Para muestra, valga un botón: El caso de Chile.

Chile fue uno de los primeros países de América Latina en implementar profundas transformaciones neoliberales, incluyen- do reformas económicas, sociales y políticas, por decisión del gobierno militar. En esta nación se emprendió un camino de desregulación, privatización y apertura indiscriminada de la eco- nomía al exterior. Si bien estas transformaciones generaron las bases para un ulterior crecimiento económico, no se puede per- der de vista que dicha expansión se ha visto acompañada de cos- tos sociales y ambientales crecientes que son tan contrarios a la capacidad de sustentar el desarrollo futuro, como éticamente in- aceptables.

A partir de 1974, instaurado el régimen militar chileno, se impulsó desde distintos frentes un profundo cambio económico, social y político, que en esencia buscaba cristalizar experimental- mente la doctrina neoliberal. De acuerdo a dicha doctrina, los mercados desregulados debían asignar los recursos y generar los vectores de precios que reflejaran las antagónicas y competitivas fuerzas de oferta y demanda; reservándose al Estado una fun- ción subsidiaria, de facilitador de los cambios, de fomento a la iniciativa privada y de defensa nacional. Adicionalmente, los nue- vos ejes de crecimiento se debían centrar en la demanda externa, como única forma de generar crecimiento económico en un país de pequeña escala de mercado interno.

En el caso chileno, el proceso de transformación neoliberal fue emprendido de forma unilateral al principio del gobierno mili- tar, mediante varias dinámicas: desregulación económica, privatización, apertura e incentivo a la inversión extranjera, junto a procesos políticos, sociológicos y de transformación cultural congruentes con una visión militar y neoliberal del país. Así, el gobierno de Augusto Pinochet apostó al cambio radical de la eco- nomía y convencido por los Chicago Boys, impuso a la sociedad

chilena la aplicación de la doctrina neoliberal-monetarista, en co- herencia con una visión economicista del progreso, donde se so- brevalora el individualismo, el consumismo y la competencia. Esta política realmente constituyó un giro de 180° con respecto a todas las iniciativas y programas de gobierno del Presidente Allende, cuya figura y obra, al igual que toda la visión de la Unidad Popular que lo llevó al poder en forma democrática, fue satanizada por la Junta Militar a lo largo de todo su período de 17 años.

A partir de 1974, el gobierno militar implementó un programa eco- nómico neoliberal (privatización, desregulación y apertura indiscriminada), en forma radical y veloz. La transformación es- tructural de la economía chilena, significó el tránsito de una eco- nomía con basamento mercado-internista, con fuerte industriali- zación y participación del Estado en lo productivo y en la provi- sión de servicios de educación, salud y previsión social (que se financiaban y administraban con criterio solidario), hacia una eco- nomía cuyo motor se basa en las exportaciones de bienes prima- rios, con un Estado reducido a un rol subsidiario y creciente pre- sencia del sector privado en funciones sociales (que se adminis- tran y aseguran con criterios de capitalización y riesgos individualizados).

Se inició así un proceso de profundo cambio económico y cultu- ral, que a su vez produjo altos costos sociales y ambientales36_.

Recién en los últimos años, gracias a la introducción del manejo macroeconómico y al desarrollo de marcos regulatorios, se ha generado crecimiento económico durante una década, junto a una notable estabilidad macro, que sólo se desaceleró a partir de los choques externos desde 1998, precisamente por nuestra alta vul- nerabilidad externa, que es consustancial al modelo económico chileno.

En el período 74-89, la dictadura produjo una apertura uni- lateral e indiscriminada de la economía chilena hacia el exterior. Esto se logró mediante la reducción drástica de la protección aran- celaria y no arancelaria a los productores nacionales; y con la notable facilitación del ingreso de capitales extranjeros con la promulgación del DL 600; a partir del cual, la participación de la inversión extranjera en nuestro territorio obtuvo trato «nacional», y aumentó significativamente.

Resulta necesario aclarar que alejándose licenciosamente de la doctrina neoliberal, que supone dejar todo en manos del mercado, el gobierno militar propició, mediante políticas sectoria- les, importantes estímulos a la iniciativa privada. En particular, resalta el DL 701 de 1974, de incentivo a la reforestación; la de- claración de res nullius sobre los recursos marinos, que incentivó la pesca industrial; y el citado DL 600 de estímulo a la inversión extranjera. Al mismo tiempo, se desregularon las actividades eco- nómicas, incluyendo una drástica reforma al código laboral; y se desregularon los mercados de productos, de tierras, financiero, cambiario, y eventualmente de todos los servicios. El repliegue de la participación del Estado en la economía, incluyó también un intenso programa de privatización de empresas e instituciones públicas productoras de bienes y servicios. Consecuentemente, se transformó la estructura productiva, se modificó la manera en que nuestro país se inserta en la economía internacional, se con- centró progresivamente la riqueza, y cobraron importancia capi- tal en la economía chilena el sector privado y la inversión extran- jera (Quiroga, 1994 y 1996).

Todos estos cambios resultaron en la activación de las ven- tajas absolutas estáticas, consistentes en menores costos absolu- tos de mano de obra, recursos naturales y servicios ambientales, a su vez debidos a nuestro estándar laboral y ambiental, menos exigente que el de nuestros clientes internacionales. Lo anterior se tradujo en la transformación del aparato productivo hacia un

«modelo» de crecimiento primario-exportador, basado en recur- sos naturales. Chile sustituyó el motor de su expansión econó- mica, abandonando el industrialismo orientado a satisfacer su mercado interno, para fomentar las exportaciones primarias extractivas. Después de varias décadas de «crecimiento hacia adentro», a partir de los setenta, la economía chilena volvió a depender de la demanda externa. Contra lo que habitualmente se piensa, el crecimiento económico estable, con progresivo control de la inflación, no fue una característica del gobierno militar. De hecho, los años de la dictadura se caracterizaron por inestabilidad económica, hipertrofia financiera, comporta- miento volátil del producto y del empleo, crisis en el sistema bancario que obligó a intervenirlo en 1982, aumento notable de la desocupación, de la pobreza y la indigencia a niveles altísimos (48% de pobreza en 1983), solamente manejables en un régi- men militar represivo.

Basta revisar las cifras, para observar que el crecimiento con estabilidad sólo se logró con el retorno a la democracia, en el contexto de las reformas neo-estructurales, que implican la instalación de marcos regulatorios apropiados, dinámicos y co- herentes con una visión estratégica, con un proyecto de desa- rrollo con mayor equidad. Fue necesario que a las reformas neoliberales se uniera un manejo estratégico de la economía, incluyendo la instalación de un marco regulador de la economía a partir de 1990 (gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia), así como el despliegue de políticas públicas efec- tivas en la esfera social; para que en Chile se generara la com- binación exitosa desde el punto de vista economicista, de creci- miento económico con estabilización de precios y disminución de la pobreza, que hicieron de nuestro país una especie de mo- delo económico en Latinoamérica.

Los problemas en la distribución del ingreso y la pobreza, sólo comenzaron a mejorar con políticas públicas focalizadas y eficientes que han sido parte integral de la política de creci-

miento con equidad de las tres últimas administraciones concertacionistas. No obstante, las limitaciones y costos socia- les, ambientales y de vulnerabilidad externa, inherentes al modelo de crecimiento económico, se han ido haciendo progresivamente evidentes para la población en general, en particular con los efec- tos recientes de la crisis económica internacional.

Desde el retorno a la democracia en 1990, el país ha em- pezado a encarar los problemas de distribución del ingreso, per- sistencia de la pobreza y el creciente pasivo ambiental; incrementándose el gasto público y la inversión en dichas áreas, y al mismo tiempo, introduciéndose regulaciones de manera pro- gresiva. Desde 1990 la política económica articula los aportes del mercado con el rol del Estado regulador, en un contexto donde las organizaciones de la sociedad civil se fortalecen y reclaman ma- yor equilibrio entre las fuerzas de la empresa y las responsabilida- des de resguardo del bien público, por parte de las autoridades electas. La creciente conciencia ciudadana se refleja también en la exigencia de mayores niveles de equidad y mejor oportunidad y calidad en la provisión de servicios sociales a cargo del Estado.

Así, mientras otros países en la región se encuentran pro- fundizando la privatización y desregulación de sus mercados, de- sarrollando procesos de ajuste estructural, Chile se encuentra avanzando, con reconocida lentitud, en el desarrollo de marcos regulatorios para encauzar el funcionamiento de las actividades de provisión de bienes y servicios dentro de límites socialmente aceptables. Esto ha sido muy notorio en los últimos años, en par- ticular en rubros estratégicos como son la energía, la educación, la salud y el medio ambiente.

4.3 Reflexiones sobre el mercado, la competencia y la