La propiedad de la tierra

72 Los estudios sociales que imperaron en los años 60 y 70 y aun en los 80, basados en la ideología marxista, solían mirar los conflictos por la tierra básicamente como conflictos entre terratenientes y pequeños propietarios. El antropólogo William Roseberry, haciendo un recuento de trabajos académicos sobre sociedades rurales que marcaron esas décadas, muestra que una de sus preocupaciones principales era reconstruir las formas de tenencia y distribución de la tierra, la proporción de latifundios con respecto a los minifundios, y los modos de control de los hacendados sobre la mano de obra campesina. En estos criterios económicos se basaba la interpretación sobre las formas de interacción de los grupos sociales en el campo, la distribución del poder, el carácter rebelde o no de los campesinos (335-336). A partir de ese tipo de análisis también se hacían diagnósticos sobre la pobreza rural del presente, así como proyecciones para el futuro y retrodicciones hacia el pasado (329). Es innegable que muchos de estos estudios, a pesar de que se basaban en una metodología y aparato conceptual similares, lograron sólidos análisis de las sociedades rurales de diferentes países o regiones. No obstante solían coincidir en la tesis de que los regímenes de tenencia de la tierra en Latinoamérica, que venían normalmente desde la Colonia, habían perpetuado la desigualdad en el acceso a los recursos y una estructura social polarizada entre grandes latifundistas y pequeños cultivadores. De la clase de los latifundistas habrían además salido muchos de los gobernantes, de modo que ellos también habrían propiciado la perpetuación de los regímenes desiguales (326-330).

En este contexto se inscribe también la investigación de Catherine Legrand, Colonización y protesta campesina en Colombia (1988), que gira en torno a los conflictos por la apertura de frontera y apropiación de baldíos. Para Legrand, los conflictos rurales del siglo XIX no se presentaron tanto en la competencia por la tierra entre comunidades campesinas asentadas en ellas desde tiempo inmemorial y empresarios agrícolas ávidos de tierra, como en otras regiones de Latinoamérica, sino en mayor grado por la competencia entre campesinos colonizadores y empresarios terratenientes por las tierras inhabitadas de las regiones de frontera (13-14). Según Legrand, esos conflictos generaron en los pequeños colonos ya desde el siglo XIX una conciencia de sus propios intereses como grupo oprimido y formas de organización para resistir contra los abusos de los terratenientes usurpadores.60 Así, a pesar de lo amplia y documentada que es su investigación, y de lo

60 _{En el capítulo 4, que se refiere a conflictos entre 1870 y 1920, puede leerse por ejemplo: “los}

colonos tenían clara conciencia de sus propios intereses, distintos de aquellos de los terratenientes o caciques políticos” (94). “La resistencia de los colonos a las invasiones de grandes empresarios provenía de un profundo sentimiento de injusticia, de la convicción de que los propietarios habían obtenido su fortuna por

73 matizados que son sus argumentos, Legrand tiende a ver la sociedad de una manera muy polarizada y a tomar partido por los grupos populares. Además, su investigación trata de una manera indiferenciada pleitos en toda Colombia para un período muy amplio.

Al mirar con detalle los conflictos por tierras que se desarrollaron en particular en el Tolima a finales de siglo, encontramos que la oposición colonos - terratenientes no era tan nítida. Como veremos, es en general poco apropiado leer los conflictos por tierras como una oposición permanente entre estos dos grupos. También encontramos que el papel del Estado fue ambiguo y no es posible partir de la premisa de que este actuó generalmente aliado con las élites en contra de los más pobres. En últimas, no se ve que los descontentos que se presentaron con respecto al acceso a la tierra en las zonas rurales hubieran creado un ambiente de protesta generalizada en la que se tuviera a un grupo social o al Estado como el opositor a vencer.

Como explica Legrand, desde la Independencia hasta la década del 1870 la política de distribución de las grandes extensiones de terrenos baldíos contenidos en las fronteras internas de Colombia se orientó a la financiación del débil Estado en formación; así el gobierno emitía bonos redimibles en tierra para pagar préstamos y también para financiar obras públicas como la construcción de ferrocarriles y carreteras. En menor medida, el gobierno también trató de fomentar la colonización de esos terrenos baldíos concediendo tierras y títulos de propiedad para la fundación de poblaciones (Legrand 1988: 33).

Con el desarrollo de la economía exportadora, el gobierno fue transformando su política hacia el fomento de la agricultura más empresarial, orientada a la acumulación y la ganancia económica. Para ello fueron introducidos también importantes cambios en la legislación sobre baldíos: “Las leyes sobre baldíos de los setenta expresan otra ruptura parcial con la legislación colonial; ya no se estimula tanto el poblamiento organizado, nucleado y conforme a jerarquías políticas y administrativas reconocidas inmediatamente por el Estado, sino que, por el contrario, se auspicia la ocupación individual” (Palacios 2002: 276). Así, con las leyes 61 de 1874 y 48 de 1882 se estableció que la propiedad de la tierra se adquiría por cultivarla. Quienes se establecieran en un territorio con casa y labranza serían considerados como “poseedores de buena fe”. Solo podría quitárseles la posesión si alguien por juicio civil lograba mostrar títulos legales que lo acreditaran como propietario de la tierra por lo menos de diez años de antigüedad. Aun con ello, no se podría despojar a los colonos del terreno hasta que sus mejoras no hubieran sido indemnizadas. Si

medios ilegítimos” (94). “[Los memoriales de los colonos] revelan una conciencia de los intereses opuestos de ricos y pobres” (95).

74 pasados diez años después de haberse hecho una adjudicación o concesión, las tierras no habían sido usufructuadas, la tierra pasaría de nuevo a manos del Estado para la realización de una nueva adjudicación. La reforma contribuía a consolidar el proyecto liberal de crear una sociedad de pequeños propietarios agrícolas. Así lo expresaba el secretario de Gobierno del Estado del Tolima a su presidente en 1881: “Necesario es lejislar acerca de la manera como deben ser distribuidos esos baldíos, entre los pobladores, porque la indivisión en esos terrenos, como en toda comunidad, es un obstáculo para el desarrollo de la riqueza, desarrollo que solo se efectúa, a la sombra de la propiedad particular, bien asegurada i definida” (Durán 1881: XCIII). Esta misma visión la siguieron defendiendo los conservadores cuando subieron al poder en 1886; de hecho, las leyes de tierras permanecieron inmodificadas hasta 1905 (Palacios 2002: 277).61 Legrand encuentra sorprendente el hecho de que en Colombia se hubiera adoptado una política favorable a los pequeños colonos, puesto que al comparar con la política de baldíos de otros países de América Latina, como Chile y Brasil, aparece que en ellos se favoreció claramente a los terratenientes. Ella lee en las leyes no solo un interés por parte del gobierno de incentivar la explotación de las tierras baldías, sino también de estimular la migración y establecimiento de pequeños cultivadores en esas tierras para asegurar mano de obra para la producción de haciendas de agricultura más industrial (31-42). Ambas razones pudieron haber jugado un rol. Pero lo que queremos mostrar es que los intereses del gobierno no fueron los únicos que prevalecieron. Los colonos no se ciñeron sin más a la imagen que de ellos había creado la legislación. Lo que enfatizaremos a continuación es que al poner tales leyes en práctica, los actores las adaptaron a sus intereses y el Estado también tuvo que ajustarse a esas interpretaciones, de modo que su política terminó siendo más bien ambigua, no siempre a favor de los colonos o de los empresarios de tierras.62 Las categorías “poseedores de buena fe” y “propietarios”, el propio término de “terreno baldío”, el valor moral que se le daba a la explotación de las tierras por encima de su acumulación, la determinación de los linderos, todos estos eran aspectos que los actores

61 _{El “Procedimiento para denunciar terrenos baldíos hasta obtener el respectivo título de propiedad”,}

publicado c. 1897 compila, además de las leyes del 74 y el 82, también circulares enviadas por los funcionarios nacionales a los locales (gobernadores, alcaldes, procuradores, agentes fiscales locales) durante la Regeneración; en ellas se observa que, en muchos casos, dichos funcionarios protegieron a los colonos.

62 _{Esto no se contradice con el hecho evidente de que desde esta época de apropiación de baldíos hubo}

concentración de la tierra. Según las cifras recopiladas por Hermes Tovar, del total de las 111 adjudicaciones oficiales hechas entre los años 1864 y 1893, 27 adjudicaciones (24%) concentraron más del 70% de la tierra adjudicada (predios de 1.000 hectáreas en adelante), mientras que las otras 84 adjudicaciones (76%) fueron predios de áreas menores a las 1.000 hectáreas (Tovar 1995: Cuadro 19). A pesar de lo dicientes de estas cifras, lo que queremos enfatizar aquí son las respuestas de los pequeños colonos frente a esa desigualdad, sin hacer de ellos víctimas pasivas de los terratenientes.

75 continuamente interpretaban a su modo, según su conveniencia, generándose por ello frecuentes conflictos con la univocidad pretendida por las leyes.

Miremos uno de esos conflictos. En él se enfrentaron los actores “típicos”: pequeños cultivadores contra latifundistas. No obstante, la manera como se desarrolló el conflicto deja observar formas de acción variadas e imprevisibles, no simplemente un ejemplo más del enfrentamiento entre estos dos grupos. El pleito tuvo lugar en el territorio llamado Palocabildo, en límites entre Santana y Fresno (en la actualidad constituye un municipio aparte).63 En 1872 le fueron concedidas allí aproximadamente 3.000 hectáreas de tierras a Anselmo Pineda por recompensa a sus servicios, en tanto había sido un militar de importancia en las guerras de Independencia y de influencia política en la primera mitad del siglo.64 Posiblemente él mismo pidió las tierras allí porque conocía la zona, ya que había sido de los fundadores de Fresno en 1858. La concesión, sin embargo, no quedó muy clara en tanto en 1874 algunos cultivadores protestaron contra ella aduciendo que vivían y trabajaban allí hacía más de treinta años. El alcalde les otorgó posesión a título de cultivadores. Según la versión de los Pineda, a esos cultivadores les asignaron 300 hectáreas del terreno, sin embargo, los linderos que aprobó el alcalde demarcaban un área de 3.000 hectáreas, es decir, toda la concesión de la familia Pineda. En 1885, cuando Pedro Pineda, hijo de Anselmo Pineda, quien ya había muerto, empezó a hacer gestiones para recuperar el terreno, este estaba poblado por colonos que se rehusaron a abandonar sus posesiones, a pesar de que el gobierno expidió ese año una resolución a favor de los Pineda restituyendo parcialmente los terrenos concedidos en 1872. Al parecer, la resolución no tuvo muchos resultados porque en 1887 Pedro Pineda volvía a levantar su reclamo al Ministerio de Hacienda, diciendo que los “usurpadores” de los terrenos de su padre se resistían a desalojarlo, pasando por encima de las órdenes del alcalde y de la resolución de 1885. Pedía que el gobierno hiciera respetar sus leyes autorizando medidas coercitivas. El Ministerio escribió en efecto una resolución al gobierno departamental para que las autoridades departamentales hicieran cumplir la resolución a favor de Pineda. Pero esta

63 _{Los memoriales escritos por los colonos se encuentran en Baldíos, t. 7, fs. 216-236; t. 11, fs. 184-}

187v, 188-193, 194-199v, 200-204v, 245-264. La contraparte, Pedro Pineda, escribe también un memorial: t. 8, fs. 95-96v.

64 _{Había una diferencia entre concesión y adjudicación. Una concesión de tierras se realizaba a}

tenedores de bonos de tierras (obtenidos por pagos de deudas, o bien por indemnizaciones de guerras, como en el caso de Pineda) que pedían la propiedad de algún terreno, para lo cual debían costear los gastos de agrimensura y demarcación del terreno. La adjudicación se refería a los casos de colonos que cumplieron las condiciones de establecer casa y labranza en un territorio por un tiempo prolongado y se sometieron a los demás trámites administrativos para obtener la propiedad del terreno (Palacios 2002: 273).

76 tampoco tuvo gran efecto: en 1890 los habitantes de Palocabildo seguían resistiéndose al desalojo.

A pesar del presunto poder que podía ejercer sobre ellos la familia Pineda y de la eventual influencia que podía tener esta en algunos círculos del gobierno, los colonos pudieron defender sus posesiones, al menos por un tiempo (después de 1890 no hay más documentos sobre este pleito en el Fondo Baldíos, porque el Ministerio de Hacienda se desentendió de él y recomendó que se encargara de él el gobierno departamental o el poder judicial). Para ello se valieron de múltiples estrategias. Levantaron memoriales al Ministerio de Hacienda, a la gobernación y a la alcaldía, no solo de Santana, sino también de Villahermosa y Fresno. En los primeros intentos de desalojo en 1885 mostraron sus títulos de posesión otorgados en 1874. Como los linderos de esa adjudicación no eran claros, el gobierno les exigió levantar un plano del terreno, a lo que los colonos respondieron que eran pobres y no tenían los medios para ello, y que por los mismo se les había dado la gracia de no hacer plano cuando les asignaron las tierras (t. 11, f. 185).

Pero aun los colonos que no tenían títulos, porque habían llegado después a la zona, también trataban de defenderse del desalojo. Algunos aceptaban que los terrenos eran propiedad de los Pineda, pero pedían que estos debían al menos pagar indemnizaciones por las mejoras hechas por los cultivadores antes de expropiarlos. Otros aducían que los Pineda habían perdido sus derechos sobre las tierras: “No habiéndose cultivado, sino abandonado, el terreno adjudicado al coronel Pineda, continuaron ingresando cultivadores de Antioquia y de los distritos de Villahermosa, Fresno y Guayabal” (t. 11, f. 188v). Pedían la anulación de la concesión de los Pineda basándose en la mencionada ley 48 de 1882, que declaraba que los terrenos adjudicados o concedidos que se dejaran de cultivar por diez años volvían a ser propiedad de la Nación. Otros, en cambio, aseguraban que la concesión hecha a los Pineda abarcaba mucho más que las 3.000 hectáreas que les habían asignado. En un memorial de 1889 (t. 11, fs. 194-199v) se adjuntaron testificaciones de varios colonos, quienes decían que Pedro Pineda les había amenazado con malos tratos, “a rejo y a bayoneta”, para obligarlos a pagar multas, a firmar contratos de arrendamientos muy altos o a comprometerse a trabajar para él. Muy posiblemente también por iniciativa de habitantes de Palocabildo, vecinos de Santana escribieron otro memorial diciendo que Palocabildo era un importante proveedor de productos agrícolas para el municipio y que desalojando a sus agricultores se generaría una escasez de víveres allí (t. 11, fs. 200-203).

El tono de los memoriales también habla de la manera como los colonos buscaban la protección del gobierno. Insistían en que eran ignorantes y que carecían de los

77 conocimientos jurídicos para defenderse. Ante todo, recalcaban en su espíritu trabajador: “nos era grato humedecer con el sudor de nuestra frente aquellas tierras derribando agrestes montañas y bosques para convertirlas en praderas, cafetales, cañas dulces, etc, etc; nos sujetamos a muchas privaciones y después de muchos años de rudo trabajo habíamos logrado cambiar la esterilidad del terreno en fértiles surcos”.65

También enfatizaban en su actitud pacífica con respecto a la delimitación de sus tierras: “a pesar de no haber hecho una demarcación científica de nuestros lotes, vivíamos en paz trabajando honradamente” (t. 11, f. 189v).

La impresión que deja este conflicto, al menos para el período para el que contamos con documentos sobre él, es que si bien los Pineda tenían los recursos económicos para pagar autoridades que se pusieran a su favor y para contratar agentes que sembraran el miedo por medio de amenazas, no lograron imponerse sobre los pequeños cultivadores. Estos también tenían su espacio de acción, recurrieron a las autoridades y usaron diferentes estrategias de manera creativa para no dejarse expulsar.

El Estado, por su parte, actuó de maneras variadas. El Ministerio de Hacienda trató de dar algo de razón a ambas partes y en efecto oyó los reclamos de los primeros colonos y reformó la concesión inicial a Pineda, aunque para los colonos que llegaron posteriormente la situación quedó sin resolver. Pero según se deja ver en los memoriales, no se acusaba al gobierno central de no defender sus intereses, sino que el enemigo era claramente la familia Pineda. Tampoco las autoridades locales actuaron en contra de los campesinos. Por el contrario, Pineda se quejaba de su poca severidad para hacer respetar la ley. Así, los grupos de más poder carecían de un dominio pleno sobre los de menos poder, por el contrario imponerse resultaba un proceso complicado y no siempre exitoso.

Ahora bien, ¿sería posible ver a los habitantes de Palocabildo como una población cohesionada por sus intereses? La manera como se desarrolló el pleito no nos permite concluir que estos constituyeran una comunidad y estuvieran unidos bajo unas mismas quejas. Cada memorial fue producido por un grupo distinto, por lo mismo, también los argumentos y las peticiones eran distintos. Había unos colonos que tenían títulos de posesión; otros alegaban que a pesar de no tenerlos, tenían derecho a la tierra, en tanto estaban poniéndola a producir, mientras que los Pineda solo la acaparaban; otros eran arrendatarios. Quienes tenían títulos de posesión desde 1874 solo pedían volver a demarcar

65 _{Este argumento de que los esfuerzos realizados en el trabajo de la tierra deberían dar posesión de}

ella se usaba frecuentemente en los conflictos de tierras. Es de subrayar que también Pedro Pineda recurre a él: “mi padre a costa de inmensos sacrificios con el sudor de su frente adquirió [las tierras de Palocabildo] para su numerosa familia” (t. 8, f. 95).

78 las tierras. En este sentido se oponían a la petición de los que ocupaban las tierras desde hacía menos tiempo, que proponían que se anulara la concesión hecha a los Pineda en tanto habían acaparado las tierras sin explotarlas. Otros, en cambio, estaban de acuerdo con irse pero si les indemnizaban las mejoras. Esto era injusto para los que tenían título de posesión. Otros se habían decidido (aunque al parecer coaccionados) por pagar arrendamiento a los Pineda, y solo requerían que el precio a pagar se redujera, pero no apoyaban a aquellos que se negaban completamente a pagar arriendo.

Se necesita forzar demasiado lo que dicen las fuentes e ir muy lejos en la interpretación, para leer en estas peticiones “proyectos de nación” desde abajo. Estos pobladores habían llegado recientemente a la región en diferentes momentos y de diferentes partes, como lo asegura uno de los memoriales citados (llegaron “cultivadores de Antioquia y de los distritos de Villahermosa, Fresno y Guayabal”, t. 11, f. 188v). La variedad de los apellidos de quienes apoyaron los memoriales también es muestra de la variedad de su origen. Así, que estos constituyeran una comunidad que hubiera aunado intereses para proponer un orden distinto al que trataba de imponer el Estado no es muy probable. Parece más plausible pensar que los memoriales se usaron para defender intereses más inmediatos que un tipo de sociedad ideal. Quienes firmaron los memoriales debían defender sus pertenencias, sus cultivos, su casa y sus garantías de subsistencia, más que una sociedad libre de terratenientes, poblada de pequeños cultivadores. Puede incluso creerse que un mismo individuo podía al mismo tiempo apoyar un memorial contra Pineda, pero también tratar de negociar con él una indemnización o un mejor contrato de