El problema de la enseñanza pública ha adquirido gran impor- tancia últimamente, debido al cierre, bajo Giscard, de varios miles de escuelas públicas. Esto obliga a muchas familias trabajadoras a enviar a sus hijos a la escuela católica paga. El problema entonces radica en lo que significa la enseñanza católica como difusión de una ideología archirreaccionaria, y además en la disminución de los ingresos del trabajador.
Esta situación le exige al partido trotskista una política por la reapertura inmediata de las escuelas cerradas y frente a la respuesta inevitable del gobierno, de que “no hay fondos para ello”, la reivin- dicación de que se aumente el presupuesto para la enseñanza a cos- ta, por ejemplo, del presupuesto militar.
un hecho social y que todo el sistema educativo debe estar en manos de la sociedad, no en las manos caprichosas de cualquier grupo capaz de autofinanciarse, como es la Iglesia.
La campaña de la OCI, que se expresa permanentemente en to- das las ediciones del periódico del Nro. 1000 al 1020, está sintetiza- da en la consigna “fondos públicos a la escuela pública, fondos privados a la escuela privada”. A partir del número 1021, y como si fuera una respuesta a esta crítica nuestra hecha en la Carta al Co- mité Central del POSI, esta reivindicación aparece ligeramente modificada: “sólo una escuela debe ser financiada por los contri-
buyentes: la escuela pública abierta a todos los niños” (I.O 1025).
Esto no altera nada: la OCI hace campaña alrededor de la vieja reivindicación de los masones, los liberales y los socialistas burgue- ses: que el Estado debe dar fondos únicamente a la escuela pública, pero la escuela privada y confesional tiene derecho a coexistir con ella siempre que pueda autofinanciarse. Más adelante nos referire- mos a este aspecto del problema y sus implicaciones profundamen- te reaccionarias. Ahora vemos qué se dice en I.O. sobre la reforma de la enseñanza:
“¿Quién mejor que los maestros, padres de alumnos y jóvenes para definir en qué sentido se debe reformar la escuela, expresar las necesidades y proponer medidas? Para quebrar la resistencia de los capitalistas, ¿no habría que apoyarse en los maestros, pa- dres y jóvenes y movilizarlos” (I.O. 1018). Esta es una posición
liberal burguesa, que olvida el hecho de que los “padres y jóvenes” se dividen en burgueses, pequeños burgueses y proletarios. La posi- ción trotskista, de clase, es la expropiación de las escuelas privadas y la estatización de todo el sistema educativo, bajo el control del movimiento obrero, y con un programa de estudios único, elabora- do por los profesionales de la enseñanza y sujeto a aprobación tam- bién por las organizaciones obreras. Junto con ello, exigimos una serie de garantías para los estudiantes: un sueldo que los libre de toda obligación que no sea la de estudiar; derecho a la educación superior para todos los jóvenes; derecho al trabajo al concluir los estudios.
Ahora bien, nosotros ya habíamos formulado esta crítica en nues- tra Carta al CC del POSI, y la OCI nos ha respondido. En I.O. No 1028 critica el “curioso método de discusión” de Moreno, puesto que en el citado artículo de I.O. 1018, a continuación de las frases citadas por nosotros (y que son las mismas que aparecen un poco más arriba), se dice:
“¿No habría que convocar a una conferencia nacional de dele-
gados de maestros y padres, con las organizaciones obreras, pre- parada en todos los municipios de Francia, para discutir cómo se organiza la nacionalización laica de la enseñanza y las medidas a
tomar para garantizar el derecho real a los estudios y a la forma- ción profesional para todos?”
En nuestra Carta al CC del POSI, decíamos: “Nos estamos
refiriendo no a la simple mención, en dos o tres frases perdidas en algunos periódicos, de las tareas más elementales, sino a la cam- paña y agitación permanente y sistemática, en todos los periódi- cos, de las consignas...”.
Este es precisamente el caso: sólo hemos encontrado el llamado a una conferencia nacional de padres y maestros con las organiza- ciones obreras en dos ediciones del periódico, un suplemento espe- cial sobre la enseñanza en el Nro. 1017 y la citada del Nro. 1018. Por consiguiente, nuestra crítica es válida; se trata efectivamente de “dos o tres frases perdidas en algunos periódicos”, de ninguna ma- nera una campaña tal como la entendemos los trotskistas. Se trata de la repetición ritual de algunas frases del léxico trotskista, nada más.
Alrededor del problema de la enseñanza, la OCI realiza dos cam- pañas sistemáticas. Una es la de “fondos públicos a la escuela pú- blica”; la otra, referida a la universidad, se refiere a la derogación de ciertas leyes giscardianas. A ambas nos referiremos más adelan- te, cuando veamos lo que la OCI hace, no lo que deja de hacer.
De todos modos, discrepamos con el llamado a la conferencia nacional hecho en esos términos. Las organizaciones obreras apare- cen allí como un participante más, junto a los padres (sin diferen- ciación de clase) y los maestros. Nosotros pensamos, como decimos más arriba, que las organizaciones obreras son las que deben con- trolar y dirigir la tal conferencia y tener el voto definitivo sobre cualquier plan o programa que allí se elabore.
Segundo, la “nacionalización laica de la enseñanza” se contra- pone por completo a la consigna sobre el destino de los fondos pú- blicos y privados, que reconoce el derecho a la existencia de la es- cuela confesional. La consigna que se agita sistemáticamente es esta última.
Tercero, la conferencia debería resolver sobre las “medidas a tomar para garantizar”, etc., etc. ¿Por qué oculta la OCI las medi- das que a su juicio se deberían tomar? Un partido trotskista diría: “La conferencia deberá discutir las medidas a tomar. Nosotros pro- ponemos las siguientes, para que el movimiento obrero y los traba- jadores de la educación empiecen a discutirlas....”.
Finalmente, las criticas de la OCI a nuestra Carta al CC del POSI empezaron a aparecer meses antes que la versión francesa de dicha carta. Por consiguiente, los lectores franceses no sabían que nosotros criticamos la falta de una campaña consecuente, no tal o cual frase aislada. ¡”Curioso método de discusión” es el vuestro, señores de la OCI!
6 - Los trabajadores inmigrantes
Dedicamos un capitulo aparte a los inmigrantes, puesto que cons- tituyen aproximadamente la cuarta parte de los trabajadores ma- nuales en Francia, y su sector más explotado. Los problema que afectan a todos los trabajadores -salarios, costo de la vida, desem- pleo, vivienda, etc.- están exacerbados al máximo en el caso de los inmigrantes debido a la discriminación racial. Además, les está pro- hibido organizarse sindicalmente y participar en la vida política del país. Los que se encuentran en peor situación son los indocumentados (“sans-papiers”): son aproximadamente 300.000, de acuerdo a ci- fras recientes, y están sujetos a expulsión inmediata del país.
El 26 de mayo, poco después de asumir el nuevo gobierno, el ministro del interior suspendió las expulsiones de inmigrantes, a la espera de las nuevas leyes que reglamenten su situación. La OCI aplaudió la medida: en I.O. Nro. 1002 se dice que la suspensión “es
un importante primer paso en la satisfacción de las reivindicacio-
nes de los trabajadores inmigrantes tras la caída de Giscard- Bonnet-Soléru. En segundo lugar, indica el camino a seguir para
desmantelar el aparato represivo perfeccionado por Giscard- Poniatowsky-Peyrefitte (...) La medida de suspensión provisoria,
a la espera del debate en la Asamblea Nacional, ha parado esa máquina que perturbaba sus vidas en nombre de las leyes giscardianas”.
Según la OCI, entonces, los trabajadores inmigrantes no deben desconfiar del gobierno burgués, socialchovinista, ni organizarse para luchar por sus derechos. ¿Para qué, si el gobierno satisface sus reivindicaciones? Pro veamos cómo fue el “debate en la Asamblea Nacional” y las “nuevas leyes”.
Según I.O. Nro. 1020, las leyes presentadas para regularizar la situación de los inmigrantes “distan de responder a las necesida-
des de igualdad y justicia reclamadas por ellos”. En efecto, los
que deseen beneficiarse con las nuevas leyes deben tener 20 años de residencia en el país y “presentar pruebas irrefutables de ello”. Se aprobó además un proyecto presentado por el senador socialista M. Roujas, que suprime el derecho de las organizaciones de inmigran- tes con más de cinco años de existencia a “luchar contra la discri-
minación” y a ejercer “ante la justicia los derechos reservados a la parte civil.
I.O: Nro. 1025 se refiere nuevamente a este problema, cuando informa que trabajadores inmigrantes de nueve empresas de la re- gión parisina se declararon en huelga y ocuparon las fábricas debi- do a un nuevo decreto: los indocumentados tienen plazo hasta fin de este año para presentar ante las autoridades un contrato o por lo menos una promesa de trabajo; quienes no pueden presentarlo serán expulsados. Los ocupantes de las fábricas fueron expulsados “bru-
talmente por la fuerza conjunta de una milicia patronal y la poli- cía”. El mismo I.O. denuncia que se trata de “un verdadero enga- ño, porque la regularización de su situación de ‘indocumentados’ depende únicamente de la buena voluntad de los patronos”.
¿Qué se propone para remediar la situación: “Los militantes de
la OCI unificada someten a la discusión (de los inmigrantes afec- tados) la propuesta de formar una delegación de las empresas afectadas que concurra al ministerio pasa exigir el retiro de las fuerzas de policía, la expulsión de las milicias patronales, la regu- larización inmediata e incondicional de la situación de los indocumentados y la intervención del gobierno para obligar a los patronos a dar a cada trabajador empleado un contrato de traba- jo conforme a la ley”.
En resumen, el gobierno dio “un importante primer paso” hacia la satisfacción de las reivindicaciones, por lo cual la OCI llamó a los inmigrantes a confiar en él. Luego ese “primer paso” se convir- tió en un pisotón a los derechos de los inmigrantes, y la OCI sigue llamándolos a confiar: la única medida que propone es que se forme una delegación para concurrir al ministerio. Y en I.O. Nro. 1030 declara su apoyo a una manifestación convocada para el 12 de di- ciembre por la Maison des Travailleurs Inmigrés.
Nosotros no estamos en contra de la delegación al ministerio. Pero esa no puede ser la única medida, sobre todo porque los traba- jadores están en lucha. Las formas de negociar son importantes, pero lo fundamental son las medidas de lucha. Si los trabajadores inmigrantes de nueve empresas están en huelga dirigidos por una “coordinadora de indocumentados”, hay ciertas tareas que se plan- tean de manera casi automática, para extender la lucha y garantizar su triunfo: que la “coordinadora extienda su radio de acción hasta abarcar a todos los inmigrantes, indocumentados y documentados. Así, lo que inició cómo un pequeño organismo ad hoc, puede con- vertirse en una poderosa organización única de todos los inmigran- tes de Francia, y con una dirección independiente de la burocracia sindical, a la cual los inmigrantes odian con justa razón por su ra- cismo.
Esta organización podría dirigir la lucha por todos los derechos de los inmigrantes (derechos que hasta ahora la OCI no se ha digna- do siquiera mencionar). Por ejemplo, en la campaña electoral el PS les había prometido el derecho al voto, Una vez en el gobierno, anunció que sólo podrían votar a nivel municipal. Y terminó negán- doles ese miserable derecho. Podrían luchar por sus derechos a ob- tener los mismos salarios que los obreros franceses. Podrían luchar por sus derechos nacionales: tener escuelas bilingües y conservar sus idiomas, costumbres y cultura.
lo planteara. La OCI no es ese partido. Sus escasos artículos sobre los trabajadores inmigrantes se limitan a apoyar sus luchas sin ofre- cerles ninguna perspectiva revolucionaria. Al contrario, lo único que propone es una delegación al ministerio, es decir, en última instancia, a que confíen en que el gobierno que ha decretado la ex- pulsión resolverá sus problemas.