4.3 Momentos del Relacionamiento Comunitario
4.3.3 El inicio de una conciencia ambiental (1989-1998)
En 1989, el gobierno de Rodrigo Borja expide la Ley Especial de PETROECUADOR y reforma la Ley de Hidrocarburos con la intención continuar la línea de atraer inversión extranjera, mediante la modalidad de operación de los bloques como prestación de servicios y años más tarde de participación. Se transformó CEPE en PETROECUADOR, un holding conformado por una matriz y 6 filiales: tres permanentes, Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial; y, 3 temporales, Petropenínsula, Petrotransporte y Petroamazonas, Para el efecto, el Sistema PETROECUADOR asume toda las acciones de Texaco y ésta, en 1990, deja sus operaciones en territorio nacional147. Desde el punto de
vista económico, sin embargo, este nuevo proceso organizacional empresarial se inserta en la lógica neoliberal, que se tradujo en PETROECUADOR, en el arrebato de su autonomía financiera y el manejo de los fondos para inversiones petroleras (Ley de Presupuestos del Sector Público, 1992). Como consecuencia de ello, la empresa dejó de invertir, y quedó con tecnología caduca y niveles de producción a la baja.
En octubre de 1989 por primera ocasión, la máxima autoridad de la Empresa, el Presidente Ejecutivo, Luis Román Lasso, con miembros del Consejo de Administración y otras autoridades visitan la
146 Petroecuador. Desarrollo Sustentable y Petróleo. Editorial Universitaria, Universidad Central del Ecuador.Quito. 2002 Pag. 12-13.
147 Petroecuador. Hitos de la industria petrolera 1829-2005.. Quito. 2005. (En ese mismo año se revierte a PETROECUADOR la Refinería de la Libertad operada por Anglo, y el Oleoducto Transecuatoriano operado por la Texaco Pag. 83-84).
comunidad waorani Toñanpade, siendo recibidos por Dayuma, mujer emblemática para la nacionalidad, por su rol en el período del contacto con el mundo occidental, pues fue ella quien tendió los puentes de comunicación entre el Instituto Lingüístico de Verano, ILV, y la nacionalidad y con ello, abrió las primeras puertas para que el Estado ingrese a través de sus instituciones. En la visita se establecieron compromisos como consecuencia de este primer acercamiento, entre éstos la legalización del territorio waodani148.
Se crea entonces la Unidad de Protección Ambiental, UPA, de acuerdo a la disposición constante en el Art. 2 de la Ley Especial de PETROECUADOR, con las primeras directrices que vinculan la problemática ambiental al tema petrolero. La Unidad de Protección Ambiental de la Estatal Petrolera pasa a administrar el Fondo de Desarrollo Comunal, teniendo la complicada tarea de disminuir las presiones sociales que cada vez cobraban mayor fuerza, mientras las actividades petroleras continuaron con la incorporación de nuevas reservas y campos a través de la realización de 3 rondas de licitación petrolera149 y la ampliación de la red de poliductos en la Costa Ecuatoriana150. La labor fundamental
de esta unidad consistió en prevenir y controlar la contaminación ambiental, así como evitar que sus actividades afecten negativamente a la organización económica y social de las poblaciones asentadas en las zonas donde éstas se realizan.
En este contexto, surgen dos elementos importantes: Por un lado, y recién a mediados de la década de los noventa, el Estado muestra alguna preocupación por los impactos negativos que la actividad hidrocarburífera había generado en el ambiente y en el tejido social. Por otro, el país asiste a la consolidación del movimiento indígena con el levantamiento de 1990 que tuvo como eje la legalización de los territorios indígenas wao y kichwa de Pastaza y la suscripción del Acuerdo Plano Texas entre la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP. y la empresa Arco Oriente operadora del bloque 10. En 1992 se expide la Ley 010 que crea el Instituto Para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE, otorgando una asignación de 0.06 centavos de dólar por barril de petróleo explotado para la Región Amazónica151. Su finalidad estuvo orientada a responder a las
148 Entrevista a Manuel Navarro, funcionario fundador del Fondo de Desarrollo Comunal.
149El Comité Especial de Licitaciones lanza tres rondas petroleras: 1990, 1994 y 1995
150 Petroecuador. Hitos de la industria petrolera 1829-2005. Pag. 88-94. Quito. 2005. (En 1992 se inaugura el Poliducto Santo Domingo-Pascuales y meses después el Poliducto Libertad-Manta. Asimismo, el Directorio de Petroecuador decide incorporar en todas sus proyectos el componente ambiental a nivel nacional.)
demandas expresadas por la población amazónica ecuatoriana, basadas en las necesidades inmediatas de los habitantes y en los problemas socio ambientales presentes como la colonización, la actividad hidrocarburífera y la ausencia de servicios públicos para la población, entre otros. El fin: consolidar el desarrollo de la Región Amazónica. La renta que se generó fue transferida directamente por PETROECUADOR, a la cuenta del Fondo en el Banco del Estado. Este fondo se distribuyó de la siguiente forma: 28% para los consejos provinciales y el 57% para los municipios de las seis provincias amazónicas, el 5% para las juntas parroquiales, y el 10% restante para Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico152.
A la par que se incrementan las rentas para la región, crece también la migración y aumentan los pueblos urbanizados como Tarapoa, Aguas Negras y Tipishca en la zona del Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, fenómeno que va de la mano con el incremento de actividad petrolera. No obstante, este crecimiento sigue siendo desordenado y carente de una propuesta de planificación territorial por parte de Estado, pues los servicios ofrecidos siguen siendo de pésima calidad.
Se inician también una serie de reformas a las leyes y reglamentos ambientales y se empieza la discusión respecto de incluir los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT en la legislación ecuatoriana. Se expide el primer reglamento ambiental para actividades hidrocarburíferas en el que se plasma la obligación de las empresas de efectuar estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. Ello, como respuesta a todo un movimiento mundial de reivindicación de derechos que más tarde son plasmados en la normativa nacional que rige a partir de 1998 en la Constitución Política del Ecuador.
De lo anterior se puede señalar que, para la acción social, las empresas petroleras, pública y privadas, contaron con relacionadores comunitarios en sus áreas de protección ambiental, quienes fueron los encargados de interactuar con las comunidades, de establecer un vínculo real entre las comunidades vecinas a sus áreas de intervención. Su objetivo parte de la razón práctica y tuvo dos aristas: por un lado, disminuir el nivel de conflictividad social producida tanto por la falta del Estado y la ausencia de servicios básicos; y por otro, facilitar la ejecución de los proyectos petroleros, que van desde la apertura de un pozo a la construcción de tubería, o de nuevas facilidades petroleras, evitando que se den situaciones de conflicto que degeneren en paralizaciones o medidas de hecho. En este caso, es
151 Petroecuador. Desarrollo Sustentable y Petróleo.. Editorial Universitaria, Universidad Central del Ecuador. 2002 Pag. 27
152 Ley 010 de creación del ECORAE, 1992
preciso diferenciar dos visiones prácticas: por un lado, la de la empresa estatal, vinculada a una visión de desarrollo; y la de las empresas privadas, más cercana a la idea de evitar que las paralizaciones les produzcan costos y pérdidas innecesarias. Hay que añadir que el personal que manejó el tema fue insuficiente y limitado en formación especializada, haciendo que los verdaderos interlocutores sean el personal técnico de las operadoras que trabajan en el campo. Ello generó el establecimiento de una suerte de relaciones emergentes que no se consolidan ni crecen, sino que, al contrario, son marcadas por diferentes lenguajes, desacuerdos y divergencias.
Por otro lado, la planificación estatal continuó privilegiando la obtención de recursos económicos en función de prioridades como el pago de la deuda externa, la distribución centralizada de recursos (Quito-Guayaquil) en detrimento del desarrollo humano equitativo. Estas políticas provocaron la consolidación de una sociedad excluyente e inequitativa que dejó a la Región Amazónica ecuatoriana prácticamente al margen de una mínima garantía de derechos: sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales.
Este hecho sin duda exacerba los ánimos y se convierte en un despertar para aquellos hombres y mujeres, ocupantes, tanto recientes como ancestrales, de los bosques amazónicos. Un despertar por la reivindicación de sus derechos, por la exigencia de compensaciones justas ya sea por la pérdida de la calidad del ambiente o por el simple hecho de la presencia de la infraestructura petrolera, lo que se traduce a un escenario que a más de contradictorio, es de naturaleza confrontantiva caracterizado por la presencia de un Estado empresario, pero por la total ausencia de un Estado garante de los más elementales derechos humanos como la educación y la salud. El Estado entonces, delega tácitamente estas competencias a las empresas petroleras, estatal y privadas, las que se ven obligadas a mejorar su gestión ambiental por un lado, y a ejecutar políticas sociales de cara a la cobertura de las necesidades básicas de las poblaciones vecinas a sus emplazamientos, por otro. Cada una con sus específicas políticas de gestión-responsabilidad social, con sus prácticas de relacionamiento comunitario y manejo de conflictos socio-ambientales, con su propia visión de desarrollo y con sus subyacentes intereses enfocados a la obtención y/o mantenimiento de la licencia social para operar.
De lo anterior se puede señalar que todo este escenario ha sido –y es- el espacio favorable para la generación de rupturas y conflictos socio-ambientales que tienen como uno de sus actores principales al sector petrolero, el que está obligado a resarcir los impactos provocados por su accionar y responder a la complejidad por la que atraviesan los diferentes niveles de interrelación social, implementando
medidas de indemnización y compensación social153 a través del apoyo a proyectos de carácter social.
En este sentido, las empresas petroleras invierten en desarrollo social, sin embargo, no existe una política de Estado que ordene tal inversión y la haga sostenible.
En el marco de la reforma a la ley de hidrocarburos expedida en 1994 se emite también el primer Reglamento Ambiental para Actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador (1995), que estableció los elementos básicos normativos para una gestión ambiental responsable por parte del sector petrolero154.
No obstante, la falta de control y la ausencia de instrumentos que operativicen los principios del reglamento por parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental, hacen que los controles para la exigencia de su aplicación sean mínimos. Adicionalmente, la prioridad para el ministerio del ramo, continuó siendo la actividad extractiva, quedando en segundo plano el ambiente y el desarrollo humano.
4.3.4. El nuevo marco institucional y el reconocimiento de los derechos colectivos