LOS RETOS ACTUALES

Las características de las recurrentes crisis estatales de este siglo en Bolivia, incluida esta última que estamos atravesando, creemos que radica en lo que podemos denominar como un

desface o mejor, desarticulación entre los sistemas de gestión

estatal monodireccionales y la estructura socioeconómica compleja y multidireccional del país. Dicho en otros términos, el armazón institucional y relacional del Estado no corresponde ni sintetiza la realidad socioeconómica, cultural política y simbólica de la población, sino tan sólo a una parte minoritaria de ella. En algunos momentos, este desencuentro es atenuado por un incremento de modernizaciones económicas y culturales de la sociedad a gran escala (1952- 56), en tanto que en otros, hay un retroceso estructural a los antagonismos seculares, como ahora.

Durante más de 170 años de vida republicana la organización del estado, su régimen normativo, sus instituciones, sus discursos movilizadores y la propia constitución de las fuerzas organizadoras de la vida política han estado basadas en pautas de acción de reglamentación y normatización correspondientes y resultantes de aquella parte de la estructura social, tanto económica, como cultural, política y simbólica, modernizante o en vías de modernización de tipo mercantil, en su vertiente de acumulación empresarial y de trabajo asalariado. En tanto que los regímenes normativos, los sistemas políticos, los esquemas organizacionales de la vida' social de aquella parte de la población que no está sumergida en pautas de organización social moderna, y que gestionan su vida en torno a núcleos socioeconómicos de tipo artesanal, mercantil simple, doméstico y comunal, no son tomados en cuenta, ni incorporados ni reconocidos como parte de la forma de configuración del poder estatal, de la formación de la república. Esto ciertamente sucede en muchos otros países, pero en muy pocos estas estructuras organizativas y simbólicas

de la sociedad no-modernas, no-industrial, abarcan a la mayoría de la población del país, como es nuestro caso.

Esto por supuesto no ha impedido que el Estado enlace estas estructuras sociales, que haga pactos sociales y amplíe su radio de ejercicio de dominación sobre todos los segmentos sociales. El estado republicano, al igual que el colonial, ha creado regímenes de pactos que han permitido que el estado se materialice como una duradera relación de condensación de fuerzas sociales, de prerrogativas y derechos institucionalizados. Pero nunca ha logrado integrar, o al menos fundar la creencia de integración, a toda la sociedad como lo hacen los estados modernos.

En el fondo, la diferencia entre estados modernos y no modernos no es que los primeros están al margen de la dominación y los otros no. Todo estado, como monopolizador legítimo de la coerción física3 _{y de la violencia simbólica}4 _es

un sistema bien fundado de organización social de la dominación política. Sólo que los estados modernos lo hacen a través de unos sistemas de creencias y de instituciones sociales que integran a todos, a administradores y tributarios de la dominación, en unos procedimientos comunes, homogéneos resultantes de parámetros más o menos similares e igualmente comunes de su vida civil. De ahí que el estado moderno sea una síntesis expresiva de la sociedad.

En Bolivia en cambio, esto no ha sucedido nunca ni sucede ahora. El estado no funciona como síntesis social, sino como sobreposición política. Hay bloques sociales, comportamientos sociales, esquemas organizativos, prácticas económicas y políticas, sistemas de valores y símbolos colectivos que no participan de la convocatoria estatal ni de sus instrumentos de organización de la elaboración de la vida en común, del sentido de lo general que emana del estado, dando lugar al mayor desencuentro secular entre sociedad y estado, en el que las energías sociales, las representaciones colectivas y las corporaciones de formación de identidad se mueven al margen, por otras rutas locales o segmentadas de ejercicio de

derechos políticos, de entendimiento y participación política. Esto explicaría porque uno de los componentes de la composición política de la sociedad5_{, la "política no estatal"}

de la sociedad, permanentemente desborde, desequilibre a las instituciones de "política estatal" que siempre viven bajo el acecho o la desconfianza de los diferentes sujetos y movimientos sociales.

En un nivel de generalidad, se puede decir que en Bolivia existen al menos cuatro regímenes civilizatorios, entendidos éstos como estructuras materiales, políticas y simbólicas que organizan de manera diferenciada las funciones productivas, los sistemas de autoridad y organización política, además de los esquemas simbólicos con los que se da coherencia al mundo6_{. Estas cuatro civilizaciones serían la moderna}

industrial, que abarca a la minería y manufactura industrial, a la banca, el gran comercio, los servicios públicos, el transporte con sus respectivos circuitos de acumulación e intercambio directamente mercantil de productos, bienes y fuerza de trabajo. En términos poblacionales no más de un 20 ó 30% de las personas en el país están involucradas directa y técnicamente en esta trama social.

El segundo régimen civilizatorio es la economía y cultura organizada en torno a la actividad mercantil simple de tipo doméstico, artesanal o campesino. Una buena parte de la llamada informalidad corresponde a este segmento social. En tercer lugar, esta la civilización comunal, con sus procedimientos tecnológicos, de gestión de la tierra, de fusión entre actividad económica y política, con sus propias autoridades e instituciones políticas que privilegian la acción normativa sobre la electiva7_{. Por último, está la civilización}

amazónica, compuesta de varios pueblos e idiomas portadores de un conjunto de técnicas sociales de gestión económica y política diferente a las anteriores tres. En conjunto, 2/3 partes de los habitantes del país se hallan en alguno de estos segmentos societales. Es claro que este es un modelo

3. M. Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1987. 4. P. Bourdieu, Meditacionespascalianas. Anagrama, Barcelona, 1999.

5. L. Tapia, Turbulencias de fin de siglo, UMSA, La Paz, 1999.

6. N. Elias, El proceso de la civilización, FCE, México, 1993; F. Braudel,

Civilización material, economía y capitalismo, Alianza(Ed.), España, 1984.

conceptual que no excluye vínculos, cruces e hibridaciones complejas entre estos cuatro bloques civilizatorios, al tiempo que hace resaltar la diferencia de los patrones de organización social vigentes en el espacio social boliviano.

Ahora bien, por lo general, las normas, funciones, instituciones y representaciones con las que se ha constituido la vida estatal en Bolivia sólo han tomado como universo de representación, de interpretación y síntesis general, a las prácticas y disposiciones políticas resultantes de una inserción en la vida moderna mercantil, con sus hábitos de filiación electiva, de individuos parcialmente desarraigados de anclajes de linaje o paisanaje tradicional y, por tanto, potencialmente aptos para formas de agregación partidaria y constitución del poder público mediante el mercado político moderno.

En cambio, una mayoría de la población sumergida en estructuras económicas y culturales no industriales, y además detentadoras de otras identidades culturales y lingüísticas, son portadoras de otros hábitos políticos resultantes de su propia vida material y técnica. La sobreposición de la identidad colectiva por encima de la individualidad, la práctica deliberativa por encima de la electiva, la coerción normativa como modo de comportamiento gratificable por encima de la libre adscripción y cumplimiento, la despersonalización del poder, su revocabilidad consensual y la rotatividad de funciones, etc., son formas de comportamiento que hablan de culturas políticas, diferenciadas de las liberales y representativa partidarias, «profundamente ancladas en las propias condiciones de vida objetiva, en los propios sistemas técnicos de reproducción social de las personas. El corporativismo, el asambleísmo consensual, el hábito de tipo normativo tradicional, hablan de unos tipos de acción política, de organización política, de tecnologías políticas, enraizadas en la propia estructura económica y técnica de sistemas civilizatorios no modernos y, por tanto, vigentes en tanto estos sistemas económicos, culturales y simbólicos de organización de la vida social se mantengan.

En sociedades culturales homogéneas y políticamente nacionalizadas, existe un principio ético político de unificación de criterios que otorga, como un hecho de verificación legítima de esta integración histórica, al estado la titularidad final de

los recursos y las decisiones sobre las formas de gestión de esos recursos. Esto puede ser así, porque el estado, pese a sus jerarquías, se presenta como síntesis imaginada de la sociedad, por lo que la soberanía final no es un asunto de querella sino de cumplimiento deliberado.

En sociedades complejas como la boliviana, el estado, se presenta como una estructura relacional y política mono- étnica que, así como desconoce o destruye otros términos culturales de lectura y representación de los recursos territoriales, vive con una legitimidad bajo permanente estado de duda y acecho por parte de las otras entidades culturales y étnicas excluidas de la administración gubernamental.

Esto da lugar a un principio de incertidumbre estratégico de la legitimidad estatal, subsanada de rato en rato por medio de pactos verticales de mutua tolerancia susceptibles de ser quebrados, por cualquiera de los bandos, no bien alguno de ellos se descuide y debilite. Esta es precisamente la situación del estado boliviano a lo largo de sus 177 años de vida republicana, lo que lo convierte en un estado gelatinoso y bajo permanente sospecha, debido a su incapacidad de articular estructuralmente a las fuerzas sociales que cohabitan en su espacio de influencia geográfica.

Ante la ausencia de un principio nacionalizador de pertenencia o de parentesco simbólico ampliado entre las personas bajo influencia estatal, la soberanía se presenta como un continuo escenario de guerras de baja y alta intensidad en las que los distintos sujetos, el estado a través de sus normas, los empresarios por medio de sus intereses económicos y las comunidades a través de sus usos y costumbres, dilucidan temporalmente caleidoscópicas y fracturadas maneras de soberanía territorial. La afirmación de que en Bolivia cada región se asemeja a una republiqueta no hace más que afirmar esta situación de incertidumbre estatal que impide cualquier pretensión de instauración de una normatividad gubernamental territorial comúnmente aceptada, acatada y refrendada por todos los integrantes de la sociedad. En Bolivia, el estado no es un emisor hegemónico en tanto no ha logrado generar creencias compartidas de largo aliento que asiente un principio básico de soberanía aceptada. Ante esta ausencia de un ilusión compartida de comunidad política, el estado y

sus normas siempre son vistas como una mera herramienta instrumentable y casi nunca como una síntesis expresiva de la sociedad como un todo.

Ante la ausencia de la creencia compartida de pertenencia ilusoria a una identidad político cultural compartida, cada norma estatal referida al territorio nunca se presenta como una legislación de forma sobre un acuerdo de soberanía estatal de fondo; al contrario, se presenta como una nueva prueba en que ambas partes, estado y comunidades, ponen a prueba el alcance de intervención del otro en un bien que cada uno lo asume de facto como propio. La falta de seducción para el acatamiento del principio de soberanía estatal, engendra una cultura del cerco y acecho, que es el único lenguaje de coexistencia entre estado y las mayoritarias colectividades culturales indígenas del control del aparato gubernamental.

Ahora bien, ¿cómo modificar este desencuentro entre vida estatal y composición socioeconómica del país? Una opción, la que han transitado en el siglo XIX y principios del XX los países industrializados que hoy intervienen en mejores condiciones en esta etapa de globalización económica y política, es la erosión de los sistemas económicos y culturales tradicionales, a fin de homogeneizar unos hábitos productivos mercantiles y unos esquemas organizativos modernistas. En ese caso, las instituciones políticas modernas corresponderían a una formación social moderna, en el sentido mercantil e industrial del término. Esto no anularía la conflictividad y las tensiones políticas, pero sería dentro de los parámetros de previsibilidad y de reforma social habilitados por el régimen socioeconómico moderno, como viene sucediendo en otras partes del mundo. Sin embargo, por las estrategias de desarrollo delineadas por los sectores empresariales en las ultimas décadas en Bolivia, esta claro que este no es un horizonte previsible ni buscado, pues la forma de acumulación empresarial pasa hoy por la articulación subordinada de estructuras laborales tradicionales, mayoritarias, en torno a pequeños islotes de economía moderna de enclave.

Otra opción es que dejemos de simular modernidad política en una sociedad predominantemente pre moderna, tanto en términos tecnológicos como culturales. Esto significa romper la esquizofrenia de unas élites que sueñan con ser modernas, se copian instituciones y leyes modernas para aplicarlas en

una sociedad en la que la modernidad mercantil y organizativa es inexistente para más de la mitad de la población y lo seguirá siendo en las siguientes décadas.

Esto lleva entonces a pensar en un proyecto viable de estado capaz de sintetizar a la sociedad, en sentido moderno, pero con otros parámetros de lo que vamos a entender y practicar como modernidad, y paralelamente entonces, también nuestras formas de inserción racional en el contexto global, de negociación de soberanía estatal, etc. Esta otra opción sería la de constituir un estado de tipo multicultural y multicivilizatorio.

CIUDADANÍAS Y DEMOCRACIAS POSIBLES

La existencia fáctica de múltiples identidades étnicas y estructurales civilizatorias en el país y la propia comprobación histórica de la gelatinosidad estatal que vive en permanente acecho de sistemas sociales débilmente integrados a un régimen de legitimidad normativa de largo aliento, obliga a asumir con seriedad y franqueza el debate en torno a las etnicidades como sujetos políticos y territoriales decisivos para la conformación y consagración de cualquier orden estatal duradero en el país.

Ante el reconocimiento de identidades étnicas, culturales y lingüísticas en la mayor parte de su territorio y abarcando la mayor.parte de su población, hay varias opciones a emprender. La primera es negar o simular un reconocimiento de esta diversidad pero trazar políticas de extinción ya sea vía la exclusión coercitiva de esas identidades o por medio de su devaluación simbólica que empujen a estrategias de auto negación étnica. En términos estrictos esta es la política estatal aplicada durante los últimos 100 años, con algunas variantes "blandas" en la última década, pero cuyo resultado es una constante reconstitución de las identidades excluidas y el surgimiento de proyectos indianistas secesionistas respecto del estado boliviano.

Otra opción es el potenciamiento de proyecto de autonomía nacional indígena que pudieran dar lugar a la formación de nuevos estados de composición mayoritaria indígena que, en el caso de los aymarás y queswas, presentan una potencial

densidad demográfica como para volver viable estas propuestas de autodeterminación política. Este tipo de programas políticos h a n comenzado a revitalizarse en los últimos años especialmente en la zona aymara y marca una pauta de diferenciación radical con el resto de los movimientos indígenas del continente. Esta ruta no debiera extrañarnos pues en el fondo, una nacionalidad es una etnicidad desterritorializada o, si se prefiere, una nación es una etnia exitosamente identificada con un territorio8 _{a través de la conformación de}

un régimen político de soberanía estatal sobre la misma. La diferencia entre una etnia y una nación únicamente radica en que la última ha emprendido un proceso de estructuración de una comunidad política institucionalizada por medio de un régimen de estado. Cuando una etnia se autonomiza de un sistema de dominación deviene en nación y, el conjunto de luchas y reclamos indígenas desplegados en las últimas décadas por el pueblo aymara, lo coloca como un candidato potencial a constituirse en identidad nacional-estatal.

Una tercera opción, carente de traumatismos culturales sería la de diseñar una nueva estructura estatal capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la distribución de poderes y en normatividad, estas dos grandes dimensiones de la cualidad social boliviana: la diversidad étnico-cultural y la pluralidad civilizatoria de los regímenes simbólicos y técnico-procesuales de la organización del mundo colectivo. En términos de un régimen de derechos ciudadanos y de prácticas democráticas, esto significa la constitución de una estado multinacional y multicivilizatorio. Veamos.

En términos generales, la ciudadanía es la integración de una persona como miembro competente de una comunidad política a través de un conjunto de prácticas jurídicas, economías y políticas definidas como derechos9_{. Esto supone}

8. T. Oommen. Citizenship, nationaliiy and elhnicity. Cambridge. 1997.

9. Sobre el tema de ciudadanía, se puede revisar. Varios, T.H. Marshall. T. Botomore,

Ciudadanía y clase social. Alianza (Ed.), España, 1998; J. Habermas,

"Ciudadanía e identidad nacional", en Facticidady validez, Trotta. Madrid. 1998; Ch. Tilly. (ed). "Citizenship. identity and social history", International Review of

Social History, Nueva York. 1996; D. Held. "Between state and civil society:

Citizenship'' en G. Andrews; Citizenship. Lawrence y Wishart. London. 1995; Varios. "Ciudadanía, el debate contemporáneo". La Política, Paidós, 1996;

Revista Metapolüica, # 15, México. 2000.

la existencia de un conjunto de fines y valores comunes capaces de constituir de manera duradera una comunidad política que por lo general son fruto de procesos de homogenización económica en torno a economías sólidas de tipo industrial y de mercado, además de dilatados procedimientos de integración cultural. En sociedades politécnicas, la comunidad política sólo se puede construir mediante mecanismos que, sin eliminar la particularidad cultural de las personas, éstas tengan las mismas oportunidades y derechos para constituir parte de la institucionalidad política. Algunos autores han propuesto para permitir ello el ejercicio de una ciudadanía diferente10 _{que de}

lugar al ejercicio de derechos políticos plenos en tanto se pertenece a una determinada comunidad étnica-cultural o nacional al interior del propio estado. De esta manera, las identidades étnico-nacionales excluidas contarían con medios institucionales que garantizarían su representación, en tanto identidades culturales, en las instituciones políticas, incluida su capacidad de veto colectivo frente a cualquier decisión que se vaya a tomar que afecte a la comunidad étnica.

La comunidad política como lugar de ciudadanía sería entonces un proceso de construcción colectiva en las que las diversas identidades étnicas excluidas estarían reconocidas en sus prerrogativas y poderes en tanto colectividades. Esta ciudadanía diferenciada puede asumir varias formas, como son el estado autonómico o el estado multinacional. Se trata de la conformación de autogobiernos regionales de gran escala con un régimen de poderes legislativos, judiciales y económicos sobr.e la zona de presencia de la comunidad étnica o lingüística, a la vez que la presencia proporcional a su dimensión demográfica respecto al total de la población, de representantes de cada identidad étnica en la cámara legislativa de las diversas etnias encargada de administrar y

10. M. Young. Justice and the politics ofdifference, U. Princeton Press, Princeton, 1990; Ch. Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, FCE, México, 1993; W. Kymlicka, Ciudadanía multicultural, Paidós, Barcelona, 1996; G. Baumann, E! enigma multicultural, Paidós, España, 2001; L. Villoro, Estado

plural, pluralidad de culturas, Paidós, México, 1998. Para una crítica ligera de

estas interpretaciones ver, G. Sartori, La sociedad multiétnica, Taurus, Madrid, 2001.

deliberar los asuntos comunes de la totalidad de la población del país. Una variante de este estado multinacional pudiera ser la división proporcional, en cada una de las esferas de gestión estatal, de representación política y administrativa de miembros provenientes de