Jhonatthan Maldonado Ramírez
RECORTE DE LAS PENSIONES: PRECARIEDAD INSURRECTA
La acción humana depende de toda clase de apoyos, ya que siempre es una acción apoyada. Conocemos estu- dios sobre la discapacidad en los cuales se asegura que la capacidad para moverse está supeditada a instrumentos y superficies que hacen posible el movimiento, y que el mo- vimiento de los cuerpos es apoyado y facilitado por objetos
no humanos y por su particular capacidad para la acción. En el caso de las asambleas públicas podemos ver con toda claridad que no solo se lucha por el espacio público, sino que también es una lucha, tan importante como la anterior, acerca de las distintas maneras en que los cuer- pos serán apoyados en el mundo: es la lucha, entre otras cosas, por el empleo y la educación, por una distribución equitativa de los alimentos, por una vivienda digna, por la libertad de movimientos y la libertad de expresión. Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una
Una insurrección puede estallar en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier corporalidad que demande otras maneras de vi- vir. Las formas de opresión hegemónicas (la homofobia, la misoginia y el racismo) intentan preservarse en lo cotidiano de manera sutil y en varias ocasiones de manera despiadada con la finalidad de no disipar su estatus de autoridad en la producción de los cuerpos que importan y las vidas que merecen vivir (Butler, 2010).
En este apartado me gustaría repensar el acontecimiento de la
vigilia y los colgados(as) de Cochabamba, Bolivia como una escena de
la insurrección tullida que al expresar y manifestar la precariedad a través de la acción corporeizada y las asambleas públicas develaron, a la vez que confrontaron, el capacitismo estructurado en la econo- mía neoliberal que sujeta la discapacidad a estados de precaridad que tienen por meta dejar morir a las personas reconocidas como minusválidas.
Si bien las normas que regulan la producción corporal del sujeto operan de manera performativa, es decir, mediante prácticas reiterati- vas y referenciales que constituyen la materialidad de los mecanismos de normalización, también es un hecho que, una ruptura en la reitera- ción continua de los marcos de opresión siempre es posible.
En consecuencia, es a través de la acción y de aprender a actuar como se abre camino a la insurrección, como diría el Killing King Abacus, “a pesar de que la propaganda tenga un papel importante en la clarificación de cómo actuamos, esperar solo enseña a esperar: ac- tuando uno aprende a actuar” (2001: 2).
EL MOTIVO
Durante febrero de 2016 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, un grupo de personas con discapacidad decidieron colgarse de un puente como acto de protesta al no obtener respuesta sobre la cancelación del bono mensual (500 bolivianos)11 proveniente de los 40 millones que
asigna el gobierno nacional para este sector.
El recorte fue decretado por el vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, quien afirmó que los 40 millones serían invertidos en programas de salud, empleo, atención médica, vivienda y desarrollo productivo. Asimismo, el ministro de economía, Luis Arce, aseguró que existía la predisposición de favorecer casos específicos de “disca- pacitados graves”, pero que el bono no iba a ser generalizado y que sería responsabilidad de las alcaldías otorgarlo; mientras tanto, las alcaldías de las diferentes ciudades negaron la posibilidad de sostener ese gasto.
Dadas las circunstancias, el representante de la Federación de Personas con Discapacidad de Cochabamba, Alberto Salazar, anun- ció que tomarían las calles de la ciudad de Cochabamba hasta que hicieran caso a sus exigencias, ya que los recortes afectaban a miles de personas que no tenían garantizado un empleo, un seguro médico y una educación. Es así que, al no obtener respuesta deciden convocar a una caravana rumbo a La Paz para demandar un encuentro directo con el presidente Evo Morales.
Quienes caminaron a la sede principal del gobierno presentaban diferentes discapacidades y compartían una situación económica pre- caria. No exigían limosnas, mucho menos caridad, sino un derecho. El bono, propuesto con anterioridad por el mismo gobierno, es un monto que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de una persona que no puede moverse, y necesita constantemente atención y medici- nas que, por cierto, no cubre el seguro médico básico.
Por la calle, varias personas salieron a apoyar el paso de la mar- cha, con agua, refrescos, comida. Las preguntas giraban respecto a si realmente no había dinero para que el estado otorgara el bono de 500 bolivianos, cuando en realidad el gobierno erogó una gran cantidad de recursos en proyectos como la construcción del nuevo edificio de gobierno en La Paz (que presupone una inversión de 231.602.664 de bolivianos) y la inversión en el proyecto nuclear con fines “pacíficos” en colaboración con Rusia.
Bajo estas circunstancias, la caravana de las personas con dis- capacidad llegó a finales de abril de 2016 a la ciudad de La Paz don- de padeció de los enfrentamientos con la policía. Evo Morales no les atendió, más que con represión, hostigamiento, asesinatos y crimina- lización; de acuerdo con l*s dirigentes más crític*s no se han solucio- nado las carencias en las cuales viven y afirman que no dejarán de pre- sionar hasta que aseguren las condiciones mínimas de su existencia.