la dispersión forzada de las CPR en distintos lugares del país. Ambos procesos hicieron necesario, por un lado, la lucha por la defensa de los recursos naturales propios de los pueblos; y por otro, el fortalecimiento y mantenimiento de la articulación de las comunidades que en su día formaron parte de las CPR.
Esta situación vino a plantear la importancia de profundizar en el conocimiento de la agresión, y en la necesidad de la comunicación, de la información pública y del intercambio de información, encaminados a la creación de un espacio de trabajo por el control y uso de los recursos naturales, así como el conocimiento de la situación que se vive en cada comunidad y su entorno. Un proceso por medio del cual se buscaba profundizar el conocimiento de los nuevos asentamientos de la población, y las características de los lugares en los que cada comunidad se encontraba viviendo.
L
as nuevas agresiones han tenido su expresión en las empresas que explotan o buscan explotar los recursos naturales, de manera que cualquier tipo de resistencia y/o defensa de estos recursos debía hacerse desde una posición informada.Dicha defensa requiere de la articulación de las comunidades afectadas, en un proceso progresivo en el que lograr entendimientos comunes es un paso determinante para la construcción y consolidación de espacios de coordinación y alianza, con objetivos claros y concretos para cada uno de los participantes, como medio para lograr el nada sencillo propósito de resistir y defender los recursos naturales.
De manera que la situación de cada una de las comunidades y las nuevas agresiones las colocaron como actor-sujeto de su historia. De ahí que el proceso buscara promover la recepción, el análisis y un adecuado manejo de la toda información acerca de estas nuevas agresiones, con la idea central de
alcanzar entendimientos y acuerdos comunes entre ellas para la toma de decisiones conjuntas.
La información oficial acerca de las acciones y actividades que realizan los ministerios responsables, así como de las emprendidas por las empresas explotadoras —sin olvidar a los actores locales que trabajan a favor del Estado y las empresas—, se constituye en un medio de potenciar el conocimiento, el análisis, las decisiones y la solución o forma como las comunidades piensan que se debe enfrentar el embate del capital nacional y transnacional que están penetrando las áreas de riqueza potencial en agua, minerales, petróleo y tierras aptas para el cultivo de palma africana y caña de azúcar.
Es necesario, pues, el análisis y el debate
comunitario, para la toma de decisiones informadas y basadas en:
● El conocimiento de los instrumentos de la agresión, como son el ajuste estructural,
Las nuevas
resistencias:
la defensa del territorio y
los recursos naturales
VII.
1. El proceso de reestructuración y
reorganización de la resistencia
comunitaria en el norte de Quiché
los tratados de libre comercio y los planes o programas encaminados a la preparación de las condiciones para desarrollar el nuevo modelo económico; las leyes que faciliten su realización, como la Ley de Catastro, la Ley de Concesiones, la Ley de Agua, la Ley de Minería y otras.
● La forma como se está llevando a la práctica esta nueva agresión, es decir, el conocimiento acerca de los lugares y de los actores que planifican, elaboran y ejecutan estas acciones; las hidroeléctricas que están planificadas y/o proyectadas independientemente de su nivel de avance o construcción; en qué momento de su gestión se encuentran las solicitudes de reconocimiento, exploración o explotación minera o petrolera; así como las zonas y lógicas de cultivo, concentración y expansión de tierras de las megaplantaciones y otros megaproyectos y, obviamente, su efecto para comunidades, población y medio ambiente.
● Las empresas que llevan adelante estos proyectos, las autoridades nacionales que se relacionan con ello y el actuar de las autoridades y otros agentes locales que favorecen estos propósitos.
Es importante que se eleve el debate a nivel comunitario, que abra el rumbo a la consulta. “Hay que dar aviso. Hay que hacer consulta para hacer acciones y consensos comunes. Tiene que haber planes para resistir hoy, fijar rumbos de resistencia, que el Gobierno debe respetar”1.
Y, además, es imprescindible la socialización y estudio de la información como base fundamental del proceso. Esta acción estratégica motivó la elaboración de planes o agendas mínimas de trabajo a nivel regional, que para su ejecución necesitan de la organización comunitaria como fundamento y guía del rumbo de la resistencia, con el afán de lograr que las decisiones de las comunidades sean respetadas por el Gobierno, las autoridades locales y las empresas. Para ello, es importante llegar a las comunidades, lograr la unificación de la organización comunitaria, fortalecer la organización en general, pero en especial la de jóvenes y mujeres, buscar el acompañamiento solidario y consciente, y manifestar y denunciar los hechos de violencia y abusos en contra de la población que lucha y resiste por defender su vida. Los gobiernos municipales, como autoridades locales, deben responder a las demandas y necesidades comunitarias, así como respetar los acuerdos y decisiones que las comunidades tomen con relación a la explotación y uso de los recursos naturales. Eso subraya la importancia de conocer y estar al tanto de las leyes municipales, leyes de descentralización, así como de los acuerdos y convenios internacionales firmados y reconocidos
por el Estado guatemalteco, los cuales se
transforman en parte del ordenamiento jurídico de Guatemala una vez firmados por un gobierno.
1.1. Las consultas comunitarias sobre los territorios y los recursos
Una de las primeras manifestaciones de esta nueva estrategia de resistencia comunitaria fueron la consulta de Comitancillo, el 18 de mayo de 2005, y la de Sipakapa, un mes después, el 18 de junio. En ambos municipios del departamento de San Marcos, las comunidades dijeron no a la minería. Hasta finales del año 2011 se habían realizado alrededor de 62 consultas municipales de buena fe en Guatemala. Cinco de ellas han tenido lugar en el departamento de Quiché. La primera se realizó en Ixcán el 20 de abril de 2007, con una afluencia de 21.155 personas; de ellas, 18.982 se pronunciaron por el no a la explotación de sus recursos naturales, y 1.829 por el sí. Las restantes se realizaron en los municipios de Cunén el 27 de octubre de 2009, en Santa Cruz del Quiché el 22, en San Miguel Uspantán el 29 de octubre de 2010 y en Sacapulas el 20 de mayo de 2011. En todas ellas se alcanzó la misma decisión.
1.2. El proceso de información, formación e intercambio comunitario
Como respuesta a las agresiones, cada vez más evidentes, de los nuevos actores de la globalización, contra la Madre Tierra y contra los territorios de los pueblos indígenas del norte del departamento de Quiché, las comunidades iniciaron un proceso sostenido y permanente de información sobre estas agresiones, formación en los derechos que les asisten e intercambio de experiencias de resistencia local. Para ello, a principios de la década de 2000, se iniciaron una serie de reuniones y encuentros que constituyen la base para la reestructuración de la resistencia comunitaria que se vive hoy en la región. Uno de los primeros temas que se tocó en el marco de este proceso fue la conflictividad de la tierra y los problemas que en razón de ello habían tenido lugar, abordando problemas concretos que se han dado en la región —y que han sido documentados en la presente publicación—. Muy relacionado con ello, se hizo referencia al problema de compra de tierras, terrenos, nacimientos de agua, etc., y a que detrás de todo este movimiento de compra estaban las compañías interesadas en la explotación minera y en la construcción de hidroeléctricas, pero que eran personas que prestaban su nombre o bien su personalidad jurídica las que llevaban adelante dichas compras. Estas personas son conocidas en la región como penetradores.
1. II Encuentro Plenario de Iniciativa de Memoria Histórica. Chichicastenango, 8-11 de septiembre de 2005.
VII. Las nuevas resistencias
También se subrayó la presencia de compañías en esta región solicitando el paso y recibiendo la negativa por parte de las comunidades, como es el caso de la compañía Enel, tras la reunión que mantuvo con siete comunidades de la zona de Xeputul, en Pa’l, en 2007.
Ante el interés sobre la temática, las comunidades decidieron seguir teniendo como punto inicial, en las reuniones comunitarias, intercomunitarias y regionales, el intercambio de información sobre las agresiones, y también sobre las respuestas que se estaban dando a nivel local. Se tomó conciencia de que el problema no afectaba únicamente a una comunidad, sino era un problema que iba más allá de la comunidad, del municipio, del departamento, y que incluso trascendía fronteras, dando inicio a un proceso que fue articulando sentimientos, conocimientos, pensamientos y entendimientos comunes frente a un problema que afectaba a todos. La amenaza de los efectos de la construcción de represas abrió un espacio de encuentro, en marzo de 2002, cuando se llevó a cabo el I Foro Mesoamericano contra las Represas, cuyo sentir general lo resume su nombre: “Agua, luz y tierra para los pueblos”. Como consecuencia de este espacio, en julio de 2005 se realizó el I Encuentro Nacional de Afectados y Amenazados por Represas y en Defensa del Agua en Guatemala, en el que se conformó el Frente Guatemalteco de Afectados y Amenazados por Represas y en Defensa del Agua (FGARDA)3.
El documento que recoge el contenido de lo abordado durante el III Encuentro Nacional de Afectados y Amenazados por Represas y en Defensa del Agua, celebrado del 22 al 24 de abril de 2008, en la Taña, Uspantán, Quiché, ofrece información bastante completa con relación a los megaproyectos hasta ese momento conocidos (palma africana, petróleo, minería, interconexión
eléctrica, hidroeléctricas), así como sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Este encuentro marca un hito en el proceso de reestructuración y se constituye en símbolo de que la información sobre lo que está ocurriendo en la región —una información de gran nivel tanto en cantidad como en calidad— pasa a ser propiedad de las comunidades, que la comienzan a usar en cada proceso de lucha y resistencia.
Ahora bien, como todo proceso responde a las características en este caso municipales, al nivel de conflictividad existente y a los ritmos propios de la organización comunitaria e intercomunitaria, y a la forma como se expresan las relaciones de poder, es natural que el avance que tenga en cada municipio sea fiel reflejo de esta situación específica.
1.3. El proceso de reestructuración de las resistencias en Cunén
La consulta sobre territorios y recursos naturales tuvo lugar en el municipio de Cunén el 27 de octubre de 2009, y fue organizada por el Consejo de Comunidades de Cunén. Se pronunciaron un total de 11.116 personas adultas y 7.808 niños y jóvenes (18.924 personas en total) de las 72 comunidades pertenecientes a Cunén. El 100% de los participantes se pronunciaron por el no a la minería, lo que significó el 57,5% del total de 32.903 habitantes con que cuenta el municipio. Según la Memoria de la consulta, el Consejo de Comunidades de Cunén está compuesto por 21 personas y se constituyó en la asamblea realizada en San Siguán con dos representantes por microrregión. Cunén está integrado por ocho microrregiones y 72 comunidades. Fue en el
LOS PENETRADORES
Tanto las empresas cañeras o de palma, como también las empresas interesadas en la producción de energía eléctrica y extracción minera, deben vencer los temores y el rechazo de las comunidades. Para ello están
empleando a personas de confianza de las comunidades, líderes, organizaciones no gubernamentales (ONG)
y organizaciones sociales que trabajan en las áreas de interés de dichas empresas.
Las personas que se dedican a esta actividad se conocen como penetradores; es así como a pesar de la oposición de la población han logrado su objetivo. Por ejemplo, en el norte del Quiché, Defensoría Maya ha jugado este rol, es decir, realizar el trabajo de penetración en las comunidades, en su caso, para la compañía Enel, para la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Jute.
Esta organización, utilizando su prestigio, confianza y buenas relaciones con las comunidades del área
de Xeputul en Chajul, ha sido la encarga de montar todas las actividades relacionadas con esta acción, preparar y convocar a conveniencia las reuniones y visitas, y prometer la realización de proyectos de
diferente tipo para convencer a las comunidades en nombre de Enel. 2
2. Resistencia de los Pueblos, boletín de marzo de 2007. Pág. 11-12.
3. Memoria del Tercer Encuentro Nacional de Afectados y Amenazados por las Represas y Defensa del Agua. La Taña, Zona Reina, Uspantán, Quiché. 22 a 24 de abril de 2008.
Consejo de Comunidades, como organización representativa de todas las del municipio, donde se tomaron los acuerdos y decisiones con los que se busca solucionar la problemática de la minería que afecta a Cunén, donde se tomó el acuerdo de realizar la consulta para que sean todas las comunidades las que tomen la decisión de qué hacer con sus recursos naturales. La consulta, en palabras de un dirigente comunitario, fue “una fiesta en las comunidades”.
La unión de Cunén en pro de la defensa de sus recursos naturales partía de la base de 10 demandas públicas consensuadas entre todas las comunidades del municipio, que se adoptaron el 14 de enero de 2009. Entre ellas, dos referidas a la defensa de la Madre Tierra y del medio ambiente.