Es muy dudoso que el conflicto desatado en la península Ibérica entre 1808 y 1814 se ajustara realmente a la categoría de “guerra de independencia”, según quedó consagrado más tarde por la versión nacionalista. Si por guerra de independencia entendemos un intento de secesión de los habitantes de un territorio integrados contra su voluntad en un conglomerado imperial, habrá que reconocer que Napoleón no pretendía convertir a la monarquía española en provincia de un imperio radicado en París, sino cambiar la dinastía reinante; algo, por cierto, ni extraordinario ni repugnante para la tradición peninsular, ya que había ocurrido cien años antes, cuando los Borbones sustituyeron a los Habsburgo, con resultados considerados en general positivos y sin originar una situación de subordinación formal respecto de Francia. Es cierto que, en el curso de la guerra, Napoleón planeó anexionar las provincias situadas al norte del Ebro, compensando a la monarquía española con Portugal. Pero aquél fue un proyecto pasajero, al que se opuso el propio gobierno de su hermano José, y en todo caso ocurrió más tarde, y por tanto no pudo formar parte de las motivaciones de los insurrectos de 1808. Por insistencia de los enviados españoles, que consideraron este punto innegociable, el tratado de Fontainebleau había establecido explícitamente el respeto a la integridad del territorio español —incluidas las colonias americanas—, con los mismos límites que poseía anteriormente y desvinculado de cualquier otra monarquía exterior. También el decreto por el que el emperador nombraba a José Bonaparte para el trono español le garantizaba, en su primera cláusula, la independencia e integridad de sus Estados; y así lo ratificó igualmente el Estatuto de Bayona[107].
Presentar, por tanto, la larga y sangrienta confrontación de 1808 a 1814 como una “guerra de independencia”, o enfrentamiento con “los franceses” por una “liberación española”, es una de esas simplificaciones de la realidad tan típicas de la visión nacionalista del mundo, o de cualquier otra visión doctrinaria en definitiva, siempre dadas a explicar conflictos complejos en términos dicotómicos y maniqueos, gracias a lo cual consiguen atraer y movilizar políticamente. Por el contrario, las interpretaciones históricas más recientes y fiables tienden a atribuir aquellos acontecimientos a un conjunto muy complicado de causas; a la confluencia, en último extremo, de una serie de conflictos menores coincidentes en el tiempo y alimentados entre sí.
Es innegable que aquélla fue, en primer lugar, una guerra internacional, reñida entre Francia e Inglaterra, las dos grandes potencias europeas y mundiales del momento. En definitiva, exceptuando Bailén, todas las batallas dignas de este nombre libradas en la
península Ibérica entre 1808 y 1814 consistieron en enfrentamientos entre un ejército imperial que, aunque tuviese jinetes polacos o mamelucos egipcios, era fundamentalmente francés y con mandos siempre franceses, y otro anglo-hispano-portugués, cuyo general en jefe fue el inglés Wellington. Este elemento internacional formaba parte de los planes de Godoy, aunque las alianzas por él previstas, típicas de los cien años anteriores (España y Francia contra Inglaterra y Portugal), se vieran alteradas, inesperadamente, por la rebelión popular de 1808, tras la cual los españoles, en su gran mayoría, pasaron a formar parte del frente anglo-portugués. Por este lado, por tanto, la lucha no tuvo nada que ver con un intento de liberación o independencia nacional.
Múltiples elementos permiten también clasificar aquella guerra como civil, término que usó Jovellanos, entre otros, para describirla. Aunque, de nuevo, el nacionalismo negaría tajantemente la escisión interna de la sociedad española en 1808, lo cierto es que en aquel momento la lealtad de sus élites se dividió profundamente. Podría discutirse, y volveremos sobre ello, si la causa de esta escisión era únicamente la discrepancia sobre la dinastía o si había dos proyectos políticos enfrentados[108]. En contra de esta última interpretación habla el dato de que en los frentes opuestos se hallaban almas gemelas, como Meléndez Valdés y Jovellanos o Cabarrús y Floridablanca. Hasta detalles anecdóticos, como el origen francés de las dos dinastías pretendientes o el pleito interno de la propia familia real borbónica, no hacen sino subrayar los aspectos fratricidas de la guerra[109]. Pese a todo, no es menos cierto que estas divisiones afectaban casi en exclusiva a los grupos dirigentes. A nivel popular, la toma de posición contra los franceses fue general e indudable desde el primer momento. Incluso entre las élites, la división se fue diluyendo a medida que se aproximó el final del conflicto y, apenas expulsados José Bonaparte y sus partidarios, la que pronto empezaría a llamarse “Guerra de la Independencia” se convirtió en referencia positiva indiscutida y signo de identidad para cualquiera que se considerara español. Las familias de los afrancesados borraron la memoria de la actuación de sus antepasados en cuanto fue posible.
Un ingrediente que puede entenderse como una forma de afirmación nacional fue la dosis de xenofobia, específicamente antifrancesa, que indiscutiblemente existió en la reacción popular. Según escribió Canga Argüelles, los españoles exhibieron en el curso de la guerra “más odio personal a los franceses que entusiasmo por la causa”[110]; y los testimonios que poseemos sobre la crucial jornada del Dos de Mayo coinciden en señalar que abundaron aquel día los gritos de “¡mueran los franceses!” mientras que apenas se oyó algún “¡viva España!”. La agresividad contra los franceses dio lugar a insultos difíciles de superar. Antonio de Capmany, un escritor relativamente refinado para el momento, escribió que “el francés es animal indefinible. Predica virtud y no la tiene; humanidad y no la conoce; quiere la paz, y busca la guerra”, etcétera[111]. Tampoco hay que exagerar el significado negativo de este factor, al analizar la guerra como nacional, pues los procesos de construcción de identidades colectivas consisten, en definitiva, en marcar fronteras y exclusiones. Pero hay que insistir en que no se trataba tanto de una exaltación de “lo propio”, todavía mal definido, como de un odio a lo foráneo, y en especial a lo francés.
El origen de esta francofobia podría remontarse a las interminables guerras de los siglos XVI y XVII entre las dos grandes monarquías del mundo católico, los Habsburgo y los Valois/Borbones; pero se había acentuado —y era el factor significativo en el momento — en el siglo XVIII, cuando, pese a haberse afincado en el trono español una rama borbónica y convertirse así en aliadas las dos monarquías, la influencia francesa sobre las élites políticas y culturales españolas generó un nuevo tipo de animadversión,
especialmente entre los sectores más tradicionales, enemigos de las reformas emprendidas por los ministros de la nueva dinastía[112]. Según hemos visto, los reformistas ilustrados podían muy bien ser descritos como patrióticos, no sólo por los esfuerzos que estaban haciendo por potenciar una cultura oficial que muy bien puede describirse como prenacional, sino porque, al seguir el modelo administrativo y cultural francés, lo que pretendían era fortalecer la organización política de la monarquía hispánica y levantar el decaído prestigio del país. Pero su programa político, además de atacar muchas instituciones tradicionales, como la diversidad legal de los antiguos reinos, requería el desarraigo de muchos valores y rasgos culturales heredados, tales como la influencia del clero o el deshonor asociado a los trabajos manuales; y la reacción de los medios conservadores atribuyó las reformas al “afrancesamiento” de la corte y los gobernantes, frente a lo cual opuso la defensa de lo que se consideraron tradiciones “propias”. Algo tuvo que ver con aquello la moda del “majismo”, que dominó en ciertos medios aristocráticos a finales del XVIII, según reflejó, por ejemplo, Goya en sus “cartones para tapices”. Por tanto, pese a que la lógica política del momento parecía orientar el odio de los súbditos de la monarquía hispánica contra los ingleses —anticatólicos, seculares enemigos bélicos y competidores por el mercado americano—, la aversión a lo francés arraigó con éxito en los medios populares, que comenzaron a detestar a la monarquía católica vecina y aliada casi tanto como a la pérfida Albión o al eterno enemigo musulmán. El Dos de Mayo fue, pues, entre otras cosas, una movilización francófoba, y retendría este aspecto a lo largo de todo el siglo XIX, como probaban año tras año las agresiones a los “gabachos” residentes en España que osaban asomarse a la calle el día de esta celebración.
Otro de los sentimientos que movieron de manera decisiva a muchos de los combatientes de 1808 fue un planteamiento maniqueo y personalista de los problemas políticos del momento. La forma en que se entendió, a nivel popular, el pleito entre Carlos IV, la reina María Luisa, su hijo Fernando y el valido Godoy, consistió en convertir a este último, el Príncipe de la Paz, el hombre que había dirigido los destinos del país con un poder omnímodo durante los últimos tres lustros, en la encarnación del Mal Valido, figura consagrada por las crónicas históricas como el ambicioso cortesano que había embaucado la voluntad real y causado calamidades sin cuento para el reino. Sea cual fuere la valoración de la actuación política de Godoy, y aunque esté fuera de duda que los últimos años de su mandato habían visto acumularse desde epidemias y hambrunas hasta derrotas bélicas, culminadas con el desastre de Trafalgar, es también cierto que su impopularidad se debía más a juicios morales que a razones políticas, ya que todo el mundo le creía amante de la reina y burlador del rey. El atractivo del futuro Fernando VII, a su vez, tenía menos que ver con sus propósitos de gobierno, desconocidos para todos, que con su imagen de príncipe inocente, infeliz víctima de un padre débil y una madre desalmada[113].
Este planteamiento moral tradicional puede vincularse con otro aspecto de inevitable mención en este repaso de las motivaciones entremezcladas en la sublevación de 1808: su carácter de cruzada contra el ateísmo ilustrado-jacobino moderno; es decir, su componente contrarrevolucionario. Retomando los argumentos utilizados en la guerra de 1793-1795, a la que nos referiremos en más ocasiones en estas páginas, el popular Despertador Cristiano- Político, del presbítero Simón López, explicaba que las tropas napoleónicas eran meros instrumentos de la revolución, producto de la “coaligación de los impíos, incrédulos, deístas, ateístas, herejes, apóstatas de la Francia y de la Europa toda” que pretendían realizar “su gran proyecto, trazado muchos años antes, de arruinar el Trono y el Altar”. Que este tipo de preocupaciones fueran las dominantes en las cabezas de los sublevados, es algo
que ha sido discutido con frecuencia, a lo largo de los casi dos siglos transcurridos, y en general ha sido rechazado por los historiadores liberales, que desde el principio asociaron la sublevación patriótica contra los franceses con un deseo de reforma de las instituciones del país, es decir, con una implícita protesta antiabsolutista. Pero resulta difícil negar el predominio de llamamientos en defensa de la religión heredada frente a los revolucionarios ateos, especialmente por parte del bajo clero, a quien los franceses y sus colaboradores denunciaron desde el primer momento como principal agente inductor de la insurrección. Algún elemento personalista había también en este planteamiento, pues la propaganda presentaba a Napoleón como el moderno anticristo, encarnación de los males modernos y en especial de la revolución, adornado con los rasgos que durante siglos se habían utilizado para describir a Lutero. Aunque éste sea un tema complicado, sobre el que habrá que volver repetidas veces en este libro, actitudes populares posteriores, como la entusiástica acogida popular a Fernando VII tras haber anulado la obra de las Cortes de Cádiz, obligan a reconocer que buena parte de los movilizados contra José Bonaparte defendían cualquier cosa menos reformas ilustradas o liberales[114].
Una vertiente más, aparentemente contradictoria con la recién mencionada, podría detectarse en el levantamiento popular de 1808: su carga de protesta social, expresada de acuerdo con un repertorio de comportamientos muy típico del Antiguo Régimen. Como ha escrito recientemente un historiador catalán,
la lluita contra el francès canalitzava políticament un conjunt d’energies generades per la sensació de crisi general […]; el malestar social existent esdevingué queixa i acció política contra les autoritats absolutistes —que havien fet possible aquella situació— des del moment en que la presència de l’invasor va blasmar-ne el comportament.
Esta actitud de protesta que emergió al desmoronarse los mecanismos de poder tradicional se reveló, según este autor, en las resistencias a pagar los derechos señoriales, las exigencias de que “los ricos” costearan la guerra o incluso en propuestas literales de “poner fin al gobierno de los ricos”. En esta línea podrían mencionarse igualmente los motines antifiscales o contra la carestía a que dio lugar la sublevación frente a las autoridades que apoyaban al “rey intruso” o los ataques a bienes y mansiones de aristócratas y familias acomodadas a quienes se consideró afrancesados o godoístas[115].
Un último aspecto que cuestiona el carácter nacional del levantamiento antinapoleónico, es “el predominio del patriotismo local sobre la unidad nacional”, en palabras recientes de John Tone; un particularismo que dotó precisamente de especial fuerza a la resistencia contra los franceses. Aparte de agravios específicos contra un ejército de ocupación que fue vivido como intolerablemente insolente y rapaz, las fidelidades locales y los obstáculos que tradicionalmente se habían opuesto al control del gobierno central sobre las instituciones provinciales y comarcales demostraron ser instrumentos de oposición excepcionalmente correosos una vez que el gobierno quedó en manos de los mariscales napoleónicos. La tesis de Tone parece razonable: dado lo que sabemos y podemos intuir sobre la sociedad del Antiguo Régimen, parece lógico pensar que los individuos insertos en aquellas redes de patronazgo y poder comunitario se moverían a incitación de sus notables locales, que invocarían identidades de muy reducido ámbito. Las juntas que emergieron en la segunda mitad de 1808 no hicieron sino anunciar, por tanto, posteriores movimientos de rebelión que se repetirían a lo largo del siglo. Es verdad que tales juntas acabarían confluyendo en una “central” y en unas Cortes que afirmarían de
manera poco dudosa la unidad esencial de la “nación española”, pero no puede dejar de reconocerse la gran dispersión de los centros de poder en los momentos iniciales del conflicto[116]. Más que de “nacionalismo”, o de sentimiento de identidad española, habría que hablar, pues, de vinculación comunitaria o de patriotismo local.
Un conflicto de tanta complejidad, naturalmente, no fue fácil de bautizar. Ponerle un nombre significaba darle una interpretación política y sobre tal cosa fue imposible llegar a un acuerdo sin un largo y conflictivo proceso de invención. Al comienzo, por supuesto, quienes se refirieron a los hechos bélicos se limitaron a consignar su localización cronológica o geográfica (“la presente guerra”, “los sucesos de estos últimos meses”, “la guerra de España”). Las mentes más tradicionales y menos imaginativas recurrieron, enseguida, a referencias de tipo religioso (“la santa insurrección española”, “nuestra sagrada lucha”, etcétera) o nobiliario (“nuestra gloriosa sublevación”, “la heroica guerra contra Napoleón”). Las primeras interpretaciones abiertamente ideologizadas de los hechos apelaron a imágenes apocalípticas que provenían del milenarismo medieval y presentaron a España como “el pueblo de Dios” y a Napoleón como la Bestia anunciada por san Juan para el fin de los tiempos[117]. Otra opción de raigambre igualmente tradicional fue llamar al conflicto la “Guerra de la Usurpación”, subrayando así la ilegitimidad de los derechos de José I a ocupar el trono. De haber ocurrido los hechos cincuenta o cien años antes, cabe especular que este último habría sido el nombre finalmente consagrado. Pero soplaban vientos nuevos. Así lo entendieron las mentes más modernas, quienes utilizaron el recién inventado término de “revolución” con éxito más duradero que cualquiera de los ideados anteriormente: ya en 1809 vio la luz una Colección de documentos para la historia de la revolución en España; en 1810, Álvaro Flórez Estrada publicó su Introducción para la historia de la revolución de España, y Tapia y Núñez de Rendón sus Apuntes sobre los hechos principales de la revolución de Sevilla en 1808; al año siguiente apareció una nueva Colección de documentos para la historia política de nuestra revolución, así como una Memoria histórica sobre la revolución de Valencia, por fray Juan Rico; en 1812 el padre Salmón inicia su Resumen histórico de la revolución en España, que acabaría alcanzando los seis volúmenes. Obras de mayor importancia aparecerían al terminar la guerra, como la de José Clemente Carnicero, Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España, en cuatro volúmenes, o La revolución actual de España de Martínez de la Rosa[118].
El vocablo “revolución” siguió manteniéndose incluso después del retorno de Fernando VII, aunque, dado lo poco que gustaba la metáfora revolucionaria en un momento absolutista, la variedad terminológica se acentuó: la “guerra de España contra Napoleón”, la “dominación del gobierno intruso”, la “guerra defensiva contra la invasión del tirano”, la “última guerra entre España y Francia”, la “lucha contra la dominación francesa”, aparecen, por tanto, entremezcladas con la “revolución”, que sigue siendo predominante; es significativo que la primera historia oficial del conflicto bélico reciente, la que dirigió el coronel Cabanes en 1818, llevase como título Historia de la Guerra de España contra Napoleón Bonaparte.
Pero dos fenómenos iban a modificar la situación en los primeros años veinte. El primero fue la revolución —verdadera e indiscutible revolución— que sacudió a España durante el periodo 1820-1823, y que inauguró un periodo de inestabilidad casi constante en el medio siglo siguiente. El término “revolución” se convirtió entonces en inservible para referirse al conflicto de 1808-1814; se siguió usando, pero para designar todo el proceso (1808-1823) o en plural: “las revoluciones” de España (1808-1814 y 1820-1823). El
segundo factor fue la rebelión de las colonias americanas, iniciada en 1810 pero agravada y convertida en irreversible diez años más tarde. Los nuevos países independientes, en general, tampoco se refirieron a aquellos acontecimientos como “guerras de independencia” hasta más tarde, y utilizaron, al igual que los españoles, el vocablo “revolución”, aunque combinado con expresiones más creativas, como “emancipación” o “libertadores”. Visto desde Europa, sin embargo, había pocas dudas de que se trataba de la “independencia” americana[119].
Fue justamente en la fase final del proceso americano de independencia cuando los españoles comenzaron a aplicar el mismo término a los acontecimientos de 1808-1814. Ya en las discusiones políticas de 1821-1822 hizo su entrada la expresión “guerra de la Independencia”; y en 1824-1825 utilizaban la misma denominación Quintana en carta a lord Holland y el ex guerrillero Mina en un primer esbozo de sus futuras memorias, publicado en Londres. Cinco años más tarde, sin embargo, y también desde Inglaterra, en las observaciones críticas que Canga Argüelles escribió sobre la History of the War in the Peninsula de Napier, ni una sola vez se usa el término “Guerra de la Independencia”[120]. A juzgar por mis datos, sólo en 1833 aparecen dos libros que usan al fin la expresión en el título: La Guerra de la Independencia, o sea, triunfos de la heroica España contra Francia en Cataluña, de Cecilio López; y la Historia política y militar de la Guerra de la Independencia de España contra Napoleón Bonaparte, de 1808 a 1814, de José Muñoz Maldonado. Aparte