La ironía del presente conflicto es que el gobierno tiene alguna razón acerca del Grupo Clarín. Este tiene una posición dominante en la prensa, TV, cable y radio.
Informe para el Departamento de Estado del embajador norteamericano en la Argentina Earl Wayne, revelado por Wikileaks
–¿O sea que no tenéis una única respuesta para vuestras preguntas? –Si la tuviera, Adso, enseñaría Teología en París.
–¿En París siempre tienen la respuesta verdadera? –Nunca, pero están muy seguros de sus errores. […]
Me pareció que Guillermo no tenía el menor interés en la verdad, que no es otra cosa que la adecuación entre la cosa y el intelecto.
Umberto Eco, El nombre de la rosa
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) es su designación técnica, estricta y un poquito farragosa para la transmisión verbal. Coloquialmente se la abrevia como “Ley de Medios”.
Clarín la bautizó “Ley de Medios K” para denigrarla, desconociendo su génesis pluralista.
Se trata de una disputa fundacional contra la concentración económica, que marcó a fuego las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner.
“El primer Kirchner”, el del desembarco, sorprendió por partida doble y dual a las corporaciones empresarias y a sus referentes. Fue bienvenido el dirigente que entendía de economía, que pacificaba a la sociedad, y cuya gestión mejoraba todas las variables. En 2003 la lista de endeudados al borde de la bancarrota recorría todo el espinel: desde el Estado nacional hasta los particulares, pasando por las empresas de todo porte, en su mayoría se desendeudaron y cambiaron de pantalla. Ese era el lado virtuoso del “pingüino” desconocido.
La otra faceta, asimismo asombrosa y más chocante para la élite patronal, era su celo por
los poderes fácticos, inclinando la pendiente. En el transcurso de la recuperación democrática, el sector privado intervenía e interfería activamente en la designación de funcionarios, o, una vez en sus cargos, los aleccionaba, catequizaba, cooptaba o volteaba. La Secretaría de Energía, pongamos un ejemplo entre tantos, acataba los mandatos de las grandes corporaciones del sector. Otro tanto ocurría con las áreas vinculadas a los bancos o al sector financiero, que incrustaban a sus propias figuras o aconsejaban con carácter vinculante. Las corporaciones militares y la jerarquía de la Iglesia católica tenían asimismo sus zonas (reparticiones públicas, secretarías, ministerios) de influencia, para designar o para vetar, si venía a cuento.
El lobby es una constante en toda democracia instalada, en Estados Unidos se los exhibe y regula. En otros sitios se prefiere el ocultismo y las transas en los pasillos. El presidente Raúl Alfonsín se esforzó en resistir los embates de esta práctica y sostuvo la posición durante los primeros cuatro años, pero luego, a la par que menguaba su legitimidad, fue cejando en esa puja.
Kirchner reescribió el manual de estilo y la agenda del presidente. Rehusó platicar acerca de la integración del Gabinete y se abstuvo de pedir consejos. Su predecesor, Eduardo Duhalde,
consultaba al gerente petrolero Oscar Vicente sobre cualquier punto relevante de la agenda oficial, por más exótico que fuera a la experticia del asesor.
Puertas cerradas, procura constante de autonomía: el ecosistema que instalaba Kirchner chocaba al establishment, que lo toleraba como contrapartida de la bonanza y con la sana ilusión de que sería un berrinche transitorio. El titular de una de las más grandes corporaciones argentinas me confió en reserva: “Menem nos invitaba a Olivos, a charlar, comer. Algunos hasta participaban en festicholas. De la Rúa y Duhalde nos preguntaban antes de tomar cualquier decisión”. La pintura costumbrista se leía como “natural” y positiva. La duda subsiguiente era cuándo cesaría el New Deal de la
emergencia implantado por Kirchner.
Las tratativas con empresas o grupos económicos se sucedían, por cierto: reuniones, discusiones, demandas. La contraparte era el hombre que ya hemos descripto: agudo, interesado en “todo”, informado minuto a minuto de las cifras claves de la economía, desconfiado a más no poder. La combinación saldaba positiva, porque la macro y la microeconomía eran “gauchitas”.
En ese contexto raro, Clarín y su plana superior se llevaron bien con Kirchner. Tanto sus ejecutivos como sus periodistas tenían interlocución activa con el presidente y el jefe de Gabinete Alberto Fernández.
La concesión del Canal 13 correspondía a Artear SA, del Grupo Clarín. Vencía a fines de 2004 y admitía una ampliación automática por diez años más, que salió en enero de 2005.
En mayo, el gobierno otorgó mediante el Decreto 527/05 una franquicia enorme, no contenida en las reglas previas. Prorrogó licencias de radios AM y FM, canales abiertos y de cable. Aceptaba pedidos de titulares de medios que decían atravesar contingencias financieras apremiantes o desesperantes. La respuesta fue una extensión por muchos años a un conjunto variado de beneficiarios.
La concesión de Clarín se proyectó hasta 2025. Se explicó, desde el oficialismo, que se trataba de un salvataje para impedir cierres de fuentes de trabajo y la adquisición de medios por parte de empresas de capital extranjero. Era una verdad parcial que no le daba toda la razón al gobierno. La
reactivación y la recuperación de la capacidad instalada eran obsesiones del primer kirchnerismo que, en este caso, subestimó o pospuso otras variables que valoraría recién después de 2008.
Se atendieron demasiado los pedidos de los dueños de Canal 9, Daniel Hadad y Raúl Moneta, que vaticinaban que el concurso preventivo de su empresa devendría quiebra si no se prolongaba la concesión. Les restaban cuatro años, alegaban que era demasiado poco para atraer auspiciantes o compradores. Discutible, cuando menos.
El afán economicista, reiteramos, prevaleció. Tanto que las ampliaciones para evitar la
extranjerización también beneficiaron a concesionarias de capitales europeos (Grupo Prisa: Radio Continental, Grupo Telefónica, Canal 11 Telefé) y a un grupo mexicano que concesionaba radios.
El Grupo Clarín fue favorecido como hermano mayor de otros emprendedores que estaban en apuros. La gracia estatal fue, pues, compartida, lo que no basta para justificarla… menos que menos con la comodidad del diario del lunes de tres, cinco o diez años más tarde.[82]
En materia periodística, el tamaño importaba. Las primicias oficiales privilegiaban a Clarín en detrimento de la competencia. Por nombrar apenas dos: la candidatura de Scioli a vicepresidente y una reconciliación efímera entre Kirchner y Roberto Lavagna entre enero y febrero de 2008 (fecha notable a la luz de lo que estamos repasando) fueron concedidas al “gran diario argentino”, que se floreó con el beneficio. Las discrepancias políticas fuertes asomaron cuando la fumata blanca para “Cristina presidente”. El CEO de Clarín, el omnipresente e invisible por decisión propia Héctor Magnetto, le aconsejó a Kirchner que desechara la rareza. Como ya se dijo, no era una postura original, aunque tal vez lo fue la energía con que se la planteó. Según la versión de Kirchner y
Cristina, incurrió en un arrebato discriminatorio y de incorrección política: una mujer presidenta era una novedad indigerible. Se non è vero è ben trovato: el machismo de la clase dominante argentina es reconocido. El diálogo, claro, no se puede probar.
Aun con esa reciente tentativa de veto, y ya con Cristina electa, Kirchner firmó la controvertida adquisición de Multicanal por parte de Cablevisión (la “fusión” entrambas), lo que dio lugar al mayor operador de cable de la Argentina y a uno de los principales de la región. Ocurrió el 7 de diciembre de 2007, tres días antes de la entrega del bastón presidencial.
Desoyó las objeciones racionales a la fusión escritas por el secretario de Defensa de la
Competencia José Sbatella, un hombre del “proyecto”. Ni se mosqueó con los lapidarios y bien fundados dictámenes de la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó, quien entendía en el expediente judicial respectivo. Sin un pelo de ingenuo, el presidente sabía que le estaba dando una mano y un aventón mayúsculos al Grupo Clarín, promotor y beneficiario de la movida. El periodista Martín Sivak, autor de dos libros sobre el diario, pondera que la fusión “representaba el 60% de los ingresos del Grupo y se aprobó el mismo día en que el Grupo empezó a cotizar en la Bolsa de Londres”,[83] y que “con esa compra la Corporación pasó de facturar 2100 millones de pesos a 3600 millones y se quedó con el 51% del mercado de cable”.[84]
Clarín potenció su dominio en el mercado, como bien alertaban Sbatella y Gils Carbó. Robustecer a un rival incipiente fue un error enorme, visto en perspectiva: un caballo de Troya regalado a
Cristina. Seguramente se buscó lo contrario: disipar un motivo de conflicto con Clarín y lubricar una buena relación futura.
Sólo cuatro meses más tarde, en abril de 2008, Kirchner pronunció una frase célebre, mientras ardía el conflicto por las retenciones móviles.[85] Es más breve que un tuit, un hallazgo de comunicación política masiva, intraducible para quien no hable el dialecto rioplatense: “¿Qué te pasha, Clarín? ¿Eshtásh nervioso?”. Designaba al adversario, lo personalizaba, prefiguraba consignas y
alineamientos indelebles. Un gobierno popular y legítimo emprendía una tarea imprescindible, la de poner coto a las distorsiones exorbitantes del mercado. Cometía un “pecado” que cavaría trincheras.
No es paradójico que Clarín haya crecido entre 2003 y 2007, desde una situación en que temblaba al borde de la quiebra hasta verse gordito y pipón al final del mandato. Muchísimas industrias o
comercios (grandes, pequeños o medianos) salieron a flote, prosperaron, se expandieron o simplemente se volvieron viables en la etapa de prosperidad compartida.
Clarín es uno de los complejos empresarios más grandes de la Argentina, importante fuente de trabajo. Según los reportes oficiales del grupo, tenía 16.627 empleados en 2010, y 15.548 en 2014.
[86]
Es el caso local de un fenómeno que se propaga en América Latina. En sus orígenes, extraviados en lontananza, fue un diario, hace mucho que es un conglomerado multimediático. Dos especialistas, Martín Becerra y Guillermo Mastrini, enseñan que:
Los principales grupos de comunicación de la región fueron transformándose en grandes conglomerados que reúnen variadas actividades en su seno ya desde las últimas dos décadas del siglo XX. Antes, estos grupos habían sido empresas familiares con propensión a dominar un sector de actividad, una industria de medios, lo que se
cristalizó como procesos de concentración horizontal a lo largo de las décadas de 1950 y 1960, fundamentalmente. Hoy en día la lógica de acumulación de los principales grupos se basa no tanto en el poder de concentrar un mercado de medios específico (televisión, radio, prensa), lo que a su vez les otorgaba un estatuto de interlocución política
privilegiado, sino en el ejercicio de posiciones dominantes en diferentes mercados en forma simultánea. De ahí su carácter conglomeral. Además, las estrategias de las empresas de telecomunicaciones robustecieron la tendencia a una estructuración oligopólica de estas actividades en América Latina, lo que acelera la tendencia a la concentración ya que la convergencia tecnológica entre medios, telecomunicaciones e internet integra en las mismas plataformas de distribución a estos sectores, otrora separados.[87]
El Grupo es uno de ellos, sólo superado en facturación por un par de colegas en Brasil o México. Pero la ramificación de sus áreas de influencia, todas oligopólicas, encuentra pocos equivalentes en el mundo, si los hay. Simplificando al extremo: tendrá menos plata que unos pocos, pero atiende más “quioscos”. Cadenas de diarios nacionales y provinciales, emisoras de radio, canales de televisión abierta y de cable, proveedores de Internet. Incluso es accionista mayoritario de una fábrica de papel para diarios, Papel Prensa, lo que refuerza el dominio sobre los medios gráficos.
La LSCA, como tantas medidas del kirchnerismo, afloró empujada por la coyuntura, pero el día del parto no la explica por completo, ni opaca su trayectoria previa, ni descalifica o rebaja sus virtudes.
La dialéctica contradictoria entre “los mercados” y el sistema democrático exige, para reforzar a este, la existencia de regulaciones antitrust. La distribución social de la palabra, el derecho a
comunicarse, informarse y emitir, depende de la existencia de pluralidad de emisores, con un piso de equivalencia. Si se fuera purista, la primera reprimenda al kirchnerismo sería haberse convencido tarde, tras fortificar el poder concentrado. Actuó como detonante la cobertura del multimedios y, en especial, su canal de cable insignia, Todo Noticias (TN), durante el conflicto por las retenciones móviles. Se conjugó una movida destituyente en la que la clase dominante concluyó que el gobierno definitivamente había dejado de combinar funcionalidad económica con caprichosas incrustaciones de autonomía política. La confluencia de intereses tocó a su fin y se cristalizó un punto de quiebre, porque las dos partes entrevieron que el kirchnerismo profundizaría la intervención estatal, las políticas sociales, la recuperación del patrimonio público. Hay instancias cruciales en las que los jugadores divisan el futuro como Gestalt: sin detalles, captando lo fundamental. Ni el gobierno ni las corporaciones sabían que advendrían la reestatización de las jubilaciones (que fondearía al fisco en detrimento de las empresas privadas), de Aerolíneas Argentinas, de YPF. Y que estaba al caer la Asignación Universal por Hijo, que afianzaría los vínculos del FPV con los más humildes. “Hasta acá llegamos”, elucubraron, unidos en el pronóstico y enfrentados por la divergencia. Clarín pegó primero, el kirchnerismo respondió a su modo: con discurso, con relato y con una ley de avanzada, que era reclamada desde el comienzo de la recuperación democrática.
Se llama “abuso de posición dominante” al manejo de empresas que, valiéndose de su preeminencia en el mercado, impiden que haya un mínimo de transparencia y competencia. El dumping está en primer lugar entre el arsenal de estrategias que utilizan: quien tiene resto puede bajar los precios a niveles que lo dejan sin ganancia por un tiempo, para asfixiar a sus competidores. Eso hacía Clarín con las transmisiones de fútbol: emitía algunos partidos por cable y otros por sistema codificado (los clásicos más importantes, por los que se debía pagar un extra adicional al abono, pay per view, en la jerga). Clarín desfondó a varios canales en distintas localidades bajando el precio de sus abonos a niveles irrisorios. Cuando el rival caía y se retiraba, se valía de su condición de emisor monopólico
local y subía los precios. El consumidor quedaba supeditado a la opción de pagar o perderse el espectáculo.
El pressing a los avisadores privados es otra fullería. Varios propietarios de medios han contado que Clarín presionaba a grandes auspiciantes: les avisaba que si publicitaban en otros medios no aceptarían sus avisos en Clarín o sus tentáculos. Las empresas debían “optar” entre publicitar en
Clarín o en otro medio con menos público. Adivinen qué pasaba, usualmente.
El socialismo gobierna Santa Fe desde 2007, se sucedieron ya tres mandatarios. La provincia con forma de bota es bien extensa: mil kilómetros desde la ciudad de Rufino en el sur hasta Florencia en el norte. En la previa de la LSCA, el primer gobernador socialista, Hermes Binner, explicaba que ningún medio audiovisual o gráfico tenía alcance provincial. Refería el caso de los principales diarios: “La Capital, de Rosario, venderá cien diarios en la ciudad de Santa Fe. El Litoral [de la capital provincial] acaso menos en Rosario. La influencia es proporcional”. “¿Qué hace un político santafesino –se preguntaba el dirigente socialista– cuando quiere propalar información para toda su provincia?” La respuesta es evidente: tiene que hacerse ver u oír en los medios nacionales. Ir al pie de Clarín, dicho en clave truquera. El socialismo santafesino, que en 2010 estaba bastante de punta contra el kirchnerismo, votó a favor de la Ley de Medios.
Un gobierno más acomodaticio, más permeable al humor de las corporaciones, hubiera retrocedido, sometiéndose al canon que rigió desde 1983. Uno autoritario podría haber confiscado el patrimonio de Clarín, sin compensación económica. Una democracia radicalizada podría haber expropiado total o parcialmente sus bienes, una prerrogativa constitucional supeditada al dictado de una ley, con indemnización previa. La alternativa elegida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue promover una ley sofisticada, atenta a las normas internacionales sobre comunicación y derechos humanos, adoptando y adaptando disposiciones antitrust como las que hay incluso en Estados Unidos, la cima del capitalismo mundial.
Los antecedentes con que se contaba constituían intentos inteligentes, elaborados y… fallidos. La Coalición por una Radiodifusión Democrática, una organización social sin banderías partidarias, venía remando contra la corriente desde 2004. Estaba integrada por sindicatos de prensa,
universidades, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos. Convocada en 2004 por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), concibió los “21
puntos básicos por el derecho a la comunicación”, un proyecto progresista, consensuado por una alianza entre sectores variopintos, damnificados por la (mal) llamada Ley de Radiodifusión 22.285, impuesta por la dictadura en 1980. Esta contenía pautas avasallantes para la libertad de prensa, hasta avances y censura sobre contenidos. El organismo de aplicación, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), tenía representantes de los Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas en el directorio, una salvajada que confirmaba su origen espurio. El menemismo empeoró al engendro, habilitando una franquicia que la dictadura quiso limitar: la posibilidad de crear emporios mediáticos que abarcaran la prensa escrita y la audiovisual. Clarín recibió un “bocatto di cardinale”: la licencia de Canal 13, hasta entonces estatal.
La coalición congregada para promover, impulsar y diseñar la LSCA fue tan variada y extensa como los damnificados por la agresiva acción del multimedios y por el imperio de una legislación
regresiva: entre ellos, operadores y trabajadores de “radios truchas”, esto es, experiencias de
comunicación popular o comercial, no legalizadas y acorraladas por el sectario régimen, y en general trabajadores de la cultura, con derechos socavados por prepotencia del capital.
La ley vedaba a cooperativas locales conseguir licencias para canales de cable, arguyendo que podían monopolizar el servicio. Se daba carta blanca a conglomerados y se prohibía a asociaciones vecinales, compuestas por gentes solidarias, con influencia en pequeños territorios. Clarín no se consideraba un oligopolio pero sí lo eran las cooperativas de vecinos de Santa Rosa (La Pampa) o Villa Gesell, que también se agrupaban para dotar de servicios públicos más económicos a los habitantes de sus pueblos o ciudades. Habría movido a risa si hubiera sido en broma…
Las carreras de Comunicación de la mayoría de las universidades públicas pusieron a disposición sus científicos y profesionales, que aportaron sustento conceptual a la ley, acogieron a los foros, promovieron debates. Facilitaron la movilización estudiantil, que apoyó en los claustros y en las calles el proceso de instalación del tema y su posterior aprobación. Esa participación, reflexiva y entusiasta, trajo un doble beneficio: sirvió para consolidar teórica y políticamente el proyecto y fortaleció hacia dentro a los propios claustros universitarios, que se enriquecieron en el diálogo con diversos actores sociales.
El proyecto oficial tomó como base los 21 puntos, que luego fueron tratados y discutidos en foros abiertos de participación ciudadana, en distintas provincias. Clarín optó por rehuir la discusión, en parte porque estaba en minoría flagrante, en parte porque eligió presentar el proyecto de ley como una cuestión de poder. Se refugiaba en el mantra de la libertad de expresión, que su praxis cotidiana estrangulaba. Macaneaba abiertamente sobre el alcance de la ley diciendo que incluía a los medios gráficos y regulaba contenidos: dos falacias.