La I república.
Tema 8. La Regencia El pacto político Bipartidismo y turno (1885-1895)
Formación del partido liberal.
Los liberales volvieron al poder en un buen momento para su partido, pues en junio de 1885 habían llegado a un acuerdo entre las distintas facciones, adoptando el nombre genérico de Partido Liberal y nombrando a Sagasta jefe del partido. Redactaron un programa de gobierno conjunto, con el nombre de Ley de Garantías, que elabora Martínez Campos en nombre de los fusionistas, y Montero Ríos en representación de los izquierdistas. Se acata la constitución de 1876, pero prometen defender los derechos individuales y luchar por el sufragio universal masculino, juicio de jurados y una reforma constitucional. Aceptan la soberanía del rey con las cortes, renunciando a la soberanía nacional que antes reivindicaban. Al margen de los acuerdos solo quedaba la pequeña facción de la Izquierda Dinástica, presidida por el general López Domínguez, aunque Sagasta cuando llega al poder le ofrece la embajada de Paris, para acercarle a su partido, pero no se llega a producir la unión, porque además piden 27 diputados en las próximas elecciones.
En su primer gobierno Sagasta reúne a representantes de las distintas tendencias y remodela el gobierno en tres ocasiones durante la legislatura. A pesar del éxito de su programa, no es fácil mantener la unión de fuerzas tan
heterogéneas y en 1886 comienzan a aparecer disensiones entre los liberales. A finales de ese mismo año, Romero Robledo y López Domínguez deciden unirse y crear el Partido Reformista, como una tercera opción política. Pero no consiguen erosionar el bipartidismo. El general Cassola dimite como ministro de Guerra porque había pretendido la reforma del Ejército y el restablecimiento del servicio militar obligatorio y muchos jefes militares y un amplio sector del partido conservador se opusieron. Sagasta no respaldó estas medidas lo suficiente y de ahí la dimisión del ministro. También se produce un enfrentamiento entre Moret y Gamazo, representantes de los intereses librecambistas y proteccionistas. La política liberal había sido librecambista desde 1881 y el conflicto surge cuando Gamazo trata de variar la tradición en el partido, como portavoz de la Liga Agraria. Propone abaratar la producción de la rebaja de los impuestos que gravaban la propiedad y el cultivo de tierra y reclama una protección arancelaria para los productos españoles. Esta actitud le crea cada vez mayores problemas a Sagasta.
La única manera que Sagasta encuentra para impulsar el liberalismo es defender el sufragio universal masculino. También en 1887 se aprueba la ley de asociaciones, que favorece el asociacionismo obrero; y la Ley de lo contencioso administrativo de 1888, que otorga la última instancia de los recursos al Tribunal Supremo en vez de al consejo de estado a o la voluntad del rey. Se aprueba también la ley del jurado y en el código civil de 1889 se consagra la defensa del orden social y la propiedad privada. Con la ley electoral de 1890 se aprueba el sufragio universal masculino, en un complicado proceso mediante el que Sagasta consigue reforzar el partido y asegurar su liderazgo en el mismo. Pero el sistema electoral continúa viciado por el caciquismo, por lo cual el sufragio universal masculino no influye favorablemente en las urnas. A pesar de que se llamaba sufragio universal, no estaba exento de restricciones: era solo para varones mayores de 25 años, vecinos de un municipio con dos años al menos de residencia.
La política exterior de los años ochenta.
Los años ochenta estuvieron marcados por los liberales, que reaccionaron contra el recogimiento de Cánovas, mientras que Sagasta demostró más confianza en le papel que España podía desempeñar. La orientación de su política siguió dirigida hacia Alemania, aunque mejoraron las relaciones con Francia y Gran Bretaña. Se hicieron en estos años bastantes tratados comerciales, y sobre todo se adoptó una política más contundente respecto a Marruecos. Alfonso XII se implica de manera bastante activa en la política exterior.
Quizá el momento culmen sea el paso de Moret por el ministerio de Estado, porque si bien Cánovas dirigía casi en persona la política exterior, Sagasta daba más rienda suelta a sus ministros. La concepción que Moret tenía del tema queda reflejada en su obra Memoria sobre la política internacional, de 1888, en donde subraya la importancia de desarrollar una política que de prestigio a España y propone lo que él llama política de ejecución. El primer episodio destacado en esta década tiene lugar durante la Conferencia de Madrid sobre Marruecos de 1880, cuando todavía gobierna Cánovas. Con Marruecos se relacionaban diversos países europeos, tanto para comerciar como para explotar sus riquezas y colaborar con su gobierno en proyectos de defensa militar o de obras públicas. Pero las potencias rivalizaban para ver quien ejercía más influencia, hasta el punto de que el sultán consideró que se estaba vulnerando la soberanía nacional. Con ese objeto se convoca la conferencia de Madrid, para regular el grado de intervención de las potencias. Cánovas fue nombrado presidente y el resultado principal de esta conferencia fue un acuerdo que garantizaba el statu quo y la integridad de Marruecos, al considerar que si las potencias intervenían en ese territorio, o se producía un reparto de las áreas de influencia, España tendría más que perder frente a países más poderosos. Lo único que se consigue es aplazar la cuestión. Queda claro en esta conferencia que con la Restauración han aumentado
las tendencias africanistas, y de hecho se crean asociaciones culturales y publicaciones que promueven el interés por las culturas del Norte de África. Alfonso XII declara el protectorado sobre el espacio comprendido entre el Cabo Bojador y Cabo Blanco, que constituiría el Sahara español. También se promueven expediciones a Guinea Ecuatorial y a Costa de Oro.
Otro elemento en esta etapa es la adopción de una política librecambista, pues se rebajan las tarifas arancelarias entre España y cada uno de los países con quienes se comercia. El modelo de tratado fue el firmado entre España y Francia en febrero de 1882. En 1886 se aprueban unos aranceles en donde se pone en práctica una reducción de derechos, lo cual valió para la exportación de productos españoles como el vino, aunque obligó a comprar a cambio maquinaria en el exterior, y le vino bien a la industria textil catalana, que se modernizó. Los productores de trigo se vieron perjudicados por la política librecambista.
Alfonso XII no había estado de acuerdo con la política canovista y en esta década empieza a influir en las relaciones internacionales; sobre todo mediante viajes por Europa. La iniciativa del rey gozaba del apoyo de Vega de Armijo, que era entonces el ministro de estado. Visitó en Austria a Francisco José y
luego se reunió en Alemania con el emperador Guillermo I, aunque cometió el error de mostrar demasiado entusiasmo ante el militarismo prusiano. Fue en Francia donde surgieron los primeros problemas, sobre todo a causa de la actitud adoptada en Alemania; y en Paris fue recibido con bastante frialdad.
A pesar de las buenas relaciones con Alemania, en 1895 surge la crisis de las Carolinas y Palaos. En la conferencia de Berlín se habían dictado
nuevas premisas para regular la expansión colonial, y se exigía la ocupación efectiva de un territorio para defender su posesión. Las grandes potencias se habían repartido el mundo, y las rivalidades entre compañías y comerciantes de distintos países y las malas relaciones con la población nativa habían creado en el Pacífico una situación bastante inestable. Por eso Cánovas temió que si no ocupaba las islas de la Micronesia, otra potencia lo haría. Por eso se creó una nueva división naval en las Carolinas y Palaos.
Pero los alemanes tenían en las islas muchos intereses económicos, y Bismarck decide adelantarse a los planes españoles y enviar un barco de la Marina Imperial para que tome posesión oficial de las islas. La llegada de los barcos españoles y alemanes se produce con dos días de diferencia; y los alemanes izan su bandera, reclamando el protectorado de las islas; pero Cánovas parece dispuesto a defender los derechos españoles y en España se produce una exaltación patriótica popular. Las Carolinas se convierten en algo indispensable para el destino de España. Al final la controversia se resuelve por la vía amistosa, con la intervención del Papa León XIII. En el Protocolo de Roma, firmado en diciembre de 1885 se reconocían los derechos de soberanía de España, aunque Alemania también consigue las ventajas económicas que deseaba. Los comerciantes de otros países podrían ejercer libremente actividades comerciales y de explotación de plantaciones, pero siempre que no se asentaran en puntos del archipiélago ya ocupados por los españoles.
Otro asunto especialmente delicado fue la indirecta adhesión a la Triple Alianza, mediante un acuerdo secreto que se firma con Italia en 1887. Se trataba en realidad de una vaga declaración en la que los dignatarios de ambos países se comprometían a fortalecer el principio monárquico, y a contribuir a que reinase la paz. España se comprometía a no llegar a acuerdo alguno con Francia
que pudiera dirigirse contra cualquiera de las potencias de la Triple Alianza; y se fijaba un entendimiento para mantener el statu quo en el Mediterráneo. El pacto contó con el respaldo de Alemania, Austria-Hungría y Gran Bretaña, pero no había ningún compromiso activo por su parte. Y el acuerdo no afectaba a las Antillas ni al Pacífico.
Alternancia política durante los noventa.
A partir de 1890 cada dos años los partidos más importantes se van sucediendo en el poder hasta que en 1901 Alfonso XIII llega a la mayoría de edad y accede al trono, empezando una nueva etapa política. No responde a ningún acuerdo previo entre los partidos, sino a un punto de equilibrio establecido por la regente. Quizá por eso, añadido a otras causas, el sufragio universal masculino no supuso una mayor transparencia ni un respeto a la legalidad en las elecciones, porque siguió existiendo el manejo de la voluntad popular. Según se decidiera quien iba a asumir el gobierno, el partido de turno conseguía la suficiente mayoría electoral como para poder gobernar cómodamente. Puede decirse que la intención de voto cambiaba cada dos años, como un reloj. Tampoco los partidos perdieron su consideración de agrupación de notables para transformarse en formaciones que buscasen el apoyo de las masas, sino que se mantuvieron inmóviles, quizá porque la población con derecho a voto no era la más adecuada para protagonizar una revolución política. Sólo en las principales ciudades se produjeron cambios importantes en los resultados electorales. A partir del sufragio universal, la representación republicana fue elevada y constante, y empiezan a surgir los diputados que representan opciones nacionalistas. Pero la mayor parte de la gente que podía votar con el nuevo sufragio no eran las clases medias urbanas, trabajadores especializados ni campesinos independientes, porque la mayoría de éstos ya votaba antes; sino que eran gente que vivía aislada de la realidad social, con una importante tasa de analfabetismo y por tanto, fácilmente
manipulables. Esta época fue de confrontación entre las reformas que la realidad social y política necesitaba, y la resistencia de las viejas estructuras del poder. Esto provoca inestabilidad y frecuentes crisis sociales.
1890-1892. Gobierno de Cánovas.
Cuando el gobierno conservador llega de nuevo al poder en 1890, respetan todas las reformas hechas por los liberales, a pesar de que Cánovas inicia una nueva política. Comienza a proteger los derechos de los trabajadores, tratando de regular las condiciones de trabajo y mejorar su vida, a pesar de que esto conlleva críticas, desde la izquierda y desde la derecha. Adopta una nueva orientación económica de carácter proteccionista. En 1891 aprueba un arancel que prima la producción nacional y suprime las franquicias de la ley de 1882. En los primeros años de la década hay una crisis en el partido conservador y Francisco Silvela sale del partido cuando Cánovas apoya la reintegración de Romero Robledo. Silvela era defensor de la legalidad y de la moralidad más estricta, y Romero Robledo era partidario de ajustar las medidas a las necesidades del momento, adecuando los resultados electorales a los objetivos propuestos.
1892-1895. Gobierno liberal.
Cuando los liberales vuelven al poder en 1892 llegan con la firme determinación de cohesionar a las fuerzas políticas que lo componen. Sagasta era partidario de gobiernos de integración, donde se representasen las distintas tendencias. Gamazo ocupa la cartera de Hacienda y pretende crear una nueva política arancelaria que sanee la economía y consiga una mayor transparencia en la riqueza. Maura es el ministro de Ultramar, que impulsa reformas en las colonias para mejorar la administración y Montero Ríos introduce reformas en Gracia y Justicia. Moret se hace cargo de Fomento, donde también
impulsa algunas reformas. La cartera de guerra es para el general López Domínguez, en un gesto de reconciliación tras su anterior salida del partido. Se agregan numerosos republicanos, animados por Castelar, aumentando su compromiso con el régimen y renunciando a su republicanismo. Pero las reformas se encuentran con bastante oposición entre las bases más conservadoras de la sociedad, y por eso la mayoría de ellas no acaban de cuajar. Pero la modernización era necesaria, y si no se llevaban a cabo a tiempo, acabarían por estallar revueltas sociales. El fracaso de este intento propició el fin de esta etapa liberal y la llegada de voces disidentes de distinto signo. Antonio Maura se acerca a los conservadores, y José Canalejas se presenta como una alternativa al liderazgo del partido. En 1894 y 1895 las diferencias entre las distintas facciones provocan varias crisis de gobierno, que culminan en la caída del mismo en marzo de 1895. Un grupo de oficiales del ejército asaltó la dirección de varios periódicos de Madrid, porque pensaban que habían publicado injurias sobre ellos. Martínez Campos intentó forzar que el asunto fuera conocido por los tribunales militares y al no querer aceptar Sagasta ningún tipo de presión, dimitió.
La Iglesia católica y el régimen de la Restauración.
Cuando en 1883 llega a España el nuevo nuncio papal, el cardenal Rampola, hay bastante división entre los católicos y su gestión va encaminada a subrayar la obediencia a la encíclica Cum multa y a impulsar el respeto por la legalidad vigente. Los integristas trataron de cuestionar su autoridad y rechazaron la participación del liberal Alejandro Pidal y Mon en el gobierno de Cánovas, lo cual suponía un desafío a la política conciliadora entre la Santa Sede y el régimen canovista. Por eso el Vaticano desautoriza algunas declaraciones de los integristas españoles, sobre todo del cardenal Pitra. En 1885 buena parte de la jerarquía católica se adhiere a la Regencia y el nuncio consigue que en diciembre de 1895 se elabore una declaración en donde se reconoce la conveniencia de un cierto
pluralismo político, y una limitada libertad de opinión. A cambio, cuando los liberales llegan al poder, ofrecen a la Iglesia un pacto basado en el respeto y la colaboración recíprocos. A pesar de todo, seguía habiendo campos de enfrentamiento, y uno de ellos era la enseñanza. Se intenta aprobar una ley de Instrucción Pública, y a tal efecto se presenta en el congreso en diciembre de 1876, pero el proyecto queda paralizado hasta 1884, debido sobre todo a discusiones con la Iglesia a causa del control de la instrucción primaria y secundaria por parte del estado en detrimento de las órdenes religiosas, al contenido de los planes de estudio y a la ortodoxia doctrinal de la educación. Un gran motivo de discusión era que el derecho de los obispos a censurar los contenidos de la enseñanza, reconocido por el concordato con la Santa Sede de 1851 y que seguía vigente, quedaba dependiendo de la principal función inspectora del estado. También había problemas por la formulación de los matrimonios, porque la Iglesia no admitía la legalidad de las uniones civiles. Después de arduas negociaciones, en 1887 se llegó a un acuerdo con la Santa Sede por el cual ésta reconocía al estado la potestad de regular los efectos civiles del matrimonio. Otro punto de desacuerdo era la defensa del fuero eclesiástico, el cumplimiento de las obligaciones del estado respecto de la dotación del culto y clero, el estatuto jurídico de los bienes de la iglesia y la representación de cargos eclesiásticos.
Durante los años de la Restauración la Iglesia reforzó su posición dentro de la sociedad española y una vez superados los malentendidos iniciales la iglesia se vio respaldada por la confesionalidad del estado y por el apoyo del régimen. Las órdenes religiosas aumentaron su influencia en la vida social, aumentó también su control en la educación y se fomentó en las escuelas la instrucción religiosa. Aumentaron también las vocaciones y la manifestación de la devoción popular. En 1886 se crea por los jesuitas la Universidad de Deusto, y en 1904 la Universidad Pontificia. Entre 1889 y 1902 se celebraron en España seis congresos católicos para defender los intereses de la religión, los derechos de la
Iglesia y la Santa Sede y difundir la educación cristiana. A finales de siglo se abre el catolicismo hacia los trabajadores. En 1891 León XIII publica la Rerum novarum, donde llama la atención sobre las clases más desfavorecidas y plantea la obligación de intervenir. Nace un sindicalismo católico, preocupado por la cuestión social y un asociacionismo obrero religioso que tiene un éxito relativo. Destacan los círculos obreros católicos de los padres Castells y Vicent, o la Acción Social Popular.
Reacción anticlerical.
Surgen también reacciones anticlericales, sobre todo de algunos grupos liberales, republicanos, socialistas o anarquistas, que se oponen a la creciente influencia del clero y de las órdenes religiosas en la vida política, la educación o la lucha obrera. Las manifestaciones en contra tienen lugar tanto en la calle como en el Parlamento, donde se denuncian los privilegios de la iglesia durante el tiempo de gobiernos conservadores, los intentos de manipulación de la sociedad, y la acumulación de riquezas y tierras. Se trata de definir, según la Ley de Asociaciones de 1887 los límites y funciones de las órdenes religiosas.