Grupos de silvicultura comunitaria
En los últimos años ha emergido una nueva forma de organización de la silvicultura comunitaria en las comunidades forestales del noroeste de Durango, conocida como grupos de trabajo (Taylor 2000, 2001, 2003; véase también Armijo-Canto, 1999 sobre grupos de trabajo en Quintana Roo). Esto fue posible directa e indirectamente gracias a los cambios, antes discutidos, hechos a la Constitución y a las leyes agrarias
173 Nuevas estrategias organizativas relacionadas; los grupos de trabajo de la silvicultura parecen aceptar los principios neoliberales en algunas formas. Los grupos buscan fomen- tar la participación de los productores en la silvicultura y mejorar su eficiencia. Sin embargo, en muchos casos los grupos dañan la unidad política de las comunidades y fragmentan el manejo forestal. Al mismo tiempo, los grupos de trabajo de la silvicultura se apropian del cambio estructural para objetivos internos de las comunidades, dando atributos políticos y culturales a lo que pretendían los reformadores neoliberales. Los grupos sugirieron que la situación de las comunidades forestales no está determinada solamente por fuerzas estructurales más amplias, sino que también se ve influenciada por la acción y el contexto local.
A partir de la reforma de 1992, han aparecido grupos de trabajo en la silvicultura de numerosos ejidos y comunidades agrarias de Durango. La discusión que sigue está basada en el trabajo de campo realizado entre 1996 y 1999 en dos comunidades agrarias con grupos de trabajo, Canelas y Santa Marta (Taylor, 2001, 2003).4 Las entrevistas fueron unánimes al
caracterizar el uso de los grupos en la producción de madera como un fenómeno posterior a 1992.5 Sin embargo, los grupos de trabajo no son
producto únicamente de la reforma neoliberal. También emergen de la frustración de los campesinos de frente a problemas de larga duración por la ineficiencia y la corrupción de la silvicultura organizada colecti- vamente a nivel de los ejidos y las comunidades. Los grupos de trabajo, organizados en una escala menor dentro de los ejidos o las comunidades, proveen instrumentos a los ejidatarios y a los comuneros para lidiar con los conflictos sociales y políticos internos.
Más adelante, discutiré brevemente cómo en Canelas y en Santa Marta, las luchas locales por cómo manejar los recursos naturales colectivos emergieron de luchas relacionadas con la identidad de la comunidad y de quién debía beneficiarse de los recursos naturales comunales, lo que Zendejas y Mummert describen como “la cons- trucción y redefinición de fronteras entre “nosotros” y “ellos”, entre aquellos de entre nosotros que tienen derechos sobre este tipo de tierra y “aquellos que no los tienen” (1998:197). Después discutiré algunos de los impactos técnicos y políticos que han tenido los grupos en ambas comunidades y exploraré algunas de las implicaciones que tienen los grupos de trabajo en la relación entre la silvicultura y el desarrollo de la comunidad.
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Grupos de trabajo e identidad comunitaria en contienda
Canelas y Santa Marta son relativamente grandes, ambas cuentan con más de 600 comuneros y con 74,000 y 20,000 m3 de cosecha de pino
y roble, respectivamente. Como se mencionó antes, la mayoría de las comunidades agrarias de Durango no son indígenas, sino mestizas. Ambas, Canelas y Santa Marta, fueron fundadas originalmente a prin- cipios de los 70 en un terreno poseído por grandes propietarios que buscaban proteger su propiedad de la expropiación federal llevada a cabo para realizar la distribución como ejidos y ganar acceso a benefi- cios fiscales significantes. Por ejemplo, en Canelas los dueños originales convirtieron sus terrenos de propiedad privada en comunidades agrarias organizando a parientes, amigos, trabajadores y “clientes” para juntos pedirle al gobierno el estatus de comunidad agraria. Como lo dijo un forestal, “simularon una comunidad y protegieron su propiedad.” En ambos casos, la conversión a comunidad agraria de propiedad común creó problemas insolubles. El establecimiento original de Canelas reunió ocho asentamientos que habían intentado convertirse en comunidades agrarias individuales. Al momento de la formación de Santa Marta las autoridades federales incluyeron entre los papeles adjudicados a sus miembros a individuos externos, que no estaban relacionados con quienes habían aplicado originalmente, para poder obtener el número requerido de participantes.
La problemática conversión a comunidades agrarias ha sido com- plicada en gran medida por la migración contemporánea de la mitad (o más) de los miembros originales de ambas comunidades. En Ca- nelas, se considera que la mayoría de los emigrantes han abandonado su estatus de comuneros. “Se fueron y no iban a regresar… y ahora que hay dinero por la madera, vuelven a aparecer, demandando su parte,” se quejaba un comunero. De manera similar, en Santa Mar- ta más de la mitad de los comuneros que cuentan con títulos vive fuera de la comunidad. La mayoría de los residentes que nacieron en la comunidad y ayudaron a cuidar el bosque no tienen derechos legales para compartir las ganancias obtenidas por la madera. En los años 80 los conflictos de larga duración entre los comuneros con títulos que no son residentes y los no comuneros sin derechos sobre los recursos llegaron a la violencia y detuvieron la cosecha de madera por varios años.
175 Nuevas estrategias organizativas En los años 90 la reorganización en pequeñas unidades les dio a ambas comunidades la oportunidad de resolver las luchas relacionadas con la membresía y el acceso a los recursos de propiedad común que ambas habían enfrentado por un largo periodo. En su versión de “grupos de trabajo”, Canelas se dividió en 8 “anexos” que representan a los asenta- mientos originales, que más adelante fueron divididos en 11 anexos. Los capitales físicos de propiedad común fueron divididos entre los anexos. “Ahora lo único que tenemos en común es la directiva (consejo legal de administración de la comunidad agraria),” explicó un comunero. Cada anexo tiene su propio representante asalariado que se reúne periódica- mente con los representantes de los otros anexos y con el comisariado (presidente del consejo de la comunidad agraria), cuya participación es aún requerida por la ley. En Santa Marta, inspirándose en la sugerencia de un asesor agrario, fueron formados en 1992 cuatro grupos de trabajo, dos grupos “de abajo” que representaban a los comuneros emigrantes (que vivían “abajo” en la ciudad de Durango o en otras áreas urbanas) y dos grupos “de arriba” que representaban a los no comuneros residentes (que viven “arriba” en la zona montañosa de Santa Marta).
En cuanto a la silvicultura, en Canelas y en Santa Marta la reestruc- turación de la producción de madera incluyó la redefinición de quién permanece como miembro activo que participa en la extracción de madera y sus beneficios, y quién no lo hace; en el sistema de anexos de Canela, muchos bosques han sido informalmente parcelados, cada uno con un posesionario individual. Esta forma de organización rebasa a los grupos de trabajo y, a pesar de que siguen en uso algunas prácticas de manejo comunal, se ha traducido en una producción individual. Algunos anexos han comenzado a mapear estas parcelas, y, a pesar de la prohibición legal de dividir físicamente los bosques, por lo menos en uno de estos anexos los posesores han cercado las parcelas. El pro- cede también ha sido invitado a mapear las tierras de los anexos. Los anexos de Canelas sirven como vehículo para excluir a los miembros inactivos, que generalmente no están tan bien organizados como en Santa Marta. Los comuneros esperan que el proceso del procede les de a los residentes mayor seguridad sobre la tenencia, disuada a los comuneros de emigrantes de demandar beneficios sobre la madera, e incluso ayude a eliminar los derechos de los miembros inactivos de la comunidad que han emigrado. Muchos comuneros quieren que sus anexos individuales se conviertan eventualmente en comunidades
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agrarias legalmente independientes;7 algunos esperan una eventual
conversión a propiedad privada.
De manera similar, los grupos de trabajo en Santa Marta han evo- lucionado en instrumentos políticos de una administración que se es- pera sea viable y más democrática. Parte del compromiso que llevó a la creación de los grupos produjo que la mayoría de los adultos residentes en la comunidad obtuvieran el estatus legal de concesionario formal. Ahora, las decisiones importantes de la asamblea son controladas por los representantes “de abajo”, quienes poseen el poder numérico de los votos que representan a los miembros más distantes pero mejor organizados. Sin embargo, los comuneros de los grupos “de arriba” ejercen la práctica del poder de veto sobre muchas decisiones a través de su control físico al acceso a las comunidades y a sus bosques.
Las implicaciones de los grupos de trabajo en la gobernanza de los recursos
En Canelas, la silvicultura organizada en anexos ha individualizado las actividades madereras en un grado inusual en el resto de las comuni- dades agrarias y ejidos forestales de Durango. Virtualmente todas las tierras tienen posesionarios individuales. Cada uno de ellos (frecuente- mente referido internamente como dueño) se coordina con los técnicos forestales contratados para marcar los árboles cosechables dentro de “sus” parcelas y con los representantes de los anexos para encontrar compradores para la madera. El corte anual puede involucrar a diversos posesores individuales y a distintos compradores. El representante de un anexo aseveraba que “Canelas trabaja porque es manejada como si fuera propiedad privada”.
Los bosques de Canelas aún son gobernados de acuerdo con un único plan de manejo desarrollado por la oficina local de servicios técnicos forestales y aprobado por la semarnat, el ministerio ambiental. Tratar el bosque como unidades ecológicas individuales permite al equipo de técnicos lidiar de manera efectiva con la prevención de incendios, la salud de los árboles, la regeneración natural y otros aspectos del manejo forestal. Sin embargo, el equipo de técnicos también observó que cuando cada parcela es explotada individualmente, existe mayor presión hacia la sobreexplotación. Los posesores individuales a veces presionan a los forestales para marcar más árboles puesto que en “su” tierra los árboles
177 Nuevas estrategias organizativas no serán cosechados en 15 años o más. Un técnico argumentó que “en Canelas, ahora la mayoría de la gente piensa solo en términos de bene- ficios inmediatos. Veo un pino. Corto un pino. Vendo un pino.”
En Santa Marta, los bosques nunca han sido subdivididos, incluso informalmente. Los grupos negocian cada año la división de volúmenes de madera y no de áreas de tierra forestada. Los jefes de grupo, elegidos por periodos de tres años, trabajan con un equipo de técnicos contrata- dos para marcar los árboles cosechables, negocian acuerdos de compra a nombre de sus grupos y están presentes cuando el comisariado firma los contratos. Los jefes de grupo también reciben directamente las ga- nancias obtenidas de la madera y son responsables de distribuirlas entre los participantes del grupo.
Los bosques de Santa Marta también son manejados como una uni- dad, con un solo permiso de cosecha. Su director de servicios técnicos indicó que sus técnicos trabajan con gusto con los grupos autorizados por la asamblea. Sin embargo, el equipo terminó haciendo múltiples viajes para coordinarse con los líderes de los grupos y negociar los procedimientos de cosecha —en un proceso en expansión y potencial- mente conflictivo. “Preferiría trabajar con una comunidad unida, pero los grupos fueron la única forma en que pudimos ponernos de acuerdo para trabajar el bosque,” dijo el comunero. De acuerdo con el equipo de técnicos, la comunidad en su conjunto sostiene una cosecha sostenible de su recurso a pesar de sus conflictos internos.
Aun cuando tanto Canelas como Santa Marta tienen aserraderos y otras herramientas de extracción y procesamiento, después de reestruc- turarse en pequeñas unidades organizacionales, sus industrias secun- darias fueron abandonadas y vendidas. Ahora, los anexos y los grupos venden sus árboles en pie en el bosque, una situación que les permite a los externos apropiarse de la mayor parte del valor agregado.
Grupos de trabajo y financiamiento del desarrollo de la comunidad
Un principio central de la silvicultura comunitaria ha sido que la sos- tenibilidad ecológica puede ser mejor promovida relacionando explí- citamente los intereses sociales y económicos de los residentes de los bosques con la conservación (Peluso, 1992). Como lo expuso un activista rural en una entrevista, “No podemos hablar de la conservación forestal
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en México sin hablar de la pobreza.” Puesto que los anexos de Canelas y los grupos de trabajo de Santa Marta afectan la relación entre la pro- ducción de madera y el desarrollo de la comunidad, determinan los beneficios que reciben los comuneros de la madera, tanto individuales como colectivos.
La reforma agraria mexicana de 1992 eliminó los requerimientos legales que determinaban que por lo menos 20% de las ganancias de- rivadas de los recursos poseídos comunalmente fueran reinvertidos en un fondo social del ejido o de la comunidad agraria. Así, ahora los anexos de Canelas deciden cómo disponer de las ganancias obtenidas del bosque. En un anexo, 50% de las ganancias que derivan de la madera son destinadas a trabajos sociales, costos administrativos, o distribu- ción entre todos los comuneros que poseen títulos. En otro anexo, en contraste, los poseedores individuales cuyas “parcelas” están siendo cosechadas retienen 90% de las ganancias provenientes de la madera. Diez por ciento es destinado a los costos de los representantes; cada año se negocian gastos sociales sobre el 90% de los poseedores. Distintos entrevistados observaron que los posesores individuales frecuentemente se oponen a la realización de proyectos comunales costosos durante sus años de cosecha debido a los “impuestos” de la comunidad en sus ingresos por la madera.
En Santa Marta, en contraste, los comuneros entrevistados reiteraron consistentemente su asunción de que el bosque todavía es considerado como recurso comunal. Los beneficios provenientes de la madera co- rresponden a la comunidad en su conjunto, y son divididos entre los cuatro grupos. Sesenta por ciento de los beneficios van a los grupos “de abajo” por su mayor número, y todos los grupos pagan una cuota para los gastos sociales y administrativos de la comunidad. Uno de los miembros de un grupo “de abajo” explicó: “Queremos que prosperen allá. Son los que viven allá, cuidan el bosque, y los incendios. Nosotros no.”
En Santa Marta, recientemente han sido usados los beneficios prove- nientes de la madera para instalar un sistema de agua potable de 7 kiló- metros. Los dos grupos “de abajo” invirtieron 10% de su parte para ayudar a pagar el proyecto. Los cuatro grupos colaboran de manera equitativa para comprar un terreno, construir y cercar una escuela en la comunidad. Más recientemente, los cuatro grupos planearon un ambicioso proyecto de electrificación usando fondos proveídos por una compañía minera a cambio de abrir una brecha en el bosque de Santa Marta.
179 Nuevas estrategias organizativas En comparación con Santa Marta, Canelas tiene menos posibilida- des para el desarrollo futuro de la comunidad como conjunto. Ya no funciona realmente como unidad agregada. Cada anexo es responsable de su propio desarrollo y los anexos con más madera son reacios a subsidiar a los más pobres. En muchos de los anexos individuales, los proyectos de desarrollo están basados, en gran medida, en estrategias de inversión económica de comuneros individuales. Por ejemplo, un comunero usó sus relaciones sociales y aprovechó sus ganancias deri- vadas de la madera para establecer una fábrica de cajas en un pueblo vecino. No resulta claro si este control individual de la mayor parte de los beneficios provenientes de la madera genera beneficios para el anexo en su conjunto.
Ambas comunidades agrarias han formado pequeñas unidades organizadas por debajo del nivel de la comunidad como conjunto. Ambas continúan manejando sus bosques con un único plan de ma- nejo. Sin embargo, Canelas, al parcelar informalmente sus bosques, ha individualizado de manera significativa los intereses de los miembros de la comunidad sobre los recursos. Asigna la mayoría de los benefi- cios directos a posesores individuales, haciendo más difícil destinar los recursos poseídos por la comunidad al desarrollo de la comunidad y dañan potencialmente el apoyo a decisiones para apoyar un manejo efectivo del bosque como un conjunto. En contraste, la estrategia de Santa Marta fortalece a una comunidad de beneficiarios de los recursos colectivos y ayuda a asegurar que los miembros mantengan interés en el manejo sostenible.