A pesar de que en los últimos cinco años se ha duplicado el porcentaje de solici- tantes de asilo admitidos a trámite (del 23,47% de 2004 al 49,22% de 2008), los criterios aplicados por la OAR en sus resoluciones siguen siendo muy restrictivos con respecto a determinadas nacionalidades, en las que la notable caída del por- centaje de admisión no está justificada por una sustancial mejora de la situación del país correspondiente. Si en su Informe 2007 CEAR abordó esta situación res- pecto al caso de los nigerianos y en el Informe 2008 respecto a los argelinos, en esta ocasión el análisis se centra en los ciudadanos de Costa de Marfil.
En 2002 empezó en este país una guerra civil que enfrentó a distintos grupos rebeldes con el Gobierno y, pese a una corta tregua en 2003 y 2004 y de la inter- vención de tropas extranjeras, las hostilidades y la situación de inestabilidad polí- tica y social mantienen el número de actos de violencia perpetrados contra la población civil. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea criticaron la situación del país y, en el caso del Consejo de Seguridad de la ONU, impusieron sanciones al Gobierno.
No obstante, contribuyó a reducir la tensión política el acuerdo de paz firma- do en Ouagadougou (capital de Burkina Fasso) el 4 de marzo de 2007, que estable- ció un mando militar conjunto, la constitución de un nuevo gobierno basado en el
reparto de poderes, la eliminación gradual de la “zona de confianza” entre el norte y el sur del país, el desmantelamiento de todas las milicias, la organización de elec- ciones (fijadas inicialmente para antes de enero de 2008) y el proceso de identifi- cación y registro de votantes antes de las mismas.
Sin embargo, como subraya Amnistía Internacional, “ambos bandos conti- nuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos, cuyas principales vícti- mas eran las mujeres, y el hostigamiento y las agresiones físicas, perpetrados sobre todo en controles de carretera, siguieron estando muy extendidos”2. De hecho, las fuerzas de seguridad fueron responsables de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de detenidos. Al mismo tiempo, en julio de 2008 se conocieron graves denuncias de abusos sexuales generalizados por parte de inte- grantes de la misión de Naciones Unidas (ONUCI).
El Consejo de Seguridad de la ONU ha prorrogado cada seis meses el mandato del contingente militar francés y de su misión de observación en el país (renovado en la actualidad hasta julio de 2009) sin que se hayan celebrado aún las elecciones3. Asimismo, algunos refugiados y desplazados internos empezaron a regresar a sus lugares de origen, como señaló ACNUR en julio de 2007: “Desde la firma del acuerdo de paz, algunos desplazados internos y refugiados han comenzado espon- táneamente a volver a sus hogares. Algunos factores clave que impiden el retorno son la inseguridad y la percepción de inseguridad, así como la falta de infraestruc- turas y la insuficiencia de alimentos. Obviamente, la agitación política y el desor- den militar han generado un estado de inseguridad en Costa de Marfil. Como resultado de la frágil situación de seguridad, se informa de que al menos 750.000 personas son desplazados internos, mientras que alrededor de 50.000 solicitaron asilo en los países vecinos, principalmente en Liberia y Guinea. Además, cerca de 40.000 refugiados liberianos que se habían asentado espontáneamente en Costa de Marfil fueron forzados a regresar a su país en condiciones precarias”.
Parece que con la firma del Acuerdo de Ouagadougou la situación ha experi- mentado algunos cambios positivos, a pesar de que tanto la finalización completa del proceso de desarme, desmovilización y reintegración en la sociedad de los miembros de los grupos armados como el proceso de identificación tomarán tiem- po y de que la seguridad en algunas zonas del país continúa siendo una fuente de preocupación. En consecuencia, ACNUR ha revisado su posición sobre la necesi- dad de protección internacional de los solicitantes de asilo de este país a partir de cinco criterios generales.
En primer lugar, todas las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos marfileños deberían ser examinadas a partir de sus aspectos individuales de acuer- do al procedimiento de determinación del estatuto de refugiado justo. En segundo
lugar, en los países donde no se aplique la Convención de 1969 de la OUA y el soli- citante no sea reconocido como refugiado, se le debería otorgar alguna forma de protección, preferiblemente para las personas originarias de las ciudades de Man y Duekoue y sus alrededores; del tercio sudoeste de Bas Sassandra (entre Meagui y San Pedro); la ciudad de Bouaké en la provincia de Vallée du Bandama y sus alrede- dores; y la región y las cercanías de las ciudades de Ferkessedougou y Ouangolodougou, además de la zona fronteriza con Burkina Fasso.
En tercer lugar, cuando las administraciones responsables de la concesión del estatuto de refugiado invoquen la posibilidad de la alternativa del desplazamiento interno, se deberían considerar las circunstancias personales del solicitante y la situación en las distintas regiones, en especial la fragilidad del proceso de paz, el significativo número de desplazados internos que existen en varias partes del país y las dificultades humanitarias de muchos habitantes.
En cuarto lugar, los marfileños que ya han sido reconocidos como refugiados deben mantener su estatuto y el retorno ha de ser estrictamente voluntario. En quinto lugar, en cuanto a las personas a quienes se les ha denegado todo tipo de protección internacional, ACNUR recomienda a los Estados que lleven a cabo las devoluciones de manera prudente y cumplan las obligaciones que se derivan de la legislación internacional en materia de derechos humanos.
A pesar de las recomendaciones de ACNUR y de la inestabilidad que aún per- siste, en 2008 la OAR apenas admitió a trámite a la mitad de los solicitantes de asilo marfileños (51,35%), un acusado descenso respecto al 82,27% de 2007, el 89,24%
de 2006 y el 95,21% de 2005. El principal criterio de la OAR para adoptar la reso- lución sobre la admisión de los marfileños fue su procedencia o no de las zonas de conflicto señaladas por ACNUR en su llamamiento de julio de 2007. En el caso de que los solicitantes no fueran originarios de las zonas de Man y Duekoue, del ter- cio sudoeste de Bas Sassandra (entre Meagui y San Pedro), de la ciudad de Bouaké (en la provincia de Vallée du Bandama), de la región y los alrededores de las ciuda- des de Ferkessedougou y Ouangolodougou y de la zona fronteriza con Burkina Fasso, la OAR decretó de manera automática la inadmisión a trámite.
Por el contrario, bastó con que los marfileños alegaran su procedencia de alguna de las zonas conflictivas para que su solicitud fuera admitida a trámite, aun- que no aportaran ningún documento que acreditara su identidad. Esta actuación contraviene el principio de que toda petición de asilo debe ser estudiada de mane- ra individualizada y a partir de las alegaciones específicas.
En el último lustro el servicio jurídico de CEAR ha asistido a centenares de soli- citantes de asilo marfileños y por tanto ha constatado de manera cotidiana el notable descenso del porcentaje de admisión a trámite, que ha afectado a personas como éstas:
D. M. vivía en compañía de su esposa y su hijo menor de edad en Gagnoa, donde trabajaba como carpintero. En 2006, en medio de una oleada de asesi- natos de civiles, sus padres fueron ejecutados por miembros de un grupo arma- do. Ni siquiera pudo recuperar los cadáveres porque los sepultaron junto al resto de personas asesinadas en una fosa común. Estas milicias obligaban a los hombres jóvenes a unirse a sus fuerzas irregulares, razón por la que D. M. se vio obligado a huir. Dejó a su mujer y a su hijo y se mantuvo escondido hasta que pudo abandonar el país y a principios de 2007 llegó a Mauritania después de atravesar Malí.
Una vez en Mauritania, logró contactar con varios hombres que organiza- ban viajes a España y, tras ganar algo de dinero, pagó una cantidad próxima a 300 euros y logró subir a un cayuco en mayo de aquel año. Le indicaron que sólo podía llevar algo de provisiones y le prohibieron hacer preguntas o llevar un mínimo equipaje. En aquel cayuco viajaban 56 personas de diferentes países, pero sólo llegaron 45.
D. M. estaba herido, desorientado y sufría un intenso dolor en las piernas. En el hospital canario donde lo trataron tuvieron que amputarle la pierna derecha. Cuando fue dado de alta y pudo recuperarse, formalizó su solicitud de asilo, pero en marzo de 2009 fue inadmitido a trámite. Por haber sufrido la amputación de una pierna, ACNUR pidió a la OAR que considerara su perma- nencia en España por razones humanitarias, pero fuera ya del ámbito del asilo.
V. D. vivía en la región de Odienne, en Costa de Marfil, con sus padres, su esposa y su hija. Al estallar la guerra en febrero de 2002 tuvo que abandonar los estudios debido al cierre de todos los centros educativos en las zonas asediadas por los grupos armados rebeldes y en 2004 empezó a trabajar vendiendo bolsas para una empresa. El 24 de abril de 2008, tras acabar las ventas, se dirigió a la ciudad de Man en transporte público para entregar como siempre el dinero recaudado a la persona designada por la empresa.
Sin embargo, el autobús en el que viajaba fue asaltado por un grupo rebel- de, que robó todas sus pertenencias a los pasajeros. Entre el grupo de ladrones, V. D. reconoció a Ben Doublese, el recaudador en la zona de Odienne de las “tasas” semanales que los ciudadanos deben pagar a los rebeldes. A pesar de que el miedo lleva a la mayor parte de las personas a no denunciar estas agre- siones, dos días después del asalto fue voluntariamente a hacerlo para demos- trar a su jefe que no era cómplice de los atracadores.
Pero, como temía, después ya no pudo vivir en paz. Los rebeldes iban a su casa y le obligaban a declarar durante horas en su “oficina de control”. Un día el rebelde al que denunció fue a la tienda donde trabajaba y le propinó una pali- za para amenazarle de muerte si no se marchaba del país. Aquel mismo día ese rebelde y otros se dirigieron armados a su casa para que les acompañara al lugar del atraco para desmentir su denuncia. Pero logró escapar y llegar a Guinea, donde permaneció cinco meses. Tras pasar por Senegal, arribó a Gambia y se embarcó en un cayuco con rumbo a Tenerife junto con otras 64 personas.
La travesía, que duró tres o cuatro días, fue terrible: el agua se acabó el primer día, casi todos enfermaron, entre ellos V. D. Cuando fueron detectados por las patrulleras, V. D. fue trasladado de Tenerife a Fuerteventura, donde
solicitó asilo. En Canarias, este joven marfileño intentó ponerse en contacto con su familia y supo por una vecina que, como se escapó, los rebeldes detuvie- ron durante un tiempo a su esposa y a su padre y más tarde los trasladaron a la cárcel de Bouaké y que su madre con el resto de hermanos huyó a Malí.
En febrero de 2009 la OAR inadmitió a trámite su solicitud de asilo por estar apoyada en alegaciones inverosímiles.
Por tanto, aunque la situación en Costa de Marfil ha mejorado, aún es conflic- tiva y no justifica la caída tan acusada del porcentaje de admisión a trámite de los solicitantes de asilo originarios de este país, que, por otra parte, aumentaron en 2008 en España de 335 a 500.