Flexibilidad ante eventuales errores u omisiones en los listados del personal

que se transfiere

No existe. Bajo condiciones verificables se admite,

hasta [ilegible] total de personal por cada sociedad. Esa suma [ilegible] la posibilidad de subsanar omisiones de hasta 90 [ilegible].

Impuesto

Al suprimiese el impuesto para la caja de jubilación este margen quedaba como colchón para futuros aumentos. Economía decide suprimir el impuesto, lo que significó una reducción de la tarifa en términos reales ya que se impiden nuevos aumentos que no resulten de la indexación.

Puntos a aclarar

Al momento de la privatización ENTel quedó debiendo 168 millones de dólares y no está acreditado el endeudamiento que dejó la intervención de ENTel.

No es habitual que el Ministerio de Economía discuta con otras reparticiones, pero la gravedad de las declaraciones obliga a estas aclaraciones. En caso de que se continúen propalando versiones que no se ajustan a la realidad este Ministerio se reserva el derecho de tomar las acciones que considere pertinentes.

Como se puede apreciar, se corrigieron algunos excesos de liberalidad del contrato redactado por Mairal: entre otros, la facultad de reestructuración del pulso sin control, las multas excesivas por mora, la facultad aun para los nacionales de remesar ganancias al exterior como si fueran inversores extranjeros, el riesgo de embargo del precio a pagar a ENTel. Sin embargo, en la cuestión crucial de la tarifa y las garantías, la renegociación mejoró el resultado para los licenciatarios. Si las modificaciones introducidas por Dromi y González hubieran sido tan convenientes, no se explicaría la eufórica declaración del presidente de France Cables et Radio: "Con las tarifas que negociamos el proyecto será rentable desde el principio, al mismo nivel que el de los mejores operadores telefónicos".

Contra la firma de la transferencia, el 8 de noviembre, debía depositarse el efectivo en Nueva York. La última discusión comenzó el 8 de noviembre por la mañana en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y tenía un horizonte difícil de correr: la ceremonia pública estaba anunciada para las 18 en la Casa Rosada. Gilberto Zavala y Steven Darch tenían línea abierta en sus Movicom con las matrices del Citi y el Morgan en Estados Unidos. Javier González Fraga estaba en comunicación constante, también desde Estados Unidos, y Rafael Iniesta hablaba con colaboradores en el Banco Central. El operativo estaba montado de modo que, en cuanto se firmaran los documentos, Zavala y Darch lo informaran a sus casas centrales.

Pero los asesores letrados nunca terminaban de leer el carpetón con el contrato y los anexos, y por último María Julia Alsogaray no se privó de una pequeña venganza: se negó a firmar en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Tan ingenua en su papel de mala, la interventora fue muy funcional para el zorro Dormí, quien hizo y deshizo a su gusto. Infantil e insegura, a ella le encantaba hacerse odiar por esas tonterías. La demora en la firma hasta que le llevaron los papeles a ENTel obligó a que González Fraga solicitara a la Reserva Federal que extendiera el horario de bancos, para concretar el depósito fuera de hora.

Una vez que Zavala y Darch pronunciaran la frase convenida por sus teléfonos portátiles:

-Yes, pay. -Iniesta debía constatar que la transferencia hubiera entrado en la cuenta del Banco Central. Todo el gobierno tenía pánico pensando en el riesgo de un embargo. Recién a las 19.15, cuando funcionarios y carpetas se dirigían a la Casa de Gobierno, en el auto de Dromi se recibió la confirmación de Jorge Planes desde el Banco Central: la transferencia del Morgan ya estaba acreditada. Menem los esperaba en su secretaría privada, con María Julia Alsogaray. Los dos bronceados, ella con un vestido descotado claro y una gargantilla, él con un traje que era imposible mirar de frente sin parpadear, un nuevo peinado que cubría mejor la calvicie y patillas más cortas, listos para la fiesta.

-Todavía no tenemos confirmada la transferencia del Citi. A ver si entregamos y estos hijos de puta no pagan -explicó Dromi.

A las 20.05, Planes comunicó el número de la transferencia del Citi que acababa de recibir y todos se dirigieron felices al Salón Blanco. La Reserva Federal norteamericana no festejó, pero cumplió con el deber por el cual los contribuyentes norteamericanos pagan el sueldo de sus funcionarios: recibió el depósito el 8 de noviembre después de hora, pero lo acreditó como corresponde al día siguiente. La Argentina perdió los intereses de un día sobre esos 240 millones de dólares: 52.602 dólares, más que los adelantos que cobraba Amira Yoma por cada valija. Muchas otras cosas se perdieron en esta estampida. El mes entero se había pasado discutiendo tarifas, que se acordaron el 6 de noviembre. El 8, al firmarse la transferencia, Dromi había consentido que desapareciera el anexo sobre la Obra Social, de la cual los licenciatarios no querían hacerse cargo. Su personal a indemnizar, sus 500 médicos quedaron a cargo de la ENTel residual, según un principio distribuidor infalible: los costos, al Estado.

American Airlines y Bell Atlantic, empresas privadas admiradas por su eficiencia, se retiraron de las licitaciones, pero el Citibank y el J.P. Morgan las ganaron. El capital norteamericano no consideraba a la Argentina sitio para una inversión de riesgo, sino para un negocio financiero, que anticipara el cobro en especie de deudas cuyo capital recién vencía el siglo próximo. En cada una de las zonas de ENTel hubo un banco norteamericano, asociado con una o dos empresas estatales europeas y con uno de los mayores grupos locales contratistas de ENTel durante la privatización periférica militar, todos vinculados a su vez con la producción y comercialización de equipos, lo cual desmintió el anunciado propósito de desmonopolizar y desregular. Una subsidiaria de Stet, Italtel, ya era proveedora de sistemas de transmisión a ENTel; una subsidiaria de Telefónica, Sintel, le había vendido la red de transmisión de datos ARPAC; una controlada por Pérez Companc, Pecom Nec, era una de las dos mayores abastecedoras de equipos de conmutación a ENTel; Techint participaba con Italtel y Telettra en la provisión de equipos de transmisión para el proyecto Icatel, había firmado Digi II. France Cables et Radio, asociada de Alacatel, había firmado bajo el gobierno radical un contrato de provisión de líneas a ENTel. Y las constructoras de Pérez Companc y Techint fueron, junto con las de Macri y Siemens, las principales contratistas de plantel externo desde 1977. Con excepción de Siemens, que en el primer momento quedó excluida pero de inmediato comenzó negociaciones para asociarse con los vencedores, todos los responsables de la bancarrota y la ineficiencia de ENTel pillaron su parte del botín. Se verifica aquí el mismo fenómeno que en la macroeconomía, donde la hiperinflación inducida por tres lustros de expoliación del Estado creó las condiciones objetivas y subjetivas para su desmantelamiento.

Además de los vínculos entre los operadores y proveedores europeos, el mayor grupo económico local participó en ambas zonas, por medio de su Compañía Naviera Pérez Companc en la zona Norte, y del Banco Río en la zona Sur. Si la división en dos zonas monopólicas, con la misma tarifa de partida ajustada al mismo tiempo por el mismo índice eliminaba una forma de competencia, la identidad empresarial suprimía otra. De hecho las empresas acoplaron cada paso frente al gobierno argentino. En 1991, cuando Gianpaolo Mondini, de Stet, reemplazó en la presidencia de Telecom a Dominique Saint Jean, de France Cables et Radio, designó como asesor a Julio Otero, ex gerente de Pecom Nec. Stet comparte la gestión administrativa y financiera con Pérez Companc, y los franceses sólo se ocupan de la operación técnica de los teléfonos. Mondini proviene de Italtel, lo cual refuerza la concertación con Telefónica por medio de Techint. Mondini admitió en forma explícita que Telecom coordinaba criterios con Telefónica, para no debilitar su posición a la hora de defender precios y política de inversiones. En cambio, los dos Ministerios y la intervención de ENTel compitieron en forma despiadada.

El 8 de noviembre de 1990 Telefónica de Argentina quedó a cargo de la zona Sur, que abarca el microcentro bancario y los barrios oeste y sur de la Capital, el 94,25 por ciento de Buenos Aires y todo Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El 60 por ciento de Telefónica de Argentina pertenece a Cointel S.A, integrada, según sus acciones Ordinarias, por Citicorp Venture Capital, 20 por ciento; Banco Río de la Plata S.A. Cayman Island Branch, 14,56 por ciento; Telefónica International Holding B.V. (Telefónica de España), 10 por ciento; Inversora Catalina (de Techint), 8,31 por ciento; Banco Central S.A. de España, 7,04 por ciento; Sociedad Comercial del Plata (Grupo Soldati), 5 por ciento; los bancos Hispano Americano, 5 por ciento; Manufacturers Hanover, 4,33 por ciento; Bank of Tokyo, Bank of New York y Bank of Zurich, 4,16 por ciento cada uno; Southtel Equity Corporation (APDT), 4,03 por ciento; Arab Banking Co. (B.S.C.), 3,41 por ciento; Republic New York Financiaria, 1,50 por ciento; Centrobanco de Panamá, 1,42 por ciento; Vanegas, 1,25 por ciento; Banco Atlántico, 0,75 por ciento; Bank of Nova Scotia, 0,60, y BGF, 0,30 por ciento. En la zona Norte el servicio pasó a Telecom Argentina. Posee el 5,8 por ciento de Buenos Aires y la totalidad de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago y Tucumán. El 60 por ciento de las acciones de Telecom quedaron en manos de Nortel Inversora S.A., integrada en cuatro partes iguales por Stet (del IRI estatal de Italia), la estatal francesa France Telecom, la Compañía Naviera Pérez Companc, y el J.P. Morgan Inc.

Recién ese día se organizó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, creada en junio. Era presidida por el subsecretario de Comunicaciones, Raúl Otero, e integrada por cinco miembros. Se creó por decreto, pese a que la señora Alsogaray había dicho en el Congreso ocho meses antes que el marco regulatorio debía convertirse en ley porque "en caso contrario no tendríamos el marco jurídico necesario de tranquilidad para el funcionamiento correcto de las empresas operadoras". Todas las privatizaciones europeas, así como las transformaciones institucionales norteamericana y japonesa, comenzaron por el establecimiento de un marco regulatorio más estricto que las normas vigentes hasta ese momento y la creación de una autoridad de control fuerte. No otra cosa significaron la Carterfone

decision de 1968 y la divestiture de la AT&T en 1982, por las que el gobierno

norteamericano fijó reglas que restringieron el poder monopólico de esa empresa. En Gran Bretaña los organismos de control instaurados fueron tres en lugar de uno: la Office of Telecommunications, la Office of Fair Trading y la Monopolies and Mergers Commission. El Japón puso en venta parte del paquete accionario de su NTT, pero reservó al Estado el 66 por ciento y puso barreras al ingreso de capitales externos. En todos esos casos el objetivo fue estimular la competencia, no restringirla. En la extranjerización estatal argentina, en cambio, se llegó a la entrega del servicio sin marco regulatorio, sin reglamentar el funcionamiento de la CNT y con todo por discutir. Por ejemplo, el decreto de creación le asignaba cincuenta personas, pero nadie sabía si se trataba del número total o sólo incluía técnicos, y en marzo de 1991 aún carecía de personal para cumplir con su tarea. "Queremos privatizar, pero sin renunciar a gobernar. No puede haber privatización sin reserva de los poderes de policía (control) y planificación (orientación)", habían escrito Menem y Dromi en un risible trabajo de propaganda. Sus palabras los condenan. Disuelta la ex Subsecretaría de Telecomunicaciones, despedido su personal, la CNT es un vigilante sin armas, según la feliz descripción de Herrera, quien vaticina que a mediano plazo ambos consorcios reclamarán una revisión de las ambiciosas metas contractuales que los obligan a instalar entre 1,2 y 1,6 millones de líneas en el próximo lustro.

En las primeras ventas posteriores a la enajenación, el duopolio Siemens-Pecom Nec presentó a Telecom precios muy inferiores a los que pagaba ENTel. Pero ninguna disposición contempla trasladar ese beneficio al usuario. Igual que con el desmantelamiento de las organizaciones mafiosas que comercializaban líneas por su cuenta, se trata de mejoras elementales en la eficiencia que se trasladan a la

cuenta de ganancias de las prestadoras. Esto permite imaginar, por contraste, en qué hubiera podido consistir una auténtica reforma del Estado, donde la racionalización implicara ventajas para la sociedad por la doble vía de los mayores ingresos para la compañía pública y el mejor servicio y la menor tarifa para el usuario.

Este negligente descontrol permitió que, en su primera conferencia de prensa posterior a la transferencia el presidente de Telefónica, José Luis Bustamante, informara que las llamadas libres serían 75 y no 100 por mes como hasta entonces. Ante la observación de los periodistas de que eso constituiría un aumento encubierto, al día siguiente Telefónica y Stet aclararon que se había tratado de una mala expresión y que no disminuiría el número de pulsos libres. Pero además sostuvieron en un aviso que el valor del pulso era de 286,57 australes, de los cuales 38,61 por IVA. Eso no tenía nada que ver con los anuncios del día anterior ni con los del día del acuerdo. Tanto Dromi como González habían informado que el pulso sería de 199 australes, y que llegaría a 246 con el impuesto. Con el hecho consumado, las licenciatarias revelaban que 247,90 australes era lo que ellos percibirían, y que con el IVA el pulso costaría apenas dos australes y medio menos de lo que habían exigido durante la negociación. Para que el festejo fuera completo, las dos empresas fueron autorizadas a facturar a esa tarifa el consumo del bimestre vencido, lo cual implicó un aumento retroactivo, de un bimestre al otro, del 75 por ciento.

La confusión informativa que el gobierno fomentó respecto de una cuestión central como el costo del servicio es consistente con el desdén que en todo momento mostró por los intereses de los usuarios, salvo cuando bajo ese pretexto se dirimieron pugnas internas, como en marzo de 1990 o al comenzar las negociaciones definitivas, en octubre. Tal como Dromi blasonaba, el capítulo 18 del contrato de transferencia estableció el valor del pulso en 199 australes. Lo que el ministro se cuidó de aclarar es que ese valor se fijaba con retroactividad a agosto. Con la indexación correspondiente equivalía a 247 australes al momento de la transferencia y sobre ellos se aplicaría el IVA. Ese valor superaba el techo del 16 por ciento de rentabilidad garantizada. Pero el pliego indicaba que por encima de ese beneficio los licenciatarios debían reducir la tarifa beneficiando al usuario. De modo que el valor acordado por Dromi y González transgredía la herramienta maestra de la licitación. Como la rentabilidad garantizada había sido objeto de persistente crítica, los negociadores acordaron que los adjudicatarios renunciaran a esa cláusula, lo que se presentaría como una mejora respecto del contrato elaborado por la interventora Alsogaray. Esto era una ficción. Lo que se había cuestionado era la garantía de rentabilidad, no el método para calcularla o llegar a ella. El hecho es que al suprimirla se eliminó una limitación a las compañías, que con la nueva fórmula obtendrían mayores ganancias. Esto resulta indudable si se coteja el resultado final de un esquema u otro: a fines de 1991 el pulso que pagaban los usuarios era de U$S 0,038; con las restricciones del pliego no hubiera pasado de U$S 0,025. Por si hiciera falta alguna prueba adicional: el mismo contrato por el cual el gobierno debería compensar a las licenciatarias si impusiera controles de tarifas o precios establece que, de no cumplir el Estado con esa compensación, las licenciatarias podrían reclamar nuevamente la garantía del 16 por ciento. Esa rentabilidad constituye para los explotadores del servicio el mal

menor.

María Julia Alsogaray prestó un gran servicio al peronismo como chivo expiatorio al que podían atribuírsele todas las culpas, mientras Dromi y González simulaban sensibilidad social y mejoraban el negocio de los licenciatarios. Pero realizó otro aún mayor al silenciar todo esto. Luego de la transferencia de las dos zonas de ENTel anunció que escribiría un libro. Pero prefirió guardarlo en un cajón para seguir participando del entorno presidencial, ahora como liquidadora de la ENTel residual. Desde allí, una vez más cumplió con los deseos de Menem al favorecer a Blas Medina y Siemens con pagos por 80 millones de dólares, que Cavallo no había

autorizado y que se proponía incluir en el bono de consolidación de deudas del Estado, que substituyó en 1991 las disposiciones transitorias del decreto 1757 de 1990. El golpe a la caja quedó en evidencia cuando el Congreso rechazó el proyecto de licuación del aguinaldo y Cavallo debió buscar de urgencia los fondos para pagar la mitad que vencía en junio. La interventora defendió la legalidad del pago y, sobre todo, reveló que Menem estaba al tanto. El subsecretario de Obras Públicas designado por Cavallo, Wylian Otrera, anunció que María Julia Alsogaray podría ser relevada por su "acto unilateral e inconsulto que supone una negligencia culposa". Agregó que no había balances desde 1988 y por falta de documentación ni podía saberse qué había pagado la interventora. Otrera estaba indignado porque el 12 de junio los representantes del comité ejecutivo a cargo de la liquidación habían acordado por acta comunicarse mutuamente todo pago o transacción. Pared de por medio, el alterno de María Julia Alsogaray, Ricardo Fox, disponía las cancelaciones a Siemens sin comunicarlo a los otros miembros, Mario Fator y Juan Carlos Berra. Los directores alternos de la comisión liquidadora Fox, Fator y Berra, fueron suspendidos, pero la protección presidencial cubrió a la obediente debida señora Alsogaray.

En esos días estuvo en Buenos Aires Pietr Bottelier, el responsable de América Latina en el Banco Mundial que en febrero de 1989 había desencadenado el dolarazo. Luego de una breve inspección a los procesos de liquidación de Aerolíneas Argentinas y ENTel dictaminó algo obvio: falta de un claro marco regulatorio previo, indefinición de los pliegos sobre puntos cruciales como tarifas y política de inversiones, garantía de utilidades mínimas y no máximas, ausencia de avales claros que aseguraran un mejoramiento del servicio. El Banco Mundial propuso hacerse cargo con sus técnicos y consultores de las próximas licitaciones, para que no fueran substituidas como en estos casos por contrataciones directas, que ponen en duda su legalidad y pueden dar lugar a una futura anulación.

En el caso de ENTel el campo librado al azar es algo menor que en el que ya vimos de Aerolíneas Argentinas porque los licenciatarios pagaron lo poco que habían prometido. Sin embargo, tampoco es desdeñable, y a un año de la transferencia un aspecto central como la tarifa que paga el usuario sigue librado al tironeo entre las licenciatarias y el gobierno, que se renueva de mes en mes, generando una inseguridad jurídica centroafricana, mientras los usuarios pagan el doble de los 2 centavos de dólar por pulso con que amenazaba María Julia Alsogaray.

En abril la CNT comunicó a las licenciatarias que debían disminuir en un 10,3 por ciento el valor del pulso, debido a que la ley de convertibilidad derogaba el sistema anterior de indexaciones. Las empresas hicieron saber que aceptarían la ley con base en la fecha de la transferencia, noviembre de 1990, y el gobierno