El caso colombiano: perspectivas inciertas

Debemos preguntarnos hoy si toda esta discusión sobre el perdón tiene impor- tancia en el caso colombiano. Por supuesto, sabemos muy bien que si queremos encontrar una salida negociada al enfrentamiento armado que vivimos, tendre- mos que aceptar formas de perdón judicial que sin duda producirán escándalo, en la medida en que dejarán en la impunidad miles de asesinatos, homicidios, secues- tros, ataques a poblaciones civiles, actos de tortura, desapariciones. No es pensable un proceso de paz en el cual queramos sancionar ejemplarmente a los miembros

de la guerrilla por el horror que han traído a Colombia en cuarenta años de violencia, o en el que queremos castigar a los agentes estatales que violaron las normas legales para combatir con el delito a los guerrilleros. Los miembros del Congreso producen, con cierto optimismo, y cerrando momentáneamente los ojos sobre las condicio- nes reales de la negociación de paz, normas judiciales que declaran que no podrá haber amnistía o indulto por secuestro, por actos de terrorismo o por violaciones graves al derecho internacional humanitario. Saben, al hacerlo, que están haciendo un ejercicio retórico, pues no es previsible que pueda haber una negociación que lleve a los jefes guerrilleros más importantes a la cárcel. En muchos documentos se predica la imposibilidad moral de amnistiar o indultar a los agentes estatales que hayan cometido violaciones similares. En este caso probablemente esta exigencia no será un obstáculo formal para la negociación, en la medida en que el castigo, en la realidad, amenazará solo algunos casos ejemplares, y en la medida en que la mayoría de los miembros de los niveles más altos del mando militar o político, probablemente, no han participado directamente ni han dado aprobación explícita a tales actos, y su responsabilidad se deberá determinar alrededor de discusiones casi insolubles sobre responsabilidades indirectas, por omisión o por permitir la creación de un “clima” de ilegalidad. El hecho real es que los colombianos tendre- mos que escoger pragmáticamente entre, o una larga prolongación del confl icto, o aceptar la amnistía, el indulto y la impunidad para muchos de los delitos graves que se han cometido en estos años.

¿Podremos entonces, si no vamos a exigir una aplicación estricta de justicia, pedir al menos la justicia histórica, y que una comisión documente exhaustiva- mente los crímenes, para que la sociedad sepa lo ocurrido? También me parece una perspectiva muy remota. El confl icto colombiano es un largo confl icto, en el que los papeles de víctimas y victimarios se han intercambiado, en el que el guerri- llero de hoy es el paramilitar de mañana y el soldado de hoy puede ser el gue- rrillero de mañana. Es también un confl icto en el que los niveles de negocia ción pragmática, aunque no han impedido el mantenimiento de la violencia, penetran todas las formas de vida cotidiana. Los colombianos culpables podrían ser dema- siados. Quizás a lo que más podamos aspirar es a una comisión que documente los crímenes, del Estado, la guerrilla y los paramilitares, sin pretender establecer responsabilidades individuales, para que al menos la memoria de lo ocurrido pueda mantenerse, y que en la medida en que no tenga impacto judicial logre

obtener unos niveles de información que le resultarían imposibles a una comi- sión judicial.

¿Podrán esperar las víctimas colombianas al menos la petición de perdón de los victimarios? (y en este caso debo subrayar que aunque no acepto el concepto de responsabilidad colectiva en los términos criticados antes, la pertenencia a un grupo que se organiza para cometer actos de violencia, la afi liación a un grupo paramilitar o guerrillero, por ejemplo, sí genera responsabilidades, aunque siempre deba, para efectos judiciales, distinguirse claramente esta responsabilidad con la derivada de actos concretos: no todos los miembros de estos grupos son igual- mente responsables). En los procesos de paz o de transición de Centroamérica o del sur del continente hay, en forma más o menos explícita, y en grados diversos, un reconocimiento del fracaso de un empeño político que utilizó la violencia, a nombre de la defensa de la tradición, la fe y la religión, o de la revolución so- cial, contra Gobiernos más o menos democráticos. Pero hay casos radicalmente diferentes: los dictadores de Chile o Argentina siguen afi rmando tozudamente que actuaron con razones válidas, que obraron en defensa del bien común. Los guerrilleros centroamericanos han reconocido, en un sentido más profundo, su error, aunque sería muy complejo revisar los diversos matices y acentos de este reconocimiento: casi todos afi rman, pese a todo, el sentido humanista de su lucha y encuentran justifi cación retrospectiva a sus actos en las injusticias de las que fueron víctimas, ellos o sus pueblos.

Este reconocimiento de fracaso relativo, sin embargo, está muy lejos de un reconocimiento de responsabilidad. Por ello, en todos los casos, tanto los gobiernos militares como las guerrillas, han negociado, apoyados en el poder armado de que disponen, el perdón judicial y político, a cambio de la reducción del sufrimiento, de una transición más o menos pacífi ca y rápida a la democracia. Por ello, me parece difícil, al menos en el horizonte político, ideológico y cultural actual del país, que las guerrillas colombianas, o incluso los paramilitares, lleguen a aceptar que deben pedir perdón a sus víctimas. Pedirán amnistías, y garantías de que no se les aplicarán los instrumentos internacionales desarrollados en los últimos años para combatir los crímenes contra la humanidad, pero no reconocer haberse equivocado. En esto, además, tiene un papel importante su percepción como víctimas, la idea de que lo que han hecho es una respuesta válida a la violencia que han padecido. Esto complica adicionalmente las perspectivas, porque no será

sin duda aceptable reconocer responsabilidad mientras el Estado no acepte la que le cupo, por ejemplo, en la liquidación de la Unión Patriótica.

El problema del perdón, por lo tanto, se complica, por la existencia de crímenes en ambos lados. En estas condiciones, la primera tentación de unos y otros es rechazar el perdón del otro mientras se busca la impunidad por los propios actos. La guerrilla esgrime una actitud de inocencia frente a sus propias acciones –y más que negarlas, pues hacen parte de su política ofi cial–, lo que pretende es redefi nirlas: un secuestro es una retención, el ataque a un poblado es una retaliación legitima contra el apoyo de la población actos de guerra contra la guerrilla, el fusilamiento de un funcionario es una sanción derivada de un juicio legítimo contra un colaborador del enemigo o un enemigo del pueblo mientras promueve la conciencia de que sería inmoral aceptar el olvido de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos por agentes estatales o por los paramilitares. El Estado, que puede alegar con mejor fundamento que las violaciones cometidas por sus agentes no hacen parte de sus políticas, ni se hacen en desarrollo de sus instrucciones –aunque no debería ignorar que su conducta de debilidad, de creación de un clima en el que tales actos generan en quienes los cometen al menos la suposición de que serán bien vistos y en alguna medida protegidos– insiste en que la sociedad exigirá que los crímenes de lesa humanidad de la guerrilla no queden impunes, lo que explica las leyes que hace, a sabiendas de que los mismos que las aprueban estarán listos a derogarlas, para prohibir la amnistía de ciertos delitos típicos de la guerrilla como el secuestro. Todos, al fi n de cuentas, guerrilleros, paramilitares, delincuentes del Estado, comparten la idea de que actúan en benefi cio de la sociedad y que repre- sentan sus intereses más valiosos.

Creo que es inevitable que en muchos de estos casos tendremos que aceptar el perdón y el olvido legales.14 _{Pero el perdón judicial no es equivalente al perdón}

histórico ni al perdón humano que puedan dar las víctimas y que, aunque pueda apoyarse en una tradición religiosa que invita a perdonar setenta veces siete y a reconocer la propia culpabilidad como base de la concesión del perdón al otro, no puede ser arbitrario.

14 _{Un poco cínicamente, puede decirse con Nietzsche que “los que perdonan son débiles e incapaces}

de afi rmar su derecho a una solución justa”, y que esta incapacidad estará en la base del perdón en Colombia.

Por ello, me parece que el debate sobre el perdón se plantea en un plano aún teórico y con vínculos restringidos con el confl icto colombiano. Quizás po- dría convertirse en un tema pertinente, y en uno de los elementos de un proceso de cambio social, si fuera posible desarrollar un consenso más o menos amplio acerca de algunos de los aspectos centrales del dilema colombiano. ¿Se aceptará, además del perdón judicial, el perdón político y moral a la guerrilla, sin que esta reconozca su error? Los colombianos miran con desconfi anza a sus propias insti- tuciones políticas y encuentran, como la guerrilla, muchos cambios que hay que hacer en el país. Pero nunca han acompañado el proyecto de la guerrilla, nunca han compartido seriamente la idea de que frente a la injusticia la injusticia de la lucha armada es un camino válido. Sin embargo, esta noción no se ha afi rmado con claridad en la opinión: la fe en que un sistema democrático constituya el camino más apto para buscar la solución de nuestros problemas, la idea de que la opinión generada en el debate público y expresada a través de los mecanismos de representación es la que debe primar en la dirección de los asuntos públicos, el rechazo a la imposición armada sobre el consenso ciudadano, son tenues, y están muchas veces a punto de romperse por la presión de los hechos. Muchos colombianos aceptan la democracia parcialmente, cuando los favorece, pero ad- miten la violencia en su favor. En mi opinión, solo una elección incondicional de la democracia frente a la violencia, por parte de la sociedad civil, de la sociedad no armada (para darle este sentido restringido, pues en su signifi cado sociológico tradicional la guerrilla y los paramilitares son parte de la sociedad civil), puede abrir el camino para que la escasa legitimidad que hoy tiene la guerrilla se disuelva en un claro mensaje social de ilegitimidad.

Frente a la violencia, debemos poder decir sin equívocos, en una afi rmación de pacifi smo radical, que no la compartimos, que no le damos apoyo, y que la rechazamos. Por supuesto, esto debe estar acompañado de una voluntad similar de vigilar al Estado, de combatir las tentaciones oportunistas de utilizar el delito o el crimen para atacar a la guerrilla, de usar las armas por fuera del espacio le- gal que las democracias les asignan. Pero un mensaje consistente, permanente, a la guerrilla y a los paramilitares de que la sociedad no está con ellos, de que aunque defi endan en determinados momentos cosas que otros miembros de la sociedad creen que deban defenderse (la justicia social por el lado de la guerrilla, el derecho a la vida y la libertad por el de los paramilitares), eso no los convierte

en sus defensores y representantes, de que al optar por la violencia han optado por mecanismos que en vez de resolver injusticias y problemas los agudizan y acentúan, podría llevar, quizás en muchos años, pero este proceso será largo, a que la guerrilla fi nalmente acepte que la lucha armada ha sido un error, que ha congelado políticamente al país, que ha endurecido el sistema democrático y lo ha limitado, que ha destruido toda posibilidad de movimientos sociales populares auténticos y vigorosos.

No es quizás aún el momento de invitar al perdón, si estamos hablando del perdón a los que han cometido los peores crímenes y errores. Es el momento de in- vitar, para mantener el lenguaje religioso, al arrepentimiento y a la enmienda.

Castigo, perdón y reconciliación.