Diferentes visiones de la empresa

En este el libro nos referimos a la responsabilidad de la empresa con fines de lucro (aunque en el Capítulo 18 consideramos el caso especial de la empresa pública). Se ha puesto mucho de moda en la segunda década del Siglo XXI el hablar de responsabilidad social de todo tipo de institucio- nes, organizaciones de la sociedad civil, universidades, gobiernos nacionales y locales, etc. Si bien es muy necesario promover prácticas responsables en todo tipo de instituciones, las diferencias entre estas instituciones y las empresas con fines de lucro son lo suficientemente grandes como para tener que distinguirlas. Es cierto que tienen puntos en común, como por ejemplo algunas

de las partes interesadas (ver Parte II) y algunas de las prácticas y técnicas (ver Partes III y IV). Pero lo que hace especial a las prácticas responsables en las empresas es la gestión del aparente conflicto y el necesario balance entre los beneficios privados y el bien común, entre la sostenibi- lidad económica y la sostenibilidad social y ambiental. En la mayoría de estas otras instituciones, este conflicto y balance no existen. Si bien algunas deben lograr sostenibilidad económica, no es su objetivo primordial. Trabajan, o deberían trabajar, para el bien común.

Las empresas con fines de lucro han existido desde tiempo inmemorial, pero su desarrollo se acelera en el Siglo XIX con la revolución industrial. Una de las primeras formas de organización empresarial fue, en tiempos del Imperio Romano, la llamada societas publicanorum, que era una forma de sociedad constituida para la producción de bienes y servicios en concesión por el Esta- do romano (lo que hoy llamamos asociaciones público privadas) y cuyas cuotas de participación se podían acordar en forma privada. Estas empresas ya existían en el año 200 AC. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano desaparecen y casi hasta el siglo XIX la forma de organización prevaleciente es la empresa familiar o la sociedad donde los socios participan en la gestión del negocio. Muchas de estas sociedades se conforman para explotar monopolios de comercio o concesiones de explotación de servicios que les otorga el Estado y su constitución requiere de aprobación explícita por la monarquía o el poder legislativo.

El desarrollo de la empresa tal y como la conocemos hoy tiene su impulso en la revolución in- dustrial de mediados del Siglo XIX, cuando se reconoce la producción de bienes y servicios de forma colectiva, mas allá de individuos o familias, sin intervención de concesión por parte del Estado. Se crea el concepto de persona jurídica que implica separar las responsabilidades de

los dueños de las de los directivos de la organización empresarial[1]_{. Las empresas legalmente}

constituidas son creaciones artificiales, persona ficta, o persona jurídica, con el objeto de llevar a cabo actividades predeterminadas en sus estatutos de creación. Son lo que podríamos llamar personas colectivas, en oposición a personas individuales. Ya no hace falta aprobación por ley o decreto y se pueden constituir y registrar en base a una ley paraguas (tipo códigos de comercio). La ley permite su incorporación y les confiere deberes y derechos y pueden ser sujetos de algu- nas penas (por ejemplo, multas), aunque en algunos casos las penas (incluida la posibilidad de ir a la cárcel) solo pueden recaer sobre los individuos responsables de su manejo.

Y lo más importante es que crea el concepto de “responsabilidad limitada”, donde los dueños son solo financieramente responsables por sus participación en la empresa y no responden son el resto de sus bienes. Esto le da mucha libertad de acción a la organización y permite sumar esfuerzos y recursos de los dueños y obtener recursos de terceros, con responsabilidades li- mitadas a las acciones de la empresa legalmente constituida sin recurso a los aportadores del

1 Micklethwait y Wooldridge (2003)

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Capítulo 2

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capital. Ello activa los mercados financieros y los de capitales, permitiendo la emisión de acciones, de libre comercio, y de endeudamiento de terceros, solo respaldado por los activos de la empresa. Se desarrolla también la clase gerencial, separada de la clase capitalista, que maneja las empresas a nombre de los dueños, lo que introduce problemas de compatibilidad de objetivos entre ambas partes y que puede dar lugar a comportamientos irresponsables, como discutimos más adelante.

Son muchos autores que alegan que estas formas jurídicas han permitido el progreso econó- mico de los últimos siglos, al permitir llevar a cabo grandes emprendimientos que un solo in- dividuo o agrupación familiar no hubiera podido hacer. Esto estimula el crecimiento acelerado del número y tamaño de las empresas, con los consecuentes abusos de poder. Esto también da lugar al desarrollo de legislaciones nacionales antimonopolio y para fomentar la libre compe- tencia entre empresas. Sin embargo esto no es suficiente y se hace necesaria la formalización de responsabilidades dentro del colectivo, que es la empresa.

Aún hoy en día hay alguna discusión sobre si las empresas como tales tienen responsabilidades, con el argumento de que solo las personas individuales pueden tenerlas. Un comentarista de mediados del siglo XIX decía que “las empresas no tienen cuerpos que puedan ser castigados ni

almas que puedan ser condenadas y por ello hacen lo que les da la gana”[2]_{. Es cierto que las per-}

sonas, dentro de las empresas, actúan a nombre de las empresas y no a título individual y son ellas las que deben ejecutar la responsabilidad social y ambiental. Pero estas ejecutarán lo que colectivamente se haya determinado, vía las decisiones, los procedimientos y políticas internas a la empresa, que han sido elaboradas por individuos. Si bien la responsabilidad de la empresa de ser responsable recae en los individuos que la conforman, el colectivo es responsable de su implementación y por ello podemos hablar de “responsabilidad de la empresa”.

Claro está que, como en toda organización o burocracia, es posible esconderse detrás del colectivo para evitar tomar responsabilidad individual. También es posible que el colectivo tome decisiones

que estén en contra de la ética o sentido de responsabilidad de algunos individuos[3]_{. De cualquier}

manera, es claro que la responsabilidad social de la empresa depende de la responsabilidad y ética de los individuos que la conforman, con mayor o menor posibilidad de influencia. Aunque es posi- ble también que esa responsabilidad no sea la suma de las responsabilidades individuales.

La responsabilidad individual se convierte en responsabilidad colectiva, anónima. Los mismos nom- bres no son conducentes a la responsabilidad de la empresa. En un caso se declaran “anónimas”, o sea, no sabemos quiénes son y pueden esconder su irresponsabilidad, y en el otro caso expresan claramente que su responsabilidad es limitada, o sea, que las irresponsabilidades colectivas no son

2 Edward Thurlow, citado por Micklethwait y Wooldridge (2003)

3 Una interesante viñeta periodística pone a un jefe hablando con el subordinado y le dice: “Juan, vas a tener que tomar una deci- sión. Tú y tu conciencia no caben en esta empresa.”

transferibles a los individuos que las componen. Aunque legalmente los nombres se refieren a la limitación de la responsabilidad legal de los dueños individuales por las actividades de la sociedad, es sugestivo del comportamiento de algunas empresas. Ahora se dice que las empresas “a lo mejor

no tienen alma, pero sí tienen cerebro”[4]_{, aludiendo a que su comportamiento puede ser responsable}

porque saben que ello las beneficia.

Estas formas de organización empresarial permiten al colectivo llevar a cabo actividades que

tienen impacto sobre el resto de la sociedad[5]_{. Permiten la colaboración entre empresas entre}

distintas partes del mundo para crear bienes y servicios para el bienestar social, son fuente de creatividad (a veces impulsada por el beneficio financiero), permiten el progreso de la sociedad y ayudan a mantener el pluralismo político balanceando la influencia entre sí y entre ellas y los

gobiernos[6]_{. Cierto es que algunas empresas abusan de su poder, particularmente cuando este}

balance no se mantiene.

Muchos detractores de las grandes empresas alegan que éstas tienen más poder que algunos paí- ses y, en apoyo a esta idea, aducen que algunas son más grandes que muchos países en desarrollo. Comparan sus ventas con el Producto Interno Bruto (PIB). Dicen, por ejemplo, que de las 100 eco- nomías más grandes, 51 son empresas. Sin embargo esta comparación contiene una falacia, muy repetida, y es la de comparar ventas (empresas) con valor agregado (países, PIB). Aún a pesar de grandes dificultades estadísticas, si se hace la comparación correcta entre valores agregados (los países no tienen “ventas”) sólo dos de las 50 economías más grandes son empresas. En el 2000 Wal- Mart sería un cuarto de Bélgica o Austria, aunque más grande que Perú. En la misma línea, Exxon- Mobil sería equivalente a Chile. Esto no quiere decir que las grandes empresas no tienen gran poder económico, sin embargo están sometidas a las leyes de sus países y los acuerdos internacionales. A diferencia de siglos pasados, ahora no pueden tener ejércitos ni imponer impuestos.