La etapa de Eduardo Zaplana: los grandes proyectos.

La Presidencia de Eduardo Zaplana sería una etapa caracterizada por la introducción a gran escala del marketing político, en contraposición a la austeridad en la explicación sobre la gestión del gobierno característica de la etapa del socialista Joan Lerma. De la paralización de las obras de la torre de las telecomunicaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se pasaría al desenfreno por la construcción de grandes proyectos –la propia Ciudad de las Artes y las Ciencias, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz- que constituirían la impronta de la etapa Zaplana. Resulta paradójico que un partido cuya ideología se basaba en los principios neoliberales, la no intervención o la mínima intervención del Estado en la economía, y el recorte o la restricción de los presupuestos públicos para que la iniciativa privada pudiera disponer del máximo de recursos y decidir libremente el

destino de sus inversiones, dedicará sus mayores esfuerzos de gestión y de presupuesto a finalidades contrarias a la ideología que abanderaba, más propias de un gobierno intervencionista y partidario del incremento en el gasto público. Elevadas partidas presupuestarias se destinarían así a la inversión en actividades que corresponden al sector privado, se incrementaría el presupuesto público, se aumentarían los tributos y se incurriría en una etapa de crecimiento económico con un elevado déficit en las cuentas públicas.

El PPCV impondría un estilo de gobierno en la autonomía reflejo de la propia organización del partido. Así potenciaría las diputaciones provinciales como una especie de virreinatos presididos de ordinario por su máximo dirigente provincial. Así, el presidente provincial del PPCV de Alicante, Julio de España, sería el primer presidente popular de la Diputación alicantina, y respectivamente Carlos Fabra lo sería de la de Castellón y Manuel Tarancón de la de Valencia. Este último declaraba que pretendía gobernar “con independencia del color político de los municipios”, si bien los hechos –y en especial el reparto de las subvenciones– demostraron lo contrario.

El PPCV comenzó a gobernar cuando el noventa por ciento de las transferencias de competencias del Estado a la autonomía ya se habían realizado y, especialmente, las más importantes de sanidad y educación. Poco quedaba por reivindicar al Estado. Con la estructura administrativa de que disponía Joan Lerma era suficiente para gestionar las transferencias. Las promesas contenidas en el documento de Zaplana, “100 soluciones para empezar”, no se aplicarían. La promesa de reducir en un 25% el número de altos cargos se aplicaría exactamente en sentido inverso300_{, puesto}

que desde la llegada del PPCV al Consell el número de altos cargos no dejaría de incrementarse y ello sin contar los cargos directivos de nueva creación en los organismos, fundaciones y empresas públicas constituidas por el gobierno popular301_{. En cuanto al número de funcionarios, este aumentaría en la etapa de}

gobierno del PPCV, sin aumentar las transferencias. La amortización de plazas que se realizó posteriormente se sustituyó por la ocupación de las mismas por personal de empresas privadas o públicas bajo el eufemismo de asistencias técnicas –Vaersa, Tragsa-, que realizan la labor de los funcionarios. Estas personas no computan como personal de las administraciones públicas –sean funcionarios o laborales-, de forma que, sin reducir en la práctica plantilla; se puede presumir de disminuir los funcionarios, ya que las empresas donde figuran en plantilla firman un contrato de prestación de servicios con la conselleria respectiva.

300 “El número de altos cargos de la Generalitat pasó de 99 a 137 en 2003, un 38% más.” Levante- El Mercantil Valenciano, 18 de octubre de 2004.

Los socialistas habían creado empresas mercantiles públicas para agilizar la gestión y eludir el farragoso–aunque más transparente– proceso administrativo, tanto en la

Generalitat como en las diputaciones –Girsa (residuos), Egevasa (agua potable), Centre Verd de la Diputación de Valencia, Sanejament de Aigües de la COPUT, Vaersa

y Vapsa en Medio Ambiente-. En un principio, y en aras de una pretendida ideología liberal, se planteó antes de tomar posesión del gobierno autonómico la conveniencia de disolver esas empresas, ya que competían con las privadas. Pero, una vez asumido el poder, el gobierno del PPCV dispararía su número con la constitución de nuevas empresas, además de la creación de innumerables fundaciones y entes públicos.

Vaersa, en manos de gestores afiliados a UV, se convirtió en una “oficina de empleo” para contratar sin selección a determinadas personas –se confundía profesionalidad con militancia en UV-302_{. Sólo viendo la relación de contratados en brigadas}

forestales y su procedencia en los años 95 y siguientes, se sigue un hilo conductor que lleva directamente a vínculos con UV. Las empresas rentables serían privatizadas por el gobierno de Zaplana y adjudicadas a sociedades creadas ex profeso por las Cajas de Ahorro y personas vinculadas, a cambio de participar en la constitución y en el capital social de la empresa que sería la propietaria de Terra Mítica. Caso de la empresa pública que gestionaba las ITV –inspecciones técnicas de vehículos- que se adjudicaron entre otros a Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo, y a empresas de particulares con ciertas conexiones.

Tanto en el Consell como en las Diputaciones el PPCV privatizó empresas públicas rentables e implantó modelos de gestión privada sufragados con dinero público como en la Sanidad con el denominado “modelo Alzira”, que lo convierte en rentable desviando pacientes de otras comarcas. Las nuevas empresas públicas también tuvieron como finalidad eludir en esa etapa los controles públicos y la aplicación de la normativa de contratación pública, aumentando la opacidad. Sería, entre otros, el caso de Ciegsa, que se creó con la finalidad de adjudicar la construcción de nuevos centros de enseñanza; tarea que se realizaba perfectamente por funcionarios públicos siguiendo las normas de contratación pública. Hasta que por sentencia del Tribunal de Estrasburgo se someterán a las normas de contratación pública al gestionar un presupuesto público; y la nueva normativa estatal de contratación pública se hubo de ajustar a esta doctrina.

Poco después de la victoria en 1996 de Aznar, vendría la contratación de Julio Iglesias como embajador de la imagen exterior de la Comunidad Valenciana y el

302 “..permitió en más de un caso consolidar eficientes redes clientelares con base en las administraciones autonómicas y diputaciones.” Núñez, 1999: 155.

polémico pago de una parte de sus honorarios en paraísos fiscales303_{. Que algunos}

vieron como la contraprestación en pago por su actuación gratis en el famoso mitin de Aznar en el Campo del Mestalla durante la campaña de las elecciones generales de 1996. Esta etapa de gobierno de Zaplana, que como hemos señalado es la de los grandes proyectos, no finalizarían con él, sino que sería ávidamente confirmada por su sucesor Francisco Camps. El proyecto de Mundo Ilusión en el norte de Castellón no se iniciaría por el déficit público y la crisis económica lo arrinconaría; pero el aeropuerto de Castellón o el edificio Ágora –ambos de escasa, cuando no de nula utilidad– si que fueron en cambio emprendidos después de la etapa Zaplana.

Por su parte UV se dedicó a administrar “como un cortijo” las parcelas de poder que le habían sido otorgadas en el “pacto del pollo”. El miedo de muchos asesores municipales regionalistas de quedarse en el paro ante la mayoría absoluta obtenida por el PPCV en el Ayuntamiento de Valencia, se tornó en alegría al pactar con el PP a nivel global. Ello les permitió ser situados en las parcelas de poder asignadas en el reparto, de modo que UV fue colocando a toda su gente en diversos organismos y empresas. A nivel de Ayuntamiento de Valencia, la propia Rita Barberá convencerá a los tres concejales de UV para que participaran en su equipo de gobierno. El concejal y candidato crítico de UV con Rita Barberá, Juan Vicente Jurado, cambió radicalmente de actitud y el día 29 de mayo de 1995 ya declaraba que estaba dispuesto a colaborar con el PPCV. Se convertiría en el “concejal de las farolas”, cuando el Ayuntamiento de Valencia pasó a renovar gran parte de las luminarias, adquiridas por medio de intermediarios y a un coste elevado, disparando la factura del alumbrado. En esa legislatura 1995-1999, un joven Francisco Camps sustituiría a José Luis Olivas en sus funciones, pasando a ser el superconcejal de Hacienda y Patrimonio.

El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, realizó el anuncio de la prórroga de la autopista del Mediterráneo en contra de la sociedad civil valenciana. Mientras el citado ministro se conformaba con una rebaja del peaje del 50%; la concesionaria de la autopista la empresa AUMAR presentaba en su junta general de accionistas un beneficio neto de 8.000 millones de pesetas frente a unos ingresos brutos de 30.000 millones en 1996; lo que suponía más de un 25% de beneficios sobre ingresos. Luego se conocería que Zaplana consintió la prórroga a cambio de una salida para Terra Mítica en Benidorm y los accesos a la misma.

Siguiendo el modelo de Aznar que ya había acuñado el lema de “España va bien”, el

303 El contrato se firmó con el Instituto Valenciano de la Exportación, y su urdidor el director de ese organismo José María Tabares nombrado por Zaplana en 1997 aún se encuentra fugitivo de la Justicia por una estafa realizada a la Generalitat. El País 14 de octubre de 2012. Se cifraba por los socialistas el fraude fiscal en 130 millones de pesetas. Levante-El Mercantil Valenciano, 12 de mayo de 2004.

estilo político del PPCV fue el de vender antes que gestionar, y el de identificar PPCV y pueblo valenciano. Esta estrategia se empezó a ver claramente ya en 1997, cuando a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que autorizaba a la Universitat de València a usar el término “lengua catalana” en el ámbito académico, el Consell adjudicó en concurso una campaña de 275 millones de pesetas para “consolidar

entre la población de la Comunidad Valenciana las señas de identidad que le son propias, trasladando complementariamente al conjunto de la población nacional los rasgos de la personalidad de nuestra comunidad autónoma”304 _{De su supervisión y}

control se encargaría Genoveva Reig, nombrada posteriormente directora de Canal 9 por Zaplana. La adjudicación de esa campaña no atendería necesariamente al valor económico de la oferta. Con esa campaña subliminalmente el PPCV al identificarse con la “valencianía” continuaría absorbiendo los votos de UV.

Zaplana disponía de sondeos realizados en la primavera de 1997 que le otorgaban la mayoría absoluta al PPCV y en los que UV no superaba la barrera del 5%. El PPCV ya con 70.000 militantes, era el primer partido valenciano. Zaplana comunicaría a la Ejecutiva regional del PPCV en julio de 1997 que, al margen del comité electoral del partido, Rafael Blasco –entonces subsecretario de Planificación y Relaciones Externas de Presidencia- sería el coordinador electoral, al frente de un comité de estrategia.

Los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística daban un aumento de la población valenciana del 3,94% respecto al de 1991 y en 1996 se superaba ya los cuatro millones de habitantes305_{. Se había superado claramente la crisis y la}

economía se había vuelto muy dinámica306_{. La Comunidad Valenciana celebraría el}

XV aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía con una ceremonia que Zaplana sabría protagonizar reclamando la modificación de nuestro estatuto para otorgar al presidente de la Generalitat la potestad de disolver las Cortes valencianas y convocar elecciones, objetivo que sólo hallaría satisfacción una década más tarde. Zaplana continuaría con su gusto por las campañas publicitarias y se volvería a adjudicar otra de mil millones de pesetas para lanzar la imagen de la Comunidad Valenciana en toda España.

Cuando el PP llevaba dos años en el gobierno de la Generalitat, y algo más de uno en el del Estado, las reivindicaciones hacia “Madrid” comenzaron a olvidarse. No se podía ofender a los ministros de Aznar. Comienza a perderse parte de la desviación

304 Levante-El mercantil Valenciano, 5 de julio, 1997.

305 La población de derecho valenciana alcanza los 4.009.329 habitantes, de los que 3.919.465 son de nacionalidad española y 89.864 extranjera. Fuente: IVE.

306 El paro que en 1993 registraba 295.026 personas y estaba en el 24,9%, en 1995 ya daba señales de bajada con 257.620 registradas y un 22,6%. Fuente: Anuario El País.

del gasto sanitario que se producía y que la Generalitat reclamaba a la Administración Central; así como la indemnización por los desplazados, que en 1995 supusieron un abono de 4.000 millones de pesetas de la Administración Central a la Generalitat. De ahí que el exconseller socialista Aurelio Martínez lo denunciara en un artículo307 _{al que el PPCV hizo caso omiso. Años después, el PPCV,}

con Zapatero de presidente del Gobierno, sí reivindicaría el déficit sanitario, que no había reclamado en la etapa de gobierno de Aznar, exigiendo reparaciones por el coste sanitario de los turistas de la tercera edad extranjeros, un tipo de turismo de escasa aportación de riqueza, fomentado con el boom de la construcción.

En esta etapa el Consell impulsó una ley para declarar municipios turísticos308_.

Benidorm recibía más de 2.000 millones de pesetas, el 33% de las ayudas destinadas a 45 municipios, para obras de infraestructura viaria, al tiempo que Zaplana se negaba a solicitar 400.000 millones de pesetas al Gobierno para construir el AVE, como denunciaría un editorial periodístico309_{. Mientras se}

307 Aurelio Martínez Esteve “El problema de la deuda sanitaria” Levante-El Mercantil Valenciano, 2 de septiembre, 1997 “...¿Se está reclamando el tema de los desplazados? ¿Se sigue cobrando por ese concepto? ¿Se ha hecho el estudio? ¿Cómo es posible que el actual gobierno de la Generalitat, del PP, en todo un alarde de irresponsabilidad, anulara los derechos, la base reivindicativa sobre la que sustentaba esta reclamación, y no haya dicho nada serio en el tema de nuestra deuda sanitaria, salvo unos tímidos y tardíos intentos del conseller de Sanidad? ¿Cómo es posible que no hayan abierto la boca en un tema que está ahogando financieramente el presupuesto de nuestra Comunidad y está pulverizando nuestra capacidad de ahorro interna? ¿Se prefiere recortar las inversiones año tras año en lugar de plantear políticamente una reclamación de lo que es nuestro? ¿Hasta dónde llega la sumisión de este Gobierno a los dictados y exigencias políticas de Madrid? Nunca, y digo nunca, y lo mantengo, antes se había llegado a renunciar a una sola peseta de nuestra deuda sanitaria,..”. Este que suena a tema reciente de polémica en prensa, ya sucedía en 1997. Y pese a las renuncias y escasa reivindicación del PPCV que nos ha costado miles de millones a los valencianos. En el PSPV-PSOE, al no trabajar sus dirigentes y cargos, no han sido capaces de realizar una labor de oposición denunciando unos hechos recientes de desidia del PPCV. Y queda de imagen electoral que Zapatero nos discrimina hasta en la Sanidad; pues en el PPCV son maestros en el dominio del marketing político.

308 La Ley 3/1998, de 21 de mayo de la Generalitat Valenciana, de turismo de la Comunidad Valenciana (publicada en el DOGV nº 3248 el 22 de mayo de 1998).

309 “Un AVE que se aleja” Levante-El Mercantil Valenciano, 3 de septiembre, 1997 “El retraso impuesto por el gobierno de José María Aznar al tren de alta velocidad que una Valencia y Madrid ha llevado al secretario general del PSPV, Joan Romero, a pedir discretamente que todas la fuerzas políticas valencianas se unan en su defensa. La petición de Romero era razonable y parecía lógico que tuviera una acogida, al menos para su discusión. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, zanjó ayer el asunto al afirmar que no es el momento adecuado para pedirle al Gobierno un esfuerzo presupuestario de cuatrocientos mil millones de pesetas. [...] La actitud de Zaplana escamotea el reconocimiento de un fracaso y deja en evidencia uno de los pilares básicos de su programa. De hecho, hace apenas unas semanas fue él quien anunció la creación de un frente común con los presidentes de Castilla-La Mancha y Madrid, José Bono y Alberto Ruiz Gallardón, para defender la prioridad de esa línea. Al tiempo que se conocía el destino del AVE Valencia-Madrid, el grupo parlamentario del PP se dirigía al gobierno de la nación para que la Unión Europea incluya

construían vías de alta velocidad para otras ciudades españolas, Julio de España, presidente de la Diputación de Alicante, se despacharía públicamente en que su objetivo es “ampliar y desarrollar la mentalidad de provincia”.

El entonces secretario general del PSPV-PSOE, Joan Romero, denunciaría en rueda de prensa que el presupuesto del Consell para 1998 nacía con un déficit de 71.000 millones de pesetas, acusando a los populares de generar un déficit galopante que ascendía (al menos el conocido públicamente) a 558.000 millones de pesetas en 1997, colocándonos en cabeza de las autonomías más endeudadas. Romero acusaría al PPCV de “centrifugar” el déficit y trasladarlo a las empresas públicas y apuntaba que el pago de los intereses de la deuda se estaba sosteniendo sólo gracias a la reducción a la mitad de los tipos de interés. Atacaba la propuesta de financiación de la sanidad pactada con el Gobierno central por ser una “ruina” para la Comunidad Valenciana, puesto que sólo percibiría 1.200 millones de los 55.000 a repartir a todas las autonomías, lo que demostraba una “sumisión” del Consell al gobierno de Aznar. El debate en las Cortes sobre los presupuestos giraría en esos términos, acusando EU al PPCV de aumentar las tasas sociales y no la de los bingos y casinos; el PPCV se defendería argumentando que la recuperación económica confirmaba que gestionaban mejor los presupuestos que los socialistas.

Aprobada en septiembre de 1998 la Ley de creación de la Academia Valenciana de la Lengua310 _{con los votos favorables de PPCV y PSPV-PSOE, las negociaciones se}

fueron posponiendo para consensuar los miembros de la misma y poder constituirla. Al final, Zaplana anunciaría que se posponía el acuerdo sobre su composición hasta después de las elecciones autonómicas por considerar que el ambiente no era propicio para ello. No se nombrarían los miembros en años. Camps era el conseller de Cultura, y en octubre de 1998 se le criticaba por la rehabilitación inconclusa del Museo San Pío V. Se había comenzado a adjudicar a diversas empresas vinculadas a directivos de RTVV las producciones que directamente se realizaban.

esta infraestructura en sus planes futuros. Pero el problema de fondo no tiene que ver con la voluntad de Bruselas, ya que es el propio gobierno de Aznar quien fija la jerarquía de los proyectos. En este sentido, la clave reside en que Zaplana ha perdido la batalla frente a sus correligionarios de Castilla y León y Galicia, que han hecho prevalecer sus deseos de que inmediatamente después de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona el dinero público vaya a la variante de Guadarrama, que unirá la capital con Valladolid y acortará sensiblemente la comunicación con Galicia. El aplazamiento del AVE debe ser considerado como un nuevo revés para los intereses valencianos, que, al mismo tiempo, pone en tela de juicio la política de Zaplana, cuyo partido usó los retrasos en infraestructuras como un ariete para golpear al PSPV cuando éste gobernaba en la Generalitat y ahora demuestra que tampoco el PP de la Comunidad Valenciana tiene la energía suficiente para hacer valer ante Madrid el tan aireado poder valenciano.”