Posición del Ecuador frente a la comunidad internacional

Con la vigencia de la Constitución de la República, la posición del Ecuador frente a la comunidad internacional se vio enmarcada bajo la propuesta del llamado Sumak Kawsay o Buen Vivir, concepto que propone superar las cifras y estadísticas e implementar un modelo de economía solidaria. Es en el Plan Nacional del Buen Vivir (2009 – 2013) donde se califica a la posición del Ecuador en las relaciones internacionales como “clara, digna y soberana, con miras hacia la

integración latinoamericana y del Caribe e insertar al país de manera estratégica en el mundo”

(SENPLADES, 2009).

De acuerdo con el Plan para el Buen Vivir, la inserción inteligente en los mercados mundiales se basa en los Acuerdos Comerciales para el Desarrollo (ACD); acuerdos y tratados de integración y en los mecanismos multilaterales (CAN, 2009). El concepto de negociación con soberanía, está vinculado con los ACD, ya que, según sus promotores, les permiten a sus suscriptores defender políticas referentes a propiedad intelectual, protección de la salud, de la vida, de la biodiversidad, los conocimientos y la soberanía alimentaria. Además, un ACD le evitaría al Estado el tener que someterse al arbitraje internacional de controversias, así como le daría la capacidad de continuar regulando los servicios y ejerciendo control sobre las actividades orientadas al desarrollo (MRECI, 2009).

El Estado ecuatoriano, en rechazo a los Tratados de Libre Comercio, terminó las negociaciones con su principal socio comercial, los Estados Unidos, bajo el convencimiento de que la agricultura y ganadería nacional se verían afectadas al permitir la entrada de productos subsidiados a menor precio que los locales (PRENSA LATINA, 2010), esto, aún bajo el riesgo de estar en desventaja frente a países como Perú que, en el año 2006, firmó el TLC con Estados Unidos y en el año 2009 ya exportó su primer embarque sin aranceles (ORBE, 2009).

28 Por el contrario, el año 2009, llegó al Ecuador con la crisis financiera mundial y junto con ella, la pérdida de mercados de exportación y la baja en la cotización del petróleo. Para hacer frente a la situación, con el perjuicio de no contar con una moneda propia para devaluarla, el Presidente de República, Rafael Correa, aplicó lo que se llamaría una política comercial directa: aranceles, restricción de importaciones y normas técnicas (ECUADOR INMEDIATO, 2009).

De acuerdo con estudios internacionales, el Ecuador debilitó su posición comercial en el entorno globalizado. El índice de globalización, calculado por la consultora internacional Kearney, muestra que países como Ecuador y Venezuela disminuyeron su nivel de apertura comercial. Adicionalmente, los estudios señalan un nivel bajo de atracción del país para hacer negocios; por ejemplo, el reporte llamado “Haciendo Negocios 2008” publicado por el Banco Mundial, muestra que montar una empresa en el Ecuador costaba, en promedio, más de mil dólares y requería de 65 días. Este hecho ubicaba al país solo por encima de Bolivia, Haití y Venezuela en América. En contraste, Colombia avanzó 10 puestos en el ranking reduciendo el tiempo para crear una empresa y recortando impuestos (ORBE, 2009).

El segundo socio comercial del Ecuador y primer destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, es la Unión Europea. Por disposición del Presidente de la República, Rafael Correa, las negociaciones del tratado comercial fueron interrumpidas en octubre del año 2009, en vista de que la Unión Europea, según declaraciones oficiales, incumplió CON las resoluciones de 9 paneles en los que el Ecuador ganó ante la OMC y que le exigían a reducir los aranceles a la entrada del banano al territorio de la UE. Frente a la posición ecuatoriana, la Unión Europea aceptó negociar una propuesta de desgravación arancelaría con los principales países productores de banano y se comprometió a disminuir el arancel de 176 euros por tonelada a 114 euros, en el plazo de 8 años (MRECI, 2010).

Consecuente con este acuerdo, el Presidente Rafael Correa decidió retomar las negociaciones, lo que se comunicó por escrito a la Unión Europea a inicios de febrero del año 2010. Un mes después, una delegación ecuatoriana viajó a Bruselas para conversar con el Jefe Negociador Europeo acerca de las

29 condiciones para retomar la negociación. En esto, el Gobierno del Ecuador dejó en claro el interés por firmar un Acuerdo Comercial para el Desarrollo, y no un Tratado de Libre Comercio similar al firmado con Perú y Colombia (MRECI, 2010). Así lo dijo, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración en uno de sus discursos oficiales:

Con respecto a las relaciones económicas y comerciales, el Ecuador propugna que las mismas deben basarse en los principios del comercio justo, las complementariedades y el beneficio mutuo. Estamos dispuestos a avanzar en negociaciones de tipo comercial, siempre que el derecho de nuestros pueblos a una vida digna no se vea afectado, y se tengan en cuenta los principios establecidos en la Constitución. Bajo estas premisas, consideramos adecuado promover acuerdos para el desarrollo basados en los principios antes mencionados, de manera que no se limiten a la apertura arancelaria, sino que sienten las bases para un intercambio equitativo, complementario, y que tenga en consideración la

responsabilidad social, ambiental e intergeneracional (PATIÑO, 2010).

Para la firma del Acuerdo, el Ecuador elaboró un documento modelo que serviría de base para negociar. El Acuerdo Comercial de Desarrollo (ACD) planteado por el Gobierno, expone la posición de Ecuador en cuanto a su política exterior y está basado en tres ejes: el Eje Político, que promueve la libre movilidad humana, el desarrollo equitativo en la distribución de beneficios y la soberanía alimentaria; el Eje Comercial y de Inversiones, que busca un trato especial y diferenciado a través de la desgravación arancelaria que tome en cuenta las sensibilidades locales y las asimetrías; así también, la inserción del sector popular y solidario por medio de un comercio justo, solidario y complementario; y el Eje de Cooperación, que incluye mecanismos para el fortalecimiento de desarrollo humano y tecnológico, cooperación entre pequeños empresarios (ZANZZI, 2012).

La estructura del ACD se diferenciaría a la de un TLC, debido a que la propuesta ecuatoriana toma en cuenta los temas de cooperación para el desarrollo y el diálogo político, que no constan en el documento firmado con Perú y Colombia. Por el contrario, el TLC incluye capítulos referentes a Contratación Pública y Propiedad Intelectual, que serían los ejes centrales de los acuerdos suscritos con Perú y Colombia (PODERES, 2012). La opinión de autoridades, como el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, sobre la postura del Gobierno frente a la UE, es que un TLC podría ser "el inicio" de futuras negociaciones, sin perjuicio lograr conseguir más adelante un acuerdo en los temas no contemplados inicialmente (EL DIARIO.EC, 2010).

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