Las Instituciones Culturales Patrimoniales.
4.1. Bienes Patrimoniales y Cultura: nociones y prácticas públicas.
4.1.2. Diversificación de los esquemas representativos patrimoniales.
La noción de patrimonio como una colección de objetos inútiles o, en el mejor de los casos, de cosas que solo sirven para satisfacer la curiosidad de quienes románticamente se acercan a evocar situaciones obsolescentes, está experimentando cambios fehacientes. Actualmente patrimonio cultural se entiende como el conjunto de recursos que un pueblo ha creado a lo largo de su historia para asegurar su sobrevivencia y reproducción. En la transición del siglo XX al XXI, Europa ha experimentado en sus comunidades urbanas incidencias suscitadas por los reajustes a nivel mundial: movimientos migratorios, medios de transporte accesibles y de
largos trayectos, los avances en la comunicación audio visual y en la informática, la expansión de los mercados, entre otros factores. Condiciones que invariablemente afectan los contextos culturales han creado una tendencia hacia la homogenización de las sociedades, lo cual ha habitado una perspectiva inversa, la de ver hacia el interior. En tal configuración los pueblos se identifican a sí mismos según su patrimonio cultural, que les da seguridad frente a los problemas de su entorno y les permite desenvolverse creativamente frente a nuevos problemas. Este es el sentido de identidad que hace que los pueblos se sientan hacedores y responsables de su destino. La pérdida de la identidad que se ha podido observar “a nivel individual o grupal
quienes son incapaces de identificarse con su pueblo, su cultura, tradiciones y símbolos, devienen en la condición de parias”
(Lumbreras 1994: 44). Desde las recomendaciones que los
organismos intergubernamentales plantean a los Estados, hasta las propias experiencias locales sobre sus formas de expresión y creación, señalan al patrimonio cultural como parte de sus procesos de desarrollo por lo que se hace imprescindible entender sus dimensiones.
Las distintas formas en que se ha procedido a entender y a intervenir sobre el patrimonio, en opinión de García Canclini (1994: 57), han generado cuatro paradigmas político-culturales:
el tradicionalismo sustancialista.- Respaldado por quienes califican a los bienes patrimoniales por el alto valor que tienen en si mismos, y por es conciben su conservación independientemente del uso actual. La preponderancia de su excepcionalidad sobre las condiciones y agentes sociales que intervinieron en su creación. Una posición que se acerca mucho de aquel ideal de los primeros museos que se concebían como sitios de resguardo total para que no se alteraran las
características de los objetos, su único sentido es guardar esencias, modelos estéticos y simbólicos, cuya conservación inalterada serviría precisamente para atestiguar que la sustancia de ese pasado glorioso trascienda los cambios sociales. Esta forma de concebir los bienes patrimoniales son cada vez menos, quizás en algunos templos, por ejemplo, donde se guardan reliquias que por su contenido religioso se mantienen a resguardo por sus depositarios, o en su defecto la carencia de una infraestructura apropiada para poder exhibirlos, como es el caso de los fondos del Museo Diocesano de Salamanca, que ha puesto a resguardo varias obras de sus fondos cuando el Palacio Episcopal, sitio en que se encontraban expuestas, se concedió a la Administración Pública.
La concepción mercantilista, la sostienen quienes ven en el patrimonio la oportunidad para valorar económicamente el espacio social o un simple obstáculo al progreso económico. Los gastos que se destinen a la preservación del patrimonio se consideran como una inversión que debe garantizar ganancias al mercado inmobiliario o al turismo. Por lo regular, los casos que se generan desde este paradigma, los criterios artísticos, históricos y técnicos se determinan bajo parámetros de espectacularidad y de utilización recreativa. Desafortunadamente ciertas actuaciones de la iniciativa privada no han podido detenerse originando un deterioro en el entorno patrimonial, tal es el caso del proyecto de derribo del Gran Hotel de Salamanca – situado a pocos metros de la Plaza Mayor-, por lo que planea la construcción de un parking y pisos de lujo. El edificio estaba incluido como un Bien de Interés Cultural (BIC), hecho que fue consumado al arrasar completamente el inmueble y que por otros motivos legales no se ha proseguido con las nuevas obras pero el daño al patrimonio ha sido innegable. Tal actuación ha
merecido la petición de explicaciones de la UNESCO al Estado Español. Hay que tener en cuenta que también se ha logrado impedir que otros edificios que por su arquitectura o por su tipo de uso, no sean afectados. El ejemplo más cercano a esto último, es la decisión que los técnicos de Urbanismo han tomado con respecto al cambio de uso de suelo del antiguo cine-teatro Bretón. A la presentación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los dueños del inmueble presentaron una alegación para poder cambiar la calificación urbanística del terreno, lo cual se denegó quedando como un equipamiento cultural privado. Al respecto declaró el concejal de Urbanismo:
“Creemos que no podíamos ceder en este caso, ya que la calificación estaba muy clara desde un principio y hubo incluso acuerdo unánime entre PP y PSOE” (Nota de L. B. TRIBUNA 16-11-2005).
Con respecto a este asunto, se ha dado a conocer que Caja Duero y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez presentaron una propuesta conjunta para adquirir las instalaciones del Teatro Bretón de Salamanca con la intención de seguir dedicando el espacio para uso cultural. Las dos instituciones han acordado disponer del espacio escénico para la presentación del programa de la entidad financiera. Por otra parte, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez aclaró, a través de su presidente, que el proyecto conjunto con Caja Duero es aún de su interés señalando lo siguiente:
“La idea es que el edificio albergue parte de la Fundación y un teatro, sería un edificio institucional, pero abierto a la ciudad. El problema es que los propietarios piden una bestialidad, están por lo cerros de la Úbeda y hasta que no cambien no se puede hacer nada. De salir adelante, nuestro Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil tendría las instalaciones que necesita y merece” (Ídem).
La percepción conservacionista y monumentalista deviene de una concepción del Estado, observando en primer lugar que los bienes históricos tengan la característica de exaltar los símbolos nacionales. La elección de monumentos se vincula con el sistema político prevaleciente, y en una medida de asegurar una plena apropiación se le usa como sede de algún organismo oficial. En Salamanca se ha practicado este tipo de percepción contando con varios edificios monumentales para alojar instituciones de la Administración Pública, uno de los ejemplos más recientes es el que se cita en lo expuesto en el apartado del Archivo de la Guerra Civil Española, donde se describen las intenciones del Gobierno Estatal de adquirir el Palacio de Orellana para restaurarlo e instalar ahí el Centro de la Memoria Documental de Salamanca.
Con el nombre de participacionista, el cuarto paradigma para la preservación patrimonial, se caracteriza por tener en cuenta las necesidades de la sociedad. Con una participación democrática se determina lo que se va a preservar y la manera en que se debe hacer tomando en cuenta las opiniones de los agentes sociales de la comunidad. Enfoque que no solo ve la restauración y conservación del bien patrimonial de manera aislada, sino que se tiene en cuenta aspectos como la arquitectura habitacional, los antiguos espacios ceremoniales y las plazas actuales. Dentro de esta perspectiva García Canclini resalta la importancia de la participación social como recurso clave, y de esa manera evitar lo que Oriol Bohigas (Bohigas 1969: 78-79) advierte sobre las “ciudades museos” en el sentido de
fosilizar las estructuras despojándolas de sus funciones, o como “ciudades para snobs” áreas apropiadas por las elites del poder económico y político (auque también por los especuladores que
hacen de los conjuntos urbanos una demarcación discriminatoria o prejuiciosa).
El estudio de los bienes patrimoniales en sus sucesivas etapas, al vincularse con las condiciones de transformación de las sociedades contemporáneas, en opinión de Raymond Williams (Williams 1980: 143-146) debe de distinguir en las dimensiones
patrimoniales tres cualidades: lo arcaico, lo residual y lo emergente. Señala que lo arcaico pertenece al pasado y es reconocido como tal por quienes hoy lo reviven. En referencia a lo residual, esto asume su origen en el pasado pero se mantiene, al menos en parte, en actividad en los procesos culturales. Y lo emergente son los recientes valores, significados, prácticas y relaciones sociales. De las tres cualidades lo arcaico constituye el recurso de obtener el testimonio que queda como referencia histórica, no obstante enfrenta a las dinámicas sociales que actualmente no persiguen los objetos auténticos sino los objetos que son culturalmente representativos. En este sentido el estudio del patrimonio cambia su finalidad y pasa de buscar la autenticidad a la reconstrucción de la verosimilitud histórica (García Canclini 1994: 68).
Salamanca fue nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1988, por lo que la Administración Pública se comprometió a financiar los trabajos de restauración y mantenimiento lo que significó la entrada de recursos económicos. Este es el caso, por ejemplo, de los recursos que en el presente año la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León ha aprobado para las diversas actuaciones en Salamanca y su provincia, entre ellas, la restauración de la iglesia de San Marcos, en la que se invertirán cerca de 92.000 euros y el órgano de Echeverría de a Catedral Nueva, al que se destinarán
56.000 euros. Se tiene prevista la financiación en la reparación del órgano de la capilla de Anaya y del Edificio de Escuelas Mayores de la Universidad. Estos proyectos forman parte de los compromisos contraídos con el nombramiento de Ciudad Patrimonio, con lo que también se pretende preparar la celebración del vigésimo aniversario del nombramiento con una inversión estimada en 7 millones de euros para consolidar tal designación (Nota de E. B. / Agencias TRIBUNA DE SALAMANCA. 4-12-2005).
Sin embargo la situación se ha visto comprometida con las repercusiones que el nombramiento ha supuesto en la cotización del suelo de la zona patrimonial. En el año 2000 el Informe para la UNESCO realizado por Eduardo Arenillas, secretario general del Comité Nacional Español del CIMS/ICOMOS arroja una evaluación negativa indicando las desafortunadas intervenciones:
“Modificaciones constructivas; cambio de pendientes en las cubiertas para hacer habitable el bajo-cubierta, que están haciendo que los perfiles tradicionales de tejados de teja árabe aparezcan con inclinaciones imposibles o que aparezcan buhardillas en lugares que no existían (…) ocupación por nuevas construcciones en espacios reservados a patios interiores de las casa (…) ocupación de plazas por sustitución de viviendas (…) elevación de alturas en ciertas casas que desparezcan algunas de las perspectivas históricas interiores más importantes de la ciudad, cambio de materiales, colores, texturas, pavimento, etc.” (Informe del Comité Nacional Español del CIMS/ICOMOS, Madrid, 20 de febrero de 2000).
Con más de 700 edificios protegidos, en Salamanca actualmente se observan detenidamente las intervenciones sobre el Patrimonio Histórico. Cuenta además, para su protección éste, con avanzada normativa que aun necesita hacerse más precisa.
En tanto van surgiendo nuevas actuaciones que requieren la interpretación y los procedimientos adecuados, lo que convierte a cada rehabilitación en una actuación excepcional. Sobre los avances en materia de la reglamentación sobre Patrimonio en Salamanca, el arquitecto municipal Fernando Bueno, aclara que:
“Lo que distingue Salamanca de otras ciudades es el enorme control que se ejerce sobre las nuevas construcciones en el casco viejo, donde existe hasta una paleta de colores para que el tono de los inmuebles no difiera. En la Gran Vía, por ejemplo, todas las viviendas tienen que ser de piedra. Por Ley. Y también se regulan las alturas. El Plan General vela por la zona antigua, pero de los edificios designados como Bien de Interés Cultural se ocupa la Comisión de Patrimonio, mientras que el Ayuntamiento trabaja sobre el resto como conjunto. Nos interesa que en la planificación de nuevas edificaciones no sólo se utilicen criterios económicos, sino también estéticos” (información del arquitecto municipal Fernando Bueno 5-11-2005).