La información y el papel del Estado

La información es imperfecta, en parte, debido a que su recopilación es costosa. Un trabajador, por ejemplo, que desconoce los riesgos asociados a su puesto de trabajo aceptará trabajar por un menor salario que el que reclamaría en caso de tener información completa. En esta situación, los costes de producción de la empresa serán menores, se estarán subestimando los auténticos costes para la sociedad y se producirá una cantidad excesiva del bien en cuestión.

Los gobiernos, conscientes del peligro de los fallos de mercado ocasionados por la incertidumbre y la información imperfecta, adoptan regulaciones sobre la salud y la

seguridad y fijan estándares de calidad68. Al imponer un estándar, por ejemplo, los gobiernos aumentan el coste privado de producción al impedir que las empresas elijan métodos o técnicas de producción que habrían elegido en ausencia de regulación buscando minimizar los costes. Por ello, al establecer y hacer cumplir estándares, exigir certificaciones y el cumplimiento de determinadas normas, se busca reducir los riesgos asociados a la escasez de información.

validos: más de dos precios de equilibrio, que las empresas ya instalada aumenten su precio cada vez que entra una nueva emp resa al mercado, y así sucesivamente.

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El interés público puede ser especialmente importante cuando se sabe poco sobre un producto y cuando las consecuencias de cualquier error pueden ser catastróficas para la sociedad.

Suponga que no se conocen todas las características relevantes de un producto, implicando algunas de ellas cierto riesgo como, por ejemplo los efectos secundarios de un fármaco o la inestabilidad de un coche. Desde el punto de vista de los productores, la curva de oferta, en caso de existir, será la misma con o sin información69. Por el contrario, la curva de demanda cuando los consumidores no son conscientes del peligro será mayor que cuando existe información sobre los peligros asociados a este producto. Si esta estuviera disponible, la menor cantidad consumida evitaría un gasto social excesivo, consecuencia de la sobreproducción del bien, si bien a dicha ganancia social se le debería restar el equivalente monetario de los recursos que la sociedad dedica a descubrir la información relevante.

Por ello, en vez de que cada persona comprobara individualmente todos los productos en el mercado, tiene más sentido, desde el punto de vista de la sociedad, tener una institución reguladora que lleve a cabo las comprobaciones necesarias y dicte normas obligatorias. En último término, se supone que el gobierno tiene acceso a mejor información que el sector privado y puede juzgar si el verdadero coste social está por encima del coste privado permitiendo a los individuos suponer que los productos que se venden son seguros.

Esta situación se representa en el gráfico 5.4. Cuando los consumidores no pueden individualmente descubrir los riesgos asociados al consumo o a la utilización de un bien en concreto, el equilibrio de mercado ocurre en el punto E. Si una agencia gubernamental proporciona información sobre los productos, la curva de demanda se desplaza a la izquierda y el nuevo equilibrio se sitúa en E’, donde el verdadero valor (con información completa) de una unidad adicional del bien es igual al coste marginal social. El suministro de información impide una pérdida de bienestar E’EF que surge cuando los consumidores no informados utilizan la valoración marginal equivocada de las ganancias que proporciona el consumo del bien.

P Q p´ q Gráfico 5.4 p S q' 0 con información sin información 69

Sin embargo, podría modificarse si para eliminar los riesgos asociados al producto se requieren mayores costes de producción.

Por otra parte, la provisión de información o la reducción de riesgos también presentan complicaciones. Por ejemplo, en ocasiones podría ocurrir que, por encima de un determinado nivel, el coste marginal social de la sucesiva reducción del riesgo sea mayor que la ganancia marginal social. En este caso se requeriría un gran esfuerzo para reducir ligeramente el riesgo y quizás los recursos dedicados a ello podrían haberse canalizado hacia otras actividades. En términos generales, cada regulación se impone hasta el punto en que el coste marginal y la ganancia marginal de eliminar el riesgo se igualan en una determinada actividad, lo que generalmente implica que el riesgo no sea eliminado completamente o, dicho en otras palabras, seguirán existiendo imperfecciones en la información.

Finalmente, no siempre las certificaciones de seguridad o calidad se deben al Estado. En ocasiones, son instituciones privadas las que proporcionan certificaciones valiosas, como las famosas casas de subastas sobre determinadas obras de arte o las universidades privadas que certifican los meritos académicos de sus estudiantes. Sin embargo, existen dos factores que impiden su proliferación. El más importante es que los incentivos a la veracidad pueden no resultar del todo evidentes. Si las empresas certificadoras quieren maximizar beneficios, existen poderosos incentivos para recibir sobornos por parte de otras empresas que también ganarían más de tener la acreditación oportuna. Incluso si este no fuese el caso, ¿creerían los consumidores que no lo han hecho? Se volvería de nuevo a los problemas de la selección adversa que se logran evitar con la intervención estatal70.

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Las empresas que emitieran certificaciones falsas pueden ser demandadas, pero esto requiere dinero y tiempo. Los individuos y la sociedad en su conjunto podrían no tener suficientes recursos para ello.