La primera conclusión de este largo análisis tiene escasa originalidad: que 1808 marca el momento de ruptura, la fecha en que terminó la llamada Edad Moderna en historia de España —y el Antiguo Régimen, en realidad, con ella— y comenzó otra época, la que el mundo académico latino denomina “contemporánea”. Si esto se ha dicho siempre, y se puede seguir diciendo en relación con muy diversos procesos, también podría defenderse respecto de la construcción de la identidad nacional, porque a partir de aquel momento pudo empezar a hablarse de nacionalismo en el sentido contemporáneo del término.
El patriotismo étnico pasó, pues, a ser plenamente nacional, al menos entre las élites, justamente en el curso de la guerra antinapoleónica; y ello —ésta sería la segunda conclusión de estas páginas— fue obra indiscutible de los liberales. Porque las revueltas que estallaron contra las tropas imperiales fueron, al principio, desorganizadas y en torno a múltiples focos dispersos. Hundido el Estado, se hizo preciso reorganizarlo de forma improvisada, a partir de una serie de juntas locales, que más tarde se coordinaron en un organismo central, el cual a su vez convocó unas Cortes, institución que no se había reunido —salvo con funciones protocolarias— desde hacía siglos. Las élites modernizadoras aprovecharon aquella ocasión para intentar imponer un programa de cambios sociales y políticos. Y la manera de defender la competencia de aquel organismo para tal función reformadora consistió en lanzar la idea revolucionaria de nación, titular de la soberanía en el momento en que faltaba el monarca.
El mito nacional, ofrecido por quienes estaban más en contacto con las novedades del vocabulario político, fue aceptado por los demás como el ancla de salvación en aquellas difíciles circunstancias. Era la palanca movilizadora más eficaz del momento, el imán de
mayor potencia para desviar egoísmos y convencer a los particulares de la necesidad de sacrificar sus bienes e incluso su vida en pro del interés colectivo. Gracias a ese planteamiento nacional se deslegitimó al ejército napoleónico, como extranjero y tiránico, y se desprestigió a los colaboradores de José Bonaparte de un plumazo, como afrancesados, es decir, no españoles. ¿Podía decirse algo peor de ellos? ¿Alguien podía confiar en seres tan desnaturalizados? Quienes sólo pensaban en ganar la guerra, y no en hacer reformas políticas, tuvieron suficiente con eso y prefirieron no hablar más de la nación, en definitiva una idea revolucionaria —francesa, para colmo—, sino referirse a las tradiciones, la fe heredada o la fidelidad al monarca. Pero había otros, herederos de los reformistas ilustrados, aunque muy radicalizados tras el impacto de los acontecimientos revolucionarios franceses, que querían obtener más beneficios de aquel mito, pues proyectaban construir sobre él todo un edificio político nuevo. No es un azar que la soberanía nacional se convirtiera en el caballo de batalla durante las primeras —y decisivas— sesiones del debate constitucional. Era preciso inventar un mito político creíble y de suficiente potencia como para rivalizar con el sacralizado monarca. Y, así como en la Inglaterra del XVII o la América del XVIII se había inventado el “pueblo”, the people, voz de Dios y fuerza social invencible[126], en España, siguiendo a Francia, se inventó la nación. Era el artilugio que permitía liquidar la legitimidad regia y, con ella, todos los privilegios heredados.
Es admirable la habilidad y la rapidez con que los constitucionalistas gaditanos salvaron la distancia que separaba la justificación de la guerra contra Napoleón de la afirmación de la soberanía nacional. El escalón inicial de su argumentación fue meramente defensivo y, en definitiva, se le ocurría al más torpe: la abdicación de los Borbones en Napoleón, y en especial la de el Deseado Fernando, por muy avalada que viniese por documentos y cesiones formalmente impecables, era inadmisible por su carácter no voluntario, ya que los “soberanos” se hallaban en Francia, prisioneros del emperador, quien habría extraído sus firmas por la fuerza. Pero venía a continuación un segundo peldaño dialéctico que mostraba ya mayor imaginación: incluso si se pudiera demostrar que las renuncias de Bayona se habían producido de manera voluntaria y libre, el dominio de los Bonaparte seguía siendo usurpador, pues habría requerido el consentimiento de la nación. De acuerdo con la teoría medieval del pacto, desenterrada oportunamente, las abdicaciones y cesiones de Bayona eran nulas, al no haber sido ratificadas por las Cortes. Así lo expresaron los propios diputados gaditanos, que empezaron por hacer “una protesta solemne contra las usurpaciones de Napoleón, declarando […] que […] era nula la renuncia hecha en Bayona, no sólo por la violencia que intervino en aquel acto, sino principalmente por la falta de consentimiento de la nación”. También el cabildo de México, al negarse a reconocer a José Bonaparte, argumentó que la “funesta abdicación” de Fernando no sólo había sido “involuntaria, forzada”, sino que era “de ningún efecto contra los respetabilísimos derechos de la Nación”, a la cual “despoja de la regalía más preciosa que la asiste”; “ninguno puede nombrarle Soberano —concluía— sin su consentimiento y el universal de todos sus pueblos”[127]. A partir de ese momento, la argumentación avanzaba implacablemente hasta unas conclusiones revolucionarias. Una frase de Martínez Marina sintetizaba el tercer paso en su escalada: “faltando el monarca, no por eso falta ni deja de existir la nación, en la cual permanece como en su centro la autoridad soberana”. Es decir, que la nación tenía el derecho a defenderse y a gobernarse por sí misma, aun sin su monarca, porque en ella residía la soberanía. Y la secuencia se completaba con un cuarto enunciado, mero desarrollo del anterior, que formuló Quintana: “Los reyes son para el pueblo, y no el pueblo para los reyes. La gente española conquistó su libertad con su
sangre; ella misma se dio reyes que la gobernasen en paz y justicia”. En otras palabras: el monarca estaba al servicio de la nación y no al revés; la nación era superior al rey[128].
Tal fue el proceso mental que llevó a los diputados gaditanos a aprobar los célebres artículos segundo y tercero de la Constitución: “la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”; y “la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. La fórmula no rompía con la tradición de una manera radical, pues un principio establecido por la escolástica medieval, y desarrollado por la española del XVI, hacía del pueblo el detentador originario de la soberanía, aunque la hubiera delegado de forma irrevocable en el monarca. De ahí que los diputados absolutistas mostraran su disposición a aceptar el artículo tercero, siempre que se sustituyera el adverbio “esencialmente” por el de “originariamente” o “radicalmente”. Pero los liberales, decididos a aprovechar la ocasión para consagrar el derecho de las fuerzas sociales a participar en el poder, insistieron en que la soberanía residía en el pueblo de forma “esencial”, o irrenunciable, y no sólo “originaria”[129].
El planteamiento liberal de la guerra consistió, por tanto, en convertir lo que en principio era un repudio del “tirano” Bonaparte en una toma de posición contra la “tiranía” como principio[130], es decir, contra cualquier persona —extranjera o española— que pretendiera tomar decisiones políticas sin tener en cuenta la voluntad de “la nación”. La expresión “fin del despotismo”, que se había utilizado, quizás con ligereza, en las semanas anteriores al célebre Dos de Mayo —tras la caída de Godoy—, empezaba a adquirir ahora un significado muy radical. Para quienes creían en el mito histórico de las libertades medievales y su aplastamiento por los Habsburgo, se presentaba la ocasión para enderezar el curso de la historia de España y recuperar las libertades perdidas siglos atrás ante el absolutismo monárquico. Manuel José Quintana dijo que había llegado el momento de la “restauración de las virtudes colectivas”; y Argüelles fue más gráfico aún: “La batalla de Bailén redimió a los españoles de la de Villalar”. En el mismo sentido podían interpretarse las referencias al año 1808 como el de la “regeneración de España”. La rebelión contra los franceses era una lucha por la “libertad”, y de ahí que Quintana, de nuevo, criticase a quienes, dominados por el “egoísmo político”, “se estremecen al nombre de reformas del reino” y quieren limitarse a “arroj[ar] a los franceses, como si sólo fueran los franceses los que nos abruman”; las reformas eran necesarias precisamente para asegurarse de que “después de arrojarlos”, veamos “establecidos nuestros derechos”. También Martínez de la Rosa, en verso, decía que el pueblo no se levantó contra Napoleón para defender “los injustos fueros / de un avaro señor, ni los palacios / de un déspota orgulloso”, sino para hacer honor al “terrible el sacro voto / de alzarnos libres o morir con gloria”. Y en el Sitio de Zaragoza fundía igualmente la defensa de la libertad y de la identidad patria:
¿Paz, paz con los tiranos? Guerra eterna, guerra a la usurpación; muramos todos sin libertad, sin patria arrodillados.
Así gritó la muchedumbre: ¡guerra, guerra!
Un juvenil duque de Rivas retomó igualmente el tema en El sueño de un proscrito, poema en el que la nostalgia se combinaba con la ira por ver a la patria regida por un tirano:
Idea que repite en su Oda:
Y cuando no tenemos Patria, / ¿sus himnos entonar podremos?[131].
La imposibilidad de sentirse ciudadano de una república que no tuviese instituciones libres era un tema académico muy antiguo, desarrollado en Roma por Cicerón[132]. Y los liberales españoles, bien formados en la tradición greco-latina, recurrieron a esta clásica identificación entre patriotismo y defensa de la libertad, haciendo de ella un arma retórica mucho más poderosa que las exhortaciones ilustradas al amor, al progreso o la filantropía. Quintana, una vez más, explicó que los antiguos “llamaban Patria al Estado o sociedad al que pertenecían, y cuyas leyes les aseguraban la libertad y el bienestar”, mientras que donde “las voluntades estaban esclavizadas al arbitrio de uno solo” y “no había leyes dirigidas al interés de todos”, podía haber “un país, una gente, un ayuntamiento de hombres; pero no había Patria”[133]. La conexión del sentimiento de identificación con la colectividad y la libertad política fue establecida asimismo por Flórez Estrada cuando dijo que, al convocarse las Cortes, “los españoles se hallan sin constitución, y, de consiguiente, sin libertad y sin patria”. Y el periódico La Abeja Española observaba en 1813 que la guerra estaba inspirada por el “patriotismo”, por “el grande influxo del amor a la patria”, pero que ese mismo patriotismo requería “al término de nuestra independencia, asegurar para siempre nuestra libertad”, pues España se hallaba ante “la feliz ocasión para echar por tierra los monumentos de execración y oprobio, que […] hacen desdichados los imperios”. Pero no era sólo un retorno a Cicerón y la Roma clásica, sino también a Robespierre y la Francia jacobina. Porque si “patriotismo” y “patriota” habían servido a los ilustrados para referirse a la predisposición favorable al sacrificio por la comunidad, en la Francia de 1792-1793 se había llamado patriotes a los defensores de la situación revolucionaria frente a los aristocrates o légitimistes. En España, quince años después, se le añadía el matiz de que eran “patriotas” quienes luchaban contra los franceses; lo que significaba, también, sacrificarse por la colectividad y luchar por la libertad. En ese sentido lo utilizó Argüelles en su célebre “Españoles, ya tenéis patria” al presentar la Constitución gaditana[134].