XIV Congreso Colombiano de Historia
(Tunja del 12 al 16 de agosto)
Militar/Político - Ciudadano/Soldado
“Relaciones cívico-militares en el contexto de la revolución bolivariana”
ROJAS HERNANDEZ, Judith M. UNIVERSIDAD DE CARABOBO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Valencia, Venezuela
RESUMEN
El ascenso al poder de Hugo Chávez ha originado una honda transformación no sólo en lo interno de la Fuerza Armada Nacional, sino también en el marco de las relaciones cívico-militares, cuyo impacto esencial se ha visto reflejado en la tendencia hacia la "politización" del estamento castrense, el desmantelamiento del andamiaje institucional del control civil y la ruptura del paradigma de que el uniformado es el único responsable de la defensa del país. La presente investigación enmarcada metodológicamente dentro de la investigación histórica-descriptiva, busca realizar una síntesis del desarrollo de las relaciones civiles y militarse dentro del panorama venezolano a lo largo de un siglo de experiencias, haciendo especial atención a los nuevos proyectos planteados dentro del contexto de la Revolución Bolivariana. Del mismo modo cabe preguntarse ¿si estos cambios se han dado?, intentando dar respuesta a esto nos acercaremos a saber si estamos ante la presencia de un nuevo ideal Bolivariano como producto de los nuevos cambios políticos y sociales surgidos en el país.
XIV Congreso Colombiano de Historia
(Tunja del 12 al 16 de agosto)
Military/Political – Citizen/Soldier
"Relate civic-military in the context of the revolution bolivariana"
ROJAS HERNANDEZ, Judith M. UNIVERSIDAD DE CARABOBO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Valencia, Venezuela
ASBTRACT
The ascent to Hugo's power Chávez has not only originated a deep transformation in the internal of the National Armed force, but also in the mark of the civic-military relationships whose impact essential has been reflected in the tendency toward the "politización" of the estamento castrates you, the dismantlement of the institutional scaffolding of the civil control and the rupture of the paradigm that the uniformed one is the only responsible for the defense of the country. The present investigation framed methodologically inside the historical-descriptive investigation, looks for to carry out a synthesis of the development of the civil relationships and to be militated inside the Venezuelan panorama along a century of experiences, making special attention to the new projects outlined inside the context of the Revolution Bolivariana. In the same way it is necessary to wonder if these changes have been given?, will trying to give answer to this come closer that is if we are before the presence of a new ideal Bolivariano like product of the new political and social changes arisen in the country.
Key words: Relate civil-militarse, I change and society.
Militar/Político - Ciudadano/Soldado
“Relaciones cívico-militares en el contexto de la revolución bolivariana”
Consideraciones Previas
Hasta mediados del siglo XX, el poder militar se confundió con el poder político y la participación del sector militar en la política desplazaba a los civiles del poder ante la incapacidad de estos para organizar un sistema político y social que subordinara los militares a sus objetivos políticos.
En la historia de América durante el siglo XIX y XX, los militares han jugado un papel importante en la configuración de los sistemas políticos y sociales; durante este período se dibujo la figura de un estado nacional que se caracterizó por mantener una sociedad jerárquica, la cual presentó alianzas estratégicas entre los actores hegemónicos de la época.
El mantenimiento del equilibrio político de los estados nacionales estuvo bajo la medición de los ejércitos, de los caudillos o grupos armados lo que explica la sujeción del elemento civil al dominio militar.
Desde las guerras de independencia se crea un ambienta de acción política liderizada por los militares, quienes asumieron el control del as nacientes repúblicas, entendiéndose que el poder militar era ejercido por civiles pertenecientes a las élites de la época y héroes de guerra quienes se reservan el control de las nuevas instancias políticas presente para el momento.
En Venezuela por más de 100 años el objetivo del ejército fue el de salvaguarda el orden interno del país, función que le fue asignada desde finales de la lucha por la emancipación política. Estás funciones están regidas bajo los interés económicos y sociales de los grupos beneficiados por ser dirigentes de las armas independentistas, posteriormente a los dictados de la propiedad
territorial y por último a la “paz social” que exigían los centros mundiales de dominación.
Este proceso puede ser explicado en el campo de la política porque, esta relacionado al concepto de esfera pública, que no es más que un espacio jurídicamente privado en el que los individuos sin status oficial buscan persuadirse los unos a los otros por medio de argumentación racional y la crítica en torno a asuntos de interés general.
Este concepto resulta esencial para entender las relaciones civiles y militares en Venezuela, pues al no existir en el país en el transcurso del siglo XIX y principio del XX una esfera pública consolidada, donde los individuos de la sociedad discutieran los asuntos públicos, lo que generaba que esto se mantuviese bajo el dominio social, militar y hegemónico del factor de poder.
La inexistencia de este espacio -esfera pública consolidada- derivada del hecho que la estructura del estado nacional implementado desde el gobierno da Antonio Guzmán Blanco (1870), y las modificaciones hechas por el castrismo-gomecismo (1899-1935), insistía en centralizar las decisiones a través de mecanismos de control y subordinación que contribuían en el dominio por parte de las elites políticas y militares del momento.
La escasa consolidación de la sociedad civil genero que la sociedad política venezolana hasta inicios de la democracia representativa en su primer intento 1945-1958 se mantuvo el papel resaltante jugado por las Fuerzas Armadas Nacionales como custodios de las armas, mantenimiento de la paz y la estabilidad política del país.
El logro de la estabilidad de la democracia venezolana fue producto de la transformación hecha a las fuerzas armadas pretorianas (militares-políticos), hacia la profesionalización y la socialización de los valores democráticos, en protectores del estado bajo el control del poder civil.
A partir de 1958 el rol de esta institución fue modificado debido a la incidencia o participación de sus miembros en el establecimiento, derrocamiento y mantenimiento de un gobierno. El gobierno de Rómulo Betancourt, pretendió desde el principio adaptar las fuerzas armadas nacionales al nuevo orden democrático y a su vez obtener su apoyo táctico, estos fueron manejados con la implementación de instrumentos jurídicos como la Ley de las Fuerzas Armadas Nacionales y la Constitución Nacional de 1961 los cuales restringieron el accionar de los militares a la autoridad civil; transformando así el transcurrir histórico de las relaciones civiles y militares en el país.
Desde la década de 1960 hasta 1970 la institución castrense avanza en el proceso de profesionalización, se desarrolla una nueva versión del acuerdo político-militar y militar-civil donde, el protagonismo estará más marcado en los partidos políticos; pero, el sector militar será parte importante y fundamental del sistema de poder aun y cuando no estará del todo subordinada ante la elite partidista gobernante.
Todo este período hasta 1992 con los intentos de golpe de estado, se vivió una etapa donde los militares asumieron una actitud pasiva que podemos llamar pacificación política donde, el poder civil le asigno al cuerpo castrense un enfoque técnico de especialización de su rol ante la sociedad y su propia institución.
Durante este período las relaciones civiles y militares se desenvuelve de acuerdo a las funciones y obligaciones que le fueron asignadas a través de las normas jurídicas del país, desde entonces se dio paso a una creciente profesionalización de los efectivos militares que fueron preparados en áreas tales como la medicina, las ciencias políticas, el derecho, entre otras.
El nuevo sistema de gobierno implantado en Venezuela desde 1998 vino acompañado de ideas de cambio propiciados por la toma de poder de un exmilitar lo que avizoro desde entonces la transformación de las relaciones civiles y militares que se hicieron visibles con las distintas manifestaciones de miembros del cuerpo castrense en sustitución del elemento civil. El nuevo proyecto previsto dentro de la democracia bolivariana plantea la transformación de las Fuerzas Armadas como un instrumento de apoyo político para la ejecución y desarrollo del mismo.
En el transcurso de los últimos nueve años los militares han participado en actividades distintas a las de resguardo y mantenimiento del orden dentro del país, razones estas que motivaron el desarrollo de la investigación, tomando como referencia la Constitución Bolivariana de1999 en la cual se atribuyen los nuevos roles a los miembros de la institución armada; la nueva Ley de las Fuerzas Armadas Nacionales donde se establecen las funciones de sus miembros, así como los deberes y derechos de estas.
Los nuevos roles que se plantean involucran a los efectivos militares en la realización de labores de tipo social (la participación en el Plan Bolívar 2000), políticas ( derecho al sufragio, cargos de elección popular) , entre otras que
permiten a la sociedad tener una nueva visión sobra el rol de los militares y de cuales son sus funciones en realidad.
El ejército y su control en la sociedad
Las relaciones civiles y militares han estado marcadas principalmente por el papel que han jugado en la configuración del estado-nación. Por tanto el análisis de estas (relaciones cívico-militares), parte de la revisión de principales enfoques que sobre el tema presentado.
“La corona española, dominante desde finales del siglo XV instauro formas de ejercicio del poder basadas en las estructuras coloniales que fueron implantadas en suelo hispanoamericano. Con las guerras de independencia esas estructuras fueron superadas, destruidas y sustituidas por otras implantadas a partir de la incidencia que las elites criollas triunfantes establecieron”. (Rouquie, 1984)
La dinámica de poder que se implanto desde la formación del estado nacional estuvo condicionado por el control del elemento militar, en un principio a través de los mandatos de la corona española que implemento diversas formas de poder ante la quebrajante formación de la sociedad venezolana que luego del proceso de independencia estas fueron demarcadas por el factor de poder, en este caso, las clases dominantes de la época ; puede entonces considerarse este planteamiento como el origen de las grandes diferencias entre el poder civil y el militar dentro del estado.
La organización social, política y económica del nuevo estado se supeditó al sistema productivo heredado de la colonia, del mismo modo se hizo necesario la existencia de un orden institucional-político en la cual se conjugaran en principio la oligarquía (surgida del proceso de independencia), y posteriormente la repetición de propiedades coloniales y las fuerzas armadas,
que fueron estructuradas con la misión de dar fin a la anarquía y el caudillismo de lo cual se dice lo siguiente:
“ el poder de concentración del factor económico y social, la inamovilidad social y la perpetración de las estructuras de control y dominación sobre la población , hicieron posible la extensión de un modelo de dominación en el cual los factores de fuerza - entre ellos los grupos armados en torno a los caudillos – ejercieron acciones coactivas destinadas a lograr el control del sistema de producción y la subordinación sustentada en la explotación de la mano de obra ligada a la producción agrícola”. (Rouquie, 1984)
Esa estructura de poder ejercida para entonces, fue generadora de los diversos enfrentamientos entre los factores hegemónicos de la época, caracterizan el papel desempeñado por el sector militar y la sociedad civil durante todo el siglo XIX. El mantenimiento frágil del equilibrio político del estado nacional se realizo bajo la medición de las fuerza armada, los caudillos o grupos armados lo cual explica la sujeción que presento el sector civil ante el militar.
Durante el transcurso del siglo XIX e inicios del XX la excesiva incidencia del sector militar en el mantenimiento del orden institucional genero entonces un proceso de progresivo deterioro en lo referente a la participación del sector civil, la sociedad presento poca consolidación casi hasta la llegada del sistema democrático, a los que algunos autores hacen referencia con el nombre de democracia restringida en la cual se evidencia la poca consolidación del accionar ciudadano en el espacio público.
“Lo característico de este proceso, fue el enfrentamiento violento, a partir de las estructuras de poder local y regional, sustentados en las formas de apropiación y explotación de las formas de producción, que seguían manteniendo los patrones y formas de explotación característicos de la sociedad colonial”. (Carvallo y Hernández, 1984).
El estado venezolano ha sido caracterizado por el uso excesivo del poder casi siempre por la elite dominante del control económico de la nación,
que desde el pasado mantuvieron el factor de producción bajo su dominio, con la poca o mucha participación de una sociedad jerarquizante como la sociedad colonial.
El rol que cumple la institución armada a partir del siglo XX fue modificado, tal como queda demostrado en la alocución inaugural del presidente Medina Angarita en mayo de 1941:
“…las instituciones armadas nacionales, acreedoras de gratitud publica porque, abnegada y decorosamente extrañas a todo calculo material, cumplen fisión de primer orden al servicio de la Patria, recibirán de mi gobierno protección solicita, como que en acrecer su capacidad técnica, elevar al máximo su nivel moral, dotarlas de los recursos que exige su constante perfeccionamiento…”.(Suárez, 1977:11).
La atención que por parte del estado recibieron los miembros de la fuerza armada condiciono la actitud de estos a una subordinación al poder civil que anteriormente no se había presentado dada la capacitación de los militares en participar en el establecimiento, derrocamiento o mantenimiento en el gobierno.
Toda esta atención se mantuvo desde 1945-1958, con la firma del Pacto de Punto Fijo en el cual se establece con mayor rigor la subordinación de la autoridad militar al gobierno de los civiles, aún y cuando se presentaron negativas a tal hecho, negativos que fueron presentadas con los distintos alzamientos militares conocidos como El Carupanazo, Barcelonazo, Porteñazo y el Guairazo que se sucedieron en posterior oportunidad. A partir de entonces se concentraron nuevas medidas de subordinación a través de los distintos instrumentos jurídicos (Constitución Nacional de 1961y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas), donde se establecieron la obediencia que debía tener la
autoridad militar a la autoridad del presidente de la republica. Respecto al pacto antes mencionado “El Pacto de Punto Fijo”, señala Michallanda lo siguiente:
“Este documento denso de contenido político-filosófico, actúa sobre todas las variables que constituyen y conforman el nuevo sistema. Además, precisa de los factores intersectoriales con
afincada intención sobre los partidos políticos,
proporcionándoles amplitud y autonomía, y al poder militar definiéndole precisión y estrechez, con la cual se le determina la función de guardián conservador que el liderazgo político considero debía ser el nuevo papel que cumpliría el ejercito ante la nueva realidad política”.( Michallanda, 1988: 140).
La idea planteada desde el pacto de punto fijo enfatiza en el ideal unidad y será el sustento político y filosófico del sistema de gobierno democrático que se funda a partir de entonces (1958), en lo referente a las relaciones institucionales del sector militar con respecto al civil quedan fijadas como se menciona anteriormente en el aspecto jurídico-político primero por las leyes establecidas para tal fin, como lo fueron la Constitución de 1961 y la Ley de las Fuerzas Armadas , y en segunda lugar dependerán de la elite partidista gobernante.
Desde entonces muchos autores como el Coronel (Ej), Michallanda hablan que durante el periodo transcurrido desde 1958-1998 no existió un modelo adecuado para identificar con exactitud la pauta de relaciones civiles-militares, en tal sentido señala:
“… el poder político no fue capaz en ese intenso y accidentado periodo de definir una “pauta de relación” para el componente militar, y si le conminó que sino la cúpula militar hasta el 78 no fue capaz de demandar lo que como institución le correspondía para evitar el desfuncionalismo que ya comenzaba a instaurarse en el entorno interno militar, en los espacios estratégicos, tácticos, logísticos y doctrinarios con un grave perjuicio para la
moral y ética de un componente militar
El autor plantea que el sector militar se mantuvo una actitud pasiva ante el lento pero seguro proceso de subordinación hacia el sector civil. Del mismo modo el autor distingue tres etapas en las relaciones civiles y militares dentro del sistema político venezolano:
a) El encaje del componente militar al sistema político venezolano 1958-1973.
b) Etapa de diferenciación en las relaciones civil-militar del sistema político venezolano 1973-1992.
c) Etapa de antipolítica de las relacione civiles y militare 1992-1998.
Si bien todas las etapas son importantes la primera (1958-1973), es donde se presentan los cambios mas importantes y trascendentales en relación al poder civil y militar en el panorama venezolano. En la segunda desde (1973-1992), el punto más resaltante fue el carácter de pacificación política que ejerció el sector civil donde les asigna un carácter técnico a los miembros de la institución armada; la tercera esta marcada por el golpe de estado del año 1992 que altero de forma considerable las relaciones establecidas entre el poder militar y el sector político del país donde, surgen nuevos escenarios que marcan a partir de allí el nacimiento de una nueva etapa dentro del proceso democrático venezolano con la asunción al poder de Hugo Chávez en el año 1998.
El nuevo rol de Las fuerzas Armadas Nacionales Militar/Político
Indudablemente este período crea diversas expectativas en el proceso democrático vivido por Venezuela, la concepción ideológica del nuevo gobierno que tiene como eje fundamental los antecedentes del golpe de estado de 1992,
hecho al que Enrique Baylor, estudioso de las ciencias políticas en Latinoamérica, citado por Michallanda (1993): “El golpe de estado permanece en la mente del pueblo venezolano, porque el mismo es eficiente instrumento de cambio de gobierno”. Acota el autor José Michallanda que:
“El golpe de estado es entonces para la sociedad venezolana y el sistema político del país, según el enjuicioso estudio de Baylora, un recurso político en una vía dual entre la sociedad y el estamento militar venezolano, cuando las circunstancias creadas por los gobiernos de turno sean tales que sirvan de punto de ignición a un cuadro de violencia con aspiraciones de cambios específicos en el acontecer político, económico y social…”. (Michallanda, 1993: 23-39).
Venezuela ha sido un país que ha sufrido diversos procesos políticos y los sucesos del año 1992, nos remontan al pasado con las distintas rebeliones cívico-militares que se presentaron en diversos periodos, por tanto el autor nos refleja una gran verdad el uso de la fuerza por parte del elemento armado bajo la consigna de cambios a la estructura política y social de la nación.
Si bien es cierto que somos producto de una lucha por poder, también es cierto que las transformaciones sufridas en el seno del cuerpo castrense y en la base de la sociedad han modificado las relaciones cívico-militares en el país. El estado atraviesa a partir de 1998 una nueva etapa a la cual Michallanda hace referencia como “Democracia Cívico-militar”, el nuevo rol que cumplen los miembros de la institución armada y la posición de la sociedad ante esto.
El nuevo modelo de gobierno implantado en Venezuela a partir de 1998 plantea, general un cambio cultural del estado para lograr una viabilidad en los ejercicios de la administración del poder político. Por otro lado hay quienes
piensan que estamos en presencia de una militarización de la política y del estado, tal como señala Rafael Arraiza Lucca:
“Estamos comenzando a vivir bajo el dictado de un gobierno donde el universo mental militar tiene una fortísima presencia. Nunca ante, desde que se inició la democracia, el papel de los uniformados había sido tan determinante como lo es ahora”. (El Nacional, 12-9-1999: A/6).
El autor hace referencia al hecho de que muchos cargos ministeriales y de otras áreas del gobierno han sido ocupados por militares, situación que anteriormente no se presentaba, es decir, que durante los últimos 40 años de democracia estos eran reservados para los civiles. La inestable situación del país y la inclinación de un gobierno encabezado por militares inician en Venezuela un nuevo período que puede denominarse “Democracia Cívico-militar” tal como señalaba anteriormente Michallanda y, que el nuevo presidente de Venezuela denomina “Revolución Bolivariana”
Consideraciones Finales
En Venezuela desde la creación de la república han existido diversas manifestaciones de la presencia militar dentro del panorama político y social de la nación y con ello se ha observado las funciones que estos cumplen. Durante mucho tiempo la actuación del sector militar con carácter autoritario fue característico de un largo periodo dentro del país donde la sociedad asumía el rol de resguardo ante el poderío ejercido por estos caracterizando de cierto modo dos polos que a pesar de parecer separados se sustentaban el uno al otro.
La historia nos demuestra que el progreso de un país depende de cómo se relacionen sus miembros, en el caso de los militares y la sociedad se ha observado disparidad durante mucho tiempo pero, haciendo referencia al ultimo período desde 1998-2005 se puede apreciar que bajo una nueva visión se han venido trabajando las relaciones civiles y militares enmarcados bajo un ideal de integración política y social.
Por tanto en los términos de esta investigación donde tratamos sobre nuevos paradigmas de las relaciones cívicas - militares en el contexto de la Revolución Bolivariana, no es fácil establecer conclusiones, pero se puede decir, que si se han dado cambios considerables pero cabe acotar, que como todo cambio social los verdaderos cambios se verán con el pasar de los años. Como conclusiones de este trabajo de investigación se pueden mencionar variaos aspectos:
• Con la llegada del gobierno bolivariano a Venezuela en 1998 por la vía electoral, se plantearon cambios estructurales en el sistema político y social del país, debido a la creación de una nueva constitución.
• La inclusión de los miembros de las Fuerzas Armadas dentro del proyecto integracionista planteado por el nuevo gobierno donde, a través de la participación de estos en actividades de tipo social y políticas, se crea con esto una mayor integración militares-pueblo tal como se plantea dentro de la constitución de 1999.
• A si mismo los entes castrenses ya no se ven como una institución represiva, sino como una institución que esta para proteger al estado, ayudar al ciudadano, y participar en el desarrollo del país.
• El rescate del ideal bolivariano bajo una perspectiva unitaria donde todos los actores de la sociedad luchen por mantener la estabilidad social, política y económica de Venezuela.
• Una sociedad más participativa e involucrada con el progreso de la nación, tratando de curar las heridas dejadas durante los últimos años de gobierno donde la sociedad y los militares eran dos elementos separados.
FUENTES
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FORMAS DE COLONIZACION Y APROPIACION DE BALDIOS EN LOS
LLANOS DURANTE EL SIGLO XIX
1HECTOR PUBLIO PEREZ ANGEL2
Sistemas de apropiación desde la colonia
Las formas de colonización y apropiación de baldíos en los Llanos se enmarcan en el concepto de poder político y territorial, impuesto por la Corona española desde el mismo momento en que empezó el proceso de conquista en América. Luego de afianzar este sistema en el interior de la Nueva Granada, buscó ampliar su dominio territorial a través de las encomiendas en el pie de monte llanero; sin embargo su éxito no fue más allá del borde cordillerano; fueron las órdenes religiosas quienes penetraron en la llanura y mediante un proceso de cristianización junto a las políticas sobre tierras impuestas por la Corona, se apropiaron de miles de hectáreas en la llanura, utilizando la merced de tierras, las obras pías, las capellanías etc. Así se llegó a afianzar un sistema de apropiación de grandes extensiones de tierra durante los siglos XVII y XVIII en los Llanos3.
El concepto de propiedad sobre la tierra y la consolidación de los latifundios se terminó de consolidar durante el siglo XIX, cuando el Estado emitió una serie de leyes que terminaron de perpetuar el poder político territorial sobre la tierra, alimentando con ello un fenómeno de conflictos por el irregular uso y explotación sobre la tierra, no sólo en el interior granadino sino en la llanura.
Dentro de los primeros conceptos sobre la apropiación de tierras impuestos por la Corona, fue la Bula papal Inter – caetera decretada por el papa Alejandro VI en 1493, cuando los reyes de España se declararon dueños de todo lo descubierto. Esta bula
1 . El presente trabajo hace parte de una investigación que abarca los siglos XIX y XX. Esta ponencia hace parte de
algunos aspectos referentes al siglo XIX en los Llanos de Casanare.
2 HECTOR PUBLIO PEREZ ANGEL: Historiador. Maestría en Historia, Investigación y Docencia. Profesor Titular
de la Institución Braulio González – Yopal Casanare. Dirección electrónica: [email protected]
3
PEREZ ANGEL, Héctor Publio. Hacienda, Hato y conuco, sistemas productivos llaneros. Conferencia en: Simposio Internacional de los Llanos Colombo-venezolanos, San Carlos de Austria, Estado Cojedes Venezuela (25 al 28 de septiembre de 2001) Libro de Memorias, año 2003.
papal sirvió para imponer a cada conquistador la llamada confirmación donde la concesión de tierras en el Nuevo Mundo, tan sólo tenía validez cuando la Corona le diera aprobación. Luego dictaron otras normas que legislaban sobre la apropiación de tierras como lo fue la composición y el dominio eminente, normas que llevaron decretar entre el Estado y la Iglesia la llamada Merced de tierras que conllevó a la creación de haciendas señoriales y esclavistas en América, las que se convirtieron en dueñas de grandes extensiones de tierras. Se constituye entonces la merced, en el primer concepto de propiedad sobre la tierra, además de ser el origen del latifundismo.
Es de tener en cuenta que todas las tierras descubiertas en América se consideraban realengas, cuyo concepto se prolongó durante toda la colonia; política que fue confirmada por la cédula de San Ildefonso que daba instrucciones sobre el manejo de tierras nacionales y el concepto de concesión de baldíos, que fue emitida el 2 de agosto de 1780 y que sigue siendo espíritu de la legislación colombiana en este sentido4.
Pasada la guerra de independencia, el gobierno republicano no sólo continuó con este mismo sistema, sino que amplió el concepto concediendo jugosas concesiones en tierras a militares, especialmente de rango, a familias no sólo nacionales sino extranjeras y que venían de abolengo desde la colonia, como pago de bonos de deuda nacional por la apertura de ferrocarriles, navegación por los ríos, apertura de carreteras y caminos y explotación de recursos como la sal y los hidrocarburos; con el ingrediente se ser tierras apropiadas con una indefinición vaga e imprecisa conllevando a sostener y perpetuar un conflicto sobre la tenencia de tierras.
Los sistemas de apropiación de tierras implementados en el Llano durante la colonia, han sido ambiguos y confusos y han servido además, para que los propietarios amparados en el dominio de grandes extensiones de tierras ostentaran un poder político de orden autárquico en la provincia de Casanare; originando una inestabilidad política y económica, la que se vio reflejada a lo largo de este período, inclusive se
4 FALS BORDA, Orlando. Historia de la Cuestión Agraria en Colombia, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1982,
prolongó durante el siglo XIX, siendo aun más evidente el desorden y las pugnas por el manejo el poder político-territorial, como bien se puede analizar en la siguiente cronología que va inclusive, hasta la designación jurídica de Departamento con la Constitución Política de 1991:
- Los Llanos de Casanare fueron descubiertos por Nicolás de Federmán. El capitán Alonso Jiménez consiguió penetrar en sus sabanas.
- Años más tarde Gonzalo Jiménez de Quesada envió unos expedicionarios, animales y misioneros por la vía de Sogamoso.
- 1661 Los misioneros jesuitas reciben una merced de tierras a “este y otro lado del río Casanare”.
- 1695 La audiencia de Santa fe procedió a ampliar la jurisdicción territorial de los jesuitas en los Llanos de Casanare.
- 1767 son expulsados los jesuitas de Casanare y reemplazados por la comunidad de los Candelarios.
- Desde finales del siglo XIX la administración religiosa ha estado a cargo de los misioneros agustinos recoletos.
- 1810 participa como provincia autónoma en la guerra de Independencia
- 1821 Casanare quedó dependiendo de Boyacá.
- 1831 La Constitución la erigió en una de las quince provincias autónomas e independientes hasta 1857 con Capital en Pore. En julio de 1842, la capital fue traslada a Támara y un año después por decreto 1434 se traslada a Pore.
- 1857 pasa a ser parte del estado soberano de Boyacá con capital en Moreno.
- 1863 La Constitución de Rionegro cita a Casanare como administración directa de la Nación.
- 1869 Casanare es organizado con el carácter de Departamento. Su existencia fue transitoria.
- 1886-97 por decreto 392 del 26 de julio, se organiza por primera vez la Intendencia de Casanare. La ley de creación se dio de acuerdo al artículo 2do. De la Ley 13 de 1892. Como resultado de tal determinación la Intendencia quedó integrada por los siguientes municipios: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Chámeza, Lope, Chire, Moreno, Nunchía, Marroquín, Orocué, Pajarito, Pore,
Sácama, Santa Helena, Támara, Ten, Tame, Trinidad y Zapatosa. Orocué fue escogida como Capital con vigencia hasta 1905.
- 1896 funcionan en Orocué los consulados de Francia, Alemania y Venezuela.
- Casanare es anexado de manera ambigua al territorio de San Martín para lograr la creación de la Intendencia Nacional del Meta.
- 1905-07 por el decreto 177 del 18 de febrero se reorganiza nuevamente la Intendencia Nacional de Casanare.
- 1906 por el decreto No. 290 se dispone la desmembración de los siguientes municipios: Arauca, Arauquita, Cravo, Cabuyaro, Maní Santa Helena, San Martín, Trinidad y Villavicencio.
- 1907 Rafael Reyes le da la categoría de Departamento.
- 1907 Se establece que la parte entre Cusiana y Upía pertenezcan a Boyacá.
- 1910 Por acto legislativo la ley podrá reagrupar y anexar o desmembrar municipios de un departamento o suprimir Intendencias. De acuerdo a ello por la ley 88 se crean los territorios de San Martín, Casanare, Caquetá, la Guajira y Chocó.
- 1911 Se creó y organizó la Comisaría Especial en el territorio de Casanare, compuesta por los municipios de Arauquita, Cravo, Todos los Santos y El Viento.
- 1912 Se ratifica Casanare como territorio de Boyacá.
- 1923 Casanare por decreto No. 1000 pasa a ser parte del Departamento de Boyacá.
- 1936 Se crean las intendencias y comisarías. En un comienzo Casanare no figura ni como Intendencia ni como Comisaría.
- 1940 Ospina Pérez crea la Comisaría de Casanare con capital en Nunchía.
- 1950 Por el decreto 1069 del 27 de marzo se erige como Comisaría el territorio de la Provincia de Casanare segregándola de Boyacá. En este decreto determina los límites con Boyacá y los municipios y corregimientos que lo integran, además erige a Pore como su Capital. Posteriormente por el decreto 0124 fija a Trinidad como Capital de la Comisaría.
- 1952-53 Rojas Pinilla por el decreto 2565 del 1º de octubre se suprime la Comisaría de Casanare y se anexa al territorio de Boyacá.
- 1973-74 Por la Ley 19 del 15 de noviembre de 1973 se declara Intendencia Nacional, jurídicamente a partir del 15 de Mayo de 1974.
- 1991 Al entrar en vigencia la Constitución Política el 4 de junio, Casanare se constituye en Departamento5
Al desmembrarse las haciendas jesuíticas de Caribabare, Pauto, Tocaría y Apiay a finales del siglo XVIII6 se presenta una re-estructuración agraria en los Llanos, pues esas grandes extensiones7 pasaron a manos de nuevos propietarios los cuales eran nuevos colonos atraídos por la expatriación de los jesuitas en 1767; dichos nuevos propietarios, a la postre se convirtieron en propietarios ausentistas, dado que adquirían un título sobre esas tierras, tomaban posesión y luego se regresaba para el interior del país, dejando un encargado en tales propiedades. Muchos de ellos, olvidaron esas tierras, pero al aparecer petróleo en la región, (postrimerías del siglo XX) los herederos existentes desempolvaron esos antiguos títulos para reclamar dichas propiedades, generándose con ello nuevos conflictos con los colonos que tenían la posesión directa sobre la tierra; de igual manera se ocurrieron las reclamaciones al Estado, de donde surgen las llamados 52 familias comuneras de Cusiana, que a la postre le ganaron cuantiosas sumas de dinero por concepto de regalías al hacer valer sus antiguos títulos, apoyados en las “justificaciones” jurídicas de los mandatarios del Estado colombiano8.
5
PEREZ ANGEL, Héctor Publio. “CASANARE: tierra de sabana, región y frontera. Un análisis coyuntural de la estructura”. En Casanare con alma de Pueblo Yopal, mayo de 2002
6 AGN Fondo Richmond, Legajos 841 a 848. Tratan sobre la titulación de tierras pertenecientes a la hacienda
Caribabare en los Llanos, desde las ventas y remates de tierras en 1794 hasta los actuales propietarios.
7
PEREZ ANGEL, Héctor Publio La Hacienda Caribabare, estructuras y relaciones de mercado 1767-1810, 2da. Edic. Tunja, Editorial Caja Popular Cooperativa 1997.En la pág. 62, se señala comparativamente las extensiones de las haciendas más grandes de América Latina, demostrando que la Hacienda Caribabare es la de mayor extensión con 447.500 hs.
8
En el año 1759 Domingo Ortiz en remate efectuado el 17 de diciembre de ese año, adquirió de la Corona española una extensión de terreno consistente en tres y media estancias de ganado mayor o sea el equivalente a 782 hectáreas y 8142 metros cuadrados, localizados en la jurisdicción de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo del Cusiana. Con el paso del tiempo Domingo Ortiz y sus sucesores extendieron sus linderos hasta convertir su heredad en una extensión de cuatrocientos mil hectáreas. El 22 de diciembre de 1920 la Nación contrató con el General Jorge Martínez Landínez la recuperación de la mayor extensión de terrenos usurpados por Ortiz o sus sucesores, mediante el pago de unos honorarios equivalentes al 45% de lo que lograra rescatar. El tribunal Superior de Bogotá que en esa época tenía jurisdicción sobre Casanare, como la corte Suprema de Justicia fallaron favoreciendo a la Nación y se comisionó al Juez del Circuito de Orocué para que materializara la entrega de los terrenos rescatados. Aun habiéndose fallado a favor de la Nación, el Presidente de la República Dr. Eduardo Santos mediante la resolución ejecutiva No. 1181 de octubre 23 de 1940 resolvió pagar los honorarios al General Landínez en especie, cediéndole
Las grandes extensiones de tierras dejadas por los jesuitas dejaron consigo manadas de ganados, que también fueron punto de conflicto entre antiguos y nuevos colonos; surge con ello una especie de caudillismo por parte de quienes por un poder de valentía se adueñaba a la fuerza de una gran extensión de tierras junto con sus ganados, (“mis tierras son hasta donde la mirada me alcanza” –decían los llaneros-) quienes se llegaron a convertir en los prestantes líderes políticos; como Juan Nepomuceno Moreno, Ramón Nonato Pérez y otros que se destacaron luego en los sucesos próximos de la guerra de independencia.9
Sistemas de apropiación de tierras durante el período post-independentista
Así como la guerra de independencia transformó distintas estructuras que se venían implementado desde la colonia en la Nueva Granada, así mismo, ocurrieron cambios en la región de los Llanos, máxime cuando su participación en dichos sucesos había sido protagónico10; sin embargo, y paradójicamente estos sucesos son poco conocidos por la nacionalidad colombiana, pues la historia, el protagonismo y la concentración del
en propiedad y proindiviso el 45% de los terrenos reivindicados. Aun cuando por mandato constitucional y por una antigua tradición legal, el subsuelo pertenece exclusivamente al Estado la resolución 1181 de 1940 expresa: “… este reconocimiento comprende el suelo y el subsuelo de los terrenos expresados…”. Luego mediante la resolución 113 expedida el 29 de mayo de 1971 por el Presidente Misael Pastrana Borrero, su Ministro de hacienda Alfonso Patiño Roselli y de Minas y petróleos Juan B. Fernández R. dictaron la Resolución Ejecutiva No. 113 para que “en nombre y representación de la Nación proceda a dar cumplimiento a la resolución ejecutiva 1181 de 1940 mediante el otorgamiento delas escrituras públicas … del suelo y el subsuelo de los terrenos conocidos con el nombre de Santiago de las Atalayas y Pueblo viejo del Cusiana situados en jurisdicción de los municipios de Zapatosa , Chámeza.Maní y Orocué.” Estas resoluciones violaban flagrantemente el artículo 202 de la Constitución Nacional vigente. Surgen así 52 familias que entraron a reclamar regalías por la aparición de hidrocarburos. La fuente señala que en 1990 estas familias ya recibieron la suma de 250 millones de pesos por conceptos de regalías y que dicho aporte podrá aumentar inconmensurablemente. FUENTE. Periódico el Casanareño, pág. 3 Noviembre de 1991. Véase en el periódico el Espectador en las ediciones del 11 de nov. Pág. 10A; 16 de nov. Pág. 15A y 22 de nov. Pág. 12A del año 1991. También se dio un amplio despliegue en El Tiempo y otros periódicos y revistas sobre este caso tan particular por las decisiones del Estado colombiano.
9 PEREZ ANGEL, Héctor Publio La participación de Casanare en la guerra de Independencia 1809-1819, 2da. Edic.
Bogotá, Edit. Panamericana, 2005. Esta obra resalta el papel desempeñado por los líderes casanareños y sus gentes en el proceso independentista.
10 Ibid. El anexo No. 5 contiene un inventario del ganado y otras riquezas aportadas a la guerra y sobre todo de las
poder han estado en el interior andino; hechos que se enmarcan como una constante en la historia colombiana, conllevando a justificar el desarrollo desigual de regiones11.
Terminada la guerra de independencia, los llaneros que lograron regresar a los Llanos, solicitaron al gobierno de la Provincia de Casanare como pago a su servicio en la guerra, tierras para construir sus fundos. De igual manera se encontró que muchas mujeres viudas, madres de familia reclamaron a través de un apoderado reclamaron tierras como indemnización; es el caso de la solicitud hecha por la madre del cabo primero de caballería Pedro Pico (natural de San José de Pore), quien había muerto en la batalla del Pantano de Vargas12.
Los documentos que existen en los libros de la Notaria de Yopal, respecto a la apropiación de tierras, se encuentran divididos en dos partes: La primera contiene, la solicitud de tierras por concepto del servicio prestado en la guerra, especificando el grado en que sirvió: soldado de caballería o de infantería, cabo, sargento etc. Parece ser que los grados militares no obedecían a una regularidad en el servicio militar; en todo caso su poder de mando determinaba el cargo. La segunda parte, específica la delimitación de una extensión de tierras que en todo caso ya habían tomado deliberadamente, (de delimitación imprecisa), por lo tanto lo que solicitaban era la
11 Como ejemplos típicos del desconocimiento de la historia de los Llanos tenemos por ejemplo a Reichel Dolmatoff
cuando dice: “Al este de los andes y más allá de la cordillera yacen las inmensas áreas de los Llanos del Orinoco y la selva de la Amazonía, constituyendo dos tercios de la Nación. Estas remotas regiones, escasamente pobladas, nunca han jugado un papel importante en el desarrollo cultural del país” En: Colombia. New York, 1965, p. 29.
Mientras, el ilustre historiador Jaime Jaramillo Uribe afirma: “las áreas periféricas de la orinoquia y la amazonía son extensos espacios vacíos y que por lo tanto no hacía ni llegó a constituir un todo orgánico con la Nación”. En:
Colombia Hoy. Bogotá 1985, p. 23. En otra afirmación del mismo Dr. Jaramillo Uribe, dice: “Los Llanos tuvieron
para la Nueva Granada poca importancia en la época colonial” Ver: La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos”, Bogotá 1977, p. 153.
De igual manera, pasada la guerra de independencia, paradójicamente muchos llaneros que habían participado en la llamada Campaña Libertadora quedaron a la deriva en el interior andino: unos llamaron la atención cometiendo desmanes en la capital, otros se devolvieron como pudieron. Es decir, el pago por su servicio a la independencia, fue el olvido y el desconocimiento por su servicio.
En todo caso, los Llanos han sido una región olvidada (tesis esbozada por Jane Rausch) por los gobiernos, los políticos, los historiadores, los escolares; de ahí que su tradición histórica apenas si se conoce en hechos coyunturales como: la revolución comunera, la guerra de independencia, la violencia bipartidista y ahora el petróleo.
12
Archivo de la Notaria de Yopal (en adelante: ANY) Libro de 1819 a 1824. Es el libro más antiguo que se
encuentra allí. La foliación es desordenada y presenta deterioro a pesar de estar empastado. El caso de Pedro Pico se encuentra en el fl. 22.
legalización o titulación del predio. Así que la apropiación fue irregular, caprichosa, pues la política era tratar de conceder unos títulos a quien los solicitaran. Los militares de alto rango, se apropiaron de grandes extensiones de sabana en predios escogidos por ellos mismos; es el caso de Juan Nepomuceno Moreno, quien sin duda fue un caudillo llanero bien representativo en el proceso independentista, inclusive después de la guerra, de quien se conoce muy poco en la galería de los líderes políticos colombianos.13
Al seguir la trayectoria política de Juan Nepomuceno Moreno, encuentra uno que, si bien es cierto se hizo apropiar una enorme extensión de tierras en territorio de piedemonte en el norte de Casanare, al declinar su vida escribió en su testamento que en sus tierras se construyera un pueblo en su nombre14; es así que para 1850 florece el pueblo de Moreno en dicho lugar; con el paso del tiempo, en la conclusión de la violencia bipartidista de 1953 el sector de Moreno es incendiado y destruido, entonces se traslada su cabecera municipal tres kilómetros más hacia la sabana con el nombre de Paz de Ariporo. Hoy, aun existen las ruinas de lo que regionalmente llamamos Moreno viejo.
Dos situaciones fueron consolidando el proceso de colonización y la tenencia de tierras en los Llanos: primero, la concesión de tierras de manera irregular y caprichosa con linderos vagos e imprecisos, con lo cual se sembró una permanencia de conflictos por la indefinición de límites entre cada propietario. Segundo, los crecientes conflictos entre mestizos y grupos indígenas, conllevaron a que se presentaran mayores persecuciones por parte de mestizos contra indígenas y a su vez los nativos aumentaron sus ataques
13 Juan Nepomuceno Moreno: caudillo de la Independencia, fue Gobernador, Comandante de la caballería en la
campaña Libertadora, organizó con F. de P. Santander las tropas llaneras, remontó la cordillera, actuó en las batallas del Pantano de Vargas, en Boyacá, en la toma de Santa fe. Luego Santander desde el gobierno central se olvida de los Llanos y los llaneros y Moreno quien se había devuelto para Casanare desde el mando de gobernador de la Provincia de Casanare, le reclama airadamente por el olvido frente a la Provincia; le dice: “usted es testigo de los servicios que la Provincia le prestó a la causa…”. Moreno vuelve a remontar la cordillera con más de 400 llaneros y estuvo a punto de derrocar el gobierno de Urdaneta y tomarse el poder central; pero es convencido de no hacerlo y regresa de nuevo a Casanare y allí busca anexar en 1830 a Venezuela frente al Congreso de Angosturas. Las rivalidades entre el León de Apure y Ramón Nonato Pérez no permitieron prosperar este propósito de Moreno
contra los fundos y hatos de los mestizos15, quedando como respuesta el aumento de propietarios ausentistas que dejaron sus hatos en manos de encargados y se fueron a vivir generalmente a la capital del país. Esta situación conllevó a que se redujera la población y las tierras quedaran en unos pocos colonos dispuestos a defender las tierras de sus patrones ausentes; además de anquilosar el desarrollo agrícola y ganadero en la región.
Política de baldíos del siglo XIX: justificación de linajes, latifundios y cultura de trabajadores sin tierra
La política de baldíos en Colombia entre 1820 y 1870 estuvo basada en financiar un gobierno en quiebra16; la guerra de independencia había dejado una economía arrasada y un país altamente endeudado y en crisis fiscal, de tal manera que hecho mano a mecanismos que abrumaban aun más las precarias economías de sus pobladores; entre ellas la adjudicación de tierras a nacionales y extranjeros como fuente adicional para conseguir recursos; a cambio de abrir caminos y carreteras y que incentivaran formas comerciales en las regiones retiradas del centro del país. El Estado creo nuevas estrategias para aumentar impuestos y captar nuevos recursos; sin embargo, tal situación tan sólo generó fue una crisis fiscal generalizada que se prolongó durante el siglo XIX.
Así que a partir de 1830 los baldíos representaron un ingrediente esencial dentro del sistema crediticio del Estado. El Congreso colombiano emitió unos bonos y vales territoriales redimibles por baldíos con el fin de pagar la deuda nacional y pagar a los veteranos de la independencia. Estos bonos también servían para subsidiar la
15 AGN Fondo Caciques e Indios, Leg, 57 fls. 289 – 331 año 1801 -1802, Leg. 52, fls. 329 – 334. Véase también
años 1823 a 1830. Existe una amplia relación de las modalidades de ataques y asesinatos cometidos por los goahibos y todo el chiricoismo en las sabanas de Casanare. De igual manera, los mestizos realizaban comitivas para salir a cazar gohibos, cuivas y chiricoas. Esta rivalidad es notoria desde la misma colonia y se prolongó todo el período republicano inclusive hasta los años setenta del siglo XX, poniendo como ejemplo el típico caso de la Rubiera. AGN Fondo Juicios civiles – Boyacá Leg. 4 fls 973 – 1014. Ver también, diario oficial Año XVI, julio de 1890 los Nos. 8136 y 8137
construcción de carreteras y ferrocarriles. Las compañías ferroviarias por ejemplo recibían títulos de 200 y 300 hectáreas de baldíos por kilómetro de carrilera.
La primera emisión de bonos territoriales se produjo en 1838 y su práctica de emisión de bonos se prolongó hasta finales de siglo. Una vez colocados los bonos, se podían comprar o vender tierras o se vendían los bonos sencillamente; esto se convirtió en un mercado de agiotistas; pero lo que fue peor, es que las tierras pasaban de unas manos a otras sin ni siquiera conocerlas. Así mismo, las personas compraban determinada cantidad de bonos y luego solicitaban al gobierno cambiar esos bonos por las tierras que les parecieran más llamativas. Hasta 1880 la ley no fijaba límites para el número o el tamaño de las concesiones que podían ser adquiridas por un tenedor de bonos.17 Tan solo en 1882, mediante la Ley 48, el Congreso decidió limitar las extensiones: ese año fijó un máximo de 5000 Hs. Para una adjudicación individual y en 1912 se redujo a 2500 Hs.
Otra nueva modificación fue la de quitarles las tierras a quienes las habían comprado por medio de bonos y llevaran más de diez años sin hacerles mejoras. De otra parte mediante las Leyes 61 de 1874 y 48 de 1882 establecieron que los terrenos debían pertenecer a quien cultivara la tierra otorgándoles el título a través de concesiones gratuitas, siempre y cuando hubieran trabajado los terrenos ocupados durante un período de por lo menos 5 años.
LeGrand (1988) continúa mencionando que la legislación protegía a los colonos en la medida en que les garantizaba los derechos de propiedad sobre los baldíos que hubieran colonizado, evitando así que fueran expulsados de los terrenos que hubieran trabajado. El artículo 2, 5 y 6 de la ley 48 de 1882 son ejemplos de esta protección. En el artículo 2 decía que los cultivadores de los terrenos serían considerados poseedores de “buena fé” y por tanto no podrían ser privados de la propiedad a menos de que una sentencia dijera lo contrario. El artículo 5, aclaraba que si se presenta el caso en el que el cultivador perdía el juicio de propiedad, no se le podría quitar el terreno que ocupaba
hasta que se le indemnizara con el valor de las mejoras que le hizo éste al terreno. Por último, el artículo 6 estipulaba que los agentes del Ministerio público debían amparar a los cultivadores de las tierras baldías en aquellos juicios de propiedad que se presentaban en su contra, pero los fundadores, que eran los primeros colonizadores, tenían el dominio sobre las autoridades locales.18
Para 1860 el gobierno expide nuevas leyes para estimular la apropiación de baldíos en los Llanos promoviendo a nacionales y extranjeros que quieran realizar mejoras en la región. Estas leyes del gobierno nacional no produjeron el impacto que se esperaba; a los Llanos, sí llegaron muchos colonizadores pero se establecieron muy pocos. Se asentaron algunas familias del Tolima, de los santanderes y especialmente de Boyacá; y extranjeros, llegaron unos pocos, por ejemplo las familias Dietterich, Cantini, Latriglia, Dalel, Bonnet quienes se establecieron en tierras casanareñas, de ellos, algunos descendientes viven hoy día (año 2008) en la región. Pero ese gran número de colonizadores atraídos por estas medidas que tomaron posesión de grandes extensiones de sabana, muy pronto desaparecieron; es decir, se convirtieron en propietarios ausentistas19, lo cual explica la lenta incorporación económica y social de los Llanos a los mercados de la Nación.
El Estado impulsó estas leyes sin darle mucha importancia a la problemática entre nativos y colonos en los Llanos; sin embargo, fue ésta, una justificación por la cual abandonaron muy pronto estas tierras. El gobierno nacional trató de darle un viraje a la emisión de los bonos territoriales, emitiendo la “Lei del 16 de marzo de 1832 que concedió a la región del Casanare 500.000 fanegadas de tierras baldías (320.000 hs) para que se hicieran apropiaciones de sectores de sabana aledañas a los caseríos y pueblos para que se incentivara la colonización protegiéndose de los ataques de nativos, como una posible solución al conflicto.
18
Ibid. Cap. I
19 Informe del Secretario de Hacienda al Presidente de Estado. Cap. 4 sobre baldíos, año 1860. En: Archivo
Luego, de acuerdo al artículo 175 de la Lei 1ª. Del 21 de mayo de 1834 se siguió promoviendo la colonización en los Llanos apropiando tierras cercanas a los pueblos con extensiones mayores que iban de 15.000 a 25.000 fanegadas (16.000 Hs) en tierras que demostraran estar baldías. Esta Ley, promovió nuevas oleadas de colonización, tanto en el piedemonte como en la sabana, favoreciendo a familias de linaje con poder económico, militar y político del orden nacional, situación que se ve reflejada en la explotación de las minas de sal en Chámeza, Pajarito y Recetor, cuyos dueños eran familias de gobierno de Tunja y Santa fe de Bogotá20. En relación con la apropiación de tierras de sabana, encontramos hoy dueños-herederos que poseen títulos concedidos en estos años, tierras que antes fueron y aun existen baldías en su expresión, pero que están amparadas en títulos de propiedad emitidos desde el siglo XIX.
A lo largo del siglo XIX, en los Llanos son escasas las transacciones comerciales por tierras y las que se dieron tienen variaciones extremas en sus ventas21, pues las tierras ya estaban controladas por propietarios de grandes extensiones y eran escasas las compra-ventas de propiedades medianas y pequeñas; éstas últimas, muchas veces
20
AGN.Fondo Juicios civiles – Boyacá, Leg. 4 fls 973. Ver también, Diario Oficial Año XVI, julio de 1890 los Nos. 8136 y 8137, p´730 y ss; 8141, p. 743; Nos. 8142 y 43, p. 753; Nos. 8147 8155 sobre los contratos de la
administración de la sal en Chámeza, La Salina, Pajarito y Recetor. Además, ver: A.R.B, Fondo Notaria 2da.Leg. 337 Escritura No. 3 de abril de 1889, entre otros.
21
Una revisión a los Archivos de la Notaría 1ª. De Yopal, en los Libros de Protocolo desde el año 1800 a 1899 (35 Legajos), relacionados con tierras, se encuentra que entre 1835 a 1999 tan sólo se dieron 15 ventas de predios rurales por década, además de algunas permutas y adjudicaciones de tierras baldías por parte del gobierno a nuevos colonos. En relación a ventas irregulares, señalamos por ejemplo: la venta de una estancia ubicada entre Pore y Nunchía vendida por un valor de $70 pesos (Leg. 1887 – 1888 Escritura No. 34 de 1884) -la fecha es anterior a la señalada en el libro pero está en el libro citado-; contrario a la venta de un paño de sabana protocolizado en Nunchía,
denominado “Mesas del Pauto”, por el valor de $20.oo pesos (Leg, 1891, Escritura No. 43 fl. 217 agosto 25 de 1891). Véase también, la venta de las sabanas de Cravo (Parroquia de Guayabal) por el valor de 300 novillos, (Leg. 1850 – 1853, fl. 91, Moreno Octubre 6 de 1851). En 1846 se vendió la tercera parte de la sabana de Tocaría en un valor de $66.oo pesos (Leg. 1843 – 1846 Pore mayo 9 de 1846. En las escrituras no se señalan delimitaciones precisas; se usa mucho la expresión: “sabanas de…”
La mayoría de transacciones se realizaron entre naturales de Támara, Nunchía, San Lope, Arauca, Orocué, (Gualdrón, Tabaco, Sigua, Guanay), con colonos provenientes de Sogamoso, Chita, Socotá, Paya y Velez (Maldonado, Carrillo, Cárdenas, Vargas) algunos de ellos probablemente son descendientes de los antiguos encomenderos que se establecieron en el piedemonte, pues dicen ser nativos de los Llanos con apellidos de origen español. Algunos apellidos extranjeros que figuran en estas transacciones son: Latriglia, Cayle, Gabaldia, Gritón, Dalel, Leccioni, Cantini, Bonnet.
Los legajos están bien empastados, pero se observa un desorden en la cronología de los documentos; es decir, no concuerda el No. De la escritura con el lapso señalado en el lomo del Legajo.
eran extensiones donde los propietarios eran poseedores de la tierra pero sin título, y como son campesinos muchas veces analfabetas, ni les interesaba ni les preocupaba legalizar el predio por los elevados costos de titulación, por tanto eran dueños de hecho o por posesión.22 Mientras tanto, la escasa población diseminada en la llanura, actuaban como administradores de esas tierras; como se dice en argot llanero eran los encargados quienes cuidaban las tierras a sus dueños que vivían en el interior del país, por lo tanto se fue acentuando una economía agrícola de pancoger y una ganadería extensiva, donde los propietarios tan sólo “bajaban” a la finca cuando era período de saca de ganado para los mercados.
Se consolidaron entonces núcleos de familia que por herencia, tradición y linaje se posesionaron de las mejores tierras en el piedemonte y/o de grandes extensiones de tierra en la sabana; posesiones que inclusive provienen desde los derechos concedidos por cédulas reales, o por figurar como dueños descendientes de las grandes haciendas dejadas por los jesuitas como Caribabare, Tocaría y Cravo. Desde el remate de la hacienda Caribabare en el año de 1794 figuran como propietarios las familias Martínez, Delgado, Arenas, Medina, Gutiérrez, Tobian Maldonado, Vargas, Abril, Reyes, Gómez, Fonseca, Barragán23; También afianzaron grandes propiedades por las Leyes emitidas durante el siglo XIX, afianzando con ello la posesión por dinastías de sus haciendas, hatos y extensiones de sabana, creando una cultura ancestral entre dueños de hatos que pasaron a denominarse “blancos” como dueños de las tierras y una masa de jornaleros en las distintas acepciones laborales: en concertajes, peonajes, alquilados, sirvientes. Un peón que se convirtió en un diestro para manejar el ganado montado de a caballo, surgiendo de estas costumbres el llanero ancestral, un hibrido entre la sabana, ganado y caballo, de donde se ha derivado toda esa mitología, valentía, expresionismo popular traducido en el folklore llanero, en su gastronomía, en su parrando, en su
22 Respecto a los elevados costos para legalizar jurídicamente la propiedad sobre la tierra, LEGRAND, Catherine en
su obra ya citada señala: En el año 1870 para obtener un título sobre una mediana propiedad de tierra, debían pagar elevados honorarios al agrimensor, pagar un abogado para redactar el memorial, costos del papel sellado, estampillas y registro de propiedad (además debía pagar todos los gastos de la visita de los funcionarios a la tierra en mención). Mientras que para la adquisición de grandes extensiones, que el Estado llamaba zonas de frontera, lo podían hacer a través de los bonos territoriales, sin que dichos propietarios conocieran la tierra que estaban adquiriendo, pues lo podían hacer desde las mismas ciudades. Op. Cit. pág. 57 y ss.
joropo, en su baile, en canto, en su contrapunteo en general es la expresión viva de su cotidianidad.
En conclusión las políticas agrarias implementadas por el Estado durante el siglo XIX, terminaron fue, justificando el poder sobre la tierra en propietarios ausentistas, en propietarios por linaje familiar, por títulos poseídos inclusive desde la colonia, conllevando a la creación de una clase trabajadora sin tierras y de condiciones paupérrimas que marcaron el lento desarrollo agrario de los Llanos. Políticas similares fueron impuestas por los distintos gobiernos de América Latina, conllevando a alimentar y sostener un conflicto socio-político y económico permanente alrededor del dominio territorial.
Colonización y apropiación de tierras por apertura de caminos, carreteras y navegación comercial por sus principales ríos
Las políticas agrarias del Estado durante el siglo XIX, propiciaron para el caso de los Llanos una decadente y nula actividad económica, pero sobre todo agrícola; por eso, a mediados del siglo (1857), en el sistema rentístico de la Provincia, no figuraba la contribución directa y se concedió el monopolio de aguardientes, de peajes y el derecho sobre juegos permitidos, cuyos ingreso, junto al auxilio del Tesoro Nacional, formaban las partidas más cuantiosas del presupuesto de rentas, recursos que apenas eran suficientes par atender los gastos precisos de su administración24.
Así mismo, “el impuesto sobre fincas raíces ha sido del todo improductivo, porque se han calificado como tales las casas de madera i palma de todas las clases i también las sementeras. Estas propiedades en lo general son de jente mui pobre, i por lo mismo su valor es tan insignificante, que los cobros resultan de uno, dos, tres i hasta diez centavos con pocas excepciones.
En Casanare son pocas las propiedades raíces, esto es de los terrenos i edificios de duración, pues las sementeras i casas de madera, son cosas tan transitorias que hoy es
monte donde ayer se veía una sementera i hoy se siembra o se edifica donde había una casa de la cual no queda ni el rastro, porque el incendio, la inundación, o el comején la destruyeron25.
El estado de precariedad socio-económica de Casanare era enteramente precario; el gobierno central no tenía ningún intereses en la Provincia; las medidas agrarias y de incentivación de colonización tan sólo sirvieron para afianzar el latifundismo improductivo; el movimiento económico apenas si era de subsistencia y los gobernantes regionales y locales eran personas que se ofrecían por voluntad para ejercer dichos cargos. Paradójicamente, algunos políticos vociferaban desde el Congreso que la reactivación de la región, podrá contribuir eficazmente al desarrollo de los intereses de la Nación. Para buscar mejores incentivos para la región, -decían los políticos- la anexaron como parte del Estado soberano de Boyacá, pues venía de ser Provincia independiente. Se considera como Departamento con capital Moreno26. Sea auxilió entonces a la región, impulsando la creación de caminos y carreteras, la incentivación comercial, con el apoyo de la navegación fluvial, el fomento de la inmigración y la reducción de las tribus belicosas a través de las misiones27.
Con estas medidas, envían entonces grupos de misioneros, quienes buscaron establecerse en sitios estratégicos; por ejemplo, el sitio de San Salvador (puerto sobre el río Casanare), ubicado a dos jornadas de la Salina de Chita, a media jornada del río Cravo, y a una de Cuiloto. En este último se estableció otra misión, dado que allí se han podido cuidar algunas pertenencias de las haciendas jesuíticas28. Para mantener activa la colonización el Estado Nacional incentivó a las misiones, a algunos colonos y a mestizos nativos, para que se establecieran en los pueblos de Casanare, auxiliándolos económicamente con el valor de 20.000 reses que se tomaron de las haciendas de
25 A.D.B. Tunja. Informe del Secretario de Hacienda al Presidente del Estado, Tunja, 1º. de agosto de 1860, pág. 12 y
13. En esta época, la cuota de contribución territorial del Departamento de Casanare a la Secretaría de Hacienda es de $278.78 cvs., mientras que la Tundaza era de $10.314.85cvs.
26 SUESCUN, Armando. Las Constituciones de Boyacá. Academia Boyacense de Historia, Tunja, 1991, pág. 51 y ss. 27
A.D.B. Tunja. Informe del Secretario de Hacienda al Presidente del Estado, Tunja 7 de Agosto de 1858, págs. 7 a 10
