunque es cierto que exis- ten algunas excepciones a esta tendencia generalizada-, las perspectivas parecen apuntar en la misma dirección: según ha denunciado la Coordina- dora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), a los 1.900 millones de euros que el año pasado se recortaron del presupuesto público del gobierno central destinado a cooperación, se le sumarán este otros 300 millones más. Con todo ello, la AOD española pasará a suponer solamente el 0,2% de la renta nacional bruta, lo que nos retrotrae a niveles de principios de los años noventa (CONGDE, 2012). “Fue un error perseguir el 0,7%”, dice ahora el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica92_,

renunciando así a la que desde hace dos décadas ha sido una de las rei- vindicaciones fundamentales de las ONGD en el Estado español y que los sucesivos ejecutivos se habían comprometido a cumplir firmando el Pacto de Estado contra la Pobreza.

En los años ochenta y noventa, como analizábamos en el capítulo previo, la cooperación internacional contribuyó a apoyar el Consenso de Washington y 91 _{“Yo lo tengo clarísimo, tengo un presupuesto y lo voy a destinar donde creo que tengo más compro-}

miso”, decía Jorge Cabré, que aseguraba que “el gobierno valenciano fue solidario cuando pudo” y que la crisis “exige decisiones duras” (Europa Press, 27 de septiembre de 2012).

las reformas estructurales que posibilitaron la expansión global de las gran- des corporaciones que tienen su sede en los principales países donantes de AOD. Hoy, tras analizar la evolución que se ha producido en la AOCI y la superación casi definitiva, en la práctica, de la tensión entre el Consenso de Wahington y el DHS en favor del primero, pensamos que puede afirmarse que la función esencial de la cooperación está progresivamente pasando a ser la de asegurar los riesgos y acompañar a estas empresas en su interna- cionalización, así como contribuir a la apertura de nuevos negocios y nichos de mercado con las personas pobres que habitan en la base de la pirámide, como iremos viendo a lo largo de los siguientes apartados.

A partir del crash global, en realidad, no ha hecho otra cosa que terminar de concretarse un proceso en el que el sector privado -en el discurso oficial de la cooperación internacional, esta es la forma más habitual para hacer refe- rencia a las grandes empresas transnacionales (Nieto y Ramiro, 2012:214)- ha adquirido un papel central como agente de desarrollo dentro de la AOCI. El enfoque de DHS ha cedido definitivamente el protagonismo al paradigma

del capitalismo inclusivo, un esquema de relación triangular entre las com-

pañías multinacionales, las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo con el que trata de culminarse el proceso de mercantilización de la cooperación al desarrollo (Romero y Ramiro, 2012).

Figura 28. El triángulo del capitalismo inclusivo

Empresas

Corporaciones transnacionales, sector privado, entidades

financieras Gobiernos Estados, administraciones, instituciones internacionales, organismos multilaterales Sociedad civil ONGD, sindicatos, universidades, organizaciones de la sociedad civil Pos Consenso de Washington

Tras la crisis financiera, la idea de que crecimiento económico es equi- valente a desarrollo se ha vuelto definitivamente dominante en la AOCI, desplazando al resto de enfoques al terreno de lo discursivo, sin que éstos alcancen ninguna concreción práctica.

Según el pensamiento hegemónico la gran empresa, el crecimiento eco- nómico y las fuerzas del mercado se articulan como los pilares básicos sobre los que han de sustentarse las actividades socioeconómicas de cara a combatir la pobreza. A nuestro entender, el pretendido objetivo de esta reorientación empresarial no es el de atajar las causas estructu- rales que promueven las desigualdades sociales e imposibilitan las con- diciones para vivir dignamente a la mayoría de la población mundial, sino más bien la de gestionar y rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios del mercado: beneficio, rentabilidad, retorno de la inversión. Esto es, las bases de la modernidad capitalista.

Es lo que, en otros trabajos, hemos caracterizado bajo la denominación

de pobreza 2.0, y constituye uno de los negocios en auge del siglo XXI

(Romero y Ramiro, 2012). En los países del Sur global, por un lado, eso se traduce en el deseo del sector privado de incorporar a cientos de millones de personas pobres a la sociedad de consumo; en el Norte global, por otro, significa la no exclusión del mercado de la mayoría de la población, una cuestión en auge ante el creciente aumento de los niveles de pobreza en las sociedades occidentales como consecuencia de las medidas económicas que se están adoptando para salir de la crisis.

De esta manera, en este renovado enfoque teórico para aproximarse al fenómeno de la pobreza, el discurso oficial pasa por alto la responsa- bilidad de las grandes corporaciones en el origen de la crisis sistémica que hoy sufrimos. A su vez, también se obvia el hecho de que sean es- tas compañías -concretamente, sus máximos accionistas y directivos- las que están siendo las principales beneficiarias del crack. Al contrario, se propone el fomento de la actividad empresarial, la iniciativa privada y el emprendimiento innovador como los argumentos fundamentales para la recuperación económica.

Sumidos así en una crisis aguda y multidimensional, asistimos al final de

la globalización feliz y de la belle époque del neoliberalismo (Fernández

Durán, 2011). Pero mientras aumentan la pobreza, la exclusión social y las desigualdades, las grandes corporaciones siguen pensando que estamos

en unos tiempos en los que “el capital, las ideas, las buenas prácticas y las soluciones se extienden en todas direcciones” (WBCSD, 2010:6).93

De este modo, lejos de cuestionar su responsabilidad en el actual colapso del sistema, las grandes corporaciones transnacionales se presentan como motor fundamental de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Por su par- te, las principales agencias de cooperación y los gobiernos de los países del Norte global, así como los organismos multilaterales, las instituciones financieras internacionales e incluso algunas ONGD, avalan este discurso y trabajan por incorporar al sector privado en sus estrategias de desarrollo. Según la lógica compartida por todos estos agentes, existen importantes oportunidades de negocio para las grandes corporaciones si consiguen extender sus operaciones a los dos tercios de la población mundial que conforman lo que se ha denominado la base de la pirámide, pero éstas “no pueden aprovecharse si las empresas grandes y pequeñas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias de desarrollo y los mismos pobres no trabajan unidos, con una agenda compartida” (Prahalad, 2005:20). Por eso, las empresas transnacionales han apostado por consoli- dar sus relaciones con los otros dos vértices que les faltan para completar el triángulo del capitalismo inclusivo: las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil.

La cooperación internacional, en tanto que política pública de solidaridad, difícilmente encuentra encaje en este marco. De esta forma, y en el marco de las contrarreformas estructurales que se imponen en la actualidad, la cooperación no está teniendo un destino diferente al del resto de políticas públicas -es decir, la privatización y la mercantilización- como las que tie- nen que ver con la sanidad, el agua o la educación.

Si observamos, a modo de ejemplo, el caso del gobierno español, podemos comprobar cómo el principio de coherencia de políticas para el desarrollo se ha dejado de lado para, en sentido contrario, apostar con fuerza por lo que vendríamos a llamar coherencia de políticas para el crecimiento eco-

nómico. Así, el enfoque de DHS podría perder definitivamente su lugar en

favor de un modelo de capitalismo inclusivo que, siguiendo con el caso de la cooperación española, se articula en torno al fomento de la marca

93 _{Según el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, “en vez de ir a la zaga del} cambio, las empresas deben encabezar la transformación, haciendo lo que mejor saben hacer: crear soluciones rentables que las personas necesiten y deseen” (WBCSD, 2010:6).

España, el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas y la puesta en práctica de la diplomacia económica. Como dejan claro estas pa- labras del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, “los intereses de España en el exterior son en gran medida intereses económicos y tienen a las empresas como protagonistas” (Congreso de los Diputados, 2012). En este contexto, defendemos la tesis de que el papel fundamental que podría cumplir la cooperación ya no es el de servir para la legitimación de la política exterior del país donante, como sí lo venía haciendo hasta el co- mienzo de la crisis financiera. Ahora, si bien no puede negarse que vaya a seguir desempeñando un rol secundario en la proyección de imagen inter- nacional, afirmamos que la función esencial que cumpliría la cooperación internacional es la de contribuir a asegurar y ampliar la expansión de los negocios del sector privado por todo el mundo, con el objetivo de apoyar las estrategias de fomento del crecimiento económico capitalista.

Todo ello puede constatarse, por ejemplo, tomando como referencia el pre- supuesto del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) para este año, donde se observa que la partida de cooperación ha disminuido el 73% entre 2012 y 2013, mientras los fondos para la acción del Estado en el exterior, a través de sus embajadas y oficinas comerciales, se han incre- mentado un 52% en el mismo periodo (CONGDE, 2012). Como se recoge al comienzo del IV Plan Director de la Cooperación española (2013-2016), “podemos decir que este plan director se caracteriza por presentar un en- foque realista; una determinación por rediseñar nuestra cooperación; la orientación hacia resultados; y rendición de cuentas” (MAEC, 2013:7). En este sentido, si pensamos que es fundamental no perder el sentido soli- dario que ha dirigido las actividades de un buen número de ONGD y orga- nizaciones de la sociedad civil en las dos últimas décadas, resulta impres- cindible apostar por la construcción de agendas alternativas en las que la cooperación internacional pueda ser entendida como una relación social y política igualitaria, en alianza con los movimientos sociales emancipadores, basada en otras premisas políticas y técnicas, tal y como desarrollaremos en el cuarto capítulo de este libro.

Antes de llegar a ese punto, analizaremos a continuación los elementos principales del discurso oficial de la cooperación que inciden, en primer lugar, en apostar por el crecimiento económico como estrategia central de lucha contra la pobreza; seguidamente, asumen el paradigma del capita-

el marco de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas transnacionales; en esa línea, cuentan con el apoyo de las principales agen- cias de cooperación, gobiernos y organismos internacionales para ponerlo en marcha; y por último, emplazan a todo el resto de los actores de la coo- peración internacional, particularmente las organizaciones de la sociedad civil, a secundarlo. A partir de esa lógica, cada uno de los actores de este modelo tripartito de relaciones está llamado a jugar el papel que se muestra en la siguiente gráfica.

Figura 29. Crecimiento económico, capitalismo inclusivo y RSC

Crecimiento económico Sector privado Estados y gobiernos Sociedad civil Negocios inclusivos Evolución AOCI Diálogo y colaboración Capitalismo inclusivo Responsabilidad Social corporativa +

Fuente: elaboración propia.