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“La Asamblea Nacional Constituyente de 1946-1947 en el contexto político latinoamericano de la primera mitad del siglo XX”
Por Frank Rodríguez
Introducción
El proceso constituyente que se desarrolla en Venezuela entre 1946 y 1947 es de gran relevancia para entender diversos aspectos relacionados con la historia de las ideas políticas y los cambios políticos experimentados en nuestro país y América Latina a mediados del siglo XX. En el ámbito interno la iniciativa constituyentista expresó el intento de profundización de las transformaciones socio-políticas iniciadas por Acción Democrática a partir del derrocamiento de Isaías Medina el 18 de octubre de 1945. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente de 1946-1947 es el escenario donde confluyen distintas propuestas ideológicas representadas por diversas organizaciones partidistas que como Acción Democrática (AD), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), y la Unión Republicana Democrática (URD), tienen sus orígenes y desarrollo en el período comprendido entre 1928 y 1945; es decir, desde los sucesos de la “Semana del Estudiante hasta la caída del gobierno de Medina.
En cuanto al contexto latinoamericano, tenemos que el escenario constituyente coincide con la irrupción en la primera mitad del siglo XX de una serie de regímenes populistas (varguismo, peronismo) que tenían como finalidad responder a determinadas condiciones comunes de atraso y desigualdad social y económica existente en la región.
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Por último, es pertinente destacar que una vez más América Latina ante el fracaso del modelo neoliberal aplicado en la década de los noventa, la región es el escenario de procesos constituyentistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador) en el que resurgen viejos debates de nuestro imaginario político.
Contexto mundial, latinoamericano y nacional en el que se inserta la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
En términos generales, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946-1947, coincide con un panorama internacional de mucha complejidad. En este sentido, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se experimenta el surgimiento de Estados Unidos como potencial mundial. En cuanto a los Estados Unidos, de acuerdo con Dorotea Melcher (1998: 57), el clima político que se experimentó en ese país durante este período contribuyó a atraer la izquierda latinoamericana a su lado: el reconocimiento y la institucionalización del sindicalismo como elemento estabilizador de la economía y del Estado; la democratización y el discurso acerca del hombre de la calle, con sus elementos populistas; la intervención del Estado norteamericano en la economía para frenar y regular las grandes empresas monopolistas y ofrecer empleo y mejores servicios públicos a sus ciudadanos.
Asimismo, tras la Segunda Guerra Mundial se comienza a configurar un mundo bipolar que tendrá su máxima expresión en la llamada Guerra Fría, período en el que EE UU y la URSS se disputaron la
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hegemonía mundial sin llegar al enfrentamiento armado. En términos generales, la rivalidad empezó por el dominio sobre Europa, con la aplicación del plan Marshall (1947) y la creación de las «democracias populares». En este sentido, ambas potencias lucharan por mantener dentro o atraer a su área de influencia1 a los países occidentales entre ellos los latinoamericanos. En el caso de nuestro país, de acuerdo con Freddy Vivas Gallardo (1993:24), la coyuntura bélica mundial produce un cambio en el status relacional internacional venezolano con Europa Occidental (Gran Bretaña, Francia y Alemania) y su reinserción en el sistema hegemónico norteamericano.
Para fines de 1946, el comienzo de la Guerra Fría, implicó que en América Latina y en el Caribe se consolidara la hegemonía norteamericana a través del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca firmado en 1947, la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948 y el establecimiento de pactos militares bilaterales entre los Estados Unidos y las fuerzas armadas locales. De esta forma, según Romero (1992: 29-30), la política de contención de la influencia soviética se interpretó en América Latina y el Caribe bajo la idea de la defensa hemisférica y la restricción de la así llamada “función consular” del comunismo regional. En este sentido, durante la Guerra Fría, la política exterior de los Estados Unidos en especial en América Latina, estará orientada a controlar que los regímenes implantados en la región
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En la Conferencia de Yalta de 1945, se acordó entre las potencias occidentales (entre ellas los Estados Unidos) y la URSS, la división del mundo en llamadas “áreas de influencia”.
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no viraran demasiado hacia la izquierda, lo cual en algunos casos implicó el apoyo a golpes de Estado2.
Del mismo modo, Margarita López Maya (1996: 55), señala que entre 1944 y 1948, emergía lo fundamental de la política exterior de los EEUU hacia los países del Continente, a saber: preservar la región como un lugar desde donde poder obtener apoyos políticos y militares para su proyecto de hegemonía mundial. En este sentido, los EEUU se desentendieron de los problemas económicos de América Latina y se concentraron en la colaboración político-militar para asegurar que la zona quedara libre del comunismo y los gobiernos fueran leales en los espacios de deliberación internacional.
Con relación al panorama político en América Latina tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mismo era en extremo caótico y confuso. En este sentido, durante los años de la Guerra, muchos países latinoamericanos gracias a la recuperación de la demanda de productos primarios, acumularon superávits de sus balanzas comerciales, reservas en divisas, que podían ser canalizadas entre otras cosas, para los esfuerzos de industrialización. Gracias a lo anterior, se produjo una importante transformación de las economías latinoamericanas, que se expresó en un aumento del ingreso promedio de sus habitantes, así como de una mejora en la esperanza de vida al nacer. Lo anterior, generó una serie de expectativas en la población latinoamericana y de demandas
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El derrocamiento del gobierno nacionalista y de tendencia izquierdista de Jacobo Arbenz en Guatemala en la década de los 50, a manos de una invasión apoyada por la CIA, es uno de los ejemplos de la contención de soviética en América Latina por parte de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.
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sobre el sistema político, que se manifestó en una serie transformaciones socio-políticas llevadas a cabo por gobiernos en los que se mezclaban de acuerdo con las respectivas características nacionales, tendencias agraristas, autoritarias, corporativistas, estatistas, nacionalistas, revolucionarias, populistas, etc.
En cuanto a lo anterior, podemos afirmar que muchas de las tendencias antes mencionadas, se sintetizaron en mayor o menor medida en los regímenes populistas que hicieron irrupción en la América Latina en la primera mitad del siglo XX, con la finalidad de responder a determinadas condiciones comunes de atraso y desigualdad social y económica existente en la región. En opinión de Octavio Ianni (1975: 15-20), uno de los principales estudiosos del populismo latinoamericano, el origen del populismo está ligado a la crisis del Estado Oligárquico. El populismo sucede a una serie de movimientos antioligárquicos de clase media (irigoyismo, tenientismo, por ej.), que estaban revestidos de un espíritu liberal y que buscaban el establecimiento de un estado de tipo Liberal (económica y políticamente hablando), difundiendo una serie de ideas sobre el progreso económico, la reforma institucional, la democratización, la libertad, etcétera. Sin embargo es la nueva estructura de clases, creada por la creciente urbanización, la inmigración campo-ciudad, el desarrollo industrial, el crecimiento del sector de servicios, la que pone en jaque al sistema oligárquico. En esta crisis juegan un papel importante además, tres acontecimientos externos (I Guerra Mundial, Depresión Económica de los 30, y II Guerra Mundial) que funcionaron
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como rupturas estructurales en las naciones de economía dependiente, como eran las nuestras. Las mencionadas crisis mundiales provocaron convulsiones políticas internas en los países dependientes del capitalismo, como lo eran los latinoamericanos, o propiciaron eclosión de fuerzas políticas, sociales y económicas que se encontraban controladas durante la vigencia de los gobiernos oligárquicos. De esta forma, el populismo histórico latinoamericano correspondió a una fase de las transformaciones del Estado capitalista, en que la burguesía agroexportadora y la burguesía minera y comercial pierden el monopolio del poder político en provecho de las clases sociales urbanas (burguesía industrial, clase media, proletariado industrial, militares, intelectuales).
De acuerdo, Juan Carlos Rey (1998: 118), los partidos políticos populistas latinoamericanos se caracterizan, ante todo, por constituir una coalición de clases y grupos sociales heterogéneos; son esencialmente de carácter policlasista. Por otra parte, dicho autor plantea, que la creación y mantenimiento de tal tipo de coalición puede obedecer a dos tipos de necesidades que eventualmente, entran en contradicción: 1) la de una reorganización del orden sociopolítico existente, mediante la movilización de masas hasta entonces pasivas y su integración a la nación tanto desde el punto de vista de su participación política como económica y social. 2) La conservación y legitimación de un orden socio-político, mediante el reconocimiento de la diversidad de intereses que abarca y el compromiso, la conciliación y transacción entre ellos. En el caso de que predomine la primera necesidad, el régimen tendrá una
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tendencia más radical, mientras que en el segundo caso, el populismo sea más conciliatorio. Sin embargo, es frecuente que con el tiempo los sistemas populistas se transformen paulatinamente de radicales a conciliatorios (como el en caso de AD después de 1958).
Por su parte, para Peter H. Smith (1997: 91), la mayoría de los regímenes populistas de este período tenían cuatro características centrales. Ante todo, tendían a ser autoritarios: en general representaban coaliciones de un conjunto de intereses (por ejemplo los intereses de los terratenientes) al que por definición se le impedía participar, lo que implicaba cierto grado de exclusión y represión. En segundo lugar, representaban los intereses de clases—los industriales y los trabajadores—que forzosamente tenían que entrar en conflicto entre sí. En tercero, la perduración de esos regímenes, por lo tanto, dependían en gran medida de la influencia personal de dirigentes individuales (como Perón o Vargas). En cuarto, la conciliación de intereses diferentes condujo al uso frecuente de retórica y símbolos unificadores, en particular el más conveniente, el nacionalismo. Las contradicciones internas de las coaliciones populistas significaban además que, con o sin dirigencia y retórica carismáticas, difícilmente podrían sostenerse en condiciones económicas adversas.
En cuanto al gobierno del trienio adeco (1945-1948), si bien contó con algunas de las características de los regímenes populistas señaladas por Rey y Smith, tales como el de ser una coalición de clases heterogéneas (campesinos, obreros, empresarios, industriales), la
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reorganización del orden político existente mediante la movilización popular, el uso de símbolos y retórica unificadores tales como la lucha contra la oligarquía tradicional (representada en los sectores desplazados del poder, tales como los gomecistas, lopecistas, y medinistas), y el nacionalismo (expresado en la defensa de los intereses nacionales en el campo petrolero). Se fundamentó más en la construcción y organización de un partido de masas de alcance nacional, que en liderazgos carismáticos. En este sentido, si bien Acción Democrática contó con destacados personajes como Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Luis Beltrán Prieto, y Rómulo Gallegos, entre otros, ninguno de ellos era propiamente un líder carismático al estilo de Getulio Vargas o Juan Domingo Perón.
En definitiva, mediante distintas fórmulas, regímenes como el de Getulio Vargas en Brasil (1930-1954), Juan Domingo Perón en Argentina (1943-1946), Víctor Paz Estenssoro (1952-1956), Jacobo Arbenz en Guatemala (1951-1954), Acción Democrática en Venezuela (1945-1948), entre otros. Produjeron un sistema movilización que pretendía cambiar el orden sociopolítico existente. En el caso de Acción Democrática, tras el derrocamiento de Isaías Medina Angarita (18 de octubre de 1945), procedió a implementar políticas orientadas organizar e incluir a las masas en la política, garantizar el acceso popular a la educación, defender los derechos sociales de los trabajadores, la creación de una fuerza sindical organizada, la destrucción del poder político y social
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tradicional en el campo mediante la reforma agraria y la organización de los campesinos.
Ahora bien, el mecanismo mediante el cual la Junta Revolucionaria de Gobierno buscó legitimar y consolidar las medidas antes señaladas, fue la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que produjera una nueva Carta Magna, en la que estuvieran reforzados todos los cambios socio-políticos impulsados por Acción Democrática y que al mismo tiempo se le sirviera como un piso jurídico al nuevo gobierno. En este punto es pertinente destacar que Venezuela seguía una tendencia observada en América Latina en este período, es decir, durante la década de los cuarenta, muchas de las transformaciones llevadas a cabo en la región se expresaron en reformas constitucionales o en la redacción de nuevas cartas magnas que estuvieran acordes a los nuevos tiempos. En este sentido, podemos mencionar Argentina (1949), Bolivia (1945 y 1947), Brasil (1946), Costa Rica (1949), Ecuador (1946), Guatemala (1945), Haití (1946), Panamá (1946), Santo Domingo (1947) y Venezuela (1947). De acuerdo con José Miranda (1957: 7), entre 1945 y 1956 se llevan a cabo en América Latina 21 reformas constitucionales, entendidas como aquellas modificaciones extensas que producen nuevas constituciones y que como tales suelen ser promulgadas y aparecen en las colecciones legislativas.
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Principales temas debatidos en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946-47.
El día domingo 27 de octubre de 1946, pudo el pueblo de Venezuela acudir a las urnas electorales para escoger por el voto directo, secreto y universal a los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo la mayoría de los escaños AD (137), seguido por COPEI (19), URD (2) y PCV (2) (Bunimov Parra: 1968, 59). Posteriormente, el 17 de diciembre de 1946, se procedió a la instalación formal de la misma, con lo que se daba inicio a la discusión de un nuevo proyecto de Constitución, lo cual generó un intenso debate parlamentario. Un aspecto a destacar es que las deliberaciones en torno a temas como la libertad, la función social de la propiedad privada, la religión, y la educación, entre otros; se producirán en medio de un clima de acusaciones mutuas de sectarismo, totalitarismo, fascismo, conspiración, etc. En buena medida, lo anterior era expresión de las convergencias y divergencias de los partidos políticos consecuencia de sus diversas concepciones ideológicas. Esto debido a que en la Asamblea Constituyente, estarán representados parlamentarios con visiones diferentes sobre la naturaleza humana, la libertad, las relaciones entre el individuo y el colectivo, entre otros puntos.
Con relación a lo anterior, quisiéramos destacar que las argumentaciones utilizadas por las cuatro fracciones (AD, COPEI, URD y PCV) representadas en la Asamblea Nacional para justificar su posición en torno de algún artículo o decisión contenían según Miriam Kornblith
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(1989: 293), razonamientos filosóficos-doctrinarios, análisis históricos, referencias a circunstancias políticas nacionales e internacionales, citas de autoridades, documentos partidistas, etc. Como ejemplo de lo antes mencionado, tenemos la sesión del 1º de febrero de 1947, en la cual el diputado de AD, José Siso Martínez (Colección Pensamiento Político Venezolano Siglo XX: 1983, 155) pedía la palabra para analizar el tema del la libertad en los siguientes términos:
En cuanto al principio de la libertad, ha sido un valor abstracto y un valor permanente; pero la libertad debe responder a una sociedad determinada y debe tener claramente fijados los límites, para que se haga realidad aquel principio filosófico kantiano, que estipula que la
libertad de cada uno termina donde comienza la libertad de los demás.
Lo adelantado por Siso Martínez es importante para comprender como las concepciones ideológicas contribuyeron en la intensidad del debate constituyente. Decimos esto ya que en el caso de la libertad—al igual que otros valores políticos—su concepción y definición está determinada por la postura ideológica. En otras palabras, en torno a temas como el de la libertad se pueden apreciar marcadas diferencias entre doctrinas como el liberalismo y el marxismo, en virtud que mientras la primera hace hincapié en la igualdad, la segunda lo hace en la libertad. Aplicando lo anterior para comprender desde una perspectiva ideológica el proceso constituyente de 1946-1947, tenemos que mientras un parlamentario de inclinación liberal (como por ejemplo un diputado de URD) rechazaría lo planteado por Siso Martínez por imponer límites a la libertad, un marxista (miembro del PCV) lo aprobaría.
En el caso de la propiedad privada, Siso Martínez (Ibid: 155-156), sostiene lo siguiente:
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Y respecto al concepto de la propiedad, también queremos nosotros estipular nuestro criterio. Todas las constituciones demoliberales, las que vinieron después de la Gran Revolución Francesa, han sustentado el principio quiritario, el principio romano de la propiedad, que permitía que el hombre hiciera con su propiedad el absoluto derecho de usar, de gozar y de abusar. Ese principio está completamente desterrado de las modernas doctrinas sociales y de las doctrinas constitucionales modernas. En lugar se levanta un nuevo concepto de la propiedad, tanto en el terreno social como en el jurídico, que estipula lo siguiente: la propiedad no sólo tiene función social, sino que la propiedad es en sí misma una función social, y como tal, la fracción mayoritaria de la Asamblea, estipulará, fijará las reglas para que la propiedad, además de estipular esa función social, sea considerada y elevada a la categoría de precepto constitucional, de que sea en sí una función social. Debemos acotar que la propuesta de Martínez sobre la función social de la propiedad privada expresa una tendencia constitucional de la época. En otras palabras, en opinión de José Miranda (Ob cit: 232), desde la Constitución mexicana de 1917, que abrió la marcha, precediendo