Legislación Salvadoreña Comparada a) La Constitución de la República.

En nuestra carta magna el reconocimiento que esta confiere al ser humano considerándolo como origen y fin del Estado en el Art. 1 acoplado a otros Artículos constituye el sistema de la indemnización de los daños en general previstos desde la Constitución. El Art. 17 Inc. 2 establece que habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia. La ley establecerá la responsabilidad directa del funcionario y subsidiariamente la del Estado, lo que es procedente aplicar a los juzgadores en materia de familia, ya que es evidente la mora judicial en los tribunales de la familia. Asimismo, en los artículos: 20 Cn. se regula La indemnización por los daños y perjuicios sufridos

por la inviolabilidad de la Morada, así como la indemnización que no debe

reclamarse al estado y sí a los funcionarios y particulares, Art. 98 Cn. análogamente el Art. 245 Cn. prescribe la Indemnización procedente de los

Funcionarios y Empleados Públicos paralelamente con lo antes enunciado se encuentra la institución de la indemnización de los daños de carácter moral en el art. 2 inc.3° Cn. en relación a la ya antes reconocida indemnización de daños materiales a la que también se prevé en el art. 106 inc.5° Cn. donde se da la

indemnización en caso de que se viole la prohibición de la confiscación de bienes.

Todo lo antes planteado conforme a la Constitución de la República constituye los cimientos que amparan el traslado a las otras ramas normativas vinculados al mandato constitucional establecido en Arts. 32 y 33 dan la pauta para que la Normativa Familiar en atención a la familia como base fundamental de la sociedad y como ente protector de esta consignara en

dicha normativa familiar una regulación sobre la indemnización de Daños y Perjuicios.

b) Código Penal.

La legislación Penal es una de las legislaciones más jóvenes de nuestro ordenamiento jurídico ya que entra en vigencia el veinte de abril de 1998 de forma simultanea al Código Procesal Penal; esta legislación considerada en el desarrollo del tema por su estructura similar en cuanto a la oralidad, sistemas de valoración, las reglas de la sana crítica y la actualidad en cuanto a las clases de prueba, que es muy significativo el aporte que de esta rama se puede extraer para entender lo que constituye la rama familiar que si bien es cierto que en su ámbito y sujetos que intervienen en el proceso así como los bienes protegidos no son los mismos.

Es oportuno considerar los parámetros indemnizatorios que esta rama otorga y enuncia para la responsabilidad civil y que a falta de estos en la rama procesal de familia se toma a bien trasladar estos parámetros no como analogía sino como aporte que debe instaurarse y fusionarse con lo ya previsto en la rama familiar en atención que, el derecho común al que hace alusión la ley de familia pues no se regulan ahí parámetros como estos.

La indemnización que reguló esta rama es únicamente respecto a la responsabilidad civil contractual y no el de la responsabilidad que degenera en daño de la clase moral, así mismo las razones históricas que acompañan a la rama civil. Las regulaciones que prescriben la responsabilidad son los establecidos en el Titulo VI Consecuencias Civiles del Hecho Punible en el

capitulo I de la Responsabilidad Civil y sus Consecuencias que comprende de dos artículos y que en el Art. 114 del Código Penal determinó “ que las

consecuencias civiles del delito originan la responsabilidad civil […] “

En el Art. 115 C. Pn. regula Las Consecuencias Civiles del hecho ilícito” que considera que estas consecuencias deberán ser declaradas en la

sentencia[…] 2) La reparación del daño que se haya causado.3) La indemnización a la victima o a su familia por los perjuicios causados por los daños materiales y morales. Asimismo la reparación del daño se hará valorando por el juez la entidad del daño causado, considerándole precio de la cosa y la afección del agraviado. Asimismo en cuanto a la indemnización de perjuicios prevé “

[…] que esta comprende no

necesidades de la victima, de acuerdo con su edad, estado y aptitud laboral y además del beneficio por la comisión del delito”.

Todos estos parámetros son considerados por la doctrina Argentina, Española, tomando en cuenta situaciones relativas al hecho. Si bien es cierto el daño que se da en la rama penal es de un impacto mayor que lo reconocido en la rama familiar; en lo penal se regula la muerte y otras clases de daño físico como las lesiones, por ello es susceptible que el juez considere afectado a los familiares y a terceros, situación que por el carácter personalísimo del daño moral familiar no es permitido pues, sólo quien sufre el daño puede alegar la indemnización.

Situación distinta es en el daño por muerte de un hijo que trae consigo la propagación del daño a los familiares de este, tanto al agraviado como a sus familiares aunque no todos experimentan el daño con la misma intensidad por la dependencia económica, la convivencia, pero no con ello se debe creer que la indemnización es hereditaria al perjudicado ya que esta se recibe por derecho propio.

Otra situación es el beneficio que el dañador reciba por el hecho, en lo penal se observa en relación con el lucro económico o moral que le reporte el delito, en la rama familiar ese nivel de dolo es diferente, aquí no se valora el querer realizar el delito por el beneficio que reporta, sino el deseo de dañar que no reviste un índice tan elevado de dañosidad.

Los criterios en su explicación se cree que no son exhaustivos y que definan adecuadamente el marco de su cuantificación cuándo el sujeto a indemnizar es la victima, en materia de familia son importantes estos parámetros, pero a estos deben aunárseles:

El tiempo de la situación matrimonial de los esposos.

Las ventajas pecuniarias que el inocente puede obtener del divorcio,

La edad de los esposos,
La duración del matrimonio,

El estado de salud de los cónyuges y la gravedad de la falta.80

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c. Código Procesal Penal.

El Código Penal jerarquizó los niveles de reparación de la obligación ubicando primariamente a la restitución que se traduce económicamente al valor del bien, si no fuera posible el reintegro de éste, se procede a la reparación del daño, si esta no basta se da la indemnización que contiene los perjuicios desde dos ámbitos objetivo y personal es decir a la victima y los familiares.

El Código Procesal prevé la responsabilidad de reparar, esto se ratifica en el apartado del Capitulo III Deliberación y Sentencia que contiene seis artículos y es en La condena Art. 361 “La sentencia condenatoria fijará con

precisión las penas que correspondan[…] En la sentencia condenatoria el tribunal resolverá igualmente sobre el monto de la responsabilidad civil, a la persona que deba percibirla y los obligados a satisfacerla .si en el proceso no se hubiera podido determinar con precisión la cuantía de las consecuencias civiles del delito, el tribunal los fijará tomando en cuenta la naturaleza del hecho, sus consecuencias y los demás elementos de juicio que hubiere podido recoger. La sentencia decidirá también sobre las costas […] sobre las costas el código contiene el Título II que consta de siete artículos donde desde el Art. 447 Pr. Pn. hasta el Art. 452Pr. Pn. considera el contenido de las costas.

Así como estima según Art. 448 Pr.Pn. que “Toda resolución necesaria

que ponga término a la causa o resuelva un incidente o la reparación del daño contendrá la condena al pago de costas. La imposición la distribución de estas, y

la liquidación que según Art. 452 Pr. Pn. se tendrá que hacer dentro del plazo de tres días.

d) Código Civil.

Este código por antonomasia ha sido el que ha regulado las relaciones civiles de los particulares, pues desde tiempos inmemoriales en esta rama del derecho se ha establecido el deber de reparar, como consecuencia de la responsabilidad civil y por las obligaciones que facultan al acreedor a que reclamé su respectiva restitución de la cosa dañada. El daño desde la perspectiva Civil se regula en el Título XXXV De los Delitos y Cuasidelitos, que comprende de veinte artículos donde se sistematiza al daño y la indemnización en el Art. 2066 CC. se estableció la “Regulación de la

Indemnización para quien cometa un delito o falta, está obligado a indemnizar además de la pena que ya ha impuesto la ley”. Otra situación que estima el Código Civil es la indemnización para quien hizo el daño y sus herederos en el Art. 2067 CC.

En el Art. 2072 CC. Prescribe La responsabilidad para los padres por los actos cometidos, por los hijos que con su efecto dañoso originen la responsabilidad. A estas r representaciones ya enunciadas se les suma

Art. 2082C.C donde ante las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona da derecho para demandar la indemnización pecuniaria si se probare la verdad de su imputación, así como debe probarse el daño emergente y el lucro cesante que puede apreciarse en dinero; el Art.

1427 CC. Describe lo que comprende la indemnización que se traduce al Daño Emergente y Lucro cesante como efecto de incumplimiento de una obligación como prescribiendo a aquella en caso de que se caiga en mora Art. 1428 CC. Exigiéndose además de lo consiste el daño la concurrencia del dolopara cobrar los perjuicios en la indemnización.

e) La Indemnización y su Liquidación en el Código Procesal Civil.

Este apartado está determinado en el capitulo XXXIX del Código Procesal civil y conformado de cuatro artículos que establecen lo que es procedente cuando la indemnización no se haya hecho liquida en la sentencia y no haya quedado determinada la suma a pagarse en concepto de daños y perjuicios interés y frutos; Dicho proceso se acciona a través de la demanda ante juez de primera instancia acompañada de la ejecutoria en que conste la condenación y una cuenta jurada que los especifiqué y estime (Art.960 Pr C,) en el Art. 961. Pr C Faculta la apelación a la sentencia que declare el valor líquido.

La tramitación de este proceso puede hacerse en caso de que la demanda no verse sobre la liquidación o pago de la indemnización y liquidarse dentro del término probatorio siendo la forma de tramitarse sea verbal o escrita valorándose el respectivo mérito que las pruebas otorgadas constituyan al proceso.

f) Código de Familia.

En el código de familia salvadoreño no existe una basta regulación de los daños familiares, o de los perjuicios ocasionados por el divorcio y las distintas causales de separación, los casos donde expresamente el código reglamenta la indemnización de daños son los siguientes:

La primera referencia en cuanto a los daños y perjuicios en el Código de Familia vigente desde el uno de octubre de 1994, se encuentra en la Sección Cuarta, sobre el Régimen de Comunidad Diferida, Parte primera de los bienes propios y bienes comunes de los cónyuges, el Art. 63 regula que son de propiedad exclusiva de cada uno de los cónyuges, numeral 5º “Las

indemnizaciones por daños morales o materiales inferidos en su persona o en sus

bienes propios” las cuales no entrarán a formar parte de los bienes a liquidar en

partes iguales en la comunidad, debido al carácter exclusivo de pertenencia a cada uno de los cónyuges; de no acatarse esta disposición se estaría desnaturalizando el carácter resarcimiento del daño por medio de la indemnización.

Así mismo es procedente la indemnización por daños morales y materiales en el caso de nulidad del matrimonio, en la cual el cónyuge que resultare culpable de ésta será responsable “[…] de los daños materiales o

morales que hubiere sufrido el cónyuge de buena fe”.Según Tit. III de la Nulidad y Disolución del Matrimonio, Cáp. I referente a la nulidad del Matrimonio, Art. 97 donde la disposición adopta la teoría de la reparación como sanción a la conducta antijurídica del cónyuge culpable.

De igual forma, el Cáp. II denominado Disolución del matrimonio, en su Art. 113 reglamenta ciertos parámetros que el juez o jueza de familia deberá tomar en cuenta para otorgar la pensión compensatoria, que pretende resarcir el desequilibrio económico que uno de los cónyuges sufra por motivo de la disolución del vínculo matrimonial; los cuales es importante tratar debido a que es el único caso de resarcimiento del daño en materia familiar que contiene parámetros de cuantificación de la cuantía de la reparación dineraria del daño, los cuales de manera enumerativa se detallan:

- Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges - Edad y estado de salud del acreedor

- La calificación profesional y probabilidades de acceso a un empleo - La dedicación personal pasada y futura a la atención a la familia - Duración del matrimonio y convivencia conyugal

- La colaboración con su trabajo en las actividades particulares del otro cónyuge y el caudal y medios económicos de cada uno.

Por otra parte en el Tit. IV, denominado La Unión no Matrimonial, Cáp. Único referente al Concepto y Extensión, el Art. 122 “Acción Civil” establece que en caso de muerte de un compañero de vida, el sobreviviente tendrá derecho de reclamar al responsable civil “Indemnización por los daños

morales y materiales que hubiere sufrido”, lo que responde a razones de equidad

y justicia, al responder por las consecuencias lesivas que produce la muerte de un compañero de vida para el sobreviviente.

De igual forma, en el Libro Segundo de la Filiación y Estado Familiar, Tit. I Filiación, Capítulo I referente a Disposiciones Comunes, el Art. 150

reglamenta la acción de paternidad, donde una vez que haya sido judicialmente declarada, “[…] La madre y el hijo tendrán derecho a reclamar del

padre indemnización por los daños materiales y morales a que hubiere lugar conforme

a la ley”. Es de hacer notar que este tipo de indemnización en los tribunales de

familia suele ser atribuida con mucha mayor frecuencia, que en otros casos como por ejemplo la nulidad del matrimonio. Se considera que el hecho generador de la indemnización es la omisión de reconocimiento por parte del padre, y su consecuencia la correspondiente indemnización que será determinada por los jueces de familia.

Otro aspecto de responsabilidad civil familiar se instituye en el Libro Tercero de las Relaciones Paterno Filiales, Tit. I Derechos y Deberes de los Hijos, Cáp. IV referente a la administración de los bienes el Art. 266 establece el deber de los padres de cuidar los bienes de los hijos que estén bajo su autoridad parental, donde podrán realizar todos los actos que conduzcan a hacer más productivos dichos bienes, y […] “Serán solidariamente responsables

hasta de la culpa leve”lo que se relaciona con el Art. 42 C. Inc. Tercero, donde se establece que la culpa leve es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

En el Libro cuarto referido a la Asistencia familiar y Tutela, Tit. I de Los Alimentos, Art. 268 inc. Primero reglamenta que en caso de dolo para conseguir alimentos “Serán obligados solidariamente a la restitución y a la

las palabras restitución e indemnización como un complemento que en esencia busca llegar al principio de la reparación integral del daño producido, atendiendo a su tenor literal podría dar lugar tanto a restitución en especie por daños materiales como a la indemnización dineraria en el caso de daños extramatrimoniales, este último, no obstante no está expresamente determinado en el citado artículo.

En el libro cuarto referente a la asistencia familiar y tutela, Capítulo V Denominado Rendición de Cuentas, el Art. 336 establece: “El tutor que sustituya a otro, deberá exigir entrega de bienes y rendición de cuentas al que lo ha precedido, so pena de responder por los daños que por su omisión se causaren al pupilo”. En este artículo no se especifica el tipo de daño a resarcir, por lo tanto bien podría tanto de daños materiales como morales.

Es importante mencionar que el Código de Familia establece la indemnización por” Daños materiales o morales”, sin que el legislador en ningún momento utilizare la frase indemnización por daños y perjuicios.

g) Ley Procesal de Familia.

El objeto de la ley procesal de familia es establecer una normativa que haga efectivos los derechos y deberes regulados en el Código de Familia y otras leyes sobre la materia. Se enunciará de forma detallado los casos en que la referida normativa regula la indemnización por daños.

El Tit. III denominado Actividad Procesal, Cáp. II del Desarrollo del Proceso, Parte Segunda del Procedimiento en su Art. 81 respecto a la

responsabilidad del solicitante de una medida cautelar, todo aquel que actuare con falsedad para obtener una medida cautelar o de protección a su favor “[…] Será responsable por los daños y perjuicios que la medida causare sin

perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar” Ya que uno de los objetivos de las medidas cautelares es la protección y prevención de lesiones a bienes jurídicos, lo cual no debe ser usado para obtener beneficios con base en hechos falsos que pueden causar tanto daños patrimoniales como extramatrimoniales al supuesto agresor.

Así mismo el Tit. IV denominado Proceso de Familia, Cáp. V referente a Disposiciones Especiales, Sección Quinta de los Menores, Incapaces y Personas Adultos Mayores, el Art. 144 sobre el contenido de la sentencia, establece que en los procesos que tengan por objeto la protección del menor, los incapaces y personal de la tercera edad, en la sentencia deberá cuando fuera el caso según el literal F. “Fijar la cuantía de la indemnización por daños y

perjuicios que a favor del menor deba pagar el infractor. La indemnización comprende el resarcimiento del daño moral y material ocasionado”

En cuanto a terminología la precedente norma utiliza la frase “Daños y Perjuicios”, a diferencia del Código de Familia; determina así mismo la obligación del juez o jueza de familia de fijar la cuantía que corresponda a la indemnización, aunque es de hacer notar que no se establecen parámetros orientadores al respecto.