En 2008, según la Oficina de Censos de Estados Unidos,1 aproxi-
madamente 4,9 millones de personas se identificaron como indí- genas en combinación con otra identidad étnica en los Estados Unidos; esto representa alrededor del 1,6 por ciento de la pobla- ción total. Actualmente existen alrededor de 335 tribus con reco- nocimiento federal en Estados Unidos (sin contar Alaska).
Las naciones indígenas norteamericanas en teoría son so- beranas, pero están limitadas por los tratados individuales y la Ley Indígena federal, que es cambiante y, a menudo, depende de las decisiones particulares de la Corte Suprema. La soberanía de los gobiernos tribales también está limitada por el poder ple- nario del Congreso de Estados Unidos, que puede unilateral- mente modificar artículos de los tratados históricos. Además, existen agencias federales como la Oficina de Asuntos Indíge- nas y el Servicio de Salud Indígena, que están a cargo de ejecu- tar las responsabilidades del gobierno federal hacia las tribus
indígenas. El Gobiernotiene en fideicomiso algunas de las tie-
rras que pertenecen a los indígenas norteamericanos; tiene los títulos de la tierra y se supone que debe administrarlas o al me- nos vigilar el uso de la tierra en nombre de los individuos o las
tribus. El Gobierno también tiene obligaciones que surgen de
los tratados y de las ventas históricas de tierras de las naciones
indígenas al Gobiernofederal. Más de la mitad de los indígenas
norteamericanos viven fuera de las reservas y muchos de ellos en las grandes ciudades.
Si bien existen grandes diferencias entre las distintas nacio- nes indígenas, en general, los indígenas norteamericanos tienen una expectativa de vida menor y tazas de pobreza más altas que el promedio de los ciudadanos estadounidenses. En 2008, el 24,2 por ciento de quienes se identificaron sólo como indígenas o na-
tivos de Alaska vivía por debajo de la línea de pobreza. Algunos de los desafíos más importantes que enfrentan se relacionan con las tierras en fideicomiso y la soberanía, el desempleo, la escasez habitacional, los problemas de salud y el suicidio juvenil.
¿Nueva administración, viejas políticas?
D
urante muchos años, Estados Unidos sostuvo lo que algunos críti-cos han llamado una política de “abandono benigno”. Muchos in- dígenas votaron por Barack Obama en 2008 con la esperanza de que su administración tuviera un nuevo enfoque hacia las relaciones federales- tribales. La guerra en Irak y en Afganistán, así como la recesión econó- mica, ha obligado a la nueva administración a mantener una política de recortes presupuestarios hacia la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) y otras agencias creadas para atender a los pueblos indígenas. Si bien esto se ha corregido en cierta medida con los fondos federales para estimular
1. Gran Cañón 2. Red Butte
3. Monte Tenabo 4. Bosque nacional de Tonto
4
5
1 2 3
a la economía destinadoa a las naciones indígenas, al mismo tiempo, los recortes presupuestarios de los estados han contribuido al empeora- miento de la situación económica para muchas tribus. Esto también vale para las tribus que desarrollaron emprendimientos de juego exitosos, ya que las ganancias de los casinos han disminuido.
En muchos casos, los nuevos diseñadores de políticas no han mostra- do voluntad para iniciar una nueva relación. En mayo, la administración Obama presentó un escrito en el juicio en curso de Arizona Snowball
(ver El Mundo Indígena 2009), oponiéndose al caso que está a punto de
llegar a la Corte Suprema. Esto significa que la administración está satis- fecha con el fallo de la Corte de Distrito que permitió la utilización de nieve artificial hecha con agua de desechos en una cumbre de las mon- tañas de San Francisco, que son sagradas para muchas de las tribus de la zona. La corte denegó la petición, que iba a presentarse en una audiencia en junio. En febrero, la nueva administración también decidió apelar un fallo judicial que decía que la “preferencia indígena” –una preferencia para contratar personas indígenas calificadas en cargos dedicados a la administración de cuestiones indígenas– debía incluir a todos los pro- gramas indígenas. Por otra parte, en noviembre, el presidente Obama envió un memo reforzando una directiva para todas las agencias federa- les que indica que deben consultar con las tribus antes de desarrollar políticas federales que puedan tener un impacto sobre los pueblos indí-
genas.2 La Orden Ejecutiva 13175, firmada por la administración Clinton
nueve años antes, había sido ignorada en gran medida. El presidente Obama también nominó exitosamente a Larry Echo Hawk, un miembro de la Nación Pawnee respetado a nivel nacional, como nuevo director de la BIA. Al igual que con otras políticas, uno podría quizá decir que el presidente está dispuesto a escuchar a los pueblos indígenas –y ha nom- brado a varios en altos cargos gubernamentales– pero, sin embargo, está siguiendo una línea de acción pragmática que no siempre presta aten- ción a las voces indígenas.
Acuerdo en el juicio Cobell
Después de que un juez emitiera un fallo contra el Gobiernofederal en
llegó a un acuerdo para la resolución del caso. El juicio es por el mal manejo de más de 500.000 cuentas individuales de fondos indígenas en
fideicomiso por parte del Gobierno federal en el transcurso de 120
años, y ya lleva 13 años. En el proceso, hubo mucha interferencia del
Gobiernoe, incluso, se cambió a un juez que parecía tener demasiada
simpatía hacia los demandantes indígenas. Nunca se sabrá el monto
exacto que el Gobierno robó a los individuos indígenas, ya que los
documentos fueron destruidos por la BIA; Eloise Cobell, la principal demandante blackfoot en el juicio, estimó que la suma superaría los 45 billones de USD. El arreglo fue por algo más de 3,4 billones de USD. Eloise Cobell dijo que había estado de acuerdo con esto, porque “nues- tros ancianos y miembros enfermos se mueren sin ninguna posibilidad de alguna vez recibir lo que les pertenece. También nos enfrentamos con el hecho incómodo pero inevitable de que una gran cantidad de beneficiarios individuales de los fideicomisos indígenas está entre las personas más vulnerables del país y vive en un estado de pobreza atroz. Este acuerdo puede empezar a otorgar esperanza y una dosis de
justicia muy necesaria”.3
El acuerdo otorgará al menos 1.500 USD a cada indígena norteame- ricano que tenía una cuenta en fideicomiso administrada por el Go-
biernofederal en 1994. A cambio, los demandantes no exigirán al Go-
biernouna rendición de cuentas exacta de estos fondos. Además, 2 bi-
llones de USD del acuerdo serán utilizados para comprar tierras que se convertirán en tierras indígenas en fideicomiso, para luchar contra el fraccionamiento de las tierras indígenas. El fraccionamiento ha sido un problema serio para los habitantes de las reservas y los gobiernos. Co-
mo el Gobiernotiene las tierras indígenas en fideicomiso, los títulos de
estas tierras generalmente no se fraccionan; cada heredero de una par- cela específica de tierra en fideicomiso posee una fracción del título y no se puede hacer nada con la tierra sin el acuerdo de todos los copro- pietarios. Hay parcelas de tierra que pertenecen conjuntamente a más de 700 personas; es imposible lograr que todos se pongan de acuerdo, sin mencionar el problema que tiene la BIA para mantener los regis- tros, que ha sido tan serio que a veces no queda claro si la gente que aparece en los registros como dueña sigue viva o no, o dónde vive. El Programa de Consolidación de la Tierra financiado por el acuerdo comprará a los dueños individuales fracciones de tierra y restituirá
estas tierras a los gobiernos tribales para ser utilizadas como tierras tribales en fideicomiso. Para incentivar la venta, para cada compra de una fracción que valga más de 500 USD, se invertirá un 5% del precio de venta en un fondo de becas para estudiantes indígenas.
El acuerdo aún necesita la aprobación del Congreso y de las cortes. También hace falta convencer a quienes se oponen a él. Debido a los
antecedentes del Gobiernofederal, muchas personas sienten escepti-
cismo frente al acuerdo. Por ejemplo, los fondos para la consolidación de tierras deberán ser utilizados dentro de los diez años; todos los fon-
dos no utilizados dentro de este plazo serán devueltos al Tesoro.4 Es
decir, si la BIA se demora o si los dueños de las fracciones no están dispuestos a venderlas –ya sea por nostalgia, para mantener el vínculo con sus comunidades o porque no confían en el gobierno federal- el dinero simplemente no será utilizado, aun si se aprueba el acuerdo. Además, muchos observadores están molestos por la injusticia que el acuerdo parece consagrar. Si bien la mayoría de la gente está de acuer- do en que el gobierno les debe a los individuos indígenas alrededor de 45 billones de USD –o un poco menos de un tercio de las asignaciones para las guerras en Afganistán y en Irak para el año fiscal 2009– el Go-
biernopuede evitar cualquier juicio futuro y acordar con las personas
a las que les ha robado por una fracción del monto.
Tierras en fideicomiso
El segundo hecho en la relación entre el Gobiernofederal y los indíge-
nas ocurrió con el fallo de la Corte Suprema en el caso Carcieri c/ Sala- zar en febrero. El caso afectó directamente a la tribu narragansett, de Rhode Island, pero podría potencialmente tener consecuencias más amplias. Los narragansett obtuvieron 1.800 acres de tierras tribales en Rhode Island a través de un acuerdo en 1978, pero pusieron estas tie- rras bajo la ley y la jurisdicción del estado de Rhode Island. Luego de obtener el reconocimiento federal, en 1983, lograron convertir las tie- rras en fideicomiso con la BIA. En 1991, la tribu compró 31 acres más de tierra. La construcción habitacional que querían realizar en estas tierras no correspondía con las reglamentaciones locales. Apelaron a la BIA para que tomara estas tierras en fideicomiso. Después de que la
BIA diera su acuerdo en 1998, el estado de Rhode Island apeló. La po- sibilidad de que las tierras sean tomadas en fideicomiso está estableci- da en la Ley de Reorganización Indígena (IRA) de 1934, que define como “indígenas” a “todas las personas de descendencia indígena que sean miembro de cualquier tribu indígena reconocida actualmente ba- jo la jurisdicción federal, y todas las personas descendientes de tales miembros que habitaban dentro de las fronteras actuales de cualquier reserva indígena al 1 de junio de 1934”, así como “cualquier otra per-
sona que tenga la mitad o más de sangre indígena”.5 A pesar de la
práctica establecida de tomar tierras en fideicomiso que la BIA ha esta- do implementando desde 1934 para todas las tribus reconocidas a ni- vel federal, la Corte Suprema falló en el caso Carcieri arguyendo que no lo podía hacer en el caso de tribus que habían sido reconocidas en 1934. Si bien este fallo no puede revertir ninguna decisión anterior de tomar tierras en fideicomiso, muestra nuevamente que la Corte Supre- ma está dispuesta a limitar los derechos indígenas, aplicando un for- malismo judicial extremadamente estrecho en los casos de indígenas norteamericanos.
En diciembre, la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado apro- bó un “arreglo Carcieri”; es decir, legislación que modificaría la IRA para que simplemente sea aplicable a todas las tribus con reconoci- miento federal. Sin embargo, el Congreso todavía no ha votado el pro- yecto de ley, que se ha enfrentado a la fuerte oposición de las fuerzas que están en contra de las empresas de juego indígenas. Los casinos indígenas sólo se pueden construir en tierras en fideicomiso y algunos grupos de interés hace tiempo que intentan que la BIA no tome más tierras en fideicomiso, especialmente fuera de las reservas.
Cobertura de salud
Como la reforma de la salud pública se ha convertido en un objetivo central del nuevo Gobierno, el Servicio de Salud Indígena (IHS), la agencia federal que teóricamente tiene la obligación legal de brindar servicios de salud a los indígenas de Estados Unidos, estuvo en el cen- tro de la atención nacional este año. El gobernador Rounds, de Dakota del Sur, y otros republicanos que se oponen a una reforma del sistema
de salud y, en particular, a que el gobierno tenga un rol más importan- te en la salud pública, utilizaron el IHS para argumentar en contra de lo que llaman la medicina “socialista”. Los ataques al IHS se volvieron tan virulentos que las tribus empezaron a defender a la agencia. El IHS ha estado fuertemente desfinanciado durante muchos años, en parte por culpa de algunos de los legisladores que este año lo calificaron como un “desastre”. Actualmente funciona con poco más de un 50 por ciento del presupuesto que realmente necesitaría para llevar adelante
su misión exitosamente (ver El Mundo Indígena 2009). La situación es
tan mala que, en enero, el hospital que atiende a la tribu sioux Rosebud en Dakota del Sur estuvo a punto de cerrar por falta de presupuesto operativo.
En diciembre, el Senado adjuntó el proyecto de Ley para la mejora de la salud pública indígena (IHCIA) al paquete general de reforma del sistema de salud pública; el IHCIA no ha obtenido la aprobación del Congreso después de varios años de intento. El proyecto de ley de reforma del sistema de salud aun debe ser aprobado por el Congreso, pero este hecho hace que sea más probable que el IHCIA finalmente sea aprobado.
Minería
La tribu Hualapai renovó su prohibición a la minería de uranio en sus tierras. Además, el secretario de Interior, Salazar, impuso una morato- ria de dos años para los nuevos reclamos de minería de uranio en aproximadamente 1.000.000 de acres de tierras federales cerca del Gran Cañón. Por lo tanto, la minería de uranio en el norte de Arizona se ha vuelto mucho más difícil. Las naciones Hualapai, Navajo, Havasupai y
Hopi han prohibido la minería de uranio en sus territorios (ver El
Mundo Indígena 2008). En julio, la tribu Havasupai hizo una protesta contra la reapertura de tres minas de uranio cerca de Red Butte, Arizo- na, por parte de la empresa canadiense Denison Mines.
En enero, un juez federal falló en contra de la tribu Shoshone del Oeste, en Nevada, y permitió la apertura de lo que podría convertirse en la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, cerca de sitios sagrados sobre el monte Tenabo. La corte concluyó que la mina no ten-
dría un impacto sustancial en la continuación de las prácticas y creen- cias religiosas. Sin embargo, en diciembre, la Cámara de Apelaciones
del 9o Circuito frenó la construcción de la mina de 2.000 pies de profun-
didad, debido a que la declaración de impacto ambiental de la Oficina de Administración de la Tierra no había considerado los problemas potenciales para la calidad del aire y la disminución de los niveles de aguas subterráneas, lo cual podría secar los arroyos en la zona. El fallo estaba de acuerdo con la decisión original de que la mina no tendría un impacto sobre las prácticas religiosas de los shoshone. El monte Tena- bo está dentro de Newe Sogobia, una porción de tierra que fue garan- tizada para los shoshone del oeste en un tratado en 1863; este tratado fue declarado nulo a través de la “usurpación gradual” en 1979 y, en 2004, los miembros tribales shoshone recibieron 140 millones de USD en compensación, a pesar de la oposición de muchos dentro de la na- ción. La tierra en Newe Sogobia ha sido muy utilizada para la minería, las pruebas nucleares y como campo de entrenamiento militar durante muchas décadas.
En diciembre, la Comisión de energía y recursos naturales del Se- nado también aprobó un intercambio de 2.400 acres de tierras en Ari- zona entre la Resolution Copper Co., un emprendimiento conjunto
entre Río Tinto y BHP Billiton, y el Gobiernofederal. El acuerdo permi-
tiría la construcción de una mina de cobre en el Bosque Nacional de Tonto, cerca de Oak Flat y Apache Leap, que son sitios sagrados para las tribus. Si el acuerdo es aprobado en el Congreso, la mina de cobre será la más grande de América del Norte. Los apaches de San Carlos, de White Mountain, los hopi, los hualapai, los apaches de Yavapai, Camp Verde y las tribus apache de Tonto se oponen a la mina.
Venta forzada de tierras
En diciembre, la agencia impositiva federal (IRS) remató a la fuerza más de 7.000 acres de tierra en la Reserva de Crow Creek en Dakota del Sur. La tribu Sioux de Crow Creek debía alrededor de 3,1 millones de USD en cargas impositivas como empleador; aducían que la BIA les había dicho que estaban exentos de los impuestos. El condado de Bu- ffalo, que abarca la Reserva de Crow Creek, ha sido consistentemente
uno de los condados más pobres de Estados Unidos y en el último
censo tenía el ingreso per cápita más bajo del país. La tribu volvió a
adquirir la tierra en 1998, pero nunca la puso en fideicomiso; estaba en manos de las Granjas Tribales de Crow Creek, que presentó la quiebra en mayo. La tribu planeaba utilizar la tierra para el desarrollo de ener- gía eólica y era una de sus pocas opciones para generar ingresos y empleo.
Es muy cuestionable si la acción de la IRS es legal, ya que las gran- jas tribales de Crow Creek no deben ningún impuesto. La IRS simple- mente confiscó las tierras pertenecientes a una corporación que fue creada bajo leyes tribales para castigar a la tribu. Crow Creek inició un juicio contra la IRS; si bien no se pudo detener el remate, la venta de la tierra es provisoria hasta tanto se realice el juicio en 2010. El jefe tribal Brandon Sazue ha iniciado una campaña mediática y ha estado ocu- pando la tierra en señal de protesta.
Reconocimiento
En octubre, en un caso de larga data sobre reconocimiento, la Oficina de Asuntos Indígenas le denegó el reconocimiento federal a la tribu Chippewa de Little Shell. Entre otras cosas, el reconocimiento federal les permite a las tribus recibir fondos federales y tener tierras en fidei-
comiso (ver El Mundo Indígena 2009). La tribu de Little Shell recibió un
dictamen provisorio positivo durante la administración Clinton, en 2000, pero la administración Bush demoró continuamente la decisión final. Sólo dos veces ha ocurrido que una decisión final revierte un dictamen provisorio positivo. La tribu, que obtuvo el reconocimiento estadual hace nueve años, puede responder a esta decisión con la ex- pectativa de obtener una distinta. El diputado Rehberg de Montana y los senadores Baucus y Tester del mismo estado presentaron proyectos de ley en el Congreso que le darían el reconocimiento a la tribu, pero esta acción legislativa no ha tenido mucho éxito. Esto se evidencia en el caso de la tribu Lumbee de Carolina del Norte, que vio el fracaso de sus esfuerzos durante más de una década. Este año, la Cámara Baja