Las fortalezas y debilidades en el proceso estatal de los años setenta: un

Los seis elementos que hemos escogido para analizar algunos componentes del proceso estatal (fuerza física, capital económico, institucionalización, capital informacional, relaciones internacionales e internalización de la identidad colectiva), si bien concisos y poco desarrollados, nos aportan un conjunto de detalles que nos permiten percibir la complejidad de un proceso que subyacía al desarrollo del propio proyecto político militar.

Si tomamos en consideración la suma de los elementos expuestos, podría pensarse que la estabilidad del gobierno estaba garantizada pues disponía del apoyo institucional de las fuerzas policiales y militares y de un soporte económico estable; y con estos elementos, que no son sino partículas fundacionales del Estado, no fue extraño que se produjera un mayor crecimiento institucional, la posibilidad de disputar el control y distribución de la información e, incluso, la capacidad de ritualizar recursos objetivos para suscitar el apoyo identitario colectivo. Sin embargo, esta configuración halagüeña no fue suficiente para conservar la robustez del proyecto militar o el propio proceso estatal, tal como podemos observar desde el año 1974.

En este año empezaron a sentirse los primeros efectos de la recesión económica producida por la crisis internacional, lo cual condujo a que la capacidad del gobierno de mantener su control y regulación sobre todas sus jurisdicciones se fuera reduciendo; este debilitamiento de la posición estatal se vio reflejado en el estancamiento y moderación de algunas de sus políticas icónicas.401

401 _{En estas circunstancias, con la crisis avecinándose, el gobierno debió redirigir importantes recursos y}

esfuerzos a fortalecer el sector petrolero y la fiscalidad (los dos espacios principales de obtención de recursos), cediendo, por lo tanto, en otras posiciones como la agraria o la comercial.

183 El agravamiento de la crisis, que afectaba directamente a los sectores populares con fenómenos como la inflación, condujo al fortalecimiento de la oposición partidista y militar, que atacando constantemente la poca efectividad de las medidas con las que el gobierno enfrentaba la situación adversa,402 _{hacían más evidente que su posición no era}

sólo antigubernamental sino también antiestatal.

Para el año 1975, la situación se había empeorado debido al despliegue pleno de la crisis y de hechos particulares como la aplicación de la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos, que como vimos era la represalia por la política internacional del gobierno; esto significaba que a la crisis mundial se le sumaban, en desgracia del Ecuador, problemas en el campo comercial, agrario e industrial. El gobierno, incapaz de reaccionar de otra manera frente a la premura de las necesidades del país, decidió replegarse y fortalecer su posición sobre la política petrolera, confiando en que el control sobre su conglomerado productivo y la posición orgánica de la OPEP sobre los precios del crudo fueran suficientes para sostener la situación.

Para mayo de 1975, contrario a cualquier pronóstico, la Texaco-Gulf, transnacional encargada de la mayoría de la producción nacional (inclusive de la producción de la corporación estatal), decidió implementar un boicot productivo que buscaba obligar al gobierno a reducir el precio del crudo; aunque inicialmente el gobierno se sostuvo en su posición, las millonarias pérdidas producidas en solo dos días de paralización y la urgencia de esos recursos perdidos, condujo a que el gobierno accediera a esas exigencias. Con esta decisión no sólo el Ecuador fue derrotado, sino también la OPEP, cuya posición no había sido rota hasta ese momento.

Desesperados por las condiciones desfavorables, los miembros del gobierno optaron por recurrir al Decreto 738, que gravaba las importaciones de bienes de lujo, buscando, por un lado, frenar la fuga de capitales propiciada por los grupos comerciantes, y por otro, convocando la solidaridad y el patriotismo de la incipiente clase industrial ecuatoriana, una de sus aliadas naturales; empero, frente a la medida la respuesta fue de rechazo generalizado, incluso por parte de los industriales que desdeñaron esta oportunidad para fortalecer producción nacional.

402 _{En esta situación de nada valió que el gobierno dispusiera de una Superintendencia de Precios o que}

mediante decreto subiera los salarios, congelara el precio de los productos vitales o incluso dispusiera de rígidas penas para los especuladores, pues a pesar de ello la especulación continuaba y la situación no dejaba de empeorar.

184 Tan gravísima situación, que evidenciaba el debilitamiento de la posición estatal en el campo económico a favor de agentes no estatales como las cámaras o las transnacionales, redujo uno de los puntales que sostenía el proceso de fortalecimiento del Estado, abriendo las puertas a que la oposición casa adentro, que ya estaba maquinando en conjunto con la oposición civil, tuviera una oportunidad real. Así, cuando el intento de golpe de Estado del 1 de septiembre de 1975 vio la luz, bajo el auspicio de militares y civiles opositores, el segundo soporte del proceso estatal, la monopolización de la fuerza física, se había quebrado.

Aunque su retórica anunciaba lo contrario, las Fuerzas Armadas ecuatorianas nunca habían sido homogéneas y libres de diferencias ideológicas, lo que conducía a que ocasionalmente, pero sin llegar a consecuencias significativas, se produjeran desavenencias entre diferentes facciones de la corporación armada, las cuales fueron resueltas prontamente en su momento;403 _{sin embargo, con el conato de golpe de}

Estado, se evidenció que la disputa por el monopolio de la fuerza física era posible y real al interior de las Fuerzas Armadas, destruyendo por completo el discurso la unidad militar e inaugurando un ciclo de disputas internas.404

Sin el elemento económico y militar que sostuvieran el usual desenvolvimiento del Estado, con el despliegue institucional o el control y regulación de los diferentes espacios, el gobierno empezó a experimentar una franca retirada a pesar de sus intentos por sostenerse en el poder; así, cuando el gobierno decidió ceder a las pretensiones de los grupos agrícolas, comerciales y transnacionales, o prescindir de sentenciar a todos los culpables septembrinos, u optó por distanciarse de las capas populares en un intento de sostenerse en el poder, lo único que logró fue debilitar su propia posición y fortalecer la de sus antagonistas. 405

Nada sirvió en adelante para sostener el proceso, ni el agigantado aparato institucional, ni la moderación de las políticas, ni la exaltación del discurso en los medios de

403 _{Considérese el caso de los oficiales Proaño Tafur y Valdivieso Tobar expuestos con anterioridad.} 404 _{Desde el 1 de septiembre se desencadenó una serie de procesos que fragmentaron aún más a las ya}

heridas Fuerzas Armadas; así fue que para los meses subsiguientes varios altos oficiales, como los ministros Vásconez y Puma Velasco, fueron acusados de querer sustituir a Rodríguez Lara y asumir la presidencia.

405 _{Muestra de ello fue la reforma de su política arancelaria, la delación en la aplicación de los mandatos}

de la reforma agraria y los cambios realizados al interior del gabinete ministerial, al igual que la clausura del Consejo de Guerra Extraordinario y el rechazo del gobierno a radicalizar el proyecto, pedido hecho por las centrales sindicales y otros movimientos sociales populares manifestados en la huelga nacional de noviembre.

185 comunicación, ni la promesa de la institucionalización, y ni siquiera el supuesto golpe que el general Rodríguez Lara preparaba contra el Comando Conjunto de las FF.AA., al conocer de su inminente destitución por parte de los mismos;406 _{nada sirvió frente a la}

ausencia de una sociedad convencida no sólo del proyecto político de gobierno, sino de su apuesta por el Estado.

Si se buscan explicaciones sobre la caída del gobierno militar, hay que encontrarlas precisamente en la débil identificación de los diferentes grupos de la sociedad con su proyecto político y en la ausencia de un conglomerado social que sostuviera el proceso más allá de las condiciones económicas y materiales adversas; en suma, en la falta de convicción social por esta apuesta, que no sólo era el nacionalismo revolucionario sino también el Estado.

El más claro ejemplo de este vacío social, es decir la ausencia de una base social sólida, se evidenció en el punto de inflexión del proceso, en el golpe del 1 de septiembre, puesto que si bien la mayoría de la población ecuatoriana se abstuvo de adherirse a los golpistas, tampoco se adhirieron a la defensa del gobierno instituido; ni siquiera la clase industrial o las clases medias urbanas, los grandes usufructuarios de proceso, estaban los suficientemente convencidos para arriesgar su vida en el sostenimiento del proceso político.

A lo largo de casi cuatro años, el gobierno autoritario militar ecuatoriano, inscrito en condiciones económicas mayoritariamente favorables, apostó por el crecimiento del Estado como un medio para transformar el país y asegurar la ejecución de su programa político; para esta tarea, se dedicó a conservar el monopolio de la fuerza física con el que había iniciado (al ser un gobierno instaurado por un golpe militar institucional), a intervenir sobre las condiciones económicas y en los sectores estratégicos con el fin de construir espacios controlados que permitieran la reproducción de sus recursos, a concentrar y redistribuir información con el objetivo de totalizar el territorio y su

406 _{En el reportaje “Los 1424 días de Rodríguez Lara” de Michel Hurbert para la revista Vistazo, se dio a}

conocer que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había decidido destituir al presidente el 8 de enero de 1976, pero que en negociaciones con Rodríguez Lara aceptó retrasar el traspaso de mando, bajo la apariencia de una renuncia voluntaria, para después del 10 de enero, día en que la hija del presidente realizaría su matrimonio en el Palacio de Gobierno. El mismo reportaje señala que las intenciones de Rodríguez Lara al retrasar su renuncia, era arrestar y destituir a los miembros del Comando Conjunto durante la recepción; al conocerse estas intenciones, por medio de un informante, los comandantes de rama develaron la intriga y concretaron el traspaso de mando en la madrugada del 11 de enero de 1976.

186 población correspondiente, a granjearse un espacio en la política internacional que le supusiera su reconocimiento y la internacionalización de su propuesta, y a implementar todo tipo de recursos que garantizaran, en menor o mayor medida, la adhesión de la sociedad a su apuesta política.

Al tener como fortaleza el monopolio de la fuerza física y la capitalización de los sectores estratégicos de la economía (a lo que se sumaban como elementos secundarios el crecimiento institucional, el capital informacional y sus relaciones internacionales), pero como gran debilidad y deficiencia la internalización de su identidad colectiva, el proceso logró crecer, tanto a nivel gubernamental como a nivel estatal, mientras se sostuvo la bonanza económica y no hubo intentos de disputar el monopolio de la fuerza física; cuando las condiciones fueron desfavorables, el proceso estatal tuvo que estancar su despliegue y limitar sus capacidades de intervención, al mismo tiempo que el proceso gubernamental empezó a replegarse y debilitarse hasta el punto que su retirada de la escena política fue inevitable.

En suma, lo que representó el período comprendido entre 1972 y 1974, más allá de la puesta en escena y desenvolvimiento de un proyecto político militar, fue el desarrollo de un proceso paralelo, el del Estado; igualmente, en los años críticos de 1975 y 1976, lo que corrió riesgo no fue sólo la supervivencia del experimento nacionalista revolucionario, sino que también se jugó bajo el tapete la prolongación del proceso de despliegue y crecimiento del Estado. Aunque el período rodriguista y su empuje reformista terminó para el año de 1976, los avances del Estado, nuevamente como lógica más que como estructura, no pudieron ser del todo revertidos por los sucesores inmediatos del proceso; para despojar al Estado del papel protagónico que ganó sobre varios aspectos de la economía nacional y de sus competencias en el control y regulación de la vida cotidiana, fue necesaria la radicalización de la crisis económica y la arremetida violenta del neoliberalismo en los gobiernos que se sucedieron en el nuevo régimen democrático, conduciendo a que un conjunto de actores no estatales, tanto grupos privilegiados económicamente, partidos políticos e instancias transnacionales, recuperaran y monopolizaran nuevamente los espacios ganados estatalmente, controlando así la iniciativa política.

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Conclusiones

Tal como ha podido observarse a lo largo de la investigación, la complejidad del problema que nos hemos planteado es considerable, puesto que los elementos analizados que lo conforman, a pesar de no ser todos los disponibles, son numerosos y encierran en sí mismos un potencial analítico mayor al abarcado en este momento; la búsqueda por desentrañar la lógica estatal para la década del setenta en Ecuador, es un desafío que ha requerido un proceso investigativo exhaustivo, que incluso con los actuales resultados, da para una profundización mayor.

Esta complejidad y potencialidad futura del problema, sin embargo, no nos impide hacer ciertas aseveraciones conclusivas, tal como lo hemos realizado al final de cada acápite y lo haremos a continuación, con el doble objetivo de evidenciar la contingencia de los elementos considerados y hacer dilucidaciones adicionales; es así que en las líneas subsiguientes, procederemos a realizar una reflexión final donde recapitularemos sobre los elementos expuestos y concretaremos las conclusiones más importantes de esta investigación, comprobando la respuesta a nuestra pregunta inicial: ¿cuáles fueron los factores, más allá de la estructura económica y el ejercicio de la fuerza, que permitieron que el gobierno de Rodríguez Lara se mantuviera en el Poder y pudiera gobernar?

Al ser un proceso investigativo que parte de las Ciencias Históricas, es decir de una metodología y aparato técnico específico, hemos iniciado con la consideración de que el objeto de estudio se encuentra localizado temporal y geográficamente, lo que a la postre representa que se encuentra inmerso en un contexto histórico que lo ha determinado. El proceso militar revolucionario nacionalista ecuatoriano responde pues a una época —la Guerra Fría— y sus consecuencias y particularidades en el subcontinente latinoamericano; es así, que intentar entender el proceso sin considerar las luchas ideológicas de la segunda Guerra Fría, los procesos económicos regionales o los antecedentes progresistas latinoamericanos (los procesos mexicano, boliviano y peruano, por ejemplo), sería a vista de todos muy poco adecuado.

Esta consideración metodológica hace que también hayamos regresado la vista al contexto local ecuatoriano, a las especificidades de sus condiciones económicas, sus fenómenos sociales y procesos políticos inmediatamente anteriores a la década que nos interesa, entendiendo que, como dicen los autores contemplados, la crisis del

188 capitalismo de los setenta, la configuración social y lucha política de la misma década, y los procesos sociopolíticos experimentados al interior de la corporación militar ecuatoriana fueron los ingredientes que sazonaron el proceso autoritario. En este aspecto, vale la pena recordar que muchos elementos históricos, como la emergencia y fortalecimiento de nuevos grupos socioeconómicos, la deslegitimación de los partidos políticos, el ocaso del velasquismo, la nueva formación de los oficiales militares, entre otros, fueron determinantes para que el fenómeno se desarrollara de esa manera.

Con un contexto claro, tanto como condición material preexistente, requisito garante de la historicidad del fenómeno y evidencia de los factores explicativos sociales, económicos y políticos, se pudo proceder a una interpretación diferente por medio de la introducción de una serie de categorías, concretamente la tríada conceptual RÉGIMEN POLÍTICO – DISCURSO – ESTADO, cuya principal utilidad fue realizar ciertas definiciones necesarias para hacer factible una interpretación más política del proceso. En este sentido, partimos de la caracterización del proceso como un régimen autoritario militar, contrastándolo con la definición tradicional de dictadura y otras particulares como el pretorianismo o el régimen burocrático autoritario, cuyos prejuicios y especificidades no colaboraban en la realización de este ejercicio; frente a ello, reconocer la existencia de un régimen político subyacente al fenómeno, es decir de un conjunto de reglas y lógicas que norman la lucha política (más aún cuando por ser autoritario y militar se caracterizó por un pluralismo político limitado y la preeminencia de las Fuerzas Armadas en la esfera política), significa entender un conjunto de condiciones que no solo afectaron el quehacer del gobierno y del Estado, sino también el de los actores pertenecientes a la sociedad civil.

En el caso ecuatoriano, la conformación del régimen político partió del preámbulo autoritario del quinto velasquismo, para manifestarse luego y plenamente en la estructura y configuración de los poderes del Estado, que sin timidez expresaban claramente la intención de limitar y normar la participación política, privilegiando la intervención de agentes tecnocráticos y militares, en desmedro del sector civil del cual el gobierno desconfiaba. Los partidos políticos y organizaciones sociales actuaron en consecuencia, no solo reaccionando sino también afectando las reglas del juego; esto lo lograron especialmente las organizaciones sociales y las alianzas políticas pluripartidistas, que al reconfigurarse lograron ocupar el lugar que los partidos políticos,

189 tanto por su incapacidad como por su falta de pertinencia en un régimen donde los espacios de debate partidario eran inexistentes, habían dejado prácticamente vacante.

Además de la situación controlada y favorable producida por este nuevo régimen político fue importante la creación de un discurso que guiara el proceder político y justificara, al mismo tiempo, la implantación de las nuevas reglas; para el cumplimiento de estos objetivos, los protagonistas del proceso se adhirieron al nacionalismo revolucionario, tendencia política regional que tenía antecedentes en el cardenismo mexicano, la Revolución boliviana o el nasserismo egipcio, y referentes más inmediatos como la Revolución peruana de 1968 o el torrijismo panameño.

La amplitud de los componentes de este discurso, es decir de la revolución y el nacionalismo, nos obliga a definirlo en función de los elementos comunes de la aplicación de sus políticas más que por la retórica del discurso; es así, que a los procesos nacionalistas revolucionarios se los puede definir como aquellos que decantaron por una posición internacional no-alineada, recuperando y defendiendo su soberanía nacional, nacionalizando los recursos naturales de su territorio, propiciando la industrialización y la creación de un sector capitalista estatal, privilegiando las capas populares sobre las oligarquías tradicionales, entre otros elementos.

El nacionalismo revolucionario ecuatoriano, coincidente con otros de la región por su carácter militar, apeló a estos elementos y organizó sus políticas con el objetivo de conseguir estos fines; sin embargo, al igual que el proceso en sí, el discurso experimentó diferentes etapas que podrían resumirse en un primer momento de definición y fortalecimiento programático, en el cual se enunciaron las grandes líneas directivas del gobierno; un segundo momento de robustecimiento del discurso a nivel internacional, donde la posición ganó prestigio y fue legitimada por los organismos y países de posiciones no-alineadas; y finalmente, un tercer momento de estancamiento y repliegue del discurso, producto del agravamiento de la crisis económica, la paralización de las políticas reformistas, la arremetida de los agentes internacionales, la fragmentación de la unidad militar, el fortalecimiento de la oposición nacional, entre otras.

Este proceso discursivo estuvo dirigido a la constitución de un centro político sobre el cual los actores sociales diversos, desde la burguesía industrial nacional a las capas

190 medias y populares, pudieran orbitar y sostener el proceso político; sin embargo, la