Estructura de clases en América Latina y Colombia

De acuerdo con Portes y Hoffman (2003:356), el concepto de clase social “suele excluirse de las publicaciones oficiales de la OIT y CEPAL”, por su origen marxista y las connotaciones relativas al conflicto entre clases sociales. En algunos ámbitos académicos

en Colombia suele identificarse, mediante la perspectiva analítica “poscolonial”, como una de las categorías “universales” cuya utilización reafirmaría la dominación de matriz euro

norteamericana en el proceso de producción del conocimiento histórico científico. Sin embargo, el concepto de clase social permite abordar las “causas de la desigualdad y la pobreza y no sólo sus manifestaciones superficiales”; y resulta “esencial para definir las

relaciones de poder estratégicas en el largo plazo, así como el conflicto entre los grupos sociales y las formas en que estos conflictos moldean las expectativas de vida de sus

miembros” (Dahrendorf, 1959; Hout et al., 1993; Portes, 2000; en Portes y Hoffman,

2003:356). Más allá de caracterizar los agregados sociales, la perspectiva de clases sociales es adecuada al análisis de la política y la movilización política, en tanto alude a las interrelaciones entre grupos sociales que pugnan por la estabilidad del orden social y la defensa de los privilegios, y aquellos que tratan de subvertir dicho orden para mejorar su condición. Su pertinencia se refuerza al recordar que América Latina presenta los índices de mayor distribución desigual de la riqueza y el ingreso en el mundo (Portes y Hoffman, 2003:367). Estos autores sortean la dificultad inherente a la adopción del concepto de clase social para el análisis de las sociedades latinoamericanas articulando los criterios de

3. Teoría

definición de las clases sociales de las sociedades desarrolladas, tales como el control de los medios de producción, del trabajo de terceros y de los recursos intelectuales escasos (Wright, 1985, 1997; Goldthorpe, 2001; Clark y Lipset, 1991) con las condiciones estructurales del capitalismo periférico en América Latina, donde una proporción importante de la población no ha sido incorporada a relaciones de trabajo plenamente mercantilizadas y reguladas legalmente, sino que desarrollan actividades económicas de

subsistencia, que suelen englobarse en el concepto de “sector informal” (Portes y Hoffman,

2003:357). Las diferencias históricas entre los referentes originarios de la teoría de clases sociales y América Latina se asumen al reconocer tanto la existencia de nuevas formaciones sociales, y por consiguiente la naturaleza cambiante de una estructura de clases en particular, como la necesidad de adoptar las denominaciones que las representen con mayor precisión. Esta operación mental de tendencia empírica es necesaria para reconocer los factores que determinan la pertenencia de clase de los actores sociales locales en estudios de caso donde es esencial afirmar una relación del entrevistado con una clase social, para caracterizar los elementos y dinámicas internas en una coyuntura política interclase. Así, es posible aproximarse a una visión interdisciplinar de la idea de estructura de clases, propiamente histórica, en tanto se reelabora la perspectiva sociológica de un orden social en particular, mediante la especificidad sobre los factores de cambio propia de una perspectiva de las formaciones sociales. En la tipología de la estructura básica de clase propuesta por estos autores cada clase inferior se define por la falta de uno o más de los recursos disponibles de sus precedentes. Se estableció un promedio ponderado de la población económicamente activa de ocho países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela), basado en el análisis del Panorama Social de América Latina de CEPAL (1998), y sobre la estructura del empleo urbano entre 1990 – 1998 realizado por OIT (1999); lo cual supone una correspondencia entre el referente temporal de tales datos y el periodo de indagación de nuestro estudio.

Como en los países más avanzados, en América Latina las “clases sociales dominantes” se

definen por su control de los recursos clave que otorgan poder en el mercado capitalista, donde además representan aproximadamente un 10% de la población económicamente activa (PEA), proporción que fluctúa según el país, aunque se conservan en el tope de las distribuciones nacionales y regionales del ingreso (Portes y Hoffman, 2003: 360).

3. Teoría

Este grupo está integrado por “capitalistas” (propietarios de los medios de producción masiva), “altos ejecutivos” (administradores del nivel superior en grandes y medianas

empresas privadas y públicas, y en las instituciones del Estado), y “profesionales” (trabajadores especializados con formación universitaria, empleados en empresas privadas e instituciones públicas en cargos de alta responsabilidad). El trabajo de Portes y Hoffman no contempla la presencia de un tercer grupo entre los “altos ejecutivos”: los polivados,

conformado por personas que “habían hecho carrera en los sectores público y privado,

tenían concepciones sociopolíticas diferentes a los otros dos y eran un grupo clave en el funcionamiento del poder a nivel nacional en Colombia” (Ogliastri, 1995:45).

La clase social siguiente es la “pequeña burguesía”, que en las “sociedades periféricas”

difiere de la descripción marxista clásica, porque es producto de la superposición de los modos capitalistas modernos y de sistemas informales de organización económica. En

América Latina suele llamárseles “microempresarios”, quienes vinculan la economía

dirigida por las clases dominantes con la masa de trabajadores informales, generando tanto bienes de consumo baratos, lo que beneficia a los más pobres, como insumos de bajo precio convenientes al proceso mismo de acumulación de capital. Los propietarios de empresas con cinco o menos trabajadores, y los profesionales y técnicos que trabajan por cuenta

propia, forman la “pequeña burguesía”. Esta clase pasó de ser el 5% de la población

económicamente activa en 1980, a casi un 10% en 1990. A pesar de su heterogeneidad interna, el tamaño relativo de esta clase es similar en los ocho países estudiados (Portes y Hoffman, 2003:360, 363). En nuestro estudio denominaremos a esta clase social como

Sectores Medios, integrados por grupos sociales de profesionales y microempresarios,

principalmente, como formaciones sociales representativas en el DAB durante el periodo de indagación.

En cuanto al “proletariado”, los autores lo dividen entre “proletariado formal”

(trabajadores de la industria, los servicios y la agricultura, protegidos por códigos laborales e incorporados a sistemas de salud, invalidez y jubilación), y “proletariado informal” (todos los trabajadores por cuenta propia, excepto los profesionales y técnicos, familiares no remunerados, empleo doméstico y asalariados sin cobertura social ni demás beneficios legales que laboran en la industria, los servicios y la agricultura). Los autores estiman que

3. Teoría

considerados. Es decir, el empleo de la mayoría de la población que lo tiene está de todos modos excluido de las relaciones capitalistas modernas, y se trata de un trabajo de sobrevivencia, no reglamentado. Entre 1980 y 1998, en América Latina se reducen el empleo en el sector público y el proletariado formal, por el estancamiento del empleo en el sector privado, y se estabiliza o aumenta el proletariado informal.

La evolución del ingreso medio en Colombia se redujo entre 1980 y 1994 en promedio del 4,0 al 3,8 (múltiplos de la línea de pobreza); fenómeno que se aprecia en las cifras sobre todas las clases sociales, excepto los trabajadores formales. Según CEPAL (2000), en los 90 la relación de ingresos entre la clase capitalista y el proletariado formal era de 10 a 1, y con el proletariado informal era de 15 a 1. En medio de esta situación, la ideología neoliberal predica el valor de la iniciativa privada y el valerse por sí mismo en un contexto de pobreza general y desigualdad crecientes (Portes y Hoffman, 2003:370 y 376). Entre las

disímiles “estrategias de adaptación”, frente a la contracción del empleo formal y el

aumento de la desigualdad del ingreso en América Latina en 1990, figura la criminalidad. Una de cuyas expresiones es la tasa de homicidios, que en Colombia, pasó de 20,5 por 100.000 habitantes en 1980 a cerca del 89,5 en 1990, de lejos la más alta de la región (373). Aunque los autores consideran que factores como el narcotráfico y las luchas políticas internas también incidieron en el incremento de la criminalidad urbana. Para el caso de Cali, son las Comunas 13, 14, 15 y 16, del DAB las que albergaban mayoritariamente los grupos de estratificación socioeconómica baja y baja-baja, así: Comuna 13 (bajo bajo, 60%; bajo, 31.5%; medio, 8.5%); Comuna 14 (bajo bajo, 88.6%; bajo, 11.4%); Comuna 15 (bajo bajo, 46.8%; bajo, 23.4%; medio bajo, 29.8%), y Comuna 16 (bajo bajo, 9.9%; bajo, 90.1%), según DANE-ENH, 1994 (citado por Urrea y Ortiz, 2007). Pueden colegirse estos datos mientras se tenga en cuenta que la noción de estrato social difiere de las clases sociales en tanto éstas últimas no se relacionan sólo con la posesión de bienes y capital, sino con el estatus y el poder (Uribe, 2005:39). En efecto, la convergencia de clases sociales en el proceso de conformación del DAB acusa los caracteres de desarrollo de estrategias oficiales y privadas ante el desmonte o inexistencia de políticas compensatorias frente a la enorme desigualdad social, revelada en la creciente masa urbana perteneciente a la clase social del proletariado informal, que en adelante llamaremos Sectores populares.

3. Teoría

miembros enfrentaban la opción emergente de la criminalidad organizada del narcotráfico, y la estela de comportamientos proclives al dinero fácil.

En el plano político, la polarización creciente de las clases sociales no habría fortalecido a los partidos tradicionales de clase, ni de izquierda, ni de derecha, sino que “ha fomentado

la aparición de un estilo de política en que se producen alianzas entre varios partidos apoyados por diferentes segmentos de población o se agrupan los antiguos partidos

populistas cuyas ideologías se van borrando a medida que buscan el apoyo multiclasista” (Portes y Hoffman, 2003: 382).

Tendríamos pues una estructura social de clases en Cali en los años 80 y 90 dentro de la cual es factible caracterizar de forma aproximativa la pertenencia de clase de sus miembros, especialmente de quienes ocupaban posiciones de liderazgo político y social en relación con el DAB, y cuyo momento histórico concuerda con una situación de anomia social relativa y una situación de ejercicio del poder hegemónico con diversos resultados. La Encuesta Nacional de Hogares de 1986 señala la posición ocupacional de la población en el DAB y Cali para la época de nuestra indagación. Los datos corroboran los análisis de Portes y Hoffman desarrollados para América Latina, en cuanto a la adscripción mayoritaria de esa población al proletariado formal e informal, distribución que se hace extensiva para la ciudad de Cali, a excepción de la presencia de un mayor porcentaje de patronos o empleadores en el área urbana distinta del DAB.

Cuadro No. 1 Posición ocupacional de la población ocupada en el Distrito de Aguablanca y total Cali. Participación porcentual

Población ocupacional _{Aguablanca %} Distrito de Cali %

Trabajador familiar sin remuneración 1.5 1.97

Obreros, empleados 61.97 59.18

Empleado doméstico 3.90 6.53

Trabajador por cuenta propia 31.77 28.67

Patrón o empleador 0.86 3.65

Total 100.00 100.00

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, etapa 51, abril 1986. Tabulado Encuesta Nacional de Hogares, etapa 47, marzo 1985. DANE, Caliestadístico 450 años, Bogotá, julio de 1986.

La naturaleza multiclasista de las fracciones políticas en pugna por el control del poder

local, el tipo “bicultural” de muchos de sus miembros de elite, la encrucijada ética y política de una clase profesional fluctuante entre el “desarrollo institucional” y la

3. Teoría

“conciencia social”, y la decidida y a veces paradójica lucha por la satisfacción de derechos sociales de líderes populares y comunitarios de una enorme y heterogénea clase social, proletaria e informal, son referentes para el análisis de las maneras como se habrían desarrollado múltiples coyunturas políticas entre clases sociales. Los niveles simbólicos de estas coyunturas quizás revelen ciertas claves del comportamiento social y político de sus protagonistas, y su relación con las consecuencias visibles e invisibles para la sociedad urbana en Cali, en ese entonces y hasta la actualidad. En el Cuadro No. 2 se detallan los criterios de definición de las clases sociales y subtipos, es decir, las asignaciones específicas de cada tipo de activo por clase social, además de los porcentajes de la fuerza de trabajo representada para América Latina y Colombia, según la propuesta de Portes y Hoffman (2003). En el capítulo de Método retomaremos esta propuesta modificada para el caso de Cali y presentaremos el balance final de participantes por número, género, etnia, tendencia política y edades.