El Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología (MPPEUCT) es el órgano del Poder Ejecutivo en Venezuela que está a cargo de “formular, promover, adoptar y hacer el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planes, programas, proyectos, mecanismos e instrumentos dirigidos al fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones”. El principio de Coordinación es uno de los que orienta las actuaciones del MPPEUCT y se manifiesta en la búsqueda del desarrollo y ejecución efec- tiva de las Instituciones de Educación Universitaria, Centros de Investigación, Empresas de Servicio, Unidades Territoriales y otros entes adscritos sobre la base de los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social del país, los lineamientos de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento; esta última, creada “para impulsar y consolidar la Revolución del Conocimiento, como parte de los cambios dinamizadores que … [se están]aplicando en la estructura del estado. Esta revo-
lución abarca la revolución de la ciencia, de la cultura y de la tecnológica y logra unir y fusionar e integrar las distintas dimensiones del desarrollo económico, social, espiritual y material de nuestro país.” (Ministerio del Poder Popular de Planificación, 2014).
Entre las múltiples políticas del MPPEUCT destaca el “Estímulo a los proyectos de investigación y desarro- llo tecnológico orientados a la generación de conocimientos, la transferencia tecnológica y la innovación en áreas estratégicas”.
Ahora bien, el interés y las actuaciones del Estado venezolano en materia de investigación y su concreción en los espacios universitarios son de larga tradición. De allí que resulte oportuno referir, en breves líneas, un pa- norama histórico de la investigación en las universidades venezolanas.
A partir del año 1958, se generan en Venezuela ingentes reformas en todos los niveles del sistema educati- vo; particularmente en la educación superior, la promulgación de la Ley de Universidades en el año de 1970 da pie a la creación e instauración de los Consejos de Desarrollo Científicos y Humanísticos (CDCH): “En cada Universidad funcionará un Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, que tendrá por finalidad estimular y coordinar la investigación en el campo científico y en el dominio de los estudios humanísticos y sociales” (Ley de Universidades, 1970, Artículo 132). Este organismo [también denominado CDCHT o CDCHTA] está presidi- do por una de las altas autoridades rectorales como lo es el Vicerrector Académico, por mandato de la Ley de Universidades (1970) en su Artículo 38, Numeral 3.
En general, los CDCHTA de las universidades públicas deben coordinar las políticas y el desarrollo de la investi- gación propias y específicas de cada una de ellas; además, establecer vinculaciones, relaciones, coincidencias de algunas líneas de investigación con las demandas del Estado en materia de desarrollo científico y tecno- lógico, sin que esto signifique que el Estado condicione o imponga líneas, pues las universidades se deben a cualquier área o campo del conocimiento universal. En próximo apartado se describe con mayor detalle la estructura de este organismo en la Universidad de Los Andes.
En 1961, al interior de las universidades se dio inicio a un conjunto de programas de becas y a la crea- ción de centros e institutos de investigación como fue el caso del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) en la Universidad Central de Venezuela (UCV). El CENDES inició sus actividades – en un período de mucha pujanza económica en el país- con cursos intensivos en materia de Planificación del Desarrollo Económico, Programación y Diseño de la Vivienda Popular y Preparación de Proyectos de Inversión Industrial y Elaboración de Presupuestos Programa. En los actuales momentos, aún continúa con la misión de “Contribuir al desarrollo del país mediante la investigación, docencia de postgrado, divulgación y extensión en el campo de las ciencias del desarrollo y de la planificación”
En 1967, se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) como expresión de las principales políticas del Estado para coordinar la actividad de ciencia en el país. Entre los diversos propó- sitos que se planteó este órgano asesor del Estado en Ciencia y Tecnología destacaban, según expresa Ramos( 1999) el impulso de la investigación de calidad, eficiente y pertinente, en lo social y lo económico así como el apoyo al desarrollo tecnológico en el aparato productivo nacional; la promoción de la cooperación entre los actores de los procesos de innovación facilitando la conjunción y coordinación de esfuerzos y capacidades científicas y tecnológicas; el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas a nivel de los estados para la superación de necesidades y problemas de las regiones y propiciar su desarrollo; la profundización de la cooperación internacional en apoyo a las estrategias nacionales de comercio exterior y a las necesidades de la investigación y desarrollo nacional.
Durante la década de los setenta, el Estado realizó significativas inversiones tendientes al progreso de la ac- tividad científica de las universidades por considerarse éstas como espacios idóneos para su desarrollo. No obstante, en los ochenta, la actividad científica sufrió un decrecimiento como consecuencia de políticas de Estado que, como consecuencia de la apatía y de una profunda crisis económica consecuencia de la caída de los precios del petróleo, otorgaba escasos recursos a la investigación.
Al iniciarse los 90, aproximadamente hasta 1994 se destinaba a la investigación y el desarrollo sólo un 0,25 de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, a la luz de concepciones enmarcadas en el paradigma neoliberal, la actividad científica y de investigación en Venezuela se reconceptualiza y se otorga gran significación y recono- cimiento a la generación y aplicación de los conocimientos producidos. El CONICIT crea entonces el Programa
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de Promoción del Investigador (PPI) con la finalidad de premiar y dar incentivo a los académicos por su pro- ductividad. El PPI (Objetivos y Reglamentos del PPI, 1995) se planteaba los siguientes objetivos:
• Fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país a través del apoyo a los investigadores activos de las instituciones de educación superior y de investigación;
• Favorecer el aumento del número de investigadores activos, así como la permanencia de los existen- tes, promoviendo su dedicación en las actividades de investigación y profesionalizándola a través de incentivos directos;
• Mantener activos a aquellos investigadores jubilados que así lo deseen;
• Estimular la cantidad y calidad de productividad de investigación en las instituciones de educación su- perior y de investigación científica y tecnológica;
• Y poner al día los sistemas de información científica y tecnológica, para contar con una información completa y actualizada sobre el sector ciencia y tecnología venezolano.
El PPI se estableció como una beca mensual cuyo monto dependía linealmente de la producción científica del
investigador y que se sumaba a su sueldo normal; de acuerdo con Vessuri (1996) el PPI respondió a dos exi-
gencias de los sectores académicos del país: el reconocimiento social de la actividad investigativa y el estímulo a los investigadores. A partir de la creación de los PPI, la actividad de investigación dio un salto cuantitativo notable de manera tal que de un 73,5% de docentes universitarios acreditados en 1995 se pasó a 85,38% para el año 2008 (ONCTI, 2008).
Durante el período de los años 90, también aparecen las Agendas de Investigación, como iniciativa para la integración de los diversos actores (universidades, centros de Investigación, organizaciones gubernamentales y no – gubernamentales, empresas consultoras y todas aquellas relacionadas con las líneas de investigación e interesadas en participar) orientadas hacia la búsqueda de respuestas a problemáticas sociales y al estableci- miento de acuerdos de cooperación y cofinanciamiento que aseguren la viabilidad, el monitoreo y el impacto de los resultados de las investigaciones en el país.
Posteriormente (finales de los 90 y principios del siglo XXI), los temas de las agendas, junto con los de otras áreas importantes para el desarrollo del país, fueron transformados en áreas prioritarias. El establecimiento de estas áreas así como la creación de los Ministerios de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología, im- pulsan esfuerzos dirigidos a brindar apoyo financiero a proyectos de investigación y formación de recursos humanos en el marco de una política que persigue “…la conformación en la sociedad de un cultura de co- nocimiento y la innovación que incremente sustancialmente la valoración de la ciencia y la tecnología como motores de desarrollo…” Ministerio de Ciencia y Tecnología (2001:14). Cabe destacar que el Ministerio de Ciencia y Tecnología asume las funciones del CONICIT y este órgano se convierte en el Fondo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (FONACIT).
En la actualidad, el Estado venezolano actual, a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2001) además de establecer políticas en materia de investigación, contempla dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a todas las instituciones de educación superior, entre las cuales obviamente se encuentran las del sector universitario público. Las macro políticas de ciencia y tecnología, que deben orientar la investigación científica en nuestras universidades, se expresan en el Art. 1, a saber: “organi- zar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientaran las políti- cas y estrategias para la actividad científica, tecnológica y de innovación, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropia- ción social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional” (LOCTI, 2001). El Artículo 10 de la LOCTI refiere la creación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como el instrumento de planificación y orientación de la gestión del Ejecutivo Nacional, con el apoyo de las universidades, bajo las siguientes líneas de acción:
• Investigación y desarrollo para mejorar la calidad de vida. • Generación de conocimientos y fomento del talento humano.
• Fomento de la calidad e innovación productiva.
• Fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica e innovación tecnológica” (LOCTI, 2001, Artículo 13).
Otra iniciativa del Estado venezolano que abre posibilidades de articulación de la investigación en las univer- sidades, particularmente de la investigación educativa, es la creación en el año 2002 (aunque oficialmente en Gaceta Oficial en el 2005) del Centro Internacional Miranda (CIM), en la actualidad adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. En el año 2010, el CIM convocó a todos los investigadores venezolanos en educación a registrarse en línea con la finalidad de conformar un inventario nacional de proyectos y líneas de investigación así como de autores en la materia. Se espera con esta iniciativa “generar esfuerzos de articulación que potencien los resultados de investigación, la creación de una base de datos sobre procesos y resultados de investigación educativa y precisar otros usuarios interesados en las pu- blicaciones de carácter pedagógico que edita el CIM.” (Universia, 2010). Desde el 2012, el CIM ha venido desa- rrollando alianzas con la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), postgrados, una maestría en educación comparada y ya culminado el diseño del primer doctorado en procesos de transformación social a presentarse en el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
La Misión Ciencia es la política de Estado más reciente que busca modelar una nueva cultura científica y tec- nológica para la organización colectiva de la ciencia, el diálogo de saberes, la integralidad, la interdisciplina- riedad y la participación de diversidad de actores en el ámbito del desarrollo científico-tecnológico del país. La Misión Ciencia plantea la incorporación de diversos de actores sociales en forma masiva con la utilización intensiva del conocimiento y la articulación interinstitucional a través de redes económicas, sociales, académi- cas y políticas, para el desarrollo endógeno y la integración latinoamericana (Misión Ciencia, 2006).
Uno de los cuestionamientos (Parra, 2006; MCT, 2006) que se expresan en relación con la investigación, la ciencia y la tecnología en el marco de las políticas actuales y las instituciones de educación superior es que en estas últimas, existe o prevalece una cultura de investigación que se identifica más con valores propios de un modelo tradicional de creación de conocimiento, que no parece estar preparada para “Modelar una nue- va cultura científica y tecnológica que aborde la organización colectiva de la ciencia, el diálogo de saberes, la integralidad, la interdisciplinariedad y la participación de diversidad de actores en el ámbito del desarrollo científico-tecnológico del país, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de soberanía” (MCT, 2006) o, en términos más sencillos, para asumir el desarrollo de una ciencia que tenga “color, olor y sabor de calle”, ni para la “incorporación de otros actores”. Esto trae como consecuencia directa, que los investigadores univer- sitarios por escepticismo, desconfianza y –en muchos de los casos – por desacuerdos ideológicos y político partidistas, no se incorporen “como actores de primer orden en la construcción de un sistema integrado de Ciencia y tecnología, en el que se haga efectiva la democratización del conocimiento y la vinculación de la in- vestigación con el desarrollo del país”. (MCT, 2006)