LA AMENAZA DEL ESTADO DE BIENESTAR VIRTUAL

Señalado lo anterior, y toda vez que éstas exigencias, indudablemente plausibles, no resultan fácilmente viables, por razones de toda índole, fácil- mente comprensibles y que las mismas en probable que se conviertan en buenos deseos, la fase crítica del EB se encuentra, pues, relativamente cer- ca, aunque no inmediata, en un horizonte que no excederá de 2020, a tenor de las proyecciones demográficas y de la estructura económica inter- nacional de las que disponemos. Tal fase crítica en modo alguno augura su acabamiento y extinción, sino lo que pudiéramos llamar, su «virtualiza- ción» y que entendemos por el mantenimiento nominalista de las proyec- ciones del EB simultáneo a un ajuste de las mismas a las posibilidades funcionales de una economía europea en inevitable decadencia. Y ello, porque entendemos que el consenso político y la cohesión social tolerarían, aún peor que la reducción sensible del conjunto de políticas sociales que integran el EB, la escenificación de su recorte.

Ante ello, resulta previsible que alternativamente a dicho recorte se pro- duzca la devaluación material de dichas prestaciones hasta unos extremos que puede augurarse la aplicabilidad de una «ley de bronce de las presta- ciones sociales», al modo de Ricardo y Lasalle de los salarios, que propug- nará la adecuación de las mismas a los niveles precisos para el cumpli- miento estricto y limitado de sus fines, asimétricamente considerado; míni- mos en su proyección material o intrínseca (sanidad, educación, vivienda, pensiones) y máximos en cuanto su función legitimadora del orden políti- co, es decir, del plusvalor político derivado de su mera visualización o conciencia de su mera presencia. La reducción del diferencial entre pen- siones contributivas y no contributivas, la política educativa dual, por una parte masiva, formularia y condescendiente y por otra, meritocrática, basa- da en una selección natural (restringida, por tanto, naturalmente, a los des- favorecidos) la política de vivienda meramente centrada en el aprovecha- miento del stock creado en los desafueros de la primera década del siglo

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145 coexistirán con una política sanitaria, quizás la más compleja, que al ser «de resultado», resulta más difícilmente evanescente.

Hace justamente un cuarto de siglo, GARCIA COTARELO (1986), en ensayo cuyo desafortunado titulo paradójico desmerece a su profundidad conceptual y lucidez anticipatoria, Del Estado de Bienestar al estado de Malestar planteaba crudamente la cuestión «La dureza de los mecanismos económicos a veces parece no tener paliativos y cuando, por los motivos que sea, tales excedentes [sociales] comiencen a escasear es de temer que éstos derechos [sociales] tiendan a adquirir caracteres litúrgicos o mera- mente retóricos»

En tal sentido es, justamente, en el que planteamos la posible cercanía de un modelo virtual de EB, en el que la proyección externa o material de las políticas sociales que lo integran y que han de sufrir de manera inevita- ble un debilitamiento, habrá de articularse con una gestión política del mismo, que perseguirá que dicha reducción material se lleve a cabo sin altos costes de legitimidad, al establecer un decrecimiento paulatino de las prestaciones, que resulte no fácilmente anticipable por la ciudadanía hasta el momento mismo de la percepción singular, así como una configuración engañosa de las mismas, evitando, en consecuencia, en la medida de los posible, plantear retraso radicales en la edad de percepción —por más que actuarialmente resulte inevitable— y demorando su plena aplicación a un futuro remoto, al ritmo actual de acontecimientos, de quince o veinte años, eludiendo mecanismos de copago, por equitativos que pudieran ser y no suprimiendo o restringiendo radicalmente, en modo alguno, derechos, me- didas todas ellas generadoras de profundas reacciones colectivas, derivadas de un comprensible sentimiento de expolio y frustración.

Desde tal planteamiento, serían entendidas como pertinentes medidas como la introducción de mecanismos devaluatorios o desincentivadores, —bases de cálculo desfavorables, retrasos en las prestaciones, estigmatiza- ción de los usuarios, periodos de carencia— y regulaciones complejas que individualicen prestaciones teniendo en cuenta patrimonio preexistente, parientes con obligaciones de asistencia, etc, que en modo alguno se pre- senten como recortes materiales, sino como adecuaciones situaciones sin- gulares, pudiendo alcanzar incluso —hasta ello puede llegar el marketing político— la consideración de mejoras en el sistema de protección.

Tal dinámica pudiera ser compatible, incluso, paradójicamente, con la ampliación del número de beneficiarios con percepciones o estándares in-

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feriores, lo que pudiera compensar, cuantitativamente, el deterioro cualita- tivo. La creación de una masa de perceptores–perdedores, náufragos socia- les, que admitan sin resistencia su exclusión natural del ámbito contributi- vo, esto es, su ajenidad al mismo y asuman, con conformidad, sin experi- mentarlas como una afrenta, percepciones de bajo coste, de manera normalizada tendería a relativizar el descontento al que pudiera dar lugar el vaciamiento —o aligeramiento— material de los sistemas de protección. La previsible expansión de lo que pudiéramos denominar jubilación fáctica anticipada, es decir, la derivada de la situación de centenares de miles de trabajadores, muchos de ellos desde su primera juventud, que en el entor- no de la cincuentena se han incorporado al desempleo crónico que enla- zará, veinte años mas tarde, con una prestación de jubilación devaluada, va a suponer la creación de un segmento social perceptor temprano de subsidios vitalicios a cambio del deterioro de una prestación contributiva absolutamente merecida, pero frustrada a la postre. En tal caso, la cuantía de la prestación, dramáticamente baja, será compensada por su duración, que se extenderá, en consecuencia, a gran parte de la vida de muchas per- sonas, creándose niveles de subsistencia, en los que participen amplios sectores sociales de manera crónica.

La devaluación, supuesto extremo e insólito en el caso de la moneda única, no es tampoco descartable, como mecanismo de ajuste, no solo prestacional, sino en orden a la mejora de la competitividad y el sosteni- miento del sistema mismo por más que ello presente notables dificultades de concertación. Se ha recordado recientemente, con absoluto sentido de la oportunidad, que la reducción del gasto público y las reformas a favor de la competitividad, pudieron funcionar en un momento en que la deva- luación de la moneda propia permitía sobrevivir a la economía nacional en tanto se asentaban los efectos de las referidas reforma, y que, por tanto, una operación de reajuste de gran calado, de ámbito de la UE, por tanto, forzosamente deberá considerar tal opción.

Las diferencias entre los diversos modelos de EB —concepto que utili- zaremos en términos convencionales, aún pecando de incoherencia— pre- sente y los futuros no consistirían, de hecho, no consisten ya, en el nivel de protección, la capacidad redistributiva o las políticas activas de empleo, a la baja, en general, sino en la gestión instrumental de las mismas, en el peso de la financiación individual o la mayor o menor presencia de la ex- ternalización y del Tercer Sector, esto es, en unos términos propios del modelo liberal del EB en regresión caracterizado por ESPING ANDERSEN

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147 (1998) y KORPI (2003), que tiende a convertirse en modelo convergente de EB, excepción hecha de singular modelo escandinavo, no ajeno, por cierto, a la crisis del modelo, pese a sus inexportables peculiaridades. Con todo, las externalidades de la implantación de tal modelo dependerán, induda- blemente, de su ritmo y de la adecuación del mismo a eventuales recupe- raciones dentro de la previsible tendencia decadente, así como de ace- chanzas no menores, como eventuales procesos inflacionarios que pudie- ran producirse. Asimismo, en sociedades no abiertas, en terminología pop- periana o aquellas en las que converjan o interactúen otros procesos críticos (políticos, culturales, identitarios, etc.) ello dará lugar, inevitable- mente, a procesos que presenten turbulencias políticas de todo orden. Y ello, porque la transición al EB virtual, que planteamos como posibilidad, requeriría, en cualquier caso, un tempo, una estabilidad política, económi- ca y social que permitiera las mutaciones que comporta.