Desarrollo coordinado de la red de funcionarios de enlace en países de

Muchos Estados miembros (Alemania, Austria, la República Checa, Dinamarca, Eslovenia,

España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, el Reino Unido y Suecia) describieron la evolución reciente en relación con los oficiales de enlace de inmigración,

y cuatro de ellos, la República Checa, Hungría, Portugal y Suecia, enviaron nuevos oficiales de enlace de inmigración a terceros países. Los terceros países con los que se trabajó más intensamente fueron Vietnam, Egipto, Ucrania, Serbia, China y Pakistán, y la República Checa, Portugal y

Suecia enviaron también oficiales de enlace de inmigración a la Federación Rusa.

En cuanto a los logros de los oficiales de enlace de inmigración, Francia informó del éxito de algunas de estas misiones, como la investigación realizada sobre el desembarco de 124 inmigrantes kurdos en la costa de Córcega, el desmantelamiento de una red de introducción ilegal de inmigrantes chinos y la prevención de la entrada irregular en la UE de 148 inmigrantes procedentes de Marruecos. Algunos Estados miembros indicaron la realización de misiones de los oficiales de enlace de inmigración, en determinados casos, con fines muy específicos. Por ejemplo, Austria informó del destacamento previsto de un oficial de enlace de inmigración en Tailandia a partir de 2011 para ocuparse de la lucha contra el turismo sexual infantil.

En cuanto a otras actividades, Alemania, España, Grecia, Italia, el Reino Unido y Rumanía desarrollaron sus redes de oficiales de enlace de inmigración asistiendo a reuniones específicas (Italia, el Reino Unido) o ampliándolas en otros Estados miembros (Alemania). Por su parte,

Grecia cooperó con Italia en el reforzamiento de las funciones de sus respectivos funcionarios de

enlace, mediante el despliegue, por ejemplo, de funcionarios de ambas nacionalidades en determinados puertos italianos y griegos. España organizó en Dakar (Senegal) y en Bogotá (Colombia) sendas reuniones de redes de funcionarios de enlace sobre la trata de seres humanos, y oficiales de enlace de inmigración de Alemania colaboraron con el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Países Bajos, con el Servicio de Inmigración (Portugal) y de Fronteras de

Suecia para ampliar su cooperación. Rumanía analizó las actividades de los oficiales de enlace de

inmigración realizadas hasta la fecha y previó un examen de su despliegue en los países de origen y de tránsito en 2011.

Estonia cooperó con Letonia y Lituania, a pesar de no contar con ningún funcionario de enlace

propio, y los tres Estados miembros compartieron un oficial de enlace de inmigración en Bielorrusia en virtud de un proyecto por el que se facilitaba el intercambio y la comunicación de información entre los tres países, más la Federación Rusa y Bielorrusia, en el ámbito de la migración irregular.

Dinamarca cooperó con otros países nórdicos en el despliegue de funcionarios de enlace en

terceros países, mientras que Austria y Eslovenia enviaron conjuntamente oficiales de enlace de inmigración a Albania y Montenegro.

4.1.2 Evolución adicional a escala nacional

Como se ha explicado al tratar de la metodología, este apartado describe aspectos adicionales y complementarios de la evolución en materia de migración irregular a escala de los Estados miembros, al margen del ámbito de aplicación del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y el Programa de Estocolmo.

La migración irregular siguió siendo en 2010 una prioridad en la mayoría de los Estados miembros, si bien fueron varias las razones dadas para explicar la estancia irregular de nacionales de terceros países. En Italia, se adujeron como razones de este tipo las fuertes presiones migratorias en las fronteras marítimas, la permanencia en el país una vez vencido el visado turístico y el aumento de la trata de seres humanos para fines de explotación laboral. Malta observó una importante reducción de las llegadas irregulares y, en Hungría, el número de casos de cruce irregular de las fronteras disminuyó en un 21% en comparación con el año anterior, aunque aumentó el número de personas que infringieron las prohibiciones de entrada o de residencia o que portaban documentos falsos.

En Estonia, Italia y España se adoptaron medidas y se dictaron sentencias en la línea de una

“criminalización” de la migración irregular. Estonia tipificó como faltas administrativas en la nueva Ley de extranjería una serie de conductas relativas, sobre todo, al empleo irregular de nacionales de terceros países y a las condiciones de trabajo ofrecidas. En Italia, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la disposición de la Ley de seguridad pública de 2009 por la que se estableció el “delito de inmigración ilegal”, ratificando la potestad discrecional del Estado tanto para tipificar el delito como para determinar la pena. En cambio, declaró que la introducción en el Código penal de una “circunstancia agravante de inmigración irregular” contraviene el principio de igualdad, ya que implica la imposición a los nacionales de terceros países de una pena más severa que a los italianos o los ciudadanos de la UE por un mismo acto delictivo. En los Países Bajos, se mantuvo un vivo debate político por la tipificación como delito de estas actuaciones irregulares. España modificó el Código Penal para permitir que las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a extranjeros no residentes legalmente se sustituyan por su expulsión.

En relación asimismo con la legalidad de la migración, el Tribunal Administrativo Supremo de

Lituania declaró ilegal la contratación de nacionales de terceros países para un sector económico y

su empleo posterior en otro. Letonia aprobó un proyecto de ley por el que se declara la obligación de los conductores de presentar siempre un documento de identidad, a solicitud de la guardia de fronteras, en todo el territorio nacional.

Se abordaron asimismo la situación y las condiciones de vida de quienes se encuentran ilegalmente en los Estados miembros. En los Países Bajos, por ejemplo, se realizaron y se presentaron al Ministerio de Justicia dos estudios, en uno de los cuales se subrayaban las alarmantes condiciones de vida de los inmigrantes jóvenes en situación irregular, mientras que en el otro se exponían el nivel de fraude y de abuso en los procedimientos de admisión de los inmigrantes (por ejemplo, matrimonios de complacencia, falsos informes de trata) y de las personas beneficiarias de protección internacional. La adquisición fraudulenta de permisos de estancia se debatió también con viveza en Irlanda, específicamente en lo que atañe a los matrimonios de complacencia.

En Francia, Hungría, Irlanda y los Países Bajos fue tema de debate la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular. En Francia, las ONG manifestaron su repulsa al proyecto de ley de expulsión y a la modificación del procedimiento judicial de control de esas situaciones. Se criticó también la ampliación del período de internamiento administrativo de 32 a 45 días y la nueva prohibición administrativa de retorno al territorio durante un período de cinco años como máximo. En Hungría hubo un debate parlamentario tras las objeciones presentadas contra el proyecto de ampliación hasta tres meses del período de internamiento de las personas en espera de expulsión, superior al previsto en la Ley de extranjería. Las ONG se opusieron asimismo a la propuesta de limitación de la validez de los permisos de estancia y de residencia concedidos por razones humanitarias. En Irlanda, una coalición de organizaciones presentó una carta al Parlamento criticando la eliminación, en el proyecto de Ley de inmigración, residencia y protección de 2010, de la disposición que, en materia de expulsión, concedía a los nacionales de terceros países un plazo de quince días para presentar una declaración al Ministro. En los Países Bajos, las expulsiones realizadas y previstas de nacionales de Iraq y Somalia que habían agotado todas las vías de recurso suscitaron críticas del Consejo para los Refugiados y de la Asociación de Abogados Especializados en Asilo.

Por último, en Finlandia la sociedad civil participó en un Grupo de trabajo sobre asuntos de la

población romaní que presentó varias propuestas de reforma de la Ley de orden público para que se

declarase ilegal la mendicidad organizada.