Los conflictos sociales de consumo:

Una de las circunstancias donde se hace necesario la protección especial de los usuarios de los servicios públicos, y a que venimos asistiendo en estos tiempos como fenómeno social que debe ser atendido por el Estado, son los denominados conflictos sociales de consumo que viene ocurriendo en el país de forma reiterada y con un patrón común en la causa de su detonante la falta de satisfacción de los servicios públicos, tal es el caso de los llamados Andahuaylazo, Huanucazo y Ucayalazo que son reclamos sociales de la población cohesionada por un problema común en la facturación o mala calidad en los servicios públicos domiciliarios lo que evidencia la carencia y necesidad de una protección constitucional efectiva de los consumidores de servicios públicos regulados.

Una aproximación a la definición de conflicto social de consumo, seria desde nuestro punto de vista, una manifestación social colectiva espontanea de la población cohesionada por un problema común y reiterado que surge como consecuencia de la prestación de un servicio público y cuyo detonante es la falta de protección efectiva de los intereses y derechos del consumidor por el Estado.

Caso 1: Andahuaylazo

El 12 de marzo del 2015, los pobladores de la ciudad de Andahuaylas en la región de Apurímac iniciaron un paro indefinido contra la empresa prestadora de energía eléctrica Electro Sur Este, por problemas de cobros excesivos y mala calidad del servicio, dichas protesta social se prolongó por más de una semana dejando como saldo personas muertas, heridos, cuantiosos daños materiales y perdidas económicas económicos.

Según, Diario El Comercio, “¿Cuál fue el detonante para iniciar esa movilización? La empresa Electro Sur Este, que brinda el servicio de energía eléctrica, tuvo un error de lectoría para la facturación en los recibos: en diciembre se facturó por 25 días, mientras que en enero se facturó por 35, explicó a El Comercio el jefe de la compañía, ingeniero Mario Rozas Ramírez.

Del total de casi 42 mil clientes de toda la zona, en el proceso de facturación se han visto involucrados 5.600 aproximadamente. Menos días en diciembre y más días en enero. No se ha mantenido un promedio (30 días), es un error”, comentó acotando que el problema se está superando”. (Fuente: Diario El Comercio, 13 de marzo del 2015).

Sin embargo, no es el único problema de servicio público de Andahuaylas, así tenemos que solo el 52% de su población urbana tiene agua y alcantarillado conforme estudio Barreras del Crecimiento de Apurímac, llevado a cabo por el economista Richard Webb del Instituto del Perú de la Universidad San Martin de Porras, patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, entre sus conclusiones señala que la región tiene entre como barrera de desarrollo mala infraestructura, que se manifiesta en su servicios públicos domiciliarios con cifras como:

- Bajo acceso a internet: “96% distritos con internet” pero accede 8% población rural, 8% población indígena, 0.1% hogares rurales (indicadores nacionales). - Bajo acceso a electricidad: 58% coeficiente electrificación (4to más bajo).

Caso 2: Ucayalazo

El 09 de marzo del 2016, El Frente de Defensa de Ucayali, convoco al primer Ucayalazo para protestar contra el excesivo precio de los servicios básicos como la energía eléctrica, el agua y desagüe y el gas, dicho conflicto social se prolongó por más de 15 días, agudizándose mediante actos vandálicos y saqueos que ocasionaron graves pérdidas económicas para la región, además de detenidos y heridos por los enfrentamientos con los efectivos policiales. Al final el Gobierno Central conformó una mesa de diálogo para atender las demandas de la población.

Según el Diario La República, la huelga indefinida de la región Ucayali para exigir la rebaja de las tarifas eléctricas deja hasta el hoy 68 personas detenidas y miles de soles en pérdidas económicas. (Fuente: Diario La República, 15 de marzo del 2016).

Caso 3: Huanucazo

El 29 de marzo del 2016, el Frente Único Regional de Huánuco - FUR convocó a una marcha en contra de Electrocentro y Telefónica por el mal servicio que brindan. El malestar de la población se habría generado porque la Empresa distribuidora de energía eléctrica - Electrocentro, no habría comunicado a los usuarios de los cortes de luz programados ni explicado las causas de los cortes intempestivos del servicio eléctrico que generó averías de artefactos eléctricos. Lo que genero la protesta social de la población que desencadeno en hechos de violencia.

Otras experiencias nacionales y extranjeras:

Se debe tener presente, que estos problemas de consumo en los servicios públicos no es ajeno a una sola región sino que se generaliza en todo el país, generándose una caldo de cultivo de futuras protestas sociales que pueden surgir en cualquier momento, ya sea por la mala calidad y cobros excesivos de los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía o gas natural y ante ese escenario se requiere una respuesta de Estado, que este enmarcada en el ordenamiento constitucional.

Situaciones como el corte de energía eléctrico por 15 horas en Ayacucho y 45 minutos en Arequipa el 27 de diciembre del 2016, la imposibilidad de la provincia puneña de Carabaya de pagar 115 mil soles por el consumo mensual aproximado de un megavatio a Electropuno o la restricción de agua potable en Trujillo el 24 de noviembre del 2016 puede detonar nuevos conflictos sociales de consumo.

Es importante resaltar que este fenómeno social no se presenta únicamente en nuestro país, así casos como los ocurridos en el norte del Cauca, Argentina, 10 de febrero de 2016, donde más de 600 personas, procedentes de la vereda Munchique, del municipio de Buenos Aires, arribaron a las instalaciones de la empresa de servicios públicos del sector eléctrico, EPSA, propietaria de la represa de Salvajina, hidroeléctrica ubicada en el río Cauca, jurisdicción del municipio de Suárez, norte del Cauca, para protestar por el mal servicio de energía, cuya responsabilidad recae en la Compañía Energética de Occidente.

También lo ocurrido el 07 de marzo del 2016 en Barranquilla, Colombia, donde moradores de la zona bloquearon la vía Barranquilla – Santa Marta para protestar por la interrupción del servicio de energía.

Desde luego, esto impone el deber para cada Estado de establecer regulaciones para mejorar la protección a nivel constitucional y legal de los usuarios de servicios públicos.

Lo que nos lleva, afirmar que estos conflictos sociales generalizados donde los usuarios se organizan de forma colectiva para exigir sus derechos están cambiando indefectiblemente la concepción de la regulación de los servicios públicos, ya que el Estado no solo en su rol supervisor sino también como garante de servicios esenciales a su población debe fortalecerse para hacer frente a las empresas concesionarias que vulneran los derechos de sus usuarios.

Siendo una primera tarea hacer más efectiva la protección de los consumidores de servicios públicos, partiendo para ello del marco constitucional donde se debe dar una protección prioritaria y especial para luego afianzar la institucionalidad de los organismos reguladores como órganos constitucionalmente autónomos.