No sólo al gabinete tomó por sorpresa Menem cuando ordenó que Granillo Ocampo expusiera sobre el gasoducto argentino-chileno. El secretario Legal y Técnico protestó que no había terminado de investigar el tema, pero el Presidente insistió:
-Contálo igual, así Mingo ve cuántas cosas injustas se dicen por ahí.
La suavidad de los modos provincianos de Granillo hizo más violentas sus afirmaciones. El presidente de la cámara gremial de los bancos extranjeros, su amigo Emilio Cárdenas, con quien estaba organizando una fundación, lo había visitado con varios representantes de uno de los consorcios que aspiraban a la construcción del gasoducto. La Secretaría de Energía los había elegido por sus mejores antecedentes para realizar el estudio de factibilidad, pero habían sido víctimas de una extorsión: el concurso se declararía desierto a menos que hicieran un aporte económico a funcionarios de la cancillería, le informaron.
El primer proyecto tenía diez años de antigüedad y había sido elaborado por Pérez Companc. Una vez que la Argentina impugnó la traza original que pinchaba en Mendoza el gasoducto centro-oeste, los presidentes Menem y Patricio Aylwin firmaron el 20 de julio de 1990 un acuerdo para el tendido del nuevo ducto desde los yacimientos gasíferos de Neuquén. El interés chileno por la energía equiparaba al argentino por la salida al Pacífico, para la cual se liberarían y se pondrían en condiciones varios pasos en la Cordillera, y los dos países deseaban arreglar las cuestiones pendientes de límites, para desactivar al militarismo troglodita de cada lado de los Andes. La sustitución de petróleo por gas natural permitiría ahorrar a Chile en una década unos 830 millones de dólares, cifra equivalente a sus exportaciones anuales de frutas. Indispensable para descontaminar Santiago, donde el smog ya obnubila la Cordillera, el gasoducto a construirse en unos tres años sería la gran obra de la presidencia de Aylwin. Más que su costo, que distintas fuentes calculaban entre 250 y 400 millones de dólares, la importancia del negocio derivaba del volumen a transportar, de hasta 5 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Sobre un precio de venta al consumidor de 3 dólares y una utilidad posible de 20 o 30 centavos por cada miUni de BTU (unidades térmicas británicas), los beneficios del gasoducto recuperarían la inversión en el primer año o al comienzo del segundo.
En el Acta de Trabajo firmada al mes siguiente de la cumbre presidencial se estableció que las firmas internacionales interesadas se asociarían con las empresas productoras argentinas y las distribuidoras chilenas, y que para la selección se consideraría algo tan vago como "las mejores condiciones de capacidad e idoneidad", lo que Emilio Cárdenas ironiza como un concurso de belleza. La parte chilena indicó que las empresas de su país dispuestas a participar eran las privadas Gasco y Copec, y la Secretaría de Energía argentina aceptó que los gobiernos designaran al consorcio. El llamado a presentación de antecedentes se postergó del 20 de setiembre al 11 de octubre, y las bases que se entregaron al comenzar el mes sólo constaban de tres carillas, en las que no se ponía fecha a la resolución.
Tal como preveía el gobierno de Aylwin, compañías líderes chilenas, como los distribuidores de combustible Copec, Gasco, Abastible y Enagas, se asociaron con Shell y Esso y con los productores argentinos Pérez Companc y Sociedad Comercial
del Plata. Pero en contra de sus cálculos también se sumó al concurso otro consorcio. Las productoras argentinas Astra, Bridas, Pluspetrol, San Jorge y Techint, con disponibilidad de gas en la cuenca neuquina, no conectada con la red troncal, se asociaron con los grupos chilenos Enersis y Luksic, y los operadores internacionales Catalana de Gas de España y Transco Energy Co. de los Estados Unidos. El 17 de noviembre, una semana después de la fecha en que los dos consorcios esperaban la resolución, se presentó una tercera oferta, liderada por el Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) de Italia, asociado sólo con el grupo ítalo-argentino Macri, sin socios chilenos.
De un lado y otro de la Cordillera había además tensiones políticas paralelas a la traza del gasoducto. En la Argentina intervenían la Secretaría de Energía y Combustibles, que durante la gestión del menemista Julio César Aráoz había tomado las decisiones principales, y la cancillería, en manos de Cavallo, un economista con ideas propias sobre casi todo. En Chile, el ministro socialista de Energía, Jaime Toah, no congeniaba con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía formada por representantes de seis ministerios, el democristiano Sergio Lorenzini.
El gobierno de Santiago reaccionó con antipatía hacia Enersis, un grupo vinculado a la dictadura que a partir de 1982 se dedicó a adquirir todas las empresas de las que se desprendió el Estado chileno, con ejecutivos incluidos. A su frente estaba el autor de la dura estrategia laboral de Pinochet, su ministro de Trabajo y Previsión José Piñera (h), y también lo integraba el ex ministro de Educación José Antonio Guzmán. Enersis era propietaria de Chilectra y de la planta termoeléctrica de Renca y Ventanas, pero no participaba en negocios de distribución de combustibles.
Las comisiones de los dos países descartaron al ENI, pero reunidas en Santiago el 14 de diciembre, 96 horas después de la entrega de la carta de Todman a Erman González por el caso Swift, no se pusieron de acuerdo sobre los pasos siguientes. Los argentinos se opusieron a la adjudicación al consorcio Copec-Gasco, preferido por el gobierno de Santiago, y los chilenos los creyeron interesados en favorecer a Techint-Transco-Enersis. El 19 de diciembre, Lorenzini escribió a Buenos Aires sobre la preocupación chilena por asegurar el proyecto, y el 21 la cancillería argentina mandó un ayuda memoria afirmando que, ante las dificultades producidas, correspondía efectuar un llamado a licitación internacional. Esa había sido desde un principio la posición de los funcionarios de carrera del Palacio San Martín, mientras Cavallo y su viceministro Juan Schiaretti aceptaban la más rápida adjudicación directa propuesta por Aráoz y anhelada por Santiago. Cuando también Schiaretti pasó a sostener que no había elementos objetivos para seleccionar a un consorcio determinado, como siempre había postulado la línea de cancillería, se rompió el entendimiento entre Energía y Relaciones Exteriores de Buenos Aires, y entre la Argentina y Chile.
En la semana entre Navidad y Año Nuevo, el ministro socialista Toah convenció al presidente Aylwin de que el secretario ejecutivo democristiano Lorenzini no había manejado bien el caso y se imponía una comunicación directa con el presidente Menem para transmitirle la importancia que el gasoducto tenía para Chile. Aylwin telefoneó el 4 de enero. Con los más delicados circunloquios atribuyó a Schiaretti la dificultad que se había producido e instó a Menem a desbloquear la negociación. El 6 de enero comenzaron a publicarse las primeras revelaciones sobre el affaire Swift-Yoma, y el 7 volvió a reunirse la comisión binacional de Energía. Más allá de la voluntad de Aylwin, los dos temas quedaron vinculados, tal como ocurriría en la reunión de gabinete de Olivos el viernes 11, y en los comentarios de prensa de los dos países.
En la mañana del 7 de enero, Lorenzini insistió en su defensa del consorcio Gasco-Copec, y Schiaretti en sus objeciones. Pero después del almuerzo los chilenos mudaron de posición: con tal de llegar a una decisión sin demoras, aceptaban al consorcio Transco-Techint-Enersis. Los funcionarios de la Secretaría
de Energía argentina, Nilda Minutti, directora de política de combustibles, y el ingeniero Medeiro, saltaron de contentos. Pero Schiaretti mantuvo su negativa. Recién entonces los chilenos advirtieron que tampoco en la Argentina las posiciones eran homogéneas.
El martes 8 de enero todos los diarios de Buenos Aires reparaban en que la embajada de los Estados Unidos no desmentía la existencia del reclamo de Todman. Ese día las comisiones argentina y chilena elaboraron un acta que destacó las condiciones de idoneidad técnica y capacidad económica de las empresas concursantes, pero expuso que ante la falta de elementos suficientes que satisfagan el propósito de ambos gobiernos de optar por un consorcio determinado" daban por terminado el proceso de selección. Sin embargo, Lorenzini se negó a firmar el acta, en la que no consiguió que quedara constancia de las diferencias, y regresó a Santiago para discutirla con su Comisión Nacional de Energía.
El miércoles 9 fue la blitzkrieg de Menem sobre Todman y Swift. Ese mismo día, Emilio Cárdenas visitó a Granillo Ocampo. En una versión soft del diálogo, le comunicó las dificultades que se habían producido para la adjudicación del gasoducto, y que algunas de las empresas del consorcio habían recibido llamadas sugiriendo la posibilidad de un arreglo, en condiciones no especificadas. Añadió que él se había reunido con el jefe de gabinete de Cavallo, el abogado de empresas y lobbysta Matías Ordóñez Giménez Zapiola, quien lo había sondeado, en términos genéricos.
-¿Qué están dispuestos a hacer ustedes por nosotros? -inquirió Ordóñez.
-Nada, olvidáte de eso. Los americanos no aceptan eso -le respondió Cárdenas. Pero en la versión hard, Ordóñez le habría solicitado en forma directa ser contratado como asesor en la obra, por un porcentaje del 2 por ciento sobre el presupuesto total, es decir unos ocho millones de dólares.
Granillo Ocampo le ofreció llevar adelante una investigación y convinieron en que Cárdenas se comunicaría con las empresas para determinar si estaban dispuestas a sostener una denuncia, como la que él y el directorio de la naviera CIAMAR habían presentado en los tribunales contra un funcionario que los amenazó con excluirlos del acuerdo de fletes si no le pagaban 250.000 dólares. Cuando volvieron a encontrarse el jueves 10, Cárdenas le contestó que las empresas preferían no enfrentarse con el Estado, del que dependían muchos de sus negocios.
-Pero yo he hablado con el Presidente y me ordenó que investigara -lo sorprendió Granillo.
Cuando Cavallo regresó de Cancún a Buenos Aires para la reunión de gabinete en Olivos, donde pensaba ser acusador pero no acusado, el secretario Legal y Técnico ya había interrogado a Schiaretti y al asesor político del canciller, Guillermo Seita, cuyas afirmaciones cotejó con funcionarios chilenos.
Cavallo estaba furioso cuando Granillo terminó de exponer. Según el secretario Legal y Técnico, Emilio Cárdenas había señalado a Guillermo Seita, Matías Ordóñez y Juan Schiaretti como los solicitantes de la contribución económica a las empresas del consorcio Transco-Techint. Eran las tres personas en quienes depositaba mayor confianza el ministro que venía de sepultar al cuñado del Presidente. Tal como había hecho con Emir Yoma, Menem ordenó que comparecieran Cárdenas y sus clientes, y se aprestó a paladear su revancha.
Granillo se comunicó con Cárdenas, quien ya tenía pasaje para Punta del Este, y lo convenció de que se presentara en la residencia presidencial, mientras Cavallo citaba a Schiaretti.
-Gringo, tenés que venir a Olivos. Acá dicen que vos pediste plata por el gasoducto.
Una hora después llegaron, Cárdenas junto con un directivo de la petrolera San Jorge, y Schiaretti con Seita. El canciller había defendido a sus hombres con razonamientos rigurosos sobre la obra. La convocatoria original estaba mal
concebida, faltaban bases objetivas de decisión, y la ley de hidrocarburos sólo permitía exportar gas si no había problemas de abastecimiento interno. Tal como había sido convocado el concurso, quedaban sin definir el costo de transporte del gas, los límites del compromiso argentino de abastecimiento y hasta dónde llegaría el gasoducto. Chile pretendía que terminara poco más allá de la frontera y desde allí se construyera otra línea doméstica de distribución, mientras la Argentina sostenía que la obra multinacional debía unir Neuquén con Santiago. Tampoco quedaba claro si la inversión se consideraría como una exportación y se les restituiría el IVA sobre ella a los productores argentinos, ni qué tratamiento se daría a la tasa de estadística y al arancel chileno. La tasa y el reintegro argentinos sumados al arancel chileno podrían llegar al 20 por ciento del precio del gas, lo cual en veinte años equivalía a unos 1.800 millones de dólares. Schiaretti sostuvo que no había condiciones de adjudicación directa, y que de común acuerdo con los chilenos se había decidido convocar a una segunda etapa, licitando en favor de quien ofreciera el menor precio del transporte.
-Eso no es cierto. Yo he hablado con el embajador, y los chilenos quieren que se adjudique ahora, aunque sea al otro grupo -repuso Granillo Ocampo.
Los dos tenían razón. El 7 de enero, los chilenos habían urgido una pronta adjudicación a cualquiera de los dos consorcios precalificados; el 8 habían redactado junto con los delegados argentinos el acta en la que daban por concluido el proceso de selección por falta de elementos suficientes para escoger.
Hay tramos de la reunión indisputados. El presidente de ABRA conversó con Granillo en una sala del chalet presidencial. Había consultado con los integrantes del consorcio, y ninguno quería afrontar un conflicto en su relación con el Estado, de la que dependía buena parte de sus intereses, dijo Cárdenas.
-Pero yo conté en el gabinete lo que vos me transmitiste -opuso Granillo.
-Lo que yo te dije lo sostengo, pero sólo puedo hablar por mí y no por los demás asociados -dijo el abogado de Transco Energy Co.
Luego se sumaron al conciliábulo Cavallo, Schiaretti y Seita. Granillo introdujo a Cárdenas, quien formuló una descripción general de lo sucedido, sin hacer nombres. Después, solicitó hablar a solas con Cavallo. De ese diálogo reservado sólo se conoce lo que cada protagonista contó al salir a diversos interlocutores y las versiones de cada uno de ellos. Según los de Cárdenas, éste ratificó el sondeo que le había hecho Ordóñez. En cambio el secreto profesional le vedaba difundir las sugerencias que habían recibido otras empresas del consorcio. El ministro solicitó a Cárdenas que repitiera en presencia de Schiaretti lo que había afirmado.
-Les dijeron que quien definía la adjudicación era Schiaretti, y que para destrabarla había que arreglar con él -habría ratificado Cárdenas.
-¿Quien lo dijo? Es una acusación muy grave, y tengo derecho a saber quién la formula -contó haber exigido el incriminado.
-No estoy autorizado para revelarlo -habría insistido Cárdenas.
Si el relato se atiene a las apreciaciones que transmitió Schiaretti, Cárdenas argumentó luego en favor de la adjudicación a Transco y sus asociados. "Alguien te acusa, cuando pedís precisiones te las niega, te dice que con vos no hay nada y pasa a hacerte lobby por su cliente. Vos te preguntas si eso no será un chantaje", recapitula el ex dirigente estudiantil del cordobazo, que abandonó la Argentina sin documentos durante la dictadura militar, y a su finalización era vicepresidente de la Fiat de Brasil y estudiaba una oferta de la automotriz italiana para radicarse en su sede central de Turín. "Si mi interés fuera el dinero, no la hubiera desechado, para regresar al país en el '83", arguye el ex compañero de militancia estudiantil cristiana de Cavallo. Sus ojos vieron al ministro abandonar la reunión indignado, ordenándole: "Gringo, no le des más explicaciones". Los oídos de Granillo escucharon que la indignación de Cavallo era contra Ordóñez:
-Mañana lo liquido.
Matías Ordóñez Giménez Zapiola es el único de los tres incriminados que Cavallo no convocó para integrar su equipo cuando del Palacio San Martín se trasladó al
Ministerio de Economía. Más tarde reapareció a cargo de la venta de inmuebles del Estado. Contra Schiaretti y Seita nadie sostuvo ningún cargo.
Mientras los ministros seguían reunidos elaborando la declaración pública sobre la reunión de gabinete, Cárdenas salió del chalet hacia el tinglado cubierto en el que se guardan los autos. Cuando se dirigía al suyo, se le aproximó una pareja.
-Doctor Cárdenas. Nos hemos visto en la Casa de Gobierno -dijo Amira Yoma. -La recuerdo -asintió Cárdenas.
-Quería presentarle a mi hermano Emir -dijo la directora de Audiencias del presidente Menem.
-Estoy a su disposición por cualquier cosa que necesite si tiene algún problema - ofreció Moby Dick.
-Muy amable, pero yo no necesito nada. Me parece que quien tiene el problema es usted -se despidió Cárdenas.
Al concluir la reunión del viernes 11, Menem no tenía resuelto un camino a seguir. Para ganar tiempo, solicitó a todos especial cuidado en los contactos con la prensa, y Cavallo cumplió. En un reportaje concedido al día siguiente, el hombre que había informado al gabinete sobre la denuncia de Swift pretendió que el frigorífico nunca había mencionado a Yoma, y que su nombre se había difundido con mala fe. Con tono contrito criticó "el uso feroz que se hace por parte de políticos y gobernantes de las relaciones con la prensa. Los hombres públicos abusamos a veces de la prensa para utilizar los medios en pos de intereses sectoriales". Cavallo no opina mejor que Menem de la prensa independiente; sólo es más alambicado para expresar su desdén. Al mismo tiempo, Yoma anunciaba que entablaría querella a los periodistas que difundieron el episodio. Lo hizo con gran bulla, pero en cuanto bajó la atención pública la retiró, sin que se rectificara una línea de la información. En su primera declaración al comenzar el escándalo había informado que no era casual que se involucrara a "un íntimo allegado del presidente de la República", en lo que no le faltaba razón.
El comunicado que se difundió sobre la reunión de gabinete fue la contracara de las efusiones radiales de Menem. Expresó satisfacción por las explicaciones del embajador y el apoyo de Washington al programa económico, declaró que se profundizaría la apertura como herramienta para combatir la corrupción y que, entretanto, el vicepresidente Duhalde encabezaría una comisión que propondría medidas de urgencia. El texto oficial no dijo una palabra sobre el gasoducto y Cárdenas.
De Olivos, Cavallo se dirigió a la casa de un amigo común donde lo aguardaba Todman, a quien le aseguró que las hostilidades no se reanudarían. Luego regresó a la Cancillería, donde impuso de las novedades sobre el gasoducto al embajador de Chile, Carlos Figueroa. Por la noche de esa larga jornada recibió a periodistas, para explicarles que Menem había pronunciado, bajo el efecto de la angustia, palabras que no reflejaban su verdadero pensamiento en cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, que alguien, dentro y fuera del gobierno, intentaba en vano perturbar. No se saldrán con la suya", advirtió.
En cambio, Erman González volvió a su quinta del country Miraflores, en Pilar, donde lo esperaban sus hombres más próximos, Carlos Carballo, González Fraga y Diego Estévez, a quienes había citado antes de ingresar a la reunión de gabinete. Estuvieron reunidos hasta cerca de la medianoche y acordaron una estrategia de todo o nada: presentarían a Menem un programa de máxima, y no aceptarían nada menos que su aprobación completa. El sábado 12 se agregaron a la sesión el resto de los subsecretarios, para trabajar durante todo el día en un paquete de nuevas medidas de caja: aumento de impuestos, supresión del financiamiento a la banca provincial, que implicaría sacar del clearing a los bancos de las provincias de La Rioja, Río Negro y Buenos Aires, postergación de otros pagos del Tesoro, control de