CAPÍTULO I. ESTADO DEL ARTE
6. Acción administrativa y redes sociales
6.3. Las redes sociales digitales en las Administraciones públicas
6.3.2. Promover el gobierno abierto
Las redes sociales en su conjunto son un instrumento útil para promover el gobierno abierto en cualquiera de las tres dimensiones fundamentales: mejorar la transparencia, participación y colaboración.
La mejora de la transparencia es uno de los aspectos clave puesto que la disponibilidad de la información condiciona el desarrollo del resto de principios en los que se basa el gobierno abierto. Las redes sociales contribuyen, como vimos anteriormente, a diseminar información a un número sustancialmente mayor de personas y a un coste muy reducido, la “transparencia itnerna y la transparencia externa” (Meijer y Thaens, 2010: 117). En la práctica numerosos
157Es el caso, por ejemplo, de la utilización de redes sociales en el ámbito de la sanidad. Las plataformas que las soportan pueden ser de múltiples tipos – generalistas o específicas como las británicas Patients like me,
Mumsnet, Treatement Action Campaign, My pro Ana – pero todas tienen en común su potencial para conectar
personas con experiencias de salud que pueden ser comunes y que de no ser por estos instrumentos difícilmente podrían hacerlo por cuestiones de distancia geográfica, limitación en sus habilidades sociales, estereotipos y prejuicios, etc. Se brinda de esta manera a pacientes y ciudadanos en general la oportunidad de mejorar su autonomía y conocimiento para la gestión de su salud.
158 No se deben obviar las barreras que determinados ciudadanos pueden encontrarse en el uso de este tipo de
instrumentos que no siempre están disponibles al alcance de la mayoría. Las redes sociales son un medio que hace más inclusivo el ejercicio del poder pero en tanto en cuanto existan ciudadanos que dispongan la alfabetización digital y los medios de acceso a Internet correspondientes. Estas barreras son subrayadas por aquellos que defienden que la tecnología, lejos de reducir las brechas, las aumentan por cuanto se incentiva el uso de determinados canales que no todo el mundo está en condiciones de utilizar, frente a otros – los clásicos- que sí que podían ser usados por las mayorías.
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Estados con leyes aprobadas sobre transparencia han vinculado de manera directa el desarrollo de dichas normas con la implementación de iniciativas tecnológicas entre las que se encuentran las redes sociales. La mayor implantación de éstas se relaciona con una mayor capacidad de conectar diferentes partes de la sociedad y con un mayor acceso a la información que pueda poner a disposición la Administración. Más profundo aún será el cambio cultural y el impacto si en ese proceso de difusión de información a través de redes hubiera una implicación directa del aparato administrativo.
No obstante, no todas las opiniones son coincidentes en el sentido de valorar favorablemente los efectos de las redes sociales sobre una mayor transparencia de la Administración. Gascó (2014: 81) duda de “las redes sociales sean explícitamente un instrumento para lograr gobiernos más abiertos” porque la transparencia real sólo tiene lugar cuando la información sirve para empoderar al ciudadano en el sentido que éste la pueda comprender y procesar para poder tener una idea exacta de cómo los gobiernos están trabajando para su comunidad.
Las redes sociales también pueden ayudar a los ciudadanos a contribuir en las decisiones públicas; incluso algunos hablan de que facilitarían un nuevo civismo participativo159 propio del siglo XXI. Las redes aportan eficiencia a mecanismos participativos institucionalizados o por institucionalizar y de alguna forma contribuyen a hacer “más simétrica la relación entre gobernabilidad y gobernanza” (Aguirre, 2013: 128), universalizando de hecho el derecho de participación y la pluralidad al “extender esta posibilidad a aquellos sectores que normalmente participan menos o no participan” (Castel, 2014: 58).
De ahí que estos instrumentos hayan pasado a formar parte de las herramientas cotidianas en gobiernos y Administraciones públicas que, con el objetivo de mejorar su reputación y autoridad, promueven procesos de conectividad social160 - en los que “se refuerzan las relaciones sin que necesariamente se supriman las del mundo offline”(Ellison, Lampe y
159 Se refiere a ciudadanos que han crecido con medios participativos, habituados a compartir ideas y visiones
sobre la sociedad y a percibir su influencia en términos de cuántas personas leen y comparten sus palabras.
160 La conectividad social supone el mantenimiento de lazos sociales existentes y la formación de otros nuevos.
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Steinfield, 2007: 1165), de dinamización161 y vinculación para la elaboración de las políticas públicas.
Son estos procesos, de dinamización y vinculación, los que posteriormente van a facilitar que aquellos ciudadanos movilizados participen en iniciativas abiertas162 potenciando lo que Fukuyama (2001: 19) llama “capital social”. La cuestión no es tanto que exista una movilización desaforada en una u otra dirección que desemboque en torrentes de ideas que, de no poder ser atendidas,, finalicen en frustración; sino que la misma cristalice en procesos deliberativos bien sustanciados que puedan culminarse en iniciativas satisfactorias. Y es ahí donde las redes sociales son herramientas útiles para dar sustento al proceso deliberativo, principalmente en lo que tiene que ver con las primeras fases de la escalera de la participación: permitir a la ciudadanía escuchar y tener voz163 y conocer al usuario para poder satisfacer sus demandas.
Otros autores como Castel (2014: 58) destacan - cuando hablan de redes sociales y participación- que éstas permiten una “participación más informada” y al menos dan la posibilidad al ciudadano de dar su punto de vista de manera sencilla desde un ordenador, fortaleciendo así la democracia representativa tradicional a través de instrumentos complementarios.
Los procesos participativos pueden verse incentivados a través de las redes sociales que además los pueden hacer menos costosos y más eficientes. Pero no estamos ante la panacea. La participación digital puede llevar asociada una pérdida en la calidad del proceso frente a la presencial, donde los lazos son más fuertes, la implicación es mayor y el jugo de ideas es más elaborado. Como amenaza, de nuevo el problema de la sobrerrepresentación de los más
161 La movilización en redes comparte en cierta manera algunos aspectos de la movilización clásica de toda la
vida. Actores sociales poderosos en el ámbito del activismo ciudadano también pueden asumir un liderazgo equivalente en las comunidades virtuales, lo cual en cierta manera puede desvirtuar procesos que en el ámbito digital se suponían más abiertos.
162La vinculación de los ciudadanos con las políticas públicas forma parte de la llamada e-politica junto a otros aspectos tan como las campañas electorales virtuales.
163 Si tomamos la escala de participación de Arnstein nos referimos, en el mejor de los casos, a un nivel
intermedio, el de la participación simbólica. Si nos guiamos por la clasificación de IAP2, la actual participación se vendría a situar más en un grado consulta, con ligeras trazas hacia la implicación. Se difumina sin embargo en la esfera de la decisión.
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digitalmente activos que puede derivar en ciertas prácticas pseudocorruptas con innegables problemas para la legitimidad y representatividad.