8 2 DIMENSIÓN SUSTANTIVA

En esta dimensión se analizó la capacidad de la ACAG para impactar en el ámbito político institucional específicamente en los parlamentos provinciales y nacionales. Para ello, nos detuvimos en las estrategias utilizadas por los asambleístas para lograr que los legisladores aprueben su proyecto de ley. Un antecedente interesante en este sentido y que podrá consultarse en los anexos, lo constituye la oposición de diversos grupos ambientalistas entrerrianos -nucleados en la Asociación de Entidades Ambientalistas- a la construcción de una represa

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hidroeléctrica en el Paraná Medio. En esta ocasión, mediante una eficiente campaña mediática y con la consigna “Entre Ríos SI, Entre Represas NO”, lograron el apoyo de gran parte de la sociedad: de la comunidad educativa, de los sindicatos, de los pescadores de los barrios pobres de la ciudad de Paraná y del periodismo local, para detener en el año 1997 la construcción de la megarepresa. El resultado de esta acción colectiva protagonizada por grupos ambientalistas y la sociedad fue la sanción en la Legislatura Provincial de la Ley N° 9092/97 que declaró la libertad de los ríos y la prohibición de construcción de represas hidroeléctricas en los ríos Uruguay y Paraná constituyéndose el 25 de septiembre el Día de la Libertad de los Ríos (Ortiz, 2008).

En referencia a nuestro estudio de caso, a partir de mayo del 2005, el movimiento asambleario va a desplegar su acción en dos frentes: Por un lado, como movimiento ocupan el espacio público organizando marchas por la ciudad de Gualeguaychú, actos frente a la Embajada de Finlandia, frente a la empresa de transporte fluvial de pasajeros Buquebus que une Argentina y Uruguay cruzando el Río de la Plata en la CABA, con entrega volantes explicativos, participación de los miembros en foros y talleres en diferentes provincias del país, en actos patrios como por ejemplo en el desfile del Día de la Bandera en Rosario –provincia de Santa Fe- o en la ciudad de Tucumán en ocasión de conmemorarse el Día de la Independencia portando la bandera con el slogan de la Asamblea, caravanas náuticas en el Río Uruguay y cortes intermitentes en la ruta que conduce al puente General San Martín sobre el Río Uruguay para que la problemática surgida por la instalación de las pasteras trascienda lo local. Como ONG se articulan en red con

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la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)54 y presionan a los legisladores provinciales para que se promulguen leyes que impidan la localización en territorio entrerriano de industrias celulósicas. Desde 2006, organizó cortes de larga duración en protesta por el progreso de los emprendimientos y consigue la sanción de leyes que:

1) que se declare a Entre Ríos libre de plantas de industria celulósica.

2) que se prohíba la exportación y el tránsito a través de la provincia de madera para las papeleras locales o extranjeras.

3). que se reconozcan la importancia de la lucha ciudadana en el cuidado del medio ambiente

4) Que se declare Paraje Histórico Cultural al sitio Arroyo Verde

Surgen de esta manera cuatro leyes claves en la legislatura entrerriana que pone de manifiesto la capacidad del movimiento en relación a este tema y que podrán consultarse en los anexos: la Ley 9644 sancionada el 13 de septiembre de 2005, la ley 9759 sancionada el 8 de marzo de 2007, la ley 9789 sancionada el 01-08-07 y la ley 9922 que declara al sitio Arroyo Verde –centro de la resistencia de la ACAG y lugar donde se realiza el corte al Puente Gral. San Martín- Paraje Histórico y Cultural.

54 _{La UAC se conformó el 21 de julio de 2006 como resultado del Foro Nacional de los Pueblos} Autoconvocados Ambientalistas realizado en Colonia Caroya, Córdoba. Sus integrantes lo caracterizan como un “espacio de intercambio, discusión y acción conformado por asambleas, grupos de vecinos autoconvocados, organizaciones autónomas no partidarias ni vinculadas al aparato estatal y ciudadanos en general reunidos en defensa de los bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los pueblos”. Están adheridas a la UAC organizaciones pertenecientes a 16 provincias argentinas y a países limítrofes como Chile Uruguay y Paraguay. Sus reuniones en formato de Asamblea Soberana se realiza cada cuatro meses en distintas provincias de nuestro país y su funcionamiento es democrático y horizontal. (Unión de Asambleas Ciudadanas).

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La ley 9644 propuesta por el ejecutivo provincial y sancionada el 13 de septiembre de 2005 a tan solo unos meses de la primer Gran Marcha al Puente excluye la posibilidad de este tipo de explotaciones en todo el territorio provincial.

En referencia a la llamada ley de la madera (Ley 9759) impulsada por la ACAG y apoyada por el Concejo Deliberante local, fue sancionada por el Senado de Entre Ríos el 8 de marzo de 2007, diez días antes de las elecciones provinciales. Su autor, el diputado provincial Osvaldo Fernández (UCR de Gualeguaychú) expresó su satisfacción por la sanción de esta ley, y sostuvo que la ley provincial es un primer paso, también se necesita una ley que establezca que desde ningún punto de la República se le venda madera a Botnia (La Nación, 08-03-007). La norma establece la prohibición de la venta y/o salida de madera cruda con destino a las empresas fabricantes de pasta celulósica, ya que estas generan residuos contaminantes y lesiona por lo tanto los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial. Asimismo, se prohíbe el ingreso a la provincia de rollizos (madera sin procesos industriales provenientes de bosques implantados), o chips de madera (madera fraccionada para abaratar y facilitar el transporte), con destino a las industrias cuya producción sea la pasta celulósica. De esta manera, Entre Ríos se asegura que no puedan pasar por su territorio camiones que provean de materia prima forestal, no solo a Botnia sino también a otras empresas pasteras existentes en el país, lo que produjo el rechazo de organizaciones forestales de Corrientes y Misiones, y de las autoridades correntinas, quienes consideraron anticonstitucional la norma por no respetar el libre tránsito. (momarandu.com 07-06-2007). Se establece, además, que los productores

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incumplidores sean sancionados con multas, el decomiso de sus embarques e incluso la clausura de sus empresas (art.4).

Mediante la aprobación de la Ley 9789/07, la ACAG logra que en todo el ámbito provincial el 30 de abril sea declarado como “Día de la Participación Ciudadana” en reconocimiento a la labor desplegada por los gualeguaychenses en defensa del medio ambiente, y en el art. 2° de dicha ley se dispone que durante la última semana de abril se realicen en todos los establecimientos educativos de la provincia jornadas de reflexión acerca de la importancia que tiene la participación ciudadana en defensa del ecosistema y en el desarrollo de un medio ambiente sustentable

Por otro lado, encontramos relevante la sanción en Paraná de la Ley 9757/07 porque refleja la intención de las autoridades provinciales de encauzar institucionalmente los potenciales conflictos en torno a la explotación racional y sustentable del agua del dominio público. La Ley crea el Comité de Cuencas y de Aguas con la finalidad de generar condiciones y proyectos que aseguren la integración regional y provincial y la explotación racional de las obras hidráulicas y del aprovechamiento sustentable del agua. El art. 4° de dicha ley, sostiene que el Comité de Cuencas tendrá entre sus funciones “actuar como instancia previa en conflictos vinculados a los recursos, constituyéndose en el ámbito propicio para la búsqueda de encuentro o conciliaciones” (art. 4°, inciso c).

En definitiva, en esta dimensión resaltamos la participación de la sociedad civil como actor político en la fase de formulación de las políticas públicas. Fase en la que se fijan las bases jurídicas que sustentan los objetivos, los instrumentos y se define el nivel administrativo que deberá implementar una determinada política

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pública. De allí que teniendo en cuenta la complejidad y densidad de los sistemas políticos en las democracias actuales, podemos concluir que el movimiento objeto de estudio, combinó más de una estrategia de acción para que se desarrolle una política que dé respuesta a los objetivos planteados por su organización y cada una de estas estrategias implicó un amplio abanico de actividades que fueron desde la recolección de firmas, participación en asambleas públicas, hasta acciones que se realizaron por fuera de los ámbitos institucionales -que han sido predominantes en nuestro grupo de estudio- como lo es la ocupación del espacio público a través de piquetes y cortes de ruta entre otras.