A medida en que los pueblos indígenas y afrodescendientes han venido consolidando sus territorios y sus gobiernos territoriales en la costa Caribe, inclusive con derechos sobre los recursos naturales, están llegando empresas internacionales interesadas en el aprovechamiento de estos recursos. Resalta este año la empresa israelí RKA A.L. Ltd., con quien ya firmaron contrato varios gobiernos territoriales de la RAAS, conforme información de esta inversionista misma, aunque no siempre con conoci- miento o aval de las asambleas territoriales, lo que invalida estos acuerdos. Todo in- dica que la estrategia de RKA es cooptar líderes territoriales, apasionándoles con viajes internacionales, beneficios individuales y ofreciendo inicialmente proyectos de desarrollo relativamente razonables, como en agricultura, por ejemplo. Sin embargo, los contratos que les hagan firmar consisten en una entrega irrevocable de la admi- nistración de todos los recursos naturales de los territorios, imposibilitando para siem- pre un proceso de desarrollo económico propio basado en los principios de la libre determinación. Los negocios contemplados son, entre otros, minería, forestaría, pes- ca, explotación de petróleo y contratos relacionados con el mercado de carbono.
El Estado de Nicaragua estableció, hace un par de años, dos contratos de explo- ración y explotación de petróleo y reservas de gas natural en la plataforma marítima del Caribe nicaragüense con las empresas estadounidenses MKJ Exploraciones In- ternacionales S.A. (ahora Noble Energy). Esta empresa terminó el primer Estudio de Impacto Ambiental sobre la fase de exploración del Banco Tyra e Isabel, basado en seis audiencias públicas en la RAAN/S, pero sólo participaron algunos líderes, ONG e instituciones del Estado. Avalada por las instituciones del Estado, la empresa deno- mina esta actividad como consulta pública a los pueblos indígenas; sin embargo no realizaron procesos de consulta en todas las comunidades que serán afectadas, ni en los grupos focales, como los buzos, pescadores, pikineras (mujeres acopiadoras de mariscos), ancianos y guías espirituales. Pero algunas de las comunidades tampoco querían participar en el estudio, por no haber sido tomadas en cuenta cuando se otorgaron las concesiones.
El Programa de Desarrollo de la Costa Caribe con un fondo fiduciario de la Coo- peración Británica administrado por el Banco Mundial (BM) y enfocado en facilitar infraestructura física conforme prioridades de los gobiernos territoriales indígenas, sufrió varios problemas. A fines de 2011, el proceso ya había llevado tres años de estudios y negociaciones sobre arreglos institucionales, pero sin implementación, terminando con menos de un año para finalizarse. Oxfam Gran Bretaña se retiró co- mo ejecutor a favor del territorio Mayangna Sauni Bu por complejos arreglos adminis- trativos; IBIS en Nicaragua entró en desacuerdos con el BM en cuanto a arreglos presupuestarios y la sostenibilidad de la intervención en el territorio rama y kriol, quedándose fuera del programa. En un tercer territorio (de los cinco beneficiados), las autoridades territoriales electas de los Hijos del Río Grande de Matagalpa/Awal- tara manifestaron en varias ocasiones que el BM estaba coordinando la intervención con líderes cuyo periodo había vencido, pero que seguían mantenidos allí de forma paralela por exigencia y manipulación política partidaria. El BM, que tiene al Gobierno de Nicaragua como accionista, hizo ojos ciegos ante las denuncias. Este año, Awal- tara también se vio afectado por el asesinato de su vicepresidente del gobierno terri- torial, Ronald Davis, reconocido como muy activo en la defensa de los recursos fores- tales.
El GTR-K, en coordinación con el Gobierno Negro-Creole de Bluefields y el Go- bierno Territorial de Awaltara, envió una carta a las autoridades regionales, municipa- les, y al gobierno central solicitando explicación respecto a la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y Japón para la construcción de la carretera Blue- fields-Naciones Unidas pasando por sus tierras comunales sin un estudio de impacto ambiental y sin una consulta previa.
En El Mundo Indígena 2009 se informó que la empresa Maderas Preciosas Indí- genas e Industriales de Nicaragua S.A. (MAPIINICSA) era responsable de la adquisi- ción irregular de 12.400 hectáreas del territorio emblemático de Awas Tingni Mayang- na Sauni Umani (AMASAU) con un préstamo de la Corporación Financiera Interna- cional (IFC) del Banco Mundial. Sin intervención de la Procuraduría de la República encargada del caso, la CONADETI apoyó que estas tierras no formaran parte del territorio al manifestar “ni es área protegida ni es territorio indígena… la presente certificación es suficiente para que los beneficiarios puedan suscribir cualquier tipo de contratos para el aprovechamiento de los recursos naturales en el marco de la Ley 445”.3 Este año, el MARENA aceptó así que MAPIINICSA abriera sin autorización o
permiso ambiental una pista de aterrizaje y un camino permanente para extraer re- cursos forestales, aplicando simplemente una multa ínfima. La caoba y el cedro fresca, supuestamente protegidos por una veda forestal, están ahora siendo tumbados por
MAPIINICSA y exportados por ALBA-Forestal bajo la figura de Forestaría Comunitaria, que se aplica para sacar producto forestal tirado por el Huracán Félix, en 2007, y que ya ha perdido valor comercial por su natural proceso de degeneración.
La empresa brasileña Andrade Gutiérrez firmó un acuerdo con el gobierno de Nica- ragua para elaborar los estudios de factibilidad de construcción de un puerto de aguas profundas en la comunidad de Monkey Point y una carretera de 70 kilómetros que una el puerto con Nueva Guinea vía el territorio titulado rama y kriol. El Acuerdo contempla una cláusula de exclusividad a favor de la brasileña y especifica que el Estado de Nica- ragua, en caso de ser factible el proyecto, será dueño del 10% de la empresa que ad- ministre el puerto. La comunidad Monkey Point, que el año pasado denunció al ejército de Nicaragua por violaciones de menores en su comunidad (cuyo caso fue presentado por CENIDH en la CIDH), aceptó por necesidad el estudio de factibilidad siempre y cuando el Gobierno resolviera todos sus problemas con el Ejército.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y la Secretaría de Recursos Naturales de la RAAS (SERENA-RAAS) firmaron convenio con el GTR-K sobre el régimen de manejo conjunto de todas las áreas protegidas superpuestas a su territorio titulado (Reserva Biológica Indio-Maíz, Refugio de Vida Silvestre Río San Juan y las Reservas Naturales Cerro Silva y Punta Gorda). Es el primer convenio de este tipo instrumentado por el reglamento de áreas protegidas y la Ley 445, emitida en 2003. El acuerdo firmado manifiesta positivamente que el gobierno territorial es quien autoriza la extracción de recursos naturales a pequeña escala, tanto para sus comunitarios como a terceros. Para los casos de los proyectos de mayor impacto, todos requieren de una previa autorización del GTR-K para que se inicien los trámites de permiso y/o autorizaciones ambientales. Es decir, respeta en normas prácticas el derecho al consentimiento previo libre e informado en relación con cualquier proyecto en su territorio. Vinculado con las negociaciones sobre este convenio, el GTR-K apro- bó los planes de manejo de las dos áreas protegidas Cerro Silva y Punta Gorda, que por varios años habían estado en disputa.
Notas
1 Gobierno Territorial Rama y Kriol quienes, además, observaron una casi igual disminución en transferencias provenientes de los tributos recaudados por el Fisco en concepto de derechos de aprovechamiento de recursos naturales en su territorio! Fondos que no tenían este tipo de con- dicionamientos.
2 Ley 445. Artículo 1. El objeto de la presente Ley es regular el régimen de la propiedad comunal de las tierras de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica y las cuencas de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz (sin discriminar por etnia).
3 Firmado por Rufino Lucas Wilfred, Director de CONADETI y Marcos Hoppington Scott, en cali- dad de representante de la Nación Miskitu en CONADETI.
Claus Kjaerby es danés, ingeniero civil, con unamaestría en Estudios de Desarrollo Internacional. Ha trabajado como asesor en Centroamérica para asuntos indígenas y gobernabilidad intercultural durante los últimos 8 años. Lleva 14 años acompañando procesos de desarrollo organizativo, manejo de áreas protegidas, ecoturismo y go- bernanza territorial con los pueblos indígenas en Amazonas, los Andes y en Centro- américa. Ha coordinado proyectos de conservación, titulación e infraestructura en la costa Caribe con fondos provenientes de DANIDA y el Banco Mundial/DfID. Actual- mente es consultor independiente.