Los discursos

Las estrategias discursivas de los referentes del gobierno son relevantes dado que contribuyen a construir el espacio de posibilidades discursivas y sus condiciones de aceptabilidad para llevar adelante las medidas que se proponen. En el debate público, primera etapa del proceso de formulación de políticas pú- blicas, no solo se pone en juego instalar el tema como una “cuestión pública” que el Estado debe atender, sino también definir los contornos del marco interpre- tativo dentro del cual se producirá la discusión y, eventualmente, la orientación de las políticas.

Los/as funcionarios/as cambiemitas fueron coherentes en impulsar un mo- delo mercantil y tecnocrático de la comunicación. Esto fue contestado públi- camente y también impugnado en sede administrativa y judicial por diversas entidades que nuclean a medios comunitarios y cooperativos, trabajadores/as del sector, académicos/as e, incluso, empresas mediáticas.

Los discursos de los responsables del área de Comunicaciones de esta ges- tión presentan como deseable un sistema comunicacional basado en la lógica del libre mercado con una intervención estatal mínima, en contraposición al para- digma normativo del derecho humano a comunicar que orientó la Ley 26.522 durante el gobierno de Cristina Fernández. Esto fue llevado al paroxismo cuando el exministro de comunicaciones, Oscar Aguad,2 _{afirmó: “La mejor Ley de Me-}

2 _{El presidente Mauricio Macri creó el Ministerio de Comunicaciones el 10 de diciembre de}

2015 y lo disolvió el 17 de julio de 2017, cuando sus atribuciones fueron absorbidas por el Mi- nisterio de Modernización. Oscar Aguad, abogado y político radical cordobés sin antecedentes

177 dios es la que no existe” (Política Argentina, 29 de octubre de 2016). En efecto, al cumplirse tres de los cuatro años de gestión, aún no se aprobó la largamente prometida Ley de Comunicaciones Convergentes. Sin embargo, como se dem- ostrará, esto no implicó la inacción del Estado sino, por el contrario, un fuerte activismo regulatorio del Poder Ejecutivo en favor de los grupos concentrados de comunicación audiovisual y telecomunicaciones.

En consonancia con esta visión, aseguran que sus medidas promueven la competencia en el mercado de medios comerciales. Por ejemplo, Aguad dijo: “Los monopolios hacen desquicio en el mercado, lo tornan irregular. Por eso, estamos tratando de lograr que haya competencia” (Télam, 8 de diciembre de 2016). Evaluadas con su propia vara, aunque conciben a la comunicación como un bien de mercado, las regulaciones y acciones gubernamentales no favorecen a todas las empresas privadas ni a la libre competencia, sino a la concentración en unos poquísimos y muy poderosos actores comerciales que bloquean a los demás. Esto ha sido, de hecho, impugnado por otras corporaciones que ven afectados sus intereses.

De modo complementario, restringen la definición de los medios no lucra- tivos a aquellos orientados a “poblaciones con singularidad cultural, social o en representación de colectivos diversos, poblaciones distantes o de difícil acceso”, como lo expresa uno de los “17 Principios que regirán la nueva Ley de Conver- gencia” que el 6 de julio de 2016 presentó la Comisión Redactora de la nueva Ley de Comunicaciones Convergentes. Allí se reducen sus funciones a darles “voz propia” y acceso “a la educación, el desarrollo social y la diversidad cultural y lingüística”, según una noción paternalista y perimida de estas emisoras (Loreti y otros, 2016). Prevé “mecanismos de financiación” solo para aquellos que estén en “zonas rurales” o “de frontera”, de modo tal que desconoce los problemas de sostenibilidad del sector, y retrocede con respecto al fomento general previsto en la LSCA y puesto en marcha desde 2012 (Segura y otros/as, 2016). En esa línea, se había expresado Aguad a poco de asumir: “Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños” (Cadena 3, 13 de diciembre de 2015).3 Esto fue impugnado reiteradamente por Interredes,

alianza de las redes nacionales de medios sin fines de lucro4 que se conformó a

poco de asumir Mauricio Macri la presidencia.

en el área de comunicaciones, estuvo al frente del ministerio durante el período de existencia de la repartición. Luego, pasó a ser ministro de defensa.

3 _{Además, difundieron sospechas de irregularidades en el manejo de los fondos de fomento en}

declaraciones mediáticas, documentos públicos como el informe El estado del Estado de 2016, auditorías e intimaciones por rendiciones contables (Kejval y otros/as, 2017).

4 _{Conforman Interredes el Foro Argentino de Redes Comunitarias (FARCO), la Asociación}

Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Red Colmena, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y la Asociación de Revistas Culturales Independientes y Autogestivas (ARECIA).

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A los medios estatales dicen pretender modernizarlos y federalizarlos. El Decreto 237 del 22 de diciembre de 2015, que crea el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, afirma que este apunta al “perfeccionamiento de la utili- zación de los recursos públicos” basado en criterios de “racionalidad y eficiencia”. Hernán Lombardi5_{, su titular, afirmó que buscaban “darle una mirada coordi-}

nada y federal” para “construir medios públicos del siglo XXI” (Respighi, 24 de diciembre de 2015). Sin embargo, esto se tradujo en vaciamiento, despidos ma- sivos, atraso tecnológico y mayor centralización. En la audiencia convocada por el Consejo Consultivo Honorario de Medios Públicos (CCHMP) en noviembre de 2017, diversos sectores expresaron su preocupación por los despidos de traba- jadores/as; la necesidad de recuperar las políticas de fomento para la producción audiovisual; la merma en las producciones propias de los medios públicos; la alarmante centralización de la producción de contenidos en la ciudad de Buenos Aires; y el incumplimiento de la cuota de programación infantil (Taricco, 2017).

Además, el discurso del gobierno nacional pretende justificar sus políticas de comunicación con el argumento de la necesidad de la “modernización” y en- tiende que esa “actualización” va de la mano del desarrollo de la “convergencia tecnológica” como si fuera un proceso inexorable, inequívoco y no conflictivo. Por el contrario, como dijimos antes, este es un proceso que requiere decisiones políticas importantes, en el que hay múltiples actores con intereses diversos y contrapuestos, y no es un fenómeno natural, sino una relación social. Si bien hay tendencias mundiales que inciden en los sistemas mediáticos, las políticas na- cionales pueden reorientar, mitigar o profundizar los efectos de esas tendencias. Esto fue señalado reiteradamente por numerosos/as académicos/as de la comu- nicación. En contraposición a esta postura, la ahora llamada Coalición por una Comunicación Democrática, presentó los Nuevos 21 Puntos por una Ley de Comunicación para la Democracia el 16 de marzo de 2016.

Asimismo, el discurso de Cambiemos se presenta como republicano, ins- titucionalista y pluralista. No obstante, no respeta derechos adquiridos, leyes ni tratados internacionales vigentes, y gobierna en esta área por decretos y resolu- ciones del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, medido otra vez con su propia vara, el resultado tampoco da positivo. A contramano de lo que la alianza gobernante dice defender, estas medidas promueven mayor concentración mercantil, menor diversidad y pluralismo, y menos producción y trabajo nacional.

Es más: el 8 de abril de 2016, durante la audiencia solicitada por el Cen- tro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coalición por una Comunicación Democrática y otras organizaciones para analizar las reformas regulatorias en co-

5 _{El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos fue creado por el Decreto 12/2015, del}

10 de diciembre de 2015. Hernán Lombardi, ingeniero civil, empresario de turismo, político porteño (Alianza, Recrear, Pro) y funcionario de Turismo, Parques Nacionales y Cultura, sin antecedentes en comunicación y medios, fue nombrado su titular.

179 municación del gobierno de Macri en relación a los estándares internacionales de libertad de expresión, el gobierno aseguró a la Comisión Interamericana de De- rechos Humanos que son medidas “transitorias”. Sin embargo, desde el segundo día de gobierno y hasta el momento de cierre de este capítulo en diciembre de 2018, a tres años de iniciada la gestión, está tomando múltiples decisiones de po- líticas de comunicación que imponen transformaciones estructurales en el siste- ma de medios y, por lo tanto, difícilmente reversibles por una futura regulación. Esta visión mercantil y tecnocrática de la comunicación viola los valores fundamentales del sistema internacional de derechos humanos, y el principio de no regresividad en los derechos adquiridos que la CIDH reclamó al gobierno nacional que cumpla.