Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto
3. Demandas y necesidades de las comunidades minoritarias
Las demandas y necesidades de las confesiones minoritarias que se han detectado a lo largo de la investigación ofrecen cierta similitud para el conjunto de las comunidades. Algunas de las situaciones recogidas en este texto, si no representativas en un sentido cuantitativo, si lo son en un sentido crítico, puesto que nos interrogan sobre cómo articular la diversidad religiosa y la diversidad cívica. Ciertas demandas se han elevado a partir de procedimientos formales a las dis- tintas administraciones y otras, en cambio, se han planteado de manera informal en el contex- to de conversaciones o reuniones con representantes de la administración o de asociaciones locales. Entre las demandas y necesidades podemos considerar las siguientes:
1) En relación con el marco jurídico vigente, el hecho más notorio es el desconocimiento del propio marco normativo existente, desconocimiento que no solamente se produce entre los miembros de las minorías religiosas, sino también en el seno de las institucio- nes públicas vascas, para las que la diversidad religiosa parece constituir un fenómeno aún no asumido, o todavía confundido con la inmigración y extranjería.
2) Una de las preocupaciones expresadas por las comunidades religiosas minoritarias de Bilbao y del País Vasco es la ausencia de interlocutores claros en las diferentes adminis-
traciones públicas. En efecto, ni en el ámbito autonómico, ni en los forales o locales, encontramos unidades políticas o administrativas que asuman de modo claro la interlo- cución con los grupos religiosos.
3) El tema concreto posiblemente más acuciante y de difícil solución es el de la insuficien- cia de lugares de cultoque sufren muchas comunidades. Por una parte, el acceso a loca- les supone una capacidad económica que las incipientes comunidades no pueden garan- tizar, lo que afecta gravemente al ejercicio de un derecho fundamental, sin que consten medidas positivas de los poderes públicos para garantizarlo. Por otra parte, la normativa que en muchas ocasiones se aplica a los lugares de culto no es percibida como justa por las comunidades, ni por la imagen que proyecta ni por las implicaciones prácticas que conlleva. En este sentido, especialmente complejo es el ámbito de la concesión de licen- cias para la apertura de unos locales que tienen una finalidad religiosa, ya que no exis- te una normativa específica al respecto. No son aislados los casos en los que la religión mayoritaria se encarga de proporcionar espacios adecuados a las distintas confesiones para que puedan celebrar sus cultos, lo que destaca principalmente en relación con las comunidades cristianas ortodoxas.
4) Otro de los aspectos demandados por las minorías religiosas, especialmente por la comu- nidad musulmana, es tener reservado dentro de los cementeriosuna zona propia de ente- rramientos de acceso exclusivo para los miembros de la comunidad. En el caso concre- to de Bizkaia esta demanda se realizó a través de la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco (UCIPV) al Ayuntamiento de Bilbao y a la Diputación. Finalmente, el municipio de Bilbao acordó el uso de un espacio propio del cementerio de Derio para la comunidad musulmana que reside en territorio vizcaíno, si bien esta práctica positiva de acomodo no se ha extendido a otros municipios.
5) Respecto al ámbito sanitario, podemos señalar dos casos concretos de demandas de aco- modo religioso: la petición por parte del colectivo musulmán de que la práctica de la cir- cuncisión sea asumida por el Servicio vasco de Salud-Osakidetza, y las demandas de los Testigos de Jehová respecto a evitar las transfusiones de sangre. En el primer caso, las peticiones han sido denegadas y en el segundo caso ha provocado conflictos que en algu- na ocasión han terminado en los tribunales o en manos del defensor del pueblo. De manera más informal, ciertos colectivos religiosos han expresado sus inquietudes en el sentido de que los centros hospitalarios cuenten con espacios que permitan la oración de las diferentes confesiones y no únicamente, como ocurre en la actualidad, de la reli- gión mayoritaria.
6) Dos últimos aspectos que queremos resaltar con relación a las demandas o solicitudes llevadas a cabo por parte de las confesiones minoritarias son las relacionadas con la ali- mentación y la educación. En primer lugar, con respecto a la alimentación, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo se ofrecen menús alternativos para la comunidad musulmana, adaptados a lo que establecen sus preceptos religiosos, aunque en ningún caso se oferta la posibilidad de consumir alimentación halal (carne sacrificada según la ley islámica). En segundo lugar, con relación al ámbito educativo, se han generado demandas desde la comunidad musulmana para que los colegios públicos cuenten con una oferta de enseñanza de su religión, conforme a lo que establece el ordenamiento vigente, sin que ello haya tenido hasta el momento un desarrollo significativo.
7) Gran parte de demandas como las que hemos señalado son planteadas por las comuni- dades religiosas minoritarias ante los técnicos de inmigración, lo que evidencia la rápida conexión que se establece por parte de las administraciones entre el hecho religioso plu- ral y los movimientos migratorios contemporáneos. Sin duda, esta relación existe, pero la inmediata y cuasi natural conexión que se establece entre estos dos fenómenos sociales esconde un debate y una problemática más profunda y diferente, porque el proceso de pluralización de lo religioso se interpreta como un fenómeno coyuntural y no estructural. Confinar estas demandas al reducido ámbito de gestión que manejan los técnicos de inmigración no parece ser la política más adecuada. En este contexto de creciente plu- ralismo religioso se hace necesario diseñar nuevas estrategias de cooperación entre las distintas administraciones públicas, puesto que los municipios no cuentan normalmen- te con las capacidades necesarias para dar respuesta a algunas de las demandas o situa- ciones que se plantean. Así, en no pocas ocasiones, tal y como plantea Moreras, “las acciones políticas locales optan por mantener una triple dimensión de prudencia, discre- ción y posibilismo”.
8) Es preciso reconocer que las problemáticas habitualmente apuntadas en las entrevistas mantenidas con representantes de comunidades religiosas minoritarias en Euskadi no son específicas del País Vasco y que más bien pueden presuponerse similares a las que se producen en otras Comunidades Autónomas. En cualquier caso, existe una queja rei- terada que incide sobre la indefinición de funciones y competencias y que deriva a jui- cio de muchos representantes en actuaciones arbitrarias de las distintas administracio- nes. Por otro lado, el carácter excesivamente genérico y no desarrollado de la normativa que ya hemos señalado, ayuda sobremanera a dicha percepción. La ausencia de regula- ciones concretas en los ámbitos autonómico o local acentúa la descoordinación tanto interadministrativa como intraadministrativa. En este cuadro, el desconocimiento por parte del funcionariado sobre cómo debe abordarse un tema concreto conduce, al menos así es percibido, a la divergencia en las decisiones. Podría decirse que el mayor proble- ma normativo existente para las minorías religiosas no es otro que la inseguridad jurídica
que de todo ello deriva.
4. Conclusiones
La experiencia pública de la diversidad religiosa en el País Vasco puede aún calificarse de reciente, habiéndose impulsado básicamente por el proceso de inmigración de los últimos años. Sin embargo, el panorama plural que ya dibuja la sociedad vasca en materia de identidad reli- giosa tiende a consolidarse y profundizarse, y ello exige un marco de análisis y respuestas que hasta el momento no ha sido apenas planteado ni académica ni institucionalmente. Aún más, en buena medida puede defenderse que la propia pluralidad religiosa no ha sido aún asumida como una realidad políticamente relevante ni por el conjunto de la sociedad ni por la mayor parte de las instituciones que la representan. Esto no obstante, el acomodo de las diversas identida- des religiosas, especialmente de algunas de ellas que por motivos de número o características propias ofrecen una mayor conflictividad, es uno de los retos más relevantes que deben afron- tar urgentemente las sociedades democráticas europeas, de las que la vasca no es una excep- ción.
Todo ello hace necesario no solo el plantear una reflexión para buscar las claves a partir de las cuales pudieran trabajarse alternativas de acomodación o integración. Para ello, será preciso con carácter previo tomar en consideración y asumir el pluralismo religioso como la condición natu- ral y sana de una sociedad democrática. A partir de ahí, se hace necesario que los distintos agen- tes institucionales y sociales conozcan el panorama de la diversidad religiosa hoy existente en nuestra sociedad, así como las reivindicaciones políticas o culturales que determinadas comu- nidades pudieran plantear en el ejercicio de sus legítimos derechos.
El panorama religioso local se ha complejizado cuantitativa y cualitativamente, lo que abre la necesidad de ampliar el conocimiento de esta realidad minoritaria, por un lado, y de articular el reconocimiento adecuado de la misma, por el otro. Asimismo, es precisa una asunción mínima por parte de los poderes públicos locales de la realidad minoritaria religiosa y de su responsabi- lidad pública respecto a la misma. Además de evitar la errónea confusión entre gestión de la diversidad religiosa y de fenómenos diferentes como la inmigración, es necesario que se esta- blezcan interlocutores claros y definidos en la materia, que se escuche a las personas y comu- nidades a la hora de diseñar las políticas que les afectan, y que se desarrollen normativa o pre- supuestariamente las medidas necesarias para que la libertad de religión sea real y efectiva para todos, tal y como manda el propio ordenamiento jurídico. Las experiencias de diálogo social- institucional y el conocimiento recíproco del proceso participativo producirán sin duda réditos en el medio y largo plazo, asegurando una mejor garantía del ejercicio de la libertad de religión y de la no discriminación y una mayor armonía y cohesión social sobre la base de la asunción del carácter definitivamente plural de la sociedad vasca.
En definitiva, es necesario asumir que las expresiones religiosas, al menos algunas de ellas, no pueden ser reducidas a los ámbitos privados o a la indiferencia institucional. Del mismo modo que se regulan y acomodan las diversidades culturales, lingüísticas o sociales, la pluralidad reli- giosa merita una atención de las instituciones públicas que no compete solamente al nivel cen- tral del Estado, sino también de modo creciente a los ámbitos autonómico, foral y local. Esta necesidad de acomodo no es, ni mucho menos, exclusiva de la sociedad vasca ni novedosa para otras sociedades con parámetros sociales o institucionales semejantes a los nuestros. Esto abre la oportunidad de aprender del éxito o fracaso, siempre relativos, de las experiencias ajenas en la materia. Todo el trabajo desarrollado en este sentido con espíritu participativo e inclusivo apor- tará en el medio y largo plazo beneficios respecto a la cohesión social.
La situación actual aconseja, en definitiva, sacar a la luz la realidad de las minorías religiosas ya existentes en el ámbito local, visibilizar su presencia social y presentar argumentos inclusi- vos sobre las demandas que las mismas plantean a las instituciones públicas. Ello en aras a lograr mayores cotas de satisfacción personal y colectiva de las personas pertenecientes a estas minorías y de valoración social por parte del resto de los ciudadanos. Con todo ello se persigue, en suma, no solo garantizar el respeto de derechos fundamentales en cualquier sociedad demo- crática, sino también lograr mayores cotas de cohesión y armonía sociales en una sociedad cre- cientemente plural.
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