Las vicisitudes de la renta de aguardiente en Tolima

El citado botánico francés Edouard André, que realizó un viaje por el territorio colombiano en 1876, incluyendo el valle del Magdalena, describió con sorpresa el alto consumo de bebidas fermentadas entre la población de esta región. Según comentaba, la comida era muy sobria, pero normalmente finalizaba con el anisado, la chicha o el guarapo: “On est stupéfait de voir les femmes, les jeunes filles, les enfants même, absorber sans sourciller, de grands verres de cet alcool et n’en ressentir en apparence aucun trouble fonctionnel” (André 1878: 210). El aguardiente de caña era un producto básico de la alimentación, así como de la socialización. Además podía producirse a bajos costos con técnicas precarias. En muchas zonas del Tolima, especialmente en el centro y sur, era una industria casera manejada por mujeres. Pero también existían productores a mayor escala

95 _{Guy P. C. Thomson sostiene una argumento parecido en su estudio sobre comunidades de población}

113 que contaban con aparatos más sofisticados.96 Fue este último grupo el que intervino de manera más contundente en las discusiones sobre la legislación de la producción de aguardiente.

A mediados del siglo XIX, cuando empezaron a conocerse otros licores como la cerveza y el vino, los productores grandes se encargaron de desestimular su consumo impulsando la asignación de impuestos muy altos a estas bebidas y haciendo bajar los del aguardiente. Durante todo el período liberal, los impuestos a este producto fueron muy bajos, incluso entre 1866 y 1868 el gobierno liberal del estado del Tolima los abolió completamente, tanto sobre la producción como sobre la venta (Peláez 1898b: 4-5).

Con el ascenso al poder de los conservadores en 1885, los impuestos sobre el aguardiente pasaron a desempeñar un rol mayor, ya que estos fueron convertidos en rentas departamentales y según las proyecciones representarían el mayor ingreso para los nacientes departamentos.97 El sistema que había funcionado normalmente para la recolección de la renta había sido el de patentes. Por este sistema todas las personas estaban autorizadas a producir el licor, bastando para ello pagar un impuesto para obtener la patente de producción. El impuesto era bajo para los aparatos “comunes”, como los que se usaban en las producciones caseras, y más alto para aparatos “reformados” (aparatos “comunes” a los que se les hacían modificaciones) y los importados, que producían más.98 El gobierno regenerador elevó los impuestos a todos los aparatos e incluso intentó en varias ocasiones monopolizar la producción. Esto significaba que un solo productor se encargaría de producir el aguardiente para todo el departamento, o bien, subcontrataría a algunos productores en las regiones. El productor se comprometía a pagar al gobierno una determinada suma y el resto eran ganacias para él. Este era el sistema más efectivo para el

96 _{Debe advertirse, de todos modos, que en general el tratamiento de la caña no estaba muy tecnificado}

en Colombia en esta época. André describe un trapiche que observó en Panche, Cundinamarca, aunque este solo se usaba para producir panela. La máquina era tirada por mulas. Esta le permitía a un productor “grande” sacar 125 kg de panela diarios. Esta escala de producción, según André, no podía en absoluto ser comparada con la de los trapiches de las Antillas. La novela Manuela de Eugenio Díaz Castro describe también la precariedad de los trapiches, aun los de productores “grandes” (1967: Capítulo 5).

97 _{Antes de la llegada de los conservadores al poder en 1885, la renta de licores del Tolima se cotizaba}

en $ 50.000 anuales y se recogía menos que eso. En 1898 la renta producía $ 533.000 anuales (Peláez 1898b: 6-7).

98 _{Así se describe un aparato casero con que se estaba produciendo ilícitamente aguardiente: “un}

timbo (olla) de barro, puesto en un fogón, cinco ollas también de barro ocupadas con mostos [...]; una paila de cobre; una damajuana grande con dos botellas de aguardiente; un utensilio llamado cuchara; un tubo de caña en forma de triángulo, a manera de sifón, que se emplea en los sacatines para manejar el agua en la paila; y un tubo de caña llamado flauta [por la cual pasa el licor ya condensado al receptorio] junto con un embudo de lata metálica” (AHI, cj. 344, f. 248-249v). Los nombres coloquiales de varias de las partes de los aparatos hablan de lo extendida que era la producción casera. Los aparatos “reformados” tenían más piezas en metal y otros accesorios como calentadores y refrigerantes que permitían acelerar y aumentar la producción (para descripciones de estos aparatos cf. por ejemplo Decreto nº 162 de 1899 en RO 04.04.1899).

114 gobierno, desde el punto de vista fiscal, porque eran los administradores del monopolio y no agentes estatales quienes se encargaban de la expedición de las patentes, y sobre todo de la difícil tarea del control del contrabando y del fraude a la renta. El departamento simplemente recibía la suma que le daba el administrador del monopolio y era este el que debía controlar la producción y eliminar a sus competidores.

Pero el monopolio era inconveniente para el gobierno desde un punto de vista político. Esto porque aunque el monopolio hacía que el precio del licor subiera y eliminaba la producción casera, lo que hacía aumentar la producción de los productores grandes, no todos ellos lograban negociar con el administrador del monopolio, o bien, negociaban en condiciones desventajosas impuestas por este, lo que generaba gran descontento y un alto número de detractores. Por ello, a pesar de los múltiples intentos de adoptar el monopolio (intentos que se emprendían generalmente después de época de elecciones), este nunca llegó a funcionar con éxito.

Por el contrario, el sistema de producción libre con patente permitía a todos participar del negocio y parecía ser la forma que gozaba de mayor acogida. No obstante, el sistema de patentes tampoco era acogido sin descontento. De nuevo el aumento de la producción (en especial de la producción casera) hacía que el precio bajara, mientras que el gobierno intentaba subir el impuesto para mantener las proyecciones de recaudo. Al gobierno el sistema de libre producción con patentes le representaba menos ingresos, en especial cuando este administraba directamente el control de las patentes. Santiago Sánchez Soto, Secretario de Hacienda en 1898, pensaba que la poca efectividad del sistema de administración directa radicaba en que así “no es tan oportuna y eficaz como se requiere la acción del administrador”, porque este no estaba en capacidad de ejercer el mismo control que los arrendatistas privados. Un control permanente era necesario porque “hay general tendencia a favorecer el interés particular” y “el ingenio particular” se las arreglaba para evadir el impuesto. Por ejemplo los productores hacían pasar sus aparatos por “comunes”, que pagaban menos. O bien, se aliaban con las juntas que clasificaban los aparatos, para que alteraran la clasificación. De otro lado, el contrabando aumentaba por la falta de control, pues no se contaba con los agentes suficientes, estos eran fácilmente sobornables y para el gobierno era muy costoso pagar, además de los colectores, a agentes de control (en 1896 había en todo el Tolima setenta celadores y trece visitadores que

115 vigilaban a los celadores; los visitadores tuvieron que ser reducidos a ocho en 1897) (Sánchez 1898: 17-28).99

Muchas veces el problema no era la falta de control, sino la creatividad de los productores para actuar de manera “legítima”, pero por medio de una interpretación amañada de las leyes. Por ejemplo Alí Cardoso pedía pagar un impuesto bajo por un aparato que había importado, aunque este tenía un alto ritmo de producción. Su argumento era que el aparato no estaba incluido en la ordenanza de licores:

sí es cierto que los aparatos Egrot, con calentador, no eran conocidos entonces [cuando se dictó a ordenanza de los gravámenes]. Pero ¿quién tiene la culpa de esto? ¿La tienen los productores que perdidos, que arruinados con el monopolio han hecho venir del extranjero aparatos nuevos que no están gravados con el doble impuesto para ver de trabajar con menos pérdida para sus industrias? Creo que no (Cardoso 1894: 15).

El “ingenio particular” se refleja también en la extensión de las ordenanzas y decretos sobre la renta, que debían especificar hasta el más mínimo detalle de los aparatos para evitar interpretaciones amañadas de la ley por parte de los productores. En los decretos de finales del siglo se precisaban aspectos como las formas y dimensiones de los aparatos destiladores, el material del que estaban hechos, la temperatura a la que se llevaba a cabo la destilación, el tiempo que demoraba esta.100 Todos estos detalles indican maneras en que los aparatos eran modificados por los productores para aumentar su producción sin salirse de las normas.

La solución del gobierno, al no poder imponer el monopolio y al no poder administrar por sí mismo las patentes, era arrendar la renta. El arrendatario de la renta era el que tenía que cobrar el impuesto por la patente, controlar a los productores y evitar los fraudes. Este negocio seguía siendo bueno para el fisco del departamento, porque este recibía una suma fija, así como para quien obtuviera la administración de la renta. Muchos productores competían por obtener la renta, que se adjudicaba por medio de remate (se propuso a veces la asignación directa, pero el gobierno temía a la reacción de los no beneficiados101, por lo que siempre se optó por el remate). El descontento empezaba justamente desde el momento de la adjudicación, porque quienes no resultaban beneficiados, calificaban el remate de fraudulento. Otra complicación radicaba en el hecho

99 _{Los celadores eran fácilmente sobornables ya que su sueldo era bajo. Normalmente se les pagaban}

sobresueldos, pero se encuentran quejas por la falta de pago de estos (cf. AHI, Actas Concejo Ibagué 1898- 1901, pp. 214, 247). Quizás en contraprestación por el mal pago, los celadores solían apropiarse el aguardiente confiscado (cf. AHI, cj. 344, fs. 246-266; fs. 282-195v). Podría pensarse que este cargo lo ocupaban personas de origen humilde, en tanto algunos no sabían firmar (cf. por ejemplo AHI, cj. 344, f. 248).

100 _{Cf. por ejemplo Decreto nº 162 de 1899 en RO 04.04.1899.} 101

116 de que los que obtenían el arrendamiento de la renta eran normalmente a su vez productores.102 Así, los arrendatarios de la renta solían tomar medidas para desestimular la producción de sus competidores, por ejemplo hacer muy costosas las patentes, realizar revisiones permanentes a los aparatos destiladores, que hacían bajar el ritmo de producción, otorgar solo cierta cantidad de patentes a cada productor, o simplemente negarse a dar patentes. Gozaban para ello de mucho poder, pues estaban facultados para contratar agentes que controlaran el fraude y el contrabando, que tenían el carácter de agentes de policía.103

Las quejas no se hacían solo contra los administradores de la renta, sino también contra el Estado, que, se aducía, los estaba favoreciendo. Así lo advertía el Secretario de Hacienda en 1897, quien recomendaba hacer cambios al sistema de las rentas, ya que la legislación que regía había hecho que en 1894 los rematantes arruinaran a productores competidores con medidas extremas de control y altos impuestos, lo cual creó un descontento general que se volcó contra el gobierno: “tornó desafectos al Gobierno a no pocos de los que antes eran sus sostenedores decididos e inflamó las iras de los enemigos de antaño” (Sánchez 1898: 18).

Desde 1897 el gobierno intentó imponer definitivamente el sistema de monopolio. En 1898 se asignó el monopolio directamente al empresario antioqueño José María (“Pepe”) Sierra. El gobierno justificaba esta medida aduciendo razones de salud pública y moralidad. Aquilino Aparicio, gobernador en 1897, argumentaba que la producción debía controlarse hasta hacerse prohibitiva, en tanto las bebidas alcohólicas eran nocivas, conducían al abuso, degradaban al individuo y lo arrastraban al delito: “Los derechos fiscales con que son gravadas [las bebidas embriagantes], por crecidos que parezcan, deberían ser considerados por los que las producen y expenden, como compensación, nunca justa, de los gastos que el gobierno se ve obligado a hacer para contrarrestar los malos efectos del vicio” (LV 21.05.1897: 1).

En otro artículo en pro del monopolio se decía:

Los productores de aguardiente aspiran a constituirse en casta privilegiada, y no es justo que la carne y la sal estén gravadas excesivamente, a tiempo que la bebida embrutecedora y degradante esté, por su bajo precio, al alcance de todas las clases sociales. Tanto para proporcionarle entradas al fisco como por motivos de moralidad pública, el gobierno está en

102

El sistema funcionó así hasta el final del siglo, pero sabemos que para 1911 fue claramente estipulado en la Ordenanza nº 39 sobre licores de ese año, artículo 113, que los empleados de la renta no podían tener participación directa o indirecta en negocios relacionados con producción o venta de licor.

103 _{Sobre el estatuto de los agentes de la renta cf. Ordenanza nº 1 de 1892, art. 21, en: Ordenanzas,}

117 el deber de gravar los productos alcohólicos, desoyendo los clamores de los que miran solo por sus propios intereses (LV 24.09.1897: 1).

Pero para los productores, era justo mirar a sus “propios intereses”, por cuanto, según ellos, el gobierno estaba restringiendo la libre empresa y violando el derecho a la propiedad. Muchos de ellos alegaban que habían ejercido aquella industria por muchos años sin tantas restricciones y de ella habían derivado su fortuna. Por eso no toleraban tan fácilmente los nuevos controles. También se alegaba frecuentemente que imponer el monopolio era dejar morir la agricultura del Tolima. Quien lo describió más patéticamente fue Manuel Angarita, abogado apoderado de algunos industriales perjudicados por el monopolio, que publicó varios folletos sobre el tema. En un folleto de 1898, Angarita escribía que la tercera parte de la población tolimense vivía de la industria del aguardiente o de industrias adyacentes a esta: cultivos de café, caucho, cacao. Declarar el monopolio podía aumentar las rentas del departamento, pero a costa de la pobreza de los pobladores. Angarita terminaba este escrito dando un aterrador cuadro del Tolima: tras la plaga de langosta, que aún no había terminado, y la depreciación del café, se cerraba con el monopolio otra importante fuente de empleo. Y ya se notaban los efectos de esa crisis:

Vénse por todas partes rostros macilentos y ojos apagados de personas que apenas tienen aliento para moverse. [...] Las modestas casas del camino están abandonadas [...]. Después de varias leguas de camino, en aquellos climas abrasadores, no se halla ni una miserable refacción, ni agua para apagar la sed, ni sombra que a uno lo cubra. Todo allí está desierto, triste, desolado... Tal es la situación actual del Tolima (Angarita 1898: 52).

Los productores veían el trabajo de sus industrias como un valor en sí mismo. En efecto, el auge económico del Tolima desde la segunda mitad del siglo XIX se debía en buena parte a esos hacendados, agricultores y comerciantes que habían desarrollado recientemente la industria agrícola allí con poca intervención del Estado. Puede entenderse así que las medidas cada vez más intervencionistas del Estado regenerador les resultaran injustificadas. En últimas, decían estar dispuestos a recibir indemnización por los perjuicios causados por el monopolio, pero tampoco lograron llegar a acuerdos con el gobierno, porque cada parte valoraba de manera muy distinta las propiedades. Surgieron tal número de críticas al monopolio, y fue tan fervientemente debatido, que el gobernador, Manuel Casabianca, se vio obligado a renunciar, y su sucesor, Emilio A. Escobar, tuvo que optar por cancelar el contrato de monopolio con José María Sierra y establecer de nuevo el sistema de patentes, que fue adjudicado en remate a varios productores.