• Contaminación de las aguas, ríos, pantanos, aire y suelo. Mortandad de la fauna local.
• Deforestación, pérdida de la biodiversidad y erosión del suelo. Colonización y apertura de caminos.
• Choques culturales con la población local.
• Cambios drásticos en los hábitos de la población local debido a la migración intensa.
• Aumento de las enfermedades contagiosas, alcoholismo y prostitución
Gas
Uno de los grandes proyectos del gobierno federal es la construcción de un gasoduc- to que una Urucu con Porto Velho, en Rondonia, para abastecer de gas natural a la central eléctrica de Porto Velho, a las centrales de los estados del Amazonas (en ciudades que estén en el recorrido del gasoducto) y al estado de Acre. En total, dicho gasoducto tendrá una extensión aproximada de 520 km: desde los municipios de Coari, Tapauá y Canutama, en el Amazonas, hasta llegar a Porto Velho, en Rondonia, a través de los ríos Madeira, Açuã, Purus, Coari e Itanhauã y del riachuelo Trufari y del canal Curá-Curá.
Diversas comunidades indígenas serán afectadas; Rimã, Deni, Zuruaha, Juma y algunos grupos aislados, la mayor parte de ellos habitantes de la región conocida como Medio Río Purús. Según la Organización de los Pueblos Indígenas del Medio Río Purus –OPIMP– esta región abarca veintidós Tierras Indígenas, además de diez etnias, conformando una población de alrededor de cuatro mil individuos en cincuen- ta y siete aldeas.17
Conclusión
La visita extraoficial del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pue- blos Indígenas, James Anaya, a Brasil,18 invitado por el gobierno federal, con el obje-
tivo de explicar que tiene la obligación de consultar a los pueblos afectados en forma directa por la construcción de la central de Belo Monte, en Para, y las innumerables obras que componen el PAC para la región amazónica, nos demuestra que Brasil ignora los acuerdos. En lo que concierne a esta noticia advertimos que en un primer momento el gobierno brasilero obró sin mala fe en relación al incumplimiento del Convenio 169 da OIT, y por consiguiente, resolvió invitar a especialistas para poder informarse acerca de un acuerdo el cual no sabía con exactitud de qué se trataba.
La realidad es que la explicación provista por este alto funcionario de las Nacio- nes Unidas hizo que Brasil no pudiera utilizar como disculpa la ignorancia y pasase a actuar de mala fe, lo que está sucediendo en este preciso momento. Más allá del cumplimiento de cualquier acuerdo internacional o del respeto a la misma Constitu- ción de 1988 en favor de los pueblos indígenas del país, nada cambiará, ya que “progreso como resultado del desarrollo” ha pasado a ser la frase clave en la forma más virulenta posible.
Notas y referencias
1 Este artículo se centrará exclusivamente en los proyectos de desarrollo que están afectando a las TI. En el año 2011, han surgido varios movimientos indígenas, pero por la gravedad de los planes gubernamentales que afectan a las poblaciones indígenas, consideramos de suma im- portancia centrar este artículo en este tema.
2 http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=153663&id_secao=1 3 Fuentes del Instituto Socioambiental: www.socioambiental.com 4 Ver www.socioambiental.org.
5 Carneiro Filho e Braga de Souza, 2009: “Atlas de Pressões e Ameaças às Terras Indígenas na Amazônia Brasileira.” ISA, 2009. p.18
6 Ver www.cimi.org.br
7 Carneiro Filho e Braga de Souza, 2009: op.cit.
8 El documento firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y por 14 organizaciones de cinco países americanos condenó la postura brasilera y manifestó una pro- funda preocupación sobre a falta de respeto del Estado brasilero a los procedimientos y meca- nismos de protección de la CIDH en el caso de las medidas cautelares: “la actitud del Estado brasilero, las presiones que vienen ejerciendo con la intención aparente de minar el proceso de medidas cautelares y la falta de voluntad para entrar en un diálogo con los beneficiarios (las comunidades afectadas por Belo Monte) instauran un precedente peligroso para la protección de los derechos humanos”.
9 WWW.socioambiental.org
10 http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/belo-monte-e-a-oea 11 Abogado del Instituto Socioambiental-ISA
12 Noticias 02/06/2011.www.sociambinetal.org
13 http://www.ihu.unisinos.br/noticias/30679-terras-indigenas-ameacadas-na-regiao-do-tapajos 14 www.socioambiental.org/noticias
15 Leroy,P. & Melerba J., 2011: IIRSA, Energía y Minería. FASE,2011. Este ítem presentado está basado en la publicación citada.
16 www.sociambiental.org
17 http://faor.org.br/?p=leArquivo&chave=a1b5c035a639f71c118637c5917d151c
18 El taller tuvó lugar el 9 de septiembre de 2011. Leer más en: http://unsr.jamesanaya.org/esp/ notes/profesor-anaya-participa-en-taller-sobre-consulta-organizado-por-la-fundacion-nacional- del-indio-funai-en-brasilia.
Maria de Lourdes Beldi de Alcantara es antropóloga, trabaja como profesora con- vidadaen antropología médica en la Facultad de Medicina de Sao Paulo. Es coordi- nadora del Grupo de Apoyo de Jovenes Guraní de Mato Grosso do Sul. GAPK\AJI.
PARAGUAY
La población estimativa indígena es de 108.803 personas que habitan, en su mayoría, 603 comunidades. Representan, aproximadamente, el 2% de la población en Paraguay. Se registran 20 pueblos indígenas, pertenecientes a 5 familias lingüísticas diferentes: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental); Lengua Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Toba, Angaité, Guaná); Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui); Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho); y Guaicurú (Toba Qom).1
Los indígenas en Paraguay afrontan situaciones degradantes de vida. Sobreviven en la extrema pobreza, característica unificadora de las condicio- nes en la que deben desenvolverse. La principal razón de ello es la falta de tierra propia, lo que atenta al acceso de recursos naturales para su subsis- tencia, la imposibilidad de llevar adelante propuestas de desarrollo y la pér- dida gradual de su cultura. La falta de tierra también contribuye al deterioro de la satisfacción de otros derechos económicos, sociales y culturales.
Lo anterior, sumado a la ausencia de políticas públicas o la ineficacia de las implementadas, contribuyen a elevados índices de mortalidad y la migra- ción de grupos indígenas a las ciudades.
Paraguay cuenta con un marco normativo favorable de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, habiendo incorporado a su legisla- ción interna, en el año 1993, el Convenio 169 de la OIT. En 2007, el país votó a favor de la Declaración Universal de las Naciones Unidas.
E
l año del Bicentenario de la independencia arrancó con un importante avance en materia presupuestaria, asignándose recursos suficientes para enfrentar los pro- cesos de restitución de tierras de dos de las tres comunidades indígenas que obtu- vieron fallos favorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Yakye Axa, en el año 2005 y Sawhoyamaxa en 2006.Sin embargo, la nula agilidad y habilidad de la Comisión Interinstitucional respon- sable de la Ejecución de Sentencias Internacionales (CICSI)2 marcó el transcurso del
año desaprovechando la brillante oportunidad de concretar la resolución definitiva de estos casos. El ente estatal encargado de la política indigenista, el Instituto Paragua-
yo del Indígena (INDI), redujo su papel a acciones marginales de asistencia y conten- ción en una realidad preocupante, dado que la mayor concentración de pobreza ex- trema se observa en el área rural, donde reside el 71% de indígenas (DGEEC, 2002). Lo anterior se ve acentuado por el hecho de que, según la Dirección General de Es- tadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), 135 comunidades registraban conflictos por sus tierras con terceros por la apropiación indebida: un 37,5% por agroempresa- rios o ganaderos, y un 31,9% por campesinos, entre los conflictos tipificados (DGEEC, 2005).