La insuficiencia de las políticas de I+D+

Otro de los cambios que ha experimentado la universidad en las últimas décadas, y no sola- mente en Iberoamérica, tiene que ver con la modificación de la función investigadora que tradicionalmente ha desempeñado. La trans- formación más destacable ha consistido en la aparición de nuevos agentes científicos, con el consiguiente desplazamiento de las activida- des de investigación hacia ámbitos e institucio- nes muchas veces independientes de las universidades, tales como institutos de investi-

gación, centros tecnológicos o departamentos de I+D de algunas empresas.

De hecho, incluso hablar de investigación científica, al modo en que se ha venido hacien- do tradicionalmente, ha cambiado su sentido. Ello se debe a la aceptación generalizada de que el desarrollo económico y social está cada vez más basado en el conocimiento, o dicho con otras palabras, en lo que ha venido a denomi- narse el capital intangible, que incluye, por ejemplo, la formación de la población, la cuali- ficación de la fuerza de trabajo, lo que los sociólogos llaman capital socialo la confianza ciudadana en las instituciones (World Bank, 2006). Tanto es así que la expresión economía del conocimiento ha llegado a utilizarse de manera habitual para referirse a los nuevos modelos productivos.

En este contexto, la investigación ya no es considerada solamente una tarea de académi- cos, más o menos aislados en su entorno uni- versitario, sino que ocupa a un número creciente de personas que trabajan en diferen- tes lugares y contextos. Este hecho se aprecia muy claramente en el caso de Europa, una región preocupada por el fomento de la I+D, donde la proporción de investigadores y tecnó- logos que trabajan en la universidad se situaba en 2007 en el 37%, mientras que los empleados en empresas suponían el 50% y los ocupados en organismos públicos no universitarios ascendían al 13% (RICYT, 2007). El contraste con otras épocas y con los países en que la

mayor parte de los investigadores son universi- tarios es patente.

El interés concedido por los responsables políticos y los gestores de la economía al papel del conocimiento, tanto en lo que hace a su producción como a su gestión y su difu- sión, ha impulsado la adopción de políticas públicas de investigación, promovidas por los gobiernos y los poderes públicos, aunque buscando la sinergia con los agentes priva- dos. Como consecuencia, la definición de los temas y las líneas de investigación ha dejado de estar prioritariamente en las manos de los investigadores y los académicos para pasar a considerarse un elemento fundamental de los planes nacionales de I+D. De la importancia que se ha concedido a dichas políticas en la última década da cuenta la creación de minis- terios u otras unidades políticas de alto nivel con responsabilidades en los ámbitos de la ciencia y la tecnología en un número crecien- te de países iberoamericanos, como Brasil, Argentina, España, Venezuela, Portugal, México o Cuba, por no citar sino algunos.

Dando un paso más allá, hay que señalar que la atención a la investigación propiamen- te dicha ha ido dando paso a un énfasis cre- ciente en las actividades de desarrollo y posteriormente a las de innovación. Es así como han surgido y se han extendido las refe- rencias a la I+D, primero, y a la I+D+i, después. Aunque no se deba caer en el error de consi- derar que cualquier innovación es positiva por

el simple hecho de serlo, no cabe duda de que ha llegado a situarse en un lugar destacado de la agenda pública. El desafío consiste, en una región tan desigual como América Latina, en combinar la innovación con la necesaria cohe- sión social y en asegurar que se convierte en un instrumento de desarrollo al servicio de la ciudadanía (Arocena y Sutz, 2003).

Al igual que se indicaba en relación con la situación actual de las universidades, los siste- mas iberoamericanos de ciencia y tecnología presentan claroscuros. Examinemos tal reali- dad en algunos aspectos relevantes.

Si nos fijamos en el número de investiga- dores, y más precisamente en la proporción que representan sobre el total de la población activa, hay que subrayar el crecimiento soste- nido que se ha experimentado desde el año 2000, incluso superior al de otras regiones mundiales. No obstante, no se puede perder de vista que la situación de partida era más retrasada y que la tasa de investigadores sobre la población activa alcanzada hacia el final de esta década continúa siendo inferior a la de otras regiones. Así pues, podemos hablar de una mejora apreciable, pero de dimensiones todavía insuficientes. Para poder superar el desfase existente haría falta una aceleración más decidida, que no se está produciendo por el momento.

Esta escasez relativa de investigadores se debe a una confluencia de factores. Por una parte, los programas de doctorado existentes

en la región son generalmente más débiles y de menor cobertura de lo que sería necesario. Por ejemplo, el número de nuevos doctores en América Latina y el Caribe ascendió en 2007 a 13.715 en todas las ramas del conocimiento. En ese mismo año se doctoraban 6.710 personas en España y el año anterior eran 56.309 los nuevos doctores en Estados Unidos (RICYT, 2007). Esas cifras se traducen en una baja pro- porción de doctores en relación con la pobla- ción activa, que debería necesariamente aumentar. El caso de Brasil es una interesante excepción a esta regla, pero una excepción al fin y al cabo.

Aunque las cifras de doctores no resulten satisfactorias, la distribución de los doctorados por áreas de conocimiento está relativamente compensada (más que en el caso de los títulos de maestría). Así, en el año 2007 un 37% de los nuevos doctores en Iberoamérica correspon - dían al campo de las ciencias naturales y exac- tas, un 17% a la ingeniería y tecnología, un 11% a las ciencias médicas, un 5% a las ciencias agrí- colas, un 23% a las ciencias sociales y un 11% a las humanidades (RICYT, 2007).

Otro dato destacable es que la mayor parte de ese personal altamente cualificado no encuentra fácil acomodo en el sector de la investigación. El aumento de plazas es redu- cido, motivo por el cual la dedicación mayori- taria de los nuevos doctores termina siendo la docencia en la educación superior. La conse- cuencia es una cierta endogamia universitaria

y un paralelo envejecimiento de las plantillas de investigadores. Esa situación tiene un corolario indeseable, que consiste en estimu- lar la emigración de muchos jóvenes bien for- mados, abonando la fuga de cerebros hacia lugares donde puedan desarrollar sus capaci- dades y realizar sus aspiraciones de forma más completa.

Para completar este cuadro hay que hablar del bajo nivel del gasto en I+D que se aprecia en la región. En el año 2005 los únicos países que escapaban a esa situación eran España y Brasil, que dedicaban a I+D el 1,1% y el 1% de su PIB respectivamente. Portugal alcanzaba el 0,8%, Cuba y Chile el 0,6% y los demás países no sobrepasaban el 0,4% (PNUD, 2007). Junto a ello hay que hacer notar que América Latina y el Caribe es la región en que el sector empresa- rial menos invierte en I+D, representando su participación en 2007 solamente el 41,5% de la financiación total (RICYT, 2007).

En suma, podemos hablar de una región con una escasa presencia de la I+D en el sec- tor productivo, con una baja proporción de investigadores en su población activa, con un predominio del sector público sobre el priva- do en este campo y con una financiación limi- tada. Aunque algunos indicadores apunten a una cierta mejora en los últimos años, la situa- ción dista de resultar satisfactoria. Y esa reali- dad arroja serias sombras para el desarrollo económico y social de Iberoamérica en los próximos tiempos.