Los impuestos en el contexto de la constitución del Estado nación

El control fiscal es uno de los elementos más importantes en la constitución del Estado moderno. Un control efectivo y centralizado de los impuestos otorga al Estado la capacidad económica para ejercer el monopolio de la fuerza. Al mismo tiempo el Estado se compromete con los contribuyentes a mantener el orden y garantizar así su seguridad. A su vez, para poder controlar el pago de los impuestos y evitar los fraudes, el Estado tiene que aumentar su capacidad de ejercer la fuerza física sobre la población. Pero el Estado no solo requiere el control de la fuerza, sino gozar de legitimidad. La legitimidad del Estado le da a este un “poder simbólico casi divino”, en palabras del sociólogo Pierre Bourdieu (1994), por medio del cual valida sus actos, que en principio son autoritarios, por ejemplo el acto de recoger impuestos entre los pobladores del territorio, sin que estos reciban directamente nada a cambio.

En el siglo XIX, las medidas del Estado que comenzaba a formarse en Colombia, así como sucedía en otros países de América Latina, carecían de legitimidad y por consiguiente eran percibidas como actos arbitrarios. La población tenía además amplias posibilidades de resistir, ya que el Estado estaba lejos de tener el monopolio de la fuerza. Los conflictos por la administración de impuestos muestran el juego entre el Estado naciente, que procuraba establecer mayor control de la población, y esos pobladores, que eran reacios a medidas ajenas a su voluntad, que limitaran sus intereses y su acción.

En un artículo sobre los problemas fiscales de Colombia durante el siglo XIX, Malcolm Deas afirma que “[l]a de Colombia era una economía de las menos gravables de Latinoamérica, un país donde muchos podían subsistir, pero con una población abrumadoramente rural y dispersa” (1993a: 68). El autor muestra la dificultad de recolectar

110 impuestos en Colombia dado el poco control que ejercían las autoridades sobre la población desde la época colonial, la atomización del mercado, la difícil geografía, que permitía la dispersión de la población y al mismo tiempo la abundancia de la naturaleza, que concedía a los habitantes un alto grado de autonomía. Estos factores hacían muy costosos la recolección de los impuestos y el control de los fraudes y el contrabando, una situación que ya en la época colonial se presentaba94 y que en el siglo XIX se agudizó debido a las guerras de Independencia y al cambio de régimen. La pobreza fiscal fue permanente durante todo el siglo y la principal fuente alternativa de ingresos, las exportaciones, se mantuvieron en niveles bajos, que se elevaron solo por bonanzas pasajeras. Consecuencia de la precariedad de la economía del Estado era la falta de medios para obtener datos estadísticos sobre sus pobladores, como el número de habitantes, su lugar de residencia, sus propiedades o rentas, información que de nuevo era necesaria para un buen control de los impuestos. El Estado era igualmente incapaz de pagar suficientes recolectores de impuestos y vigilantes que controlaran el contrabando, el fraude o la corrupción. Diferentes tipos de impuestos y maneras de cobrarlos se ensayaron, pero en general estos generaron pocos ingresos, cuando no fracasaron completamente.

También consecuencia de la pobreza y de nuevo fuente de problemas para recolectar impuestos era la falta de legitimidad del Estado en creación. Los gobiernos se sucedieron durante todo el siglo, o bien por elecciones fraudulentas o bien por guerras civiles. Estos además eran gobiernos de un partido que procuraba excluir de los puestos de poder a los miembros del otro. Había así un gran número de individuos que no se sentían representados por ese Estado.

El Estado además no era un ente abstracto, sus funcionarios no estaban separados de manera precisa del resto de los pobladores. En regiones como el Tolima, el poder funcionaba de manera muy privatizada, pero no en manos de un caudillo o de unos pocos líderes, sino extendido a amplios sectores de la población. Este factor hacía que muchas de las medidas estatales aparecieran como meros actos de violencia, movidos por el interés personal de los agentes del gobierno, más que impulsados por el deseo de alcanzar un bien común.

94 _{Deas anota que el virreinato del Nuevo Reino de Granada no se autosostenía económicamente: sus}

tropas, por ejemplo, eran financiadas por los virreinatos de Perú y México (1993a: 61, cita a Guillermo Torres, Historia de la moneda en Colombia, 1945). De otro lado, mientras el tributo de indios en el Nuevo Reino de Granada era de $47.000 en los años anteriores a 1810 y fue abolido tempranamente en 1832, en Ecuador, en 1836, este mismo tributo era de $184.000 (1993a: n. 28) y en Bolivia representó entre 26 y 52 % del ingreso total del gobierno hasta 1850 (Platt 1987: 287).

111 Queremos mostrar que la debilidad del Estado en el Tolima, así como la poca cohesión de la sociedad en grupos de intereses definidos, determinaron la intensidad de la oposición al impuesto a los licores. De hecho, no siempre los impuestos producen la misma actitud de rechazo que encontramos en el caso de la renta de aguardiente en el Tolima a finales del siglo XIX. Tristan Platt (1987), por ejemplo, en un estudio sobre la expansión del Estado liberal en la provincia de Chayanta, Bolivia, durante el siglo XIX, señala que la población subalterna, predominantemente indígena, exigía de ese Estado una determinada política en materia de impuestos. Según la ideología liberal reinante en la época, el progreso de la sociedad, su “civilización”, pasaba necesariamente por la expansión de la propiedad privada y el libre comercio. El sistema colonial del tributo que pagaban los indios iba en contra de las ideas liberales; los indios debían ser convertidos en ciudadanos propietarios, sometidos a los mismos impuestos que el resto de la población. Ello implicaba también la abolición de las tierras comunales. El nuevo sistema creó un gran caos en la economía indígena. Por ello, los indios mismos pedían continuar pagando los antiguos tributos a cambio de seguir teniendo acceso a tierras comunales. Aunque tales peticiones eran vistas por los gobernantes “progresistas” como un signo del tradicionalismo indígena, Platt afirma que los indios usaban incluso un lenguaje republicano para hacer esas demandas: “For Indians, ‘citizenship’ [...] was not incompatible with what they considered the equitable principle of the Tributary State, based on their right to dispose collectively of their ayllu lands in exchange for the labor prestations and tribute they provided” (286). Este era el pacto que se había constituido a lo largo de los años con el Estado español. Así, del nuevo Estado que se estaba formando tras la Independencia, los indígenas no exigían la abolición de los impuestos, sino su conservación, a cambio de gozar de las mismas prebendas que gozaban en tiempos coloniales a través de su condición de “tributarios”.

Una relación similar con los impuestos encuentra Mark Thurner (1997) entre las comunidades indígenas de la región de Huaylas-Ancash en Perú en la misma época. Thurner argumenta que los historiadores del caso peruano parten de la idea de que los campesinos tenían una predisposición contra los impuestos. Estos asumen “that all fiscal exactions by the state are necessarily exploitative because they intrude upon peasant’s individual freedom or resources” (81). Thurner sostiene, en cambio, que la actitud frente a los impuestos no era siempre de rechazo. De nuevo allí la sociedad, predominantemente indígena, exigía unas ciertas condiciones para pagar el impuesto personal que se les imponía. Entre las exigencias de los indios estaban el acceso a tierras comunales, pero

112 también el derecho a no ser reclutados para guerras y a tener más participación en las decisiones estatales sobre sus comunidades, en tanto ellos eran también tributarios del Estado (98). Thurner muestra igualmente que en 1885 hubo un fuerte alzamiento contra la “contribución personal”, que más que evidenciar un rechazo al impuesto, sería un rechazo a ese gobierno en particular, que era considerado ilegítimo, en tanto había sido colaboracionista con Chile durante la guerra contra ese país en los años inmediatamente anteriores (81).

Ambos historiadores en sus respectivas regiones de estudio coinciden en mostrar cómo la población, marcadamente indígena, más que oponerse a los impuestos, los instrumentalizó, para hacer por medio de ellos exigencias al Estado en formación, que intentaba imponer un determinado estatus a esa población.95

En el Tolima, sin embargo, encontramos otra situación: las polémicas por la cuestión de los impuestos a los licores evidencia un rechazo permanente de la población a las medidas estatales conducentes a controlar su producción. Podría pensarse que en el Tolima la falta de comunidades que subsistieran de tiempo atrás y el predominio de población reciente y de origen variado, que perseguía por ello básicamente intereses individuales, más que comunitarios, fue lo que generó una tal hostilidad frente a medidas centralizadoras y dificultó la conformación de grupos cohesionados por medio de intereses similares.